“Los que nos gobiernan, nacidos por lo común en la opulencia, educados léjos del pueblo... han ascendido a tal altura, que tienden la mirada a las clases inferiores i, no viendo más que los rasgos jenerales... se creen en el mejor de los mundos... Pero nosotros, los que vivimos entre los de abajo, vemos todas las miserias, todas las angustias de este pueblo... Como ellos no nos ven a los de abajo, creen que a su vez no son vistos por nosotros; pero el pueblo ve con admirable nitidez la codicia, las ambiciones bastardas i todos los delitos i vicios de los de arriba... así como hoi es su cómplice, puede mañana ser su juez i el ejecutor de su sentencia” (Dr. J. Valdés Cange: Sinceridad. Chile íntimo en 1910. Santiago, 1910, pp. 2-3).
Los ojos del poder
Para Michel Foucault, el poder es un ojo central circulante, que vigila, sigue y persigue a los hombres por doquier. Desde afuera y desde adentro de ellos mismos. A partir de esta célebre definición “panóptica”, el filósofo francés anunció, sin más, la muerte del hombre como sujeto histórico. Para J. Habermas, esa definición ‘ciega’ el despliegue de las “energías utópicas” del hombre, al encadenarlas al “eterno retorno del poder”108.
La ciudadanía también tiene ojos. Y no uno, sino millones. Y no centrales, sino circundantes. Facetados, extensos, como llanura. Tantos, que están en todas partes. Vigi- lando, desde todas las perspectivas, las cimas del poder. Y si hoy miran pasivamente, mañana bien pueden mirarlas como “juez”. Ya que pueden sitiarlas y levantar oleajes “ejecutores de sentencia”. Y pueden construir elásticas redes y tejidos de contra-poder. E incluso producir el retorno cíclico de su propio poder.
En la historia, el poder va y viene, atrapado en ciclos de doble retorno: entre ‘formalizaciones’ y ‘fuentes’ del poder. Entre Estado y Sociedad Civil. Entre estructuras y sujetos sociales.
Desde la cima del poder central se vigilan “rasgos jenerales”. Y “no se ven” los pliegues minúsculos donde hormiguean los hombres y la miseria. Tiene visión macroscópica, oxígeno de altura y ceguera microscópica. Pero en los hechos concretos, en el tráfico cotidiano, el ojo ciuda- dano tiene ventaja. Es cierto que no tiene oxígeno de altura. Pero, a cambio, detenta la energía anaeróbica de los virus, el linfa subcutáneo de la oralidad, la ebullición epidémica de la legiti- midad. El poder central supervisa y sigue; el poder ciudadano invade y explota 109.
108 J. Habermas: “La crisis del Estado de Bienestar y el agotamiento de las energías utópicas”, en Ensayos Políticos
Madrid, 1994, p. 117.
109 Un mayor desarrollo de esto se hará en G. Salazar: “El viejo topo de la historia. Para una teoría de los
El interjuego de las clases políticas
El concepto de ‘clase política’ no pertenece a la teoría del poder formal. El ojo central es irreflexivo: no se mira a sí mismo. Gaetano Mosca, que introdujo el concepto, era conservador y elitista, pero su tesis sobre la clase política fue un hallazgo derivado de sus investigaciones históricas. El hallazgo resultó crítico, casi revolucionario, y nunca encajó ni con el resto de sus ideas ni con su vida política. Aun así, basado en él, lanzó fuertes diatribas contra Mussolini. Norberto Bobbio, al respecto, dijo: “la teoría de la clase política no es en sí misma una teoría conservadora: que las minorías guían y las mayorías son guiadas, maniobradas, manipuladas... es un hecho; y los hechos no son ni conservadores ni progresistas”. Y agregó:
“la teoría de la clase política no es por sí misma una ideología, por el hecho de que parece concordar con una ideología democrática tanto como con una revolucionaria, y acaso con ésta en medida mayor” 110.
La ‘clase política’ es una imagen que se obtiene mirando desde abajo, no desde arriba. Es una idea o concepto que pertenece al ojo-horizonte del ciudadano. Al circun- dante ojo social, que mira desde todas partes a la altura central. Ojo que no la ve como una fuerza jurídica abstracta, sino como un conjunto de personas que revisten represen- tación, riqueza, o poder.
Hacia 1850, el Estado regido por el grupo montt-varista era dolorosamente visi- ble, en todo Chile, para mineros, agricultores y artesanos, que se sintieron discriminados por los privilegios concedidos a los mercaderes extranjeros. Y en sus periódicos y panfle- tos denunciaron: “semejantes protectores ¡oh, pueblo de mi patria! son mentidos... cuan- do hayan concluido las votaciones, ya no os conocen... no es por ellos o por tal o cual persona que vamos a trabajar... sino por los principios, para mejorar un día la condición social” 111. Hacia 1910, cuando regían las camarillas parlamentarias, el Dr. J. Valdés Cange
(seudónimo del profesor Alejandro Venegas) denunciaba:
“después de la guerra del Pacífico... nuestras clases gobernantes olvidaron los intereses nacionales para mirar sólo los propios, se produjo un desquiciamiento jeneral de los partidos... las primeras manifestaciones... fueron las insubordinaciones contra sus je- fes, contra el Presidente de la República... los partidos políticos no presentan hoi mas diferencia entre sí que el nombre. Las ideas, los programas, han pasado a desempeñar el papel de esos trabucos i arcabuces que suelen verse en las panoplias; mui grandes, formidables, pero inofensivos; no dan fuego...” 112.
110 N. Bobbio: “Introducción” a G. Mosca: La clase política (México, 1984), pp. 32-33. 111 En La Libertad 1:1 (1851), p. 2.
Quince años después los estudiantes universitarios, en su diario Claridad, decían: “todos los partidos están en descomposición y el arte de gobernar ha puesto de relieve la farándula de la legislación y la burla de la ley”. Términos similares usaron los obreros en el Despertar de los Trabajadores. Treinta años después crecía de nuevo el escepticismo ciudadano, y los políticos vieron que la “escoba” -prometida por el General Ibáñez para barrer la politiquería- obtenía una mayoría electoral abrumadora. Y en 1997, en plena expansión económica, la mitad de la ciudadanía dejó de inscribirse en los registros elec- torales, anuló su voto o votó en blanco, mientras las encuestas de opinión pública ubica- ban a “los políticos” en el rango de menos prestigio de la sociedad. Un senador de la República dijo: es una “decisión ciudadana de rechazar el sistema, de protestar contra el Gobierno ... contra los políticos en general, sin excepción... como un voto de castigo” 113.
Durante casi dos siglos de historia, la percepción ciudadana parece la misma: los políticos “mienten”, “buscan su propia conveniencia” y hacen de la ley una “farándula o una burla” . Como sospecha el Dr. Cange, las crisis nacionales bien pueden resultar de la ‘traición’ al interés público al primar los intereses privados o de partido. Pero también puede ser resultado de lo que señala N. Bobbio: “la tendencia de todas las clases políticas a hacerse hereditarias de hecho, cuando no de derecho”. O sea: a producir y reproducir por sí mismas las condiciones de su existencia y su hegemonía, erosionando los mecanis- mos de representación, obliterando la soberanía popular y estableciendo una frontera objetiva entre Estado y Sociedad Civil. Lo que no implica necesariamente corrupción, pero sí -lo que es peor- deformación del proceso político. Todo lo cual lesiona no sólo las relaciones entre Estado y Sociedad Civil, sino también entre Estado y Mercado.
La clase política puede, eventualmente, formarse en torno a los núcleos de interés privado (Cange), o por la auto-reproducción del poder político (Bobbio), pero también por la tendencia inercial de la máquina estatal a ‘autonomizarse’ y objetivarse, divorcián- dose de la masa ciudadana. En todos los casos el final es el mismo: la formación de una “minoría organizada” que se instala en el poder y se lo transmite a sí misma. Como si fuera hereditario. Los ojos ciudadanos, entonces, ven que el Estado se transfigura, de poder delegado en poder objetivado. De mandante en mandatario, de proyección ciuda- dana en “invasor del mundo de la vida”. Es lo que resume Theda Skocpol:
“Los estados, concebidos como organizaciones que reivindican el control de territorios y personas, pueden formular y perseguir objetivos que no sean un simple reflejo de las demandas o los intereses de grupos o clases sociales de la sociedad. Esto es lo que se entiende normalmente por ‘autonomía del Estado’...”114.
113 Ver Adolfo Zaldívar Larraín: “Retazos de diciembre: los votos nulos son de castigo”, en El Mercurio 1/03/1998,
D37.
114 T. Skocpol: “El Estado regresa al primer plano”, en E. Torres (Comp.): Política. Teoría y métodos (San José,
Puede, incluso, ser cierto lo inverso: que la tendencia de la clase política a la autonomización empuje el Estado a su ‘objetivación’, como hizo la oligarquía de 1900 con el Estado Parlamentario. La autonomización combinada puede, a su vez, convertirse en una cabalgata desbocada que arrastre caballo y jinete a un callejón sin salida, como ocurrió con la clase política ‘alessandrista’ y la máquina estatal-desarrollista, después de 1932. Cualquiera sea la fuerza propulsora de la crisis y la autonomización de la política, los ojos ciudadanos perciben todo eso como una sola y misma enajenación. ¿Para qué distinguir especificidades? Si el resultado es, siempre, más o menos el mismo: una crisis de eficiencia y gobernabilidad que arrastra desde espirales históricas sin control (como la inflación estructural del período 1943-73) hasta latigazos de terrorismo estatal (como ocurrió después de 1829, 1891 o después de 1973), que revientan en miseria, explotación, represión, sangre, tortura, pérdida de nacionalidad, etc. No en el seno de la clase política, sino, preferentemente, en la ‘baja’ sociedad civil.
La autonomización del poder público puede generar, pues, un monstruo en grado menor: la ‘clase política’, y otro en grado mayor: el ‘terrorismo de Estado’. Tal vez el monstruo menor no engendre el mayor, pero el ‘extrañamiento’ de ambos respecto a la ciudadanía es el mismo. Para ésta, hay allí un mismo peligro. Una misma forma de aliena- ción. El concepto de clase política es la imagen genérica de ese peligro. Por ello, es un concepto cívico, no partícula discursiva del poder central. Su importancia es, pues, tras- cendental. “La ciencia política contemporánea comenzó con la teoría de la clase política” (N. Bobbio); pues está en la línea de la liberación democrática de la sociedad.
¿Cuáles son los factores históricos específicos que contribuyen a la autonomización de los poderes públicos?
Uno es el modo social e histórico de elaboración, promulgación o cambio de la Constitución Política del Estado. En Chile -como se vio en la Sección anterior-, la Consti- tución no ha sido nunca producto de una deliberación ciudadana, sino, siempre, imposi- ción de una “minoría organizada”. Bajo el imperio -explícito o tácito- de una “ley mar- cial”, de un “estado de sitio”. En una situación de poder estatal próxima al “terrorismo de Estado”. Así ocurrió en 1829, 1891, 1925 y 1980.
Y eso no es todo: el poder de la minoría organizada no sólo se ha manifestado al momento de imponer ‘su’ proyecto constitucional, sino también después; durante todo el período de vigencia de su criatura (pues, aunque siendo minoría, se convierte en mayoría por el peso estructural de esa criatura). Tal como la clique de Arturo Alessandri ‘dominó’, indirectamente, incluso muerta, hasta la crisis del Estado constituido por ella. El acata- miento del Poder Judicial (y policial) de esa ‘criatura’ (transmutada en Derecho) es el rito clave de la perpetuación. El juramento que inicia el “eterno retorno del poder”. La trascendencia que hace ‘olvidar’ la minoría. Y transmitir, como en herencia, el poder público. Cuando eso ocurre, el ‘ojo de Polifemo’ se enceguece y sólo se mira a sí mismo. Es
cuando, fracción a fracción, la Sociedad Civil va quedando separada del Estado: primero los derrotados en la coyuntura constituyente; luego los marginados por la ineficiencia gubernamental; enseguida los críticos que denuncian la “traición” de los políticos y, fi- nalmente, la propia “minoría organizada” que, 30 ó 40 años después de su obra, ve con sorpresa que su criatura, objetivada e inmanejable, no sólo le impide corregir lo que no hizo bien, sino que se vuelve contra ella. Tal le ocurrió a la minoría mercantil, triunfadora en 1830 y atada de manos en 1910; a los demócratas liberales vencedores en 1925 y 1932, pero impotentes desde 1938 y barridos en 1973. La autonomización del Estado es un proceso largo y confuso, que concluye a menudo cuando la criatura, morbosamente, agre- de a su creador. Con las manos, casi siempre, de la sociedad civil.
Los ‘golpes de Estado’ que en Chile se han dado para ‘producir’ la Ley no han sido considerados ilegítimos, sino, al revés, como gestas heroicas que consumaron la hazaña de la “estabilidad”. Los golpes que ha intentado la ciudadanía contra eso, sin embargo, no se han considerado “gesta nacional”, sino “atentados” contra la Ley. Como si la autonomización hiciera primar, ontológicamente, lo objetivo sobre lo subjetivo. Como si la definición de Foucault (que el poder ‘mata’ al sujeto) fuera un principio de ‘buen’ gobierno y de ‘lesa’ ciudadanía. ¿No hay morbosidad en todo eso?
Como dijo Gramsci:
“La crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo está muriendo y lo nuevo no puede nacer; en este interregno aparece una gran variedad de síntomas morbosos” 115. La Constitución y la Ley pueden cristalizar en un rigor mortis que, al final, preva- lece contra todo actor. Contra vencedores o contra vencidos 116. En esa situación, el Esta-
do de Derecho puede ser más útil para problemas puntuales y clientelas grupales que para los grandes problemas de la nación. Porque no mata lo viejo e impide que crezca lo nuevo. Es esto lo que han confirmado los estudios más sistemáticos del Estado chileno 117.
Un segundo factor histórico de autonomización ha sido el que M. Weber llamó “monopolio de la violencia legítima”. Es decir: la ventaja ‘política’ comparativa de los que monopolizan las armas. En Chile, aunque el Estado se define por su naturaleza civil, en los hechos -en particular, en aquellos que construyen Estado- las Fuerzas Armadas de la Nación han jugado un rol preponderante. Como si su tarea primordial -no habiendo guerra externa- fuera constituir y desconstituir aparatos de Estado. Como si fueran una ‘clase política’ adicional a la clase política civil. Como si, con ésta, se dividieran el trabajo
115 Citado por C. Offe en: “Ingobernabilidad. Sobre el renacimiento de las teorías conservadoras de la crisis”, en E.
Torres-Rivas (Comp.): Política..., op. cit., p. 36.
116 Un mayor desarrollo de esto en G. Salazar: “Construcción de Estado en Chile: la historia reversa de la
legitimidad”, Proposiciones 24 (1993) y en Violencia política popular..., op. cit., pp. 71-90.
117 Ver, sobre todo, James Petras: Política y fuerzas sociales ..., op. cit, sobre todo capítulo 8, y Arturo Valenzuela:
de la gran política: los militares abocados a poner los fundamentos básicos y las formas arquitectónicas del Estado (apadrinando la ‘Ley’), y los políticos civiles abocados a legiti- mar, tornar eficiente y dar estabilidad al Estado ‘recibido’ (tomando la responsabilidad histórica del uso de esa ‘Ley’). La protagónica presencia de la clase política militar (CPM, en adelante) en las coyunturas constituyentes contrasta con la notoria ausencia de la ciudadanía (nunca ha habido en Chile una Asamblea Nacional Constituyente, sino, sólo, obsecuentes Comités de Notables, elegidos a dedo por la “minoría organizada” civil o militar). Concluida la coyuntura, la CPM cuida que jueces y policías juren lealtad a su criatura, y luego la ‘confía’ a la clase política civil (CPC, en adelante), sin pasar por la deliberación ciudadana (salvo por algún rápido plebiscito). Las ‘transiciones’ de los go- biernos de facto CPM a los gobiernos constitucionales CPC han sido siempre, por ello, testimonios factuales del ‘contrato histórico’ que existe entre ambas clases políticas, por más que la CPC exacerbe la producción oportuna de discursos varios de ‘legitimación’.
Que las Fuerzas Armadas han sido, en Chile, la clase política fundamental, ha sido reconocido por numerosos autores. Entre otros, por el historiador Gonzalo Vial. Según él, en la historia de Chile, los militares han “actuado en política exitosamente”, intervinien- do cada vez que los civiles se han enredado en “conflictos graves, polarizados, que parali- zaban al país y no encontraban ninguna otra solución pacífica”. Tal intervención “empe- zaba insinuándose (1920, 1938) y luego, si la sola insinuación no desactivaba el conflicto, venía la toma militar del poder político (1924, 1925, 1973)”. Tal intervención, aunque política, no respondería a intereses políticos ‘militares’, y aunque audaz, no respondería a sus “deseos”. Los induciría un exclusivo interés “profesional”: defender “la integridad física del país y la inviolabilidad de sus fronteras”, que se tornan vulnerables cuando se deteriora el orden interno de la nación. La preservación de la paz externa les exigiría preservar la paz interna. Si eso implica asumir el rol (adicional) de guardianes tutelares del orden interno, depende -según Vial- de si eso queda “reglamentado” por la ley, o no. Si queda reglamentado, los militares podrían devenir en “oligarquía con un poder político absoluto”, quedando expuestos al destino de toda oligarquía: la corrupción. De modo que es preferible -y siempre se ha optado por esto- no reglamentar ese tutelaje. O sea: por dejarlo tácito, implícito, o latente 118. Para el historiador Góngora, el rol de los militares
ha sido aún más significativo: en el siglo XIX le dieron a Chile su identidad guerrera, constituyeron el esqueleto central del Estado e hicieron posible que éste, por sí solo, fuera el constructor de la Nación 119.
118 G. Vial: “Más sobre políticos, militares y civiles”, en Mundo Diners (noviembre, 1988), p. 7, y “¿Por qué intervienen
las fuerzas armadas?”, en ibídem (diciembre, 1988), p. 6. Una visión similar del problema en Frederick Nunn: Chilean Politics 1920-1932. The Honorable Mission of the Armed Forces (Albuquerque, N. M., 1970).
119 M. Góngora: Ensayo..., op. cit., passim. La afirmación de Góngora de que Chile fue un “país guerrero” es critica-
da por el historiador S. Villalobos, quien afirma que las guerras fueron, en el fondo, planificadas por civiles. Ver su “El papel histórico del Estado”, en Hoy (12-18, 19-25 de mayo, y 26 de mayo al 1o. de junio de 1982).
La incidencia de la CPM en la ‘autonomización’ de los poderes públicos es triple: 1) porque la CPM ha construido o reconstruido el Estado actuando por sí y ante sí (indu- cida por su “motivación profesional”), al margen de los controles civiles; 2) porque sus intervenciones han impuesto y reimpuesto un modelo ‘mercantil’ de Estado (abierto al mercado externo y al capital extranjero, en desmedro de los intereses social-productivistas internos), y no un verdadero proyecto ‘nacional’ de desarrollo (se eximen de esto los militares jóvenes de 1924), y 3) porque la CPM -como se ha insinuado- es el poder persua- sivo que induce al Poder Judicial y Policial a acatar la nueva Ley y el nuevo Orden, perpe- tuando la criatura. Asegurando el rigor mortis de la institucionalidad 120.
Las intervenciones militares, tanto en períodos de construcción estatal como en períodos ‘constitucionales’, no han tenido un carácter nacionalista, sino faccionalista. Actuaron contra los pipiolos en 1829 (que constituían una fuerte mayoría electoral); con- tra las masas liberales en 1851 y 1859 (formadas por una mayoría de mineros, artesanos, indígenas, y agricultores); contra los pueblos indígenas y los campesinos “ocupantes” durante la llamada “pacificación de la Araucanía”; contra el proletariado minero, indus- trial, portuario y poblador en el período de las masacres: 1891-1907, etc. Ha sido un