Para la resolución de esta cuestión, me remito a lo anteriormente explicado sobre la responsabilidad de las personas jurídicas, que solo puede tener lugar en los casos del 31.bis CP, de manera que en el caso de una condena a los socios, su responsabilidad
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solo será transferida a la persona jurídica si se trata de sujetos sometidos a la autoridad de administradores, que hayan “podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso”.
6) IMPUGNACIÓN DE ACUERDO SOCIAL
En el supuesto de hecho objeto de análisis se plantea la posibilidad de que el socio Don Juan Pérez impugne judicialmente alguno de los acuerdos sociales donde se decidió abrir la cuenta en Gibraltar.
Nos encontraríamos ante un acuerdo en Junta general extraordinaria, impugnable por ser contrario al orden público. Este socio puede interponer la acción de impugnación en cualquier momento, pues el artículo 205 de la Ley de Sociedades de Capital establece que la impugnación de acuerdos sociales contrarios al orden público no está sometida a plazo de caducidad alguno:
Artículo 205. Caducidad de la acción de impugnación.
1. La acción de impugnación de los acuerdos nulos caducará en el plazo de un año. Quedan exceptuados de esta regla los acuerdos que por su causa o contenido resultaren contrarios al orden público.
El Tribunal supremo ha venido a señalar que el concepto de orden público es de los denominados indeterminados. En este sentido, la STS de 18 de mayo de 2000 nos señala que la naturaleza jurídica del concepto de orden público es, "en el área de los acuerdos sociales, de los denominados indeterminados".
Este concepto ha sido interpretado constantemente por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Así, la evolución doctrinal parte de 1966 19en una sentencia que recoge la más moderna de 200220 y que se refiere también a otra de 18 de mayo de 2000, para conceptuar el “orden público en el área de los acuerdos sociales” como “constituido por los principios jurídicos, públicos y privados, políticos, morales y económicos, que son absolutamente obligatorios para la conservación del orden social en el pueblo y en una época determinada”.
De acuerdo con todo lo expuesto, identificamos el acuerdo en Junta extraordinaria por el que se decide abrir una cuenta bancaria en Gibraltar, con la clara función de depositar el dinero “negro” obtenido tanto de la defraudación a la Hacienda Pública como de los abortos, como contrario al orden público, pues es claramente discordante con los principios económicos, en concreto la igualdad y transparencia tributarias.
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SSTS de 5 de abril de 1966 y 31 de diciembre de 1979. 20
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Del citado artículo 205 LSC se extrae que estos acuerdos son nulos, por lo que Don Juan Pérez está legitimado para impugnarlos, dirigiendo su acción contra la sociedad SERVICIOS MÉDICOS, S.L.:
Artículo 206. Legitimación para impugnar.
1. Para la impugnación de los acuerdos nulos están legitimados todos los socios, los administradores y cualquier tercero que acredite interés legítimo.
2. Para la impugnación de acuerdos anulables están legitimados los socios asistentes a la junta que hubiesen hecho constar en acta su oposición al acuerdo, los ausentes y los que hubiesen sido ilegítimamente privados del voto, así como los administradores.
3. Las acciones de impugnación deberán dirigirse contra la sociedad.
El procedimiento de impugnación, así como la sentencia estimatoria de la misma, aparecen regulados en los artículos 207 y 208 de la misma Ley:
Artículo 207. Procedimiento de impugnación.
1. Para la impugnación de los acuerdos sociales, se seguirán los trámites del juicio ordinario y las disposiciones contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
2 En el caso de que fuera posible eliminar la causa de impugnación, el juez, a solicitud de la sociedad demandada, otorgará un plazo razonable para que aquella pueda ser subsanada.
Artículo 208. Sentencia estimatoria de la impugnación.
1. La sentencia firme que declare la nulidad de un acuerdo inscribible habrá de inscribirse en el Registro Mercantil. El Boletín Oficial del Registro Mercantil publicará un extracto.
2. En el caso de que el acuerdo impugnado estuviese inscrito en el Registro Mercantil, la sentencia determinará además la cancelación de su inscripción, así como la de los asientos posteriores que resulten contradictorios con ella.
Cabe señalar que la impugnación de este acuerdo no afectaría a la responsabilidad penal de los socios.
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III) BIBLIOGRAFÍA Y PÁGINAS WEB
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