ASPECTOS SOCIALES DE LA SOSTENIBILIDAD EN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

2.5.1.- Introducción

El tercer pilar de la sostenibilidad, según las definiciones empleadas en el Capítulo 1 de esta Tesis (UN, 1987; UN, 1992; Jefatura del Estado, 2011), que es lo que se podría considerar como su “vertiente humana”, es posiblemente el más difícil de acotar y definir. Mientras que los aspectos ambientales y económicos están ampliamente estudiados por diversas disciplinas, la parte social genera una mayor confusión a la hora de ser plasmada en un modelo de evaluación como el que se pretende aportar en esta Tesis.

Se trata del pilar menos trabajado en la literatura existente, por lo menos en la ingeniería de la construcción. Vifell y Soneryd (2012) indican que la medida de los impactos sociales y la formulación de indicadores adecuados está menos desarrollada que en el caso de los impactos ambientales. Para Labuschagne y Brent (2006), la inclusión de aspectos sociales en el estudio de la sostenibilidad ha venido siendo marginal frente a los ambientales o económicos, aunque la tendencia actual es de progresiva incorporación de estos aspectos.

Existen múltiples referencias (McKenzie, 2004; Dreyer et al., 2006; Assefa et al., 2007; Jorgensen et al., 2008; Dempsey et al., 2009; Henry y Kato, 2011; por ejemplo) que particularizan o profundizan en el impacto social de determinados proyectos o determinadas políticas, aunque el número de publicaciones relativas a la sostenibilidad de las estructuras de hormigón es mucho menor. En los epígrafes siguientes de este capítulo se reseñarán conceptos generales de la sostenibilidad social, necesarios como base de estudio para definir indicadores concretos acordes al objeto de la presente Tesis. Más adelante, en el Capítulo 8, se presentarán y discutirán los aspectos sociales a tratar en la evaluación de la sostenibilidad de las estructuras de hormigón.

2.5.2.- Los objetivos de sostenibilidad de las Naciones Unidas

La Asamblea General de las Naciones unidas aprobó en 2015 su programa y objetivos de desarrollo para los próximos años, detallados en el documento “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” (UN, 2015). Este programa es continuador de anteriores agendas (UN, 1992; UN, 1998) y se organiza en torno a 17 objetivos y 169 metas, configurando un plan de acción “en favor de las personas, el planeta y la prosperidad” para los próximos años. Esta alusión a los tres pilares de la sostenibilidad, extraída del preámbulo del documento citado, indica ya que la atención principal se coloca esta vez en la parte social (las personas), tras haber abordado ampliamente con anterioridad los aspectos ambientales y económicos.

Las líneas generales expresadas por el documento incluyen el compromiso con la lucha contra la pobreza y el hambre, la reducción de las desigualdades dentro de los países y entre países, la paz, la justicia y la inclusión social, la protección de los derechos humanos y la igualdad de ambos sexos. Se vincula además el crecimiento económico sostenible a la promoción del trabajo “decente” o digno, entre otros factores. Nótese que, con cierta frecuencia, en la literatura existente en idioma español se emplea el término “condiciones de trabajo decente”; se trata de una expresión resultante de la

traducción directa del término inglés decent employment (o decent job). Sin embargo, resulta más adecuado usar el término “trabajo o empleo digno”, que será el que usaremos aquí, normalmente. Los objetivos 1 y 2 se centran respectivamente en la lucha contra la pobreza y el hambre. Actualmente se considera pobreza extrema el contar con ingresos diarios menores a una determinada cantidad, que puede ser diferente según el país o región de que se trate. Se pretende que sea erradicada por completo en 2030, al igual que el hambre y la malnutrición.

El objetivo 4 pretende garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos los habitantes del planeta, planteando la importancia de la formación en el desarrollo de las sociedades y la generalización de formas de trabajo justas y dignas. La igualdad de ambos sexos y la eliminación de las discriminaciones sobre la población femenina son tratados en el objetivo 5.

En materia de empleo, abordado en el objetivo 8, se plantea la necesidad de evolucionar hacia la consecución de una situación de pleno empleo en 2030, con la generalización del principio de igual remuneración por igual trabajo y la erradicación del trabajo forzado y del trabajo infantil. El objetivo 9 incluye la promoción de la investigación y desarrollo y la transferencia tecnológica a las empresas. La reducción de la desigualdad y la potenciación de la inclusión social, económica y política de todas las personas forman parte del objetivo 10. La protección del patrimonio cultural y natural es uno de los aspectos contemplados en el objetivo 11. El objetivo 16 contempla aspectos relacionados con la violencia, maltrato, actividades ilícitas y corrupción, entre otros aspectos.

2.5.3.- Indicadores de sostenibilidad social

Tradicionalmente la parte social ha sido el pilar más “débil” de la sostenibilidad, debido a la escasez de herramientas o desarrollos analíticos que permitiesen facilitar su estudio (Labuschagne y Brent, 2006). En este sentido, han ido apareciendo múltiples iniciativas para establecer marcos de análisis e indicadores de sostenibilidad social. En este epígrafe se reseñarán algunas de estas propuestas, con el propósito de plantear conceptos que podrán ser utilizados en capítulos posteriores.

Labuschagne y Brent (2006) realizan un análisis de múltiples publicaciones relativas a la evaluación de impactos sociales, tanto procedentes de organismos estatales o internacionales como de trabajos de investigación, relativos a la evaluación de la sostenibilidad en la industria de proceso. Este enfoque resulta más adecuado a los objetivos de la presente Tesis que el de otros trabajos, centrados en puntos de vista de mayor alcance como es el caso, entre otros, del análisis global de la sostenibilidad social de un sistema económico o político.

En primer lugar, dichos autores clasifican en tres grandes grupos los aspectos sociales analizados en las diferentes propuestas: aspectos relativos a la sociedad, aspectos de la interrelación sociedad- empresa, y aspectos internos de la empresa. Se encuadran como relativos a la sociedad la salud, la educación, el entorno, la vivienda, la seguridad y la delincuencia, las instalaciones y servicios, las características de la población y de la comunidad, el bienestar económico y el empleo, y la cohesión comunitaria. La relación sociedad-empresa incluye la responsabilidad del producto, la implicación de la empresa en la comunidad y la participación de los accionistas. Finalmente, se señalan como aspectos internos de la empresa la formación de la plantilla, la equidad, las buenas prácticas laborales, el respeto a los derechos humanos y la seguridad y salud de los trabajadores.

Seguidamente, Labuschagne y Brent (2006) definen una serie de aspectos sociales, repartidos en cuatro categorías, que posteriormente utilizan en el desarrollo de un indicador de sostenibilidad social. Se resumen a continuación la clasificación y definición de estos aspectos, en tanto que resultan de interés para los desarrollos que se incluirán en los capítulos 8 y 10 de esta Tesis.

La categoría “recursos humanos internos” se ocupa de la responsabilidad social de la empresa hacia sus trabajadores e incluye aspectos del empleo, como son:

- La estabilidad laboral, relacionada con la influencia de las decisiones empresariales en la generación de empleo por parte de la empresa, la estabilidad del mismo, y la adecuación de las remuneraciones.

- Las prácticas laborales, que tienen que ver con la verificación de que los comportamientos de la empresa para con sus empleados son respetuosos con los derechos humanos, la legislación nacional vigente y las buenas prácticas laborales.

- La seguridad y salud, que es un aspecto bastante bien conocido, centrado en la prevención de riesgos laborales y en la gestión de la salud de los trabajadores y de los accidentes e incidentes.

- Capacidad y desarrollo, que engloba la investigación, el desarrollo y la innovación, por un lado, y la evolución de la carrera profesional, por otro.

La categoría “población externa” estudia los impactos de las actividades de la empresa sobre la sociedad, como son la disponibilidad de servicios, la cohesión comunitaria o el bienestar económico. Incluye aspectos relacionados con:

- El capital humano, referido a la capacidad del individuo para el trabajo productivo, acompañado de aspectos como la salud física y mental, y la capacitación y formación en competencias profesionales.

- El capital productivo, que mide el impacto de la actividad de la empresa sobre la disponibilidad de bienes e infraestructuras necesarias para el desarrollo de la producción.

- El capital comunitario, que tiene en cuenta el impacto de las actividades empresariales en las relaciones sociales e institucionales.

La tercera categoría, denominada “desempeño macrosocial”, valora la contribución de una organización al desarrollo ambiental o financiero de una región o país. Trata sobre aspectos relativos: - Al desempeño socioeconómico, que valora el impacto económico externo de las actividades de la empresa, con su contribución al bienestar económico y la generación de oportunidades de negocio.

- Y al desempeño socioambiental, que contempla la contribución de las iniciativas empresariales a la mejora del entorno para la sociedad, en los ámbitos local, regional y nacional.

Por último, en la categoría de “participación de los accionistas” se analiza la relación de la empresa con su accionariado al completo, en función de la información compartida y de la influencia de los accionistas en la toma de decisiones. Se incluyen aspectos relacionados con:

- La provisión de información, que mide la cantidad y calidad de información sobre la empresa que se comparte con los accionistas.

- Y con la influencia de los accionistas, valorando el grado en que la empresa escucha las opiniones del accionariado.

Adicionalmente, Jorgensen et al. (2008) realizan una revisión de diversas propuestas de metodologías de análisis de ciclo de vida para impactos sociales; se trata de desarrollos con una sistemática análoga a los ACV ambientales y económicos ya mencionados con anterioridad. En cada uno de los análisis sociales estudiados se utilizan determinados indicadores, que los autores agrupan en diferentes categorías. Se recogen a continuación, dado que muestran aspectos complementarios a los indicados anteriormente.

Dentro de la categoría “derechos humanos” se valoran la no discriminación de empleados, por motivos de diversidad, sexo, edad, o modalidad de trabajo, entre otros aspectos; la libertad de asociación y de negociación colectiva; y la existencia de trabajo infantil y trabajo forzado.

En la evaluación de las prácticas laborales y condiciones de trabajo se incluyen aspectos relacionados con:

- El salario, como la equidad de la remuneración entre diferentes grupos, la regularidad en los pagos, el salario mínimo, la jornada laboral y la estacionalidad en el empleo.

- Los beneficios sociales ofrecidos a los empleados y sus familias.

- Las condiciones físicas del trabajo, que contemplan los índices de accidentabilidad y enfermedades profesionales, la pesadez de las tareas, las instalaciones de bienestar y la distancia a la zona de trabajo.

- Los factores psicológicos y organizativos, como la duración máxima de la jornada, las prácticas de acoso, los canales de comunicación, lo relativo al comité de seguridad y salud, la satisfacción con el trabajo, y las condiciones contractuales.

- Y la educación y formación de los trabajadores. En la categoría “sociedad” se engloban aspectos como:

- La existencia de prácticas de corrupción: fraude, sobornos, fijación ilegal de precios, violación del derecho a la propiedad.

- El apoyo al desarrollo y las acciones positivas para la sociedad, como la creación de empleo, el apoyo a los suministradores locales y a los países en desarrollo, las inversiones en I+D+i e infraestructuras, y el desarrollo de programas educativos locales.

- La aceptación de la empresa por parte de la comunidad local y la existencia de canales de comunicación con la misma.

- Y la aplicación de criterios de sostenibilidad en las relaciones entre empresas.

Finalmente, el concepto de “responsabilidad del producto” incluye la integración en el producto final de aspectos relativos a la seguridad y salud de los usuarios finales, en lo referente a condiciones de uso y manipulación; el nivel de información sobre producto que se aporta a los usuarios o clientes finales; y la política de comunicación comercial y de publicidad.

2.5.4.- La desigualdad

En términos generales, bajo muchos de los aspectos o impactos sociales referidos en el epígrafe anterior subyace la desigualdad como aspecto común, transversal o colateral. Una sociedad en la que existan grandes desigualdades entre sus individuos, y éstas persistan o se agraven en el tiempo, difícilmente podrá resultar un entorno sostenible para el desarrollo.

Ortiz y Matthew (2012) realizan un análisis de la desigualdad de ingresos en 141 países del mundo. La desigualdad económica es sólo una de las facetas o vertientes de la desigualdad, pero suele ir aparejada a las otras, o ser una de las principales causas de ellas. Según el estudio, en términos de tipos de cambio de mercado, en 2007 el 20% más rico de la humanidad disfrutaba de más del 80% de los ingresos globales, mientras que al 20% más pobre le correspondía el 1% de los ingresos. Realizando el análisis en términos de paridad de poder adquisitivo, los resultados son ligeramente más suaves, aunque similares: el 70% de los ingresos corresponde al 20% más rico, y poco más del 2% al 20% más pobre. El incremento de ingresos entre 1990 y 2007 del 40% de la población más pobre fue exiguo, del orden del 1%.

En perspectiva histórica, la desigualdad fue en aumento desde principios del siglo XIX, acrecentándose esa tendencia a partir de 1980. El efecto de la crisis económica actual puede estar afectando en el sentido de acelerar el incremento de la desigualdad. En el informe referido se reseña que la desigualdad afecta en especial grado a la población más joven, debido a la mayor tasa de natalidad de los grupos más desfavorecidos. A su vez, no parece que alcance en diferente medida a hombres y mujeres. Entre regiones, los niveles más extremos de desigualdad se dan en países con nivel de ingresos medio. Por otra parte, tanto en países de ingresos bajos como de ingresos altos el poder adquisitivo de las clases medias y bajas se encuentra en progresiva disminución frente a las clases altas.

La variación de la desigualdad no está estrictamente vinculada al crecimiento económico, ya que se han observado incrementos de las diferencias en países con tasas de crecimiento positivas prolongadas durante largos periodos, como Estados Unidos, China o la India, pero también reducción de las mismas en otros casos de similar crecimiento como Brasil. Para Ortiz y Matthew (2012), esta circunstancia muestra el gran papel que puede jugar la voluntad política, institucional y empresarial a la hora de corregir la desigualdad.

Entre los principales problemas generados por la desigualdad económica, estos autores destacan los siguientes:

- Ralentización del crecimiento económico. Se observa que los países con mayor

desigualdad crecen a un ritmo más lento, especialmente dentro del grupo de los países en desarrollo.

- Incremento de los problemas sociales y de salud. Se ha comprobado que existe una

fuerte correlación entre la desigualdad de ingresos y la incidencia de enfermedades físicas y mentales, criminalidad y violencia, adicciones, nivel educativo, o movilidad social, entre otros aspectos.

- Inestabilidad política. Las sociedades más desiguales resultan más propensas a la

generación de conflictos y a su resolución por medios violentos o inconstitucionales. - Generación de desigualdades sociales más graves, especialmente en la infancia, con

mayores problemas de salud y educación.

El estudio histórico de la concentración de la riqueza y su proyección a futuro es uno de los temas tratados en el conocido ensayo “El Capital en el Siglo XXI”, de Thomas Piketty (2014), un estudio de gran importancia en el cual el autor concluye la existencia de una “espiral desigualitaria” que podría poner en jaque a la sociedad democrática.

2.5.5.- La responsabilidad social corporativa

La responsabilidad social corporativa (RSC), o responsabilidad social empresarial, supone la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y en las relaciones con sus interlocutores (Comisión Europea, 2001). Este concepto de responsabilidad social implica la adopción de medidas y compromisos adicionales a los legalmente exigidos, especialmente en materia de derechos sociales e impactos medioambientales, sin que en ningún momento suponga la sustitución de normas y disposiciones legales en vigor.

Aunque inicialmente la puesta en marcha de programas de RSC ha correspondido a empresas de gran tamaño, resulta fundamental también su extensión a las pequeñas y medianas empresas, dada su abundancia y su importante contribución a la economía.

Según la Comisión Europea (2001), cabe diferenciar entre las dimensiones interna y externa de la responsabilidad social. A nivel interno, la responsabilidad social abarca las relaciones de la empresa con sus propios trabajadores, en aspectos de formación, seguridad y salud, o gestión del cambio, así como la gestión de los recursos empleados en la producción. A nivel externo se extiende a las relaciones e interacciones de la empresa con las comunidades locales en que se asienta, socios comerciales, proveedores, consumidores finales, instituciones y organizaciones no gubernamentales. La Comisión Europea (2013) ha identificado determinadas prácticas que se consideran clave para el impulso de la responsabilidad social en las empresas:

- Mejora del gobierno corporativo y de su transparencia, tanto en la elección y

remuneración de directivos como en las relaciones con los accionistas y su papel en la empresa.

- Inversión socialmente responsable, orientando la misma hacia empresas con un buen

desempeño en RSC.

- Compras públicas y privadas socialmente responsables, de modo que al introducir

criterios de sostenibilidad en la cadena de valor empresarial se transmiten los principios de la responsabilidad social hacia los escalones más bajos (pymes y autónomos), que en muchos casos quedan alejados de este tipo de prácticas.

- Generación de crecimiento sostenido y competitividad en torno a las tecnologías limpias, que lleven a la ecoeficiencia energética y la lucha contra el cambio climático.

- Creación de hábitos de consumo responsable, tanto por parte de las administraciones

como de las empresas, para transmitir la RSC a los clientes finales.

- Innovación responsable, incluyendo criterios éticos y de responsabilidad en el desarrollo

científico y tecnológico.

En España el RD 221/2008 (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2008) crea el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE), encargado de fomentar e impulsar políticas de RSC. Posteriormente, la Ley de Economía Sostenible (Jefatura del Estado, 2011) contempla la promoción de la responsabilidad social corporativa y obligaciones en este sentido para el sector público empresarial.