Inicialmente se dirá que, la “estrategia de la política pública de víctimas y restitución de tierra. En los planes territoriales de desarrollo 2016-2019”, en esta se desarrolla “política pública para la prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas”. En el análisis discursivo que emplea el presente instrumento, se puede evidenciar como se hace uso de un lenguaje que está cargado de categorías ininteligibles para aquellos que no han tenido la posibilidad de tener un acercamiento a la educación superior, es decir; que si bien se entiende que es un instrumento político y jurídico, también se debe tener en cuenta que las políticas públicas deben tener una construcción desde un lenguaje más común y no tan tecnificado, según lo propone Andre Nöe, (Roth Deubel A.-N. , 2006).
Ahora bien, si bien es cierto que la propuesta se consolido teniendo en cuenta lo plasmado en los acuerdos de paz en el 2016, en dónde confluyeron representantes de diferentes sectores entre ellos víctimas de las FARC-EP y de agentes del Estado, así como la visión de los voceros tanto de la guerrilla como del gobierno, no se puede negar que no se tubo encueta múltiples sectores que como ya se dijo en líneas anteriores, estaban o están inconformes con el actual acuerdo firmado. En este sentido, es importante que se utilizara un lenguaje en concordancia con aquellos que fueron excluidos y que, aunque no estuviesen de acuerdo se tuviese en cuenta el lenguaje utilizado; obvio que se refutara que parte de la coalición del partido político del centro democrático y el partido conservador colombiano, después del resultado del plebiscito, tuvieron injerencia en la modificación del acuerdo.
Pero, sin importar las discusiones políticas que se dieron entre la oposición y gobierno, lo que si es cierto es que, la sociedad quedo dividida entre aquellos que apoyaban los acuerdos como enemigos de quienes no estaban de acuerdo. Lo anterior mencionado es con el fin de vislumbrar que, aunque para muchos lo que está escrito es lo propicio, para muchos otros hasta el lenguaje puede ser chocante.
Lo importante es que en la política pública queden reconocidas las víctimas del conflicto, pero para desgracias hasta para la conceptualización de que es una víctima tiene falencias, ya que no se desarrolla la categoría de víctimas. Si la política pública para víctimas no desarrolla epistemológicamente lo que deberíamos entender por víctimas, lo que se establezca como mecanismo muy seguramente no responderá eficazmente a las necesidades de las víctimas. Esta imprecisión se da por el simple hecho de no haber escuchado las narrativas de las víctimas para que, desde ellas, con ellas y para ellas construyeran una política pública responsable.
Por el contrario parece más una cartilla o manual de instrucciones sobre el desarme de los combatientes insurgente y el cómo se soluciona el plan de desarrollo territorial, que si bien, hace parte de la reparación integral no es suficiente, como tampoco lo es el cuantificar económicamente el daño (Cardona , 2013), es pertinente escuchar las narrativas de aquellos que por su condición han sido des-ciudadanizados, para que al participar activamente en la propuesta política de su reparación puedan re-ciudadanizarse ( Kliksberg, 2007)
Lo que se evidencia en términos discursivos es, como la victoria de un acuerdo que es para la paz estable y duradera, ha sido o es la impronta para no escuchar al que piensa diferente, y se imponga como históricamente ha sucedido en las civilizaciones la ley del más fuerte, invisibilizando el decir o discurso del más débil o vencido (Foucault, 1979.).
La presente política pública, tiene un elemento muy importante, como lo es la educación y pedagogía para la paz, a través de la cual se pretende no solo socializar el alcance de los acuerdos firmados, sino desde allí generar escenarios alternativos para el devenir de un contexto pos-conflictual. Por lo que, las propuestas que se hacen desde la educación popular, la narrativa de experiencia y la re-ciudadanización, son elementales en el escenario académico para que las victimas tengan resonancia en la sociedad de una forma más humana. (Mejía, 1999).
Pero dichos elementos no están inmersos en el discurso de la “estrategia de la política pública de víctimas y restitución de tierra. En los planes territoriales de desarrollo 2016- 2019”, a lo que se tiene que decir, que es necesario y categórico, generar un cambio estructural en las dinámicas institucional de la educación, que no sean las lógicas del neoliberalismo económico las que se impongan en el escenario académico, sino por el contrario que sea la posibilidad de hacer praxis de resistencia en contra de toda forma de invisibilización, manipulación, que la educación no sea la herramienta de insensibilización donde lo que se propone es dotar de herramienta a los estudiantes para que sean personas productivas en el sector industrial y empresarial, pero en muy pocas ocasiones se le dota de instrumentos para que sean cumplan uno de los elementos esenciales de la educación como lo es la emancipación del ser. (Cendales, 2013).