ASPECTOS COMUNES

a. Identificación

de los potenciales titulares

Tipología de titulares.

Particularidades en su identificación y requisitos de capacidad

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minará el nombre de la persona —o personas— que se designe como tutor, o como cura- dor en su caso, según el régimen que se establezca y según se trate de una incapacitación total o parcial, referida solo a los actos de administración.

Los menores de edad no emancipados, aunque tienen capacidad jurídica, no tienen capa- cidad de obrar y, como tales incapaces, solo podrán realizar válidamente negocios jurídi- cos mediante sus representantes legales, regla general que no encuentra excepciones en lo que a la apertura (y disposiciones) de cuentas bancarias se refiere, en su consideración de actos de administración.

Por principio, los menores de edad no emancipados, de acuerdo con el artículo 154 del Código Civil, se encuentran sometidos a patria potestad, que, según indica el artículo 156 del mismo texto, se ejercerá conjuntamente por el padre y la madre, aunque se posibilita que este derecho-deber sea ejercido por uno solo de los progenitores con el consenti- miento expreso o tácito del otro, determinándose, por su parte, en el artículo 162 del mismo código que los padres que ostenten la patria potestad tienen la representación legal de sus hijos menores no emancipados, salvo que nos encontremos ante actos rela- tivos a derechos de la personalidad que el menor pueda realizar por sí mismo, aquellos en los que exista conflicto de intereses o los relativos a determinados bienes que quedan excluidos de la administración paterna, de acuerdo con lo señalado en el artículo 164 (entre los que, por ejemplo, se encuentran los bienes adquiridos por título gratuito cuando el disponente así lo hubiese ordenado).

De este modo, los padres, como legítimos representantes de los hijos menores no eman- cipados, podrán abrir cuentas bancarias a nombre de estos y efectuar ingresos, reintegros y demás actos dispositivos sobre aquellas, teniendo en cuenta que dichos actos podrán ser realizados por ambos padres o por uno solo, como se ha indicado (artículo 156). No obstante, cuando los padres viven separados, puede ocurrir que se cuestione la pre- valencia del régimen general de patria potestad respecto del especial pactado en el con- venio regulador —cuando en este se hubiera previsto que la patria potestad la comparten conjuntamente ambos cónyuges—, remitiendo a las partes en esos casos este DCMR a los jueces y tribunales de justicia, pues, dadas las divergentes posturas doctrinales y ju- risprudenciales sobre la materia, son los únicos órganos competentes para, valorando la complejidad de cada caso, determinar el alcance del régimen pactado.

Igualmente, en los casos en los que exista conflicto entre los progenitores, discrepando uno de ellos con la apertura de la cuenta (o con las disposiciones) hechas sin su consen- timiento, los competentes para dirimir las controversias serán los tribunales de justicia, por establecerlo así el artículo 156 del Código Civil. No obstante, podría valorarse acorde con las buenas prácticas que, en última instancia, se proceda a la consignación de los fondos en espera del correspondiente pronunciamiento judicial que resuelva la discrepan- cia entre los interesados. Véase a estos efectos lo recogido al respecto en los casos de modificación del régimen de disposición.

Por último, hay que recordar que la representación del menor no emancipado solo perma- nece hasta que adquiera capacidad de obrar, y en ese momento podrá ejercer todos los derechos derivados de su cuenta, ante la entidad de crédito.

Ante el DCMR se han planteado supuestos en los que una cuenta a nombre de un menor de edad no emancipado ha sido abierta sin el conocimiento y consentimiento de sus repre-

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sentantes legales —sus padres— (por ejemplo, por abuelos u otros familiares, supuestos en los que este DCMR ha de estimar que las entidades se han apartado de las buenas prácticas financieras, pues, aunque pudieran estar actuando, en su caso, en defensa de los intereses económicos del menor, ello no puede hacerse sin observar los requisitos de lega- lidad expuestos.

En tales casos, las entidades deberán facilitar a este DCMR toda la información respec- to a las circunstancias en las que se abrió la cuenta —copia del contrato, identificación de la persona que habría actuado en representación del menor, documentos en poder de la entidad para acreditar dicha representación, etc.—.

Además del supuesto anterior, este DCMR ha manifestado, en los informes emitidos, pro- nunciamientos contrarios al proceder de las entidades en aquellos casos en que:

– Han procedido a dar de baja a la parte reclamante como representante legal de sus hijos menores no emancipados en una cuenta a nombre de estos, a instan- cias del otro progenitor, del que se había separado.

– Han permitido efectuar disposiciones con cargo a la cuenta de la que era titular el reclamante a una persona que no estaba legitimada para ello, al haber expi- rado su condición de representante legal del titular de la cuenta, tras alcanzar este su mayoría de edad.

Las personas jurídicas, al tener plena autonomía patrimonial, pueden adquirir y poseer bienes de todas clases y, en consecuencia, pueden ser titulares de cuentas y depósitos, debiendo siempre actuar a través de las personas que, en cada momento, ostenten su representación.

La entidad de crédito, antes de proceder a la apertura del depósito a nombre de una per- sona jurídica, debe requerir los correspondientes poderes, con el fin de proceder a su bastanteo, estableciendo quién y en qué condiciones —si existe un régimen de adminis- tración solidaria o mancomunada, extremo cuya comprobación por parte de la entidad es esencial, debiendo adaptar su proceder a las consecuencias que de uno u otro se deri- van— puede actuar en nombre de la sociedad, debiendo actualizar periódicamente dicha información.

Por otro lado, la sociedad tiene obligación de comunicar a la entidad, de manera inmedia- ta, cualquier modificación en su representación, para evitar que se puedan realizar opera- ciones en su nombre por personas no legitimadas para ello.

Trata la comunidad, según la definición establecida en el artículo 392 del Código Civil, de que la propiedad de una cosa pertenezca a varios pro indiviso. Merece ser destacado como principio general que representa uno de los pilares básicos para la organización y regulación de la situación de comunidad, en nuestro Derecho, el principio de autonomía privada, de forma que los acuerdos y convenios entre los comuneros constituyen la ley fundamental de organización y disciplina de la comunidad, y estatuto por el que esta se regula primordialmente.

Las comunidades de bienes son entes sin personalidad jurídica, pero debemos añadir que cuentan con plena capacidad de obrar en el tráfico jurídico y, por tanto, pueden ser suje- tos pasivos sometidos a tributación en determinados impuestos, tal como se infiere de lo

Cuentas de personas jurídicas

Cuentas de comunidades. Caso de las comunidades de propietarios

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preceptuado en la Ley General Tributaria. También tienen la consideración de empresarios en la normativa laboral a efectos de la formalización de contratos laborales.

En dicho contexto, este DCMR opina que nada empece para que una comunidad de bie- nes, aunque carente de personalidad jurídica, al igual que una comunidad de propietarios, pueda ser titular de una cuenta, correspondiendo a los apoderados o autorizados por los comuneros la apertura, disposición y administración de ella conforme a lo establecido en los pactos internos de la comunidad de bienes o, en su defecto, en las reglas generales contenidas en los artículos 392 y siguientes del Código Civil.

Se han planteado recientemente ante este DCMR algunas controversias en estos casos por el cambio de las personas que representan a la comunidad o las que están autoriza- das para la apertura y disposición de las cuentas, lo cual impedía que aquella pudiera llevar a cabo su operativa bancaria habitual.

En particular, y con respecto a la función del presidente, conforme al artículo 13.3 de la Ley de Propiedad Horizontal, la principal es la de ostentar legalmente la representación de la comunidad en todos los asuntos que le afecten, siendo nombrado (artículo 13.2) entre los propietarios y siendo el nombramiento obligatorio, pudiendo ser removidos de su car- go los designados (artículo 13.7) antes de la expiración del mandato por acuerdo de la junta de propietarios, convocada en sesión extraordinaria.

La actuación representativa del presidente, colocada por su naturaleza en una zona inter- media entre la representación orgánica y la meramente voluntaria, lleva implícita la de todos los titulares en juicio y fuera de él, y en este sentido no ostenta una representación en sentido técnico, sino que actúa como un órgano del ente comunitario, sustituyendo con su voluntad individual la social común, con la posibilidad de considerar lo realizado por el presidente no como hecho en nombre de la comunidad, sino como si esta misma lo hubiese realizado, sin perjuicio de la relación interna entre dicho presidente y la junta de propietarios, ante la que deberá responder de su gestión.

Por su parte, el artículo 18 de la misma ley determina las condiciones (objetivas, subjetivas y de plazo) en las que los acuerdos de la junta de propietarios serán impugnables ante los tribunales, así como los efectos de dicha impugnación. Y el artículo 19 establece la forma de reflejar los acuerdos de la junta, el contenido que ha de tener el acta de cada reunión y sus formalidades (primer párrafo del artículo 19.3): «El acta deberá cerrarse con las firmas del Presidente y del Secretario al terminar la reunión o dentro de los diez días naturales siguientes. Desde su cierre los acuerdos serán ejecutivos, salvo que la Ley previere lo contrario.»

Dicho esto, podría plantearse la cuestión de quién debe firmar las actas cuando se trata de la renovación de los cargos, si los entrantes o los salientes. En el supuesto de que se trate de juntas en las que se procede al cambio de tales cargos directivos, serán los que cesan en su cargo, quienes efectivamente han presidido la junta, los que deben firmar. Las contro- versias para poder seguir llevando a cabo la operativa habitual de la comunidad sobre sus cuentas se han planteado en algunos supuestos en que el presidente anterior no ha acudido a la junta y no accede a firmar, pues no será posible que firme el nuevo, que no presidió. En tales casos, el DCMR concluye que no se podría considerar que la entidad hubiera incurrido en una actuación contraria a las buenas prácticas bancarias si se diera el caso de que hubiera establecido inicialmente la indisponibilidad de los fondos de la cuenta,

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dado el defecto de forma, al no cumplir el acta con el requisito de estar firmada por el presidente anterior; sin embargo, lo que sí parece ser más unánime es el hecho de que los meros formalismos no pueden llevar consigo nulidades en las actas que perjudiquen a toda la comunidad, de tal manera que solo tendrían trascendencia las omisiones cuando afecten al fondo de los acuerdos y puedan provocar indefensión a algún comunero. En particular, y en cuanto a la firma del presidente y del secretario, quedaría en manos de estas dos personas dar validez a la junta.

Por ello, este DCMR entiende que la entidad no podrá mantener bloqueada la cuenta de una comunidad, si se le presenta acreditación del acuerdo de la junta de propietarios respecto al cese del presidente y nombramiento del nuevo, invocando la oposición al cambio de autori- zado del presidente saliente, que en cualquier caso se deberá justificar, pero sin establecer ninguna otra medida que permita a la titular de la cuenta, la comunidad, hacer uso de ella. La apertura de cuentas corrientes bancarias en nuestro país está sujeta a distintas exigen- cias documentales, según el interesado ostente o no la condición legal de residente en España, lo que, a su vez, dependerá de que aquel goce de la correspondiente autorización de residencia emitida por el Ministerio del Interior. En síntesis, la legislación en materia de transacciones exteriores, legislación fiscal y legislación sobre extranjeros determina que:

1 Es exigible la presentación del NIF/NIE para la apertura de cuentas o depósi- tos bancarios por parte de «residentes» —esto es, aquellos extranjeros que dispongan de la correspondiente autorización oficial de residencia—, bien en el mismo día de la constitución del depósito o la apertura de la cuenta, o den- tro del plazo de quince días, sin poder realizarse movimiento alguno hasta que se aporte (artículo 28 del Reglamento general de las actuaciones y los proce- dimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio).

2 Tratándose de cuentas de no residentes, estas quedan exceptuadas del régi- men de identificación previsto en el artículo 28 antes citado, tanto si son en euros como en divisas, pero siempre que se trate de cuentas abiertas a nom- bre de personas físicas o entidades que hayan acreditado la condición de no residentes en España.

Así, las «entidades registradas» deberán hacer constar la condición de no residente del titular de la cuenta o depósito abierto, y consignar, a efectos de identificación de la cuen- ta, el número de pasaporte o número de identidad válido en su país de origen.

La «entidad registrada» queda, además, obligada a requerir del titular de la cuenta de que se trate a que, en el plazo de quince días desde su apertura, le haga entrega de la docu- mentación acreditativa de la no residencia (en concreto, las personas físicas extranjeras deben aportar «certificación negativa de residencia expedida por el Ministerio de Interior con antelación máxima de dos meses»). Esta exigencia de acreditación de la condición de no residente se debe confirmar por el titular de la cuenta con carácter periódico (cada dos años debe ser requerido por la «entidad registrada» para que aporte la certificación opor- tuna en el plazo máximo de tres meses).

En cualquier caso, el control de la aplicación de la normativa antes citada sobre la obliga- ción de los clientes de aportar el NIF/NIE corresponde única y exclusivamente a la Admi-

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nistración Tributaria, y se lleva a cabo principalmente mediante el análisis de la informa- ción que están obligadas a remitir las entidades de crédito a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

La Circular del Banco de España 1/2012, de 29 de febrero, en vigor desde el 1 de junio de 2012, establece en su norma sexta que, en el momento de apertura de cuen- tas a la vista, de ahorro o a plazo por clientes, las entidades de depósito deberán identificar al titular de la cuenta en euros o en divisas y harán constar su condición de residente en España o de no residente, cuya acreditación deberá realizarse en la for- ma prevista en el artículo 2.º del Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre. Por otra parte, señala que las entidades modificarán la calificación de las cuentas afecta- das cuando tengan constancia de que se han producido cambios en la condición de residentes o de no residentes en España de los clientes titulares de aquellas.

El régimen transitorio incluido en dicha circular indica que se continuaría aplicando lo es- tablecido en la Circular n.º 1/1994, de 25 de febrero, denominada «Cuentas de no residen- tes» hasta el 31 de diciembre de 2013, que recoge las obligaciones citadas en los párrafos precedentes, de tal manera que, si el titular de la cuenta no justificaba o confirmaba su condición de no residente dentro de los plazos indicados (15 días al establecer la relación y 3 meses en la comprobación cada dos años), la entidad no podría admitir en la cuenta nuevos abonos o, en otro caso, procedería a la cancelación de las operaciones o depósi- tos afectados por la omisión de este deber de colaboración. No obstante, la entidad de crédito reanudaría los cargos o abonos en la cuenta afectada desde el momento en que todos sus titulares facilitaran su NIF.

En relación con esta cuestión se han planteado ante este DCMR reclamaciones de clien- tes no residentes motivadas porque la entidad ha procedido al bloqueo de sus cuentas durante un determinado período, con las consecuencias que de ello se derivan en el caso de una cuenta a la vista, al no poder recibir y ordenar las operaciones de pago habituales. En tales supuestos, cuando la entidad acredita que dicho bloqueo obedece a la falta de cumplimentación de la declaración de residencia fiscal que había vencido, su proceder no podría considerarse, en principio, apartado de las buenas prácticas bancarias; pero para ello será necesario que se justifique debidamente que se efectuó la necesaria comunica- ción sobre la circunstancia del bloqueo y sus causas, y que fue advertido previamente, con antelación suficiente, de que, si no remitía la declaración de residencia fiscal firmada, se procedería a dicho bloqueo.

Además de las particularidades que se han de tener en cuenta para la apertura de un depósito según el tipo de titular de que se trate, antes de llevar a cabo cualquier tipo de actuación en relación con la contratación pretendida, las entidades deben identi- ficar de forma fehaciente a aquellos que pretendan formalizar la apertura de un de- pósito, lo cual implicará distintas actuaciones según el supuesto en que nos encon- tremos.

En efecto, y sin perjuicio de las obligaciones establecidas normativamente, incumbe a las entidades, en su propio interés y en el de sus clientes y de las personas que pudie- ran verse afectadas, extremar el celo en la verificación y comprobación de identidad de las personas con las que entablan relaciones financieras. La correcta identificación de la persona con la que se va a realizar un determinado negocio jurídico es una me- dida que promueve la seguridad del tráfico mercantil y que, por ello, debe considerar- se beneficiosa.

Normativa de prevención del blanqueo de capitales

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La normativa de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo —y, en concreto, el artículo 3 de la Ley 10/2010, de 28 de abril—, bajo el título de «identi- ficación formal», impone a las entidades de crédito la obligación de identificación de per- sonas físicas o jurídicas con las que pretendan establecer relaciones de negocio o inter- venir en cualesquiera operaciones, reconociendo que «en ningún caso los sujetos obligados mantendrán relaciones de negocio o realizarán operaciones con personas físi- cas o jurídicas que no hayan sido debidamente identificadas».

Conforme a ello, dicha normativa contiene las siguientes obligaciones a cargo de las enti- dades de crédito, relativas a la identificación de los clientes y conservación de documen- tos:

− Las entidades de crédito identificarán y comprobarán, mediante documentos fehacientes, la identidad de cuantas personas físicas o jurídicas pretendan es- tablecer relaciones de negocio o intervenir en cualesquiera operaciones oca- sionales cuyo importe sea igual o superior a 1.000 euros55_{, con algunas excep-}