El Banco Central y el Retorno a la Barbarie

El Banco Central había reunido ya desde su fundación la suma del poder público: Ejecutivo, porque fue siempre una dependencia del Poder Ejecutivo; Legislativo, porque la misma entidad dicta las normas; Judicial, porque ella misma las aplica, con

facultades procesales similares a las de un Juez de instrucción.

La inflación desatada por las atribuciones que la primera Carta Orgánica le otorgó al Banco Central, aumentadas y corregidas por sucesivas reformas, no se limitó

solamente al terreno de los precios. Tuvo graves efectos colaterales en el terreno institucional.

Desatada la inflación con todo vigor, desde que asumió Juan Domingo Perón el 4 de junio de 1946, comenzó el ataque a la propiedad privada, en especial la de los ahorros en pesos moneda nacional que se fueron diluyendo a pasos agigantados. Para no oír la voz de los críticos, cerró diarios y monopolizó la radiodifusión.

El alarmante déficit habitacional que se produjo, desde esa época en la Argentina, era sólo comparable, con la de las grandes ciudades que habían sufrido bombardeos diarios de parte de la aviación enemiga.

Argentina, sin haber intervenido en la Segunda Guerra Mundial, presenció la ruina de las casas de sus barrios más populosos, en especial de los inmuebles ocupados por inquilinos. Como si esto fuera poco, la construcción de nuevas viviendas como forma de inversión tendió a desaparecer. Los enemigos de los argentinos fueron sus propios gobiernos.

La ofensiva partió de tres diferentes sectores. El Impuesto a los Réditos que desde su primer proyecto, en 1932, hizo escarnio de la renta por alquileres.

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Para esta Ley, los alquileres son “rentas del suelo”, indignas de todo tipo de exenciones. Asegurarse e! futuro proveyendo al prójimo de vivienda fue

discriminado como de Primera Categoría en el renglón de ganancias «sin trabajo». El General Pedro Pablo Ramírez, presidente de facto desde el 7 de junio de 1943 hasta el 9 de marzo de 1944, decretó el 29 de junio de 1943 la rebaja de alquileres para toda la República.

La decisión, sin precedentes en el país, debía regir a partir del 1o de julio de 1943, hasta el 31 de diciembre de 1945. Los precios de locación que regían, desde el 31 de diciembre de 1942, debían rebajarse de acuerdo con una determinada escala.

Los alquileres de hasta $ 50 mensuales se reducían en un 20% hasta una reducción de 5% para los que abonaran más de $ 400 mensuales.

El mensaje que Argentina transmitía al mundo era que había dejado de respetar los derechos individuales preexistentes y que se estaba preparando para ser un país sin futuro.

En ese entonces barrios enteros de Buenos Aires y de las grandes ciudades del interior, habían sido edificados por pequeños ahorristas que encontraban, en la

edificación de modestas viviendas, una renta conveniente y segura. Se trataba del más eficiente modelo de previsión social privado, al que la demagogia totalitaria se ocupó en destruir.

El golpe de gracia vino con la inflación. Ésta, unida a la inseguridad jurídica,

producto del congelamiento de los alquileres, tuvo consecuencias funestas durante las casi cuatro décadas en que rigió el régimen de locaciones urbanas.

Los dueños locadores de inmuebles vieron su propiedad confiscada con la creciente caída en el valor del peso moneda nacional, de curso forzoso.

Cesó casi por completo la oferta en alquiler de nuevas viviendas. Los ya inquilinos —los presuntos beneficiados—habitando, cada vez más, en viviendas derruidas, por falta de mantenimiento.

El clima de extorsión a los propietarios hizo sentir entre los argentinos el clima de degradación moral que reina en los países víctimas del comunismo.

No fue sino a partir del 29 de junio de 1976, durante el gobierno militar presidido por Rafael Videla y el Ministro de Seguridad Social, Almirante Bardi, cuando comenzó el

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plan gradual de liquidación de «la ley de alquileres», inaugurada justo 33 años antes; era ya tarde. El daño que habían sufrido las nuevas generaciones, carentes de futuro, fue irreparable.

Nacieron los asentamientos ilegales. La expropiación impulsada por los gobiernos fue imitada, a su manera, por la población civil de escasos recursos. La población de las villas de emergencia no dejó de crecer, desde ese entonces.

La gente joven, con buenos ingresos, o con la ayuda de sus familiares, optó por distintas opciones, costosas algunas y otras de alto riesgo.

Nació la compra “en el pozo”. No se trataba de una figura retórica. Era el nombre del sistema de ventas de nuevos departamentos que se tenía que ir pagando durante años, en cuotas, antes de verse la obra terminada.

Otra vertiente. La juventud más pacífica y sensata, optó por el éxodo. Surgieron así, las grandes colonias de argentinos en California, Florida, Nueva York, España, Italia y hasta en Brasil.

Ausentes los estímulos para el trabajo creativo, destruidos los ahorros monetarios por la inflación, agudizada la escasez de viviendas, el porvenir de las nuevas

generaciones se hizo cada vez más incierto.

Al igual que en los pueblos vencidos y despojados, el sentimiento de frustración hizo estragos, en especial, entre los estudiantes universitarios.

La reacción adoptó visos irracionales. Lejos de reclamarse la limitación del poder y la supremacía de los derechos individuales de la sociedad civil, las víctimas del

resentimiento se lanzaron al asesinato de efectivos de seguridad, el secuestro extorsivo, la guerra de guerrillas, para implantar en el país el modelo castrista de gobierno.

En 1982, tuvimos el inaudito conflicto bélico con Gran Bretaña por las Islas Malvinas. El gobierno militar argentino le sirvió en bandeja a la guerrilla el más poderoso aliado que nunca los subversivos podían imaginar.

Lo más grave del caso es que la lección todavía no da señales de haberse

aprendido. La inflación no es un problema ni monetario ni económico. La inflación es lisa y llanamente el retorno a la barbarie.

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repudio al uso civilizador de la moneda, en sus dos funciones fundamentales: como instrumento de pacífico intercambio presente de bienes y servicios y como reserva futura de valor.

La introducción del patrón «billetes de curso forzoso», representativos del descrédito del gobierno, determinó el trasfondo del fracaso argentino y el desprecio a la

globalización, comunes al mundo civilizado.

Con el patrón «billetes de curso forzoso» comenzaron a proliferar los economistas. Crearon y difundieron una técnica que, sin volver al automatismo del patrón oro,

amenguara las calamidades del patrón monetario manejado por los políticos. Con patrón oro hay poco trabajo para los economistas.

En ese arsenal de técnicas quedó afuera el vital consejo que legó Federico Pinedo a la posteridad, en la sesión de la Cámara de Diputados del 26 y 27 de abril de 1932:

“Cuando hay convertibilidad no cabe el permanente exceso de monedas; el exceso se absorbe o emigra. Pero cabe el empapelamiento más ilimitado cuando falta ese freno, el único verdaderamente serio”.