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CAPITULO IV: ¿CÓMO SUPERAR LAS ASIMETRÍAS?

IV.1. b El Centro de Asesoría Legal en Asuntos de la OMC (ACWL)

Debido a la necesidad de asistencia legal de los PED y fruto de las limitaciones de la

asistencia que brinda la Secretaría de la OMC, surgió la iniciativa de crear un centro

especializado de asesoría legal. En diciembre de 1999, en el marco de la Conferencia

Ministerial de Seattle, varios representantes de países desarrollados

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y países en

desarrollo

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firmaron el Acuerdo por el que se establece el Centro de Asesoría Legal en

Asuntos de la OMC (ACWL).

Hoy en día el Centro cuenta con 30 países en desarrollo y 11 países desarrollados

Miembros. El financiamiento del Centro se basa en un enfoque cooperativo. Los PED

Miembros aportan cuotas que varían atendiendo a su participación en el comercio mundial y

a sus ingresos per cápita. Los países desarrollados Miembros han hecho aportes

sustanciales al Centro

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, pero la participación de éstos es sólo de carácter económico, no

tienen acceso los servicios legales. Sin embargo, los países menos adelantados Miembros

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Por sus siglas en inglés, Advisory Centre on WTO Law.

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Canadá, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido.

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Bolivia, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Egipto, Guatemala, Honduras, Hong Kong, China, Kenia, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Tailandia, Túnez, Uruguay, Venezuela y Zimbabwe.

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Los países desarrollados han contribuido cada uno con un millón de dólares o más (Bown y Hoekman, 2005: 874)

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de la OMC, aunque no sean miembros del Centro, tienen derecho a los servicios de

asesoría

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.

El Centro es una organización intergubernamental independiente, cuyo objetivo es

“proporcionar capacitación, apoyo y asesoría jurídica en asuntos relacionados con la

normativa de la OMC y los procedimientos de solución de diferencias, a los países en

desarrollo y, entre ellos, en particular a los menos adelantados, así como a los países con

economías en transición”

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.

El apoyo en procedimientos de solución de diferencias se otorga indistintamente de que los

países participen como demandantes, demandados o terceras partes. Los honorarios a

cobrar dependerán del grado de desarrollo del país que lo solicite. Estos honorarios pueden

oscilar entre 10.280 francos suizos para un país menos adelantado en una diferencia de baja

complejidad, hasta 228.744 francos suizos para un país en desarrollo con ingreso elevado,

en una diferencia de alta complejidad (Palma, 2004:348).

Es interesante resaltar un estudio elaborado por Chad Bown y Rachel McCulloch (2009)

sobre el impacto de la creación del ACWL y su influencia en la participación de los PED en el

SSD. Los autores concluyen que la disponibilidad de servicios de bajo costo del ACWL no ha

sido suficiente para expandir el conjunto de los países en desarrollo que ya venían haciendo

uso del SSD antes de la creación dicho centro, pero destacan varios logros importantes:

1) El ACWL ha permitido a los PED que ya habían usado el SSD anteriormente en

casos liderados por países desarrollados participar en el sistema por primera vez

como demandantes individuales. Los costos subsidiados del Centro permiten que los

países puedan defender los intereses de sus exportadores con voz propia, sin necesidad de

esperar por otros Miembros de la OMC que enfrenten los mismos inconvenientes y así

compartir los costos de la disputa.

2) El ACWL permite llevar un proceso legal hasta sus últimas consecuencias. Antes de

la creación del Centro, los altos costos legales podían provocar que los países en desarrollo

abandonaran un caso o aceptaran zanjar la disputa con un arreglo desventajoso, en lugar de

invertir recursos adicionales necesarios para obtener una resolución del OSD a su favor.

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Datos obtenidos de la página web del ACWL http://www.acwl.ch/e/members/Introduction.html, consultada el 2 de diciembre de 2011

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3) El ACWL ha posibilitado que se presenten casos en los que la cifra monetaria

envuelta es relativamente pequeña. Antes de la creación del Centro, las demandas eran

motivadas por pérdidas millonarias de grandes sectores. Ahora, sin embargo, los pequeños

exportadores también pueden defender sus intereses, cuya cuantía puede ser relativamente

pequeña pero no por ello de menor importancia para un país en desarrollo.

La creación del ACWL representa un gran avance para los PED. Sin embargo, como bien

señaló el Grupo Africano: “El Centro de Asesoría Legal en Asuntos de la OMC no debería

considerarse una panacea para todas las limitaciones institucionales y de capacidad humana

de los países en desarrollo”

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. La asesoría del Centro se produce principalmente durante el

desarrollo de la disputa, éste no tiene ni recursos ni mandato para alertar a los exportadores

que tienen un caso legalmente viable ante la OMC. Los únicos que pueden pedir asistencia

al Centro son los gobiernos, por lo que el sector privado debe convencer previamente a sus

autoridades gubernamentales de iniciar un caso y éstas posteriormente podrán solicitar la

asesoría legal. Por ello, los mecanismos de monitoreo de medidas comerciales ilegales y la

recolección de información previa al inicio de un caso siguen siendo un desafío por resolver.

Varios autores han manifestado su preocupación por la falta de expertos técnicos y

económicos en el ACWL, señalan que el tecnicismo que caracteriza las complejas

demandas en la OMC requiere no solamente de capacidades legales, sino también

capacidades técnicas y económicas

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. Recientemente este aspecto ha tratado de corregirse

a través de un fondo especialmente dedicado a subsidiar costos de contratación de expertos

no legales (Nottage, 2009:6).

IV.1.c. Pluralidad de actores vinculados a la asistencia técnica y necesidad de

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