Banco del Sur BdS-

La propuesta del BdS, fue impulsada en 2007 por el gobierno de Venezuela como la principal estrategia para lograr la soberanía financiera de la región y la salida a la dependencia al FMI, el Banco Mundial y el BID; contando, luego, con el acompañamiento de Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Brasil. En la reunión presidencial de Cochabamba (2006), se ratificó el objetivo de “revertir el enorme déficit social de la región”; admitiéndose que con la integración se amplían las posibilidades de cooperación para financiar el desarrollo. Allí también, se incorporó como tema prioritario la promoción de cadenas y redes productivas a nivel regional, las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas y a otras formas de la economía social. Se dio un primer paso con la designación de una Comisión Estratégica de Reflexión que delegó a su vez en un grupo ad-hoc la responsabilidad de elaborar un informe, denominado “Un nuevo modelo de integración de América del Sur”.

99 Más allá de los acuerdos posteriores comenzaron a surgir diferencias en el grupo de trabajo, por ejemplo, la delegación de Venezuela -apoyada por Bolivia- propuso crear el Banco del Sur, mientras la de Brasil -con la adhesión de Argentina- planteó establecer un mecanismo multilateral para manejar fondos de los bancos nacionales en la región, y donde la CAF tendría que oficiar como garantía bancaria complementaria (Schaposnik y Pardo, 2009)82_.

Asimismo, se manifestaron visiones distintas entre los gobiernos, en particular en cuanto a su finalidad y funcionamiento. Así, el texto sometido a discusión en marzo del mismo año, elaborado por Argentina y Venezuela llamativamente alentaba el financiamiento orientado a empresas multinacionales y el fomento a los mercados de capitales, proponiendo la creación de una única institución con atribuciones de Banco de Desarrollo y de Fondo Monetario de Estabilización, con derechos de voto en proporción al aporte de capital de cada país. Eric Toussaint (2008a), que participó como miembro de la delegación ecuatoriana en la reunión de Quito, sostiene que por el contenido del proyecto presentado es posible suponer que el texto “nunca fue leído, aprobado y asumido por el Presidente de Venezuela”. Incluso, los técnicos plantearon, como posibilidad, la participación de Estados de Asia y África como observadores, y, que el BM y el BID fueran accionistas sin derecho a voto, entre otros (p. 64).

La delegación de Ecuador presentó otra propuesta un mes después, opuesta a la anterior apoyada en la creación de tres instrumentos: un Fondo Monetario Regional, el Banco del Sur y una unidad monetaria83_{. Los recursos del Banco se podrían obtener del aporte de capital y}

préstamos de sus países miembros, de impuestos globales y de donaciones, mientras que los del Fondo tendrían origen en las reservas que cada Estado pusiera a su disposición -20% de las que tienen los Bancos Centrales, que no serían bloqueadas en forma permanente sino en caso de necesidad-. La función del Banco sería conceder préstamos “a quienes los necesitan para la aplicación de un modelo alternativo, respetuoso con el ambiente, que busca promover

82 _{En Cochabamba sólo se resolvió que los mecanismos financieros debían definirse de forma tal que resultaran}

“compatibles” con las condiciones propias de cada país y a partir de los “existentes”; aunque, no quedaba claro si se hacía referencia a los de la CAN y el MERCOSUR -promotores de la Comunidad Sudamericana-, a las instituciones mencionadas en el Informe del grupo ad-hoc o a todas las que desarrollan su actividad en la región (Schaposnik y Pardo, 2009).

83 _{La propuesta de Ecuador fue elaborada por un equipo encabezado por el ministro de Economía y Finanzas de}

ese país, en la que participaron prestigiosos especialistas, entre ellos Jorge Marchini, Oscar Ugarteche y Eric Toussaint, y fue ratificada por el Presidente Rafael Correa.

100 la justicia social, y que ayuden a los que no tienen fácil acceso a los capitales” (Toussaint, 2008a, p. 67).

En la reunión de Quito, en mayo del mismo año, los representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Venezuela y Ecuador superaron algunas de las diferencias y se llegó al acuerdo para la creación de un banco de desarrollo que a la vez funcionara como un fondo de estabilización monetaria, firmándose el Acta Fundacional en Buenos Aires, en diciembre de 2007. En la misma, se expusieron los fundamentos de su creación, sus objetivos, los plazos para definir la estructura y las principales directrices estableciéndose la sede principal en Caracas y subsedes en Buenos Aires y La Paz. En los considerandos se destacó “que las estructuras económicas y financieras de América del Sur evidencian limitaciones en el desarrollo de los mercados financieros, lo que provoca que los ahorros nacionales fluyan hacia economías más desarrolladas en lugar de ser invertidos en proyectos de carácter regional”; a la vez que, se consideró indispensable “diseñar una nueva arquitectura financiera regional orientada a fortalecer el papel del continente suramericano en un mundo caracterizado por la globalización financiera y comercial”.

Pasados nueve meses de la firma, las divergencias de los gobiernos respecto al capital o el voto retardaban su puesta en marcha. Toussaint (2008b, preg. 1) entendía por entonces que, más allá de la terminología empleada por los negociadores para expresar sus divergencias, había dos alternativas de banco: 1) un banco “que sostenga un proyecto neodesarrollista deseado por las grandes empresas privadas o mixtas, principalmente brasileñas y argentinas, y sostenido por Buenos Aires y Brasilia” (…); o, 2) un banco que financie políticas económicas, sociales y culturales, alejándose de la lógica de la búsqueda del beneficio, dando “prioridad a la integración aplicando los diferentes pactos que garantizan los derechos civiles, políticos, económicos sociales y culturales”. En su opinión, concretamente debía financiar “una política latinoamericana de soberanía alimentaria y de reforma agraria”, (…), “dotar a la región de una industria farmacéutica pública” (…), “revitalizar y conectar las distintas redes ferroviarias” (…), proveerse de una política común en investigación y desarrollo, educación y medio ambiente, “financiar la reducción de las asimetrías que se producen entre países, “en resumen, una política que tenga como objetivo unificar los derechos sociales por arriba.”

101 Recién en mayo de 2009 los Ministros de Economía consensuaron el texto de un estatuto. Ortiz y Ugarteche (2008) observaban una serie de diferencias que dilataban la redacción final, entre ellas: a.- Brasil, disponía de un banco como el BNDES, con una cartera de inversión superior a la del BM, con lo cual el BdS representaba una competencia innecesaria; b.- diferencias de interpretación del artículo V del Acta Fundacional, respecto al sistema de funcionamiento democrático, un país-un voto: sólo Venezuela -de entre los países con mayor aporte de capital- apoyaba la toma de decisiones democrática en todos los niveles, Brasil y Argentina “se inclinaban por el modelo tradicional de la banca multilateral” (si bien habían aceptado que los consejos funcionen bajo el principio de un país-un voto, “en la gestión del día a día los países con mayor contribución deberían tener mayor voz”); c.-desacuerdos respecto a los privilegios y exenciones tributarias aduaneras, el fondeo, la cartera de inversión, distribución de inversiones entre países miembros y términos de financiamiento, la participación de la sociedad civil y la trasparencia o las salvaguardas ambientales.

Finalmente, en la redacción del convenio, se estableció una estructura integrada por un Consejo de Ministros, un Directorio -con su Comité Ejecutivo-, un Consejo de Administración y uno de Auditoría. Asimismo, se privilegió que cada país tuviera un voto en el Directorio; aunque, para la aprobación de los proyectos de más de 70 millones de dólares se necesitaría el apoyo de los dos tercios del capital suscripto. Posteriormente, en la III reunión presidencial realizada en Quito en el mes de agosto, se instruyó a los Ministros para avanzar en la aprobación del BdS, en la construcción de un Fondo de Reserva Común y en un Sistema Único de Compensación Regional (Quito, 2009). Un mes después, los presidentes firmaron el Convenio Constitutivo, que debía ser ratificado por los parlamentos de los países miembros para que la institución comience a funcionar.

Según lo establece el Convenio, se constituyó como una entidad financiera de derecho público internacional (art.1.1) con el objeto de “financiar el desarrollo económico, social y ambiental de los Países Miembros, en forma equilibrada y estable haciendo uso del ahorro intra y extrarregional; fortalecer la integración; reducir las asimetrías y promover la equitativa distribución de las inversiones entre los Países Miembros” (art. 2). Entre sus funciones contempla en primer lugar -individualmente o en conjunto con otros organismos o entidades nacionales e internacionales- financiar en cualquier país miembro a órganos estatales, entidades autónomas, empresas mixtas, empresas privadas, cooperativas, empresas asociativas y comunitarias que lleven a cabo proyectos: orientados a mejorar la

102 competitividad, el desarrollo científico-tecnológico, la infraestructura, la generación y provisión de servicios, la complementariedad productiva regional, y la maximización del valor agregado; proyectos en sectores como salud, educación, seguridad social, economía social, promoción de la democracia participativa, cultura, deportes, proyectos orientados a reducir la pobreza y la exclusión social; de infraestructura y de expansión de cadenas productivas regionales; así como proyectos que tengan por fin reducir las asimetrías, teniendo en cuenta los países con menor desarrollo relativo (arts. 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3 y 3.1.1.4).

El convenio fue ratificado por la mayoría simple de los países miembros, esto es: Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina y Uruguay; lo cual, significó su entrada en vigor el 3 de abril de 2012 a partir de la existencia de condiciones normativas para dar inicio a su actividad (artículo 31). Si bien aún no cuenta con la ratificación de los parlamentos de Brasil y Paraguay y no realiza operaciones, en junio de 2013 se llevó a cabo la primera reunión formal del Consejo de Ministros, circunstancia que auguraba una fecha cercana de inicio de su actividad; aunque ello, no sucedió.