orgánicos persistentes : cobertura y
3.3 Aspectos coyunturales en la capacidad institucional para COP y
oportunidades de fortalecimiento
Derivado del análisis de la capacidad institucional de las depen-dencias relacionadas con la administración y regulación de las sustancias químicas peligrosas en el país, se identificaron dos as-pectos coyunturales que afectan su desempeño y que a la vez representan áreas de oportunidad para fortalecerlo. Éstos se dis-cuten en los siguientes apartados.
3.3.1 Presupuesto
De acuerdo con los resultados de evaluaciones internas del desem-peño de las instituciones públicas en el país, éstos hacen notar que, puestos en perspectiva, los recursos de los que disponen las depen-dencias involucradas en relación con la carga de trabajo y la dimensión del universo que deben regular y controlar, dichos recursos resultan insuficientes y fuera de proporción, por lo que es difícil en estas cir-cunstancias alcanzar la eficacia esperada.
A pesar de que el presupuesto federal en conjunto ha mantenido una tendencia ligeramente creciente en el periodo 1995-2005, en términos reales y de acuerdo con la Cuenta de la Hacienda Públi-ca Federal, en el mismo lapso la participación conjunta en el gasto total de la Administración Pública Federal (APF) de las cuatro de-pendencias más comprometidas con la gestión de productos quími-cos y sus residuos (Semarnat, SSA, Sagarpa y STPS), no ha logrado incrementarse e incluso se redujo en algunos años (figura 3.1). Sin embargo, para poner en su justa perspectiva las asignaciones pre-supuestales específicas dedicadas a la gestión de las sustancias
quí-micas en las dependencias citadas, se requiere de un análisis más preciso, sobre todo ante la creación de órganos como la CofepriS y el SenaSiCa. Dicho análisis debiera incluir la consideración a la eficacia de los instrumentos de gestión empleados y de las administraciones a cargo de su implementación.
De acuerdo con el mecanismo de asignación presupuestaria pre-valeciente en el país, los recursos son dirigidos al cumplimiento de las denominadas actividades sustantivas, es decir, aquellas consig-nadas en los Programas Operativos Anuales (POA) aprobados por el Congreso a través del Presupuesto de Egresos de la Federación anualmente. Los POA plasman en proyectos y acciones los objeti-vos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y en los programas sectoriales y especiales que de él derivan. Por tanto, la posibilidad de obtener recursos depende de que las acciones
progra-Figura 3.1 Participación de semarnat, SSA, sagarpa y STPS en el gasto total de la Administración Pública Federal 1995-2005
madas tengan un sustento legal y se encuentren identificadas como objetivos estratégicos en el PND.
Por lo anterior, a fin de contar con recursos fiscales suficien-tes para las acciones dirigidas a dar cumplimiento a convenios o tratados internacionales que se convierten en ley nacional al ser aprobados por el Senado, se requiere que estén considerados en el contexto del PND y en los programas sectoriales.8 De no ser así, las dependencias encargadas de dichas acciones tienen que utilizar sus escasos recursos, lo que genera un clima de rechazo al no ser acom-pañadas por el correspondiente apoyo, o bien, pueden recurrir a un financiamiento extra presupuestal o al financiamiento externo de fuentes internacionales, cuya solicitud no siempre es autorizada.
Con relación al Convenio de Estocolmo, el desarrollo de su PNI fue financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y las tareas complementarias a éste fueron cubiertas con fondos propios de las secretarías participantes. En el PND no se menciona una atención específica a los COP y no se prevé una asignación de fondos directos en el corto plazo sino hasta que éstos alcancen un papel prioritario en la agenda ambiental como en el caso del cam-bio climático.9 No obstante, se señalan actividades que tienen una influencia en su gestión y que por tanto contarán con recursos, por ejemplo, el desarrollo de un inventario de residuos peligrosos y de sitios contaminados con éstos; el fortalecimiento de las institucio-nes de procuración de justicia en materia ambiental, y un mayor apoyo a la investigación científica y técnica, y a la participación
8 Por ello es importante que el cumplimiento del Convenio de Estocolmo se inlcuya entre los objetivos para alcanzar la sustentabilidad ambiental en el Plan Nacional de Desarrollo del siguiente periodo gubernamental.
9 El reconocimiento y mayor posicionamiento del cambio climático en la agenda internacional requirió aproximadamente diez años de trabajos previos.
pública. Por lo tanto, la voluntad política para la internalización de costos para la gestión de los COP en cada secretaría y el acceso a fondos internacionales, serán aspectos fundamentales para el for-talecimiento de la capacidad institucional y el avance en el cumpli-miento del Convenio. En este sentido, se prevé la creación de una unidad de sustancias químicas en la Semarnat que administre los proyectos relacionados con el manejo de los COP, y que incorpore también temas comunes establecidos en los convenios de Róter-dam y Basilea, y el SAICM.
3.3.2 Verificación del cumplimiento de las disposiciones jurídicas
Una deficiencia generalizada entre las dependencias gubernamen-tales con competencia en la regulación de las sustancias químicas peligrosas y sus residuos, corresponde a las limitaciones para veri-ficar el cumplimiento de su marco regulativo. Estas dependencias reconocen que sus capacidades de inspección están rebasadas con-siderando el universo de empresas sujetas a vigilancia.
Con respecto a las inspecciones que realiza la profepa, en su in-forme de actividades 2006 (profepa 2006) se reporta que durante el período 2001-2006 se realizaron 45,448 acciones de inspec-ción y verificainspec-ción a 28,600 fuentes de contaminainspec-ción de jurisdic-ción federal, lo que representó una visita al 48% del total del padrón de empresas que se tienen registradas en el Sistema Institucional de Información de la profepa (SIIP) (figura 3.2). Con estas cifras se puede advertir que se requieren entre 10 y 12 años para visitar al 100% de las empresas registradas en el SIIP, lo que se traduce en que una empresa es verificada cada 10 o 12 años.
Figura 3.2 Empresas verificadas por la profepa en el período 2001-2006