Los cambios de la sociedad ruandesa luego del conflicto.

El 17 de mayo de 1994, la resolución de la ONU consideró que se habían cometido actos de genocidio en Ruanda pero no fue sino hasta el 22 de junio del mismo año que el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó a tropas francesas a desplegarse en el suroeste de Ruanda, creando una zona segura de refugiados llamada “Zona Turquesa”. Finalmente, el 17 de julio de 1994 el Frente Patriótico de Ruanda tomó Ginsenyi y Kigali, culminando así con el genocidio (Fundación Africa, 2014).

Muchos de los sobrevivientes del genocidio aprendieron que el odio y la discriminación llevan a la muerte, por ello eligieron una mejor forma de construir una comunidad unida para un mejor futuro; sin embargo, aún existe el trauma, el odio y el miedo por lo ocurrido (Musoni, 2013). Por ejemplo, se eliminó el carnet de identificación, los cargos públicos han sido ya ocupados por Tutsis, entre otros.

Los datos de la tragedia son: más de 800.000 muertos (11% de la población total y 40% de la población tutsi); 100.00 niños huérfanos; más de 2 millones de refugiados (que permanecieron en varios países, en especial en el Congo); miles de personas civiles que participaron directamente en las atrocidades; destrucción de la base económica del país (Iker, 2010).

91 Tras el genocidio de Ruanda y otros problemas internacionales de depuración étnica como los acontecidos en los Balcanes y Kosovo, la comunidad internacional debatió sobre la manera efectiva de reaccionar frente a situaciones de crisis en las cuales hay graves violaciones de los derechos humanos. El principal punto es establecer si los Estados tienen una soberanía incondicional en sus asuntos internos o si la comunidad internacional tiene el derecho de intervenir con fines humanitarios. Por ello el derecho de intervención humanitaria evolucionó hacia la responsabilidad de proteger. (ONU, 2014).

El 19 de Julio de 1994, se crea un nuevo gobierno de unidad nacional en Ruanda y se anuncia el final de las tarjetas de identificación personal (Fundación Africa, 2014). En noviembre de 1994, se crea el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) con sede en Arusha, Tanzania (Bemma, 2013). El inicio de dicho tribunal para hacer justicia, fue bastante lento e ineficiente; ya que los recursos eran insuficientes. Los Estados no cooperaban con el mismo, por lo que la impunidad en Ruanda era visible (Bizimungu, 1996). En el año 2005 las primeras sentencias comenzaron a ver la luz (Iker, 2010). En el año 2014, el tribunal tenía previsto dejar de sesionar, una vez que concluyeran todas las apelaciones; sin embargo, hasta la fecha no ha culminado sus funciones (Bemma, 2013).

En 1996, Amnistía Internacional pidió a la comunidad internacional que continúe colaborando con el gobierno ruandés, ya que éste afrontaba varias dificultades; especialmente en lo relativo a la reconstrucción de aquellas instituciones cuya labor era proteger los derechos humanos; en particular la judicatura y las fuerzas de seguridad. De la misma manera, en poner en práctica las reformas y prácticas que ayudarían a convertir en realidad el respeto a los derechos humanos (Bizimungu, 1996).

En este mismo año, aún existían abusos de los derechos humanos. La lentitud en hacer justicia en aquellos tiempos, los sentimientos de venganza y de odio hicieron que las personas se vean tentadas a tomar la justicia por sus propias manos (Bizimungu, 1996). Por ello, los 1.7 millones de refugiados continuaban en Zaire, Tanzania, Burundi y otros países; ya que en aquel

92 momento no existía justicia en Ruanda, principal obstáculo para que regresen voluntariamente a su país (Bizimungu, 1996).

A pesar de que la justicia en Ruanda se ha reconstruido gradualmente y se ha formado personal judicial y nombrado funcionarios de justicia, el sistema judicial no ha sido capaz de iniciar los procesos de miles de personas por su participación en el genocidio (Bizimungu, 1996). El número de detenidos recluidos sin cargos judiciales en las cárceles superaban los 77.000 en abril de 1996. Se dice que durante varias semanas se llevaron a cabo centenares de detenciones arbitrarias y que vulneraban tanto la legislación ruandesa como la legislación internacional (Bizimungu, 1996).

En 1998, el gobierno crea el Fondo Nacional de Asistencia a los Sobrevivientes del Genocidio (FARG por sus siglas en inglés); que recibe un seis por ciento del presupuesto nacional anual, con el fin de ayudar a los casi 300.000 sobrevivientes del genocidio y recibe un seis por ciento del presupuesto nacional anual (Musoni, 2013).

En 2001, se crea el sistema Gacacca de tribunales comunitarios para hacer justicia a las víctimas. En el 2013 estos tribunales dejaron de funcionar, ya que las organizaciones de derechos humanos criticaron el proceso, puesto que no cumplían con los estándares legales internacionales (Bemma, 2013).

Como una solución posterior al conflicto étnico en Ruanda, la ONU creó el programa “Delivering as One Rwanda”, el mismo que pretende reconstruir al país, reunificarlo y entregárselo a sus nacionales en unas condiciones manejables, autosustentables y dignas. Tiene cinco pilares fundamentales que son: “One Program, One Budget, One Voice, One Leader, One Office”.

Probablemente este proyecto sea uno de los más ambiciosos que la ONU se ha planteado, por ello cuenta con el apoyo de muchas organizaciones internacionales y también no gubernamentales. El objetivo fundamental es mejorar el impacto, la coherencia, la eficacia y la colaboración del sistema de la ONU en Ruanda para reunificar al país, ayudar a alcanzar los “Objetivos del Milenio” y para dirigir a Ruanda hacia el cumplimiento de la visión 2020 (Fundación Africa, 2014).

93 Entre los principales resultados que tenemos con este proyecto son: “mejoras considerables de la protección a refugiados, creación de sistemas de asilo nacionales, mecanismos de control eficaz de los que regresan y la prevención de nuevos movimientos de refugiados” (Maurer, 2010). También se ha trabajado en sectores transversales

como el agua y el saneamiento, el VIH, el medio ambiente, la educación. Sin embargo, aún existe mucha inestabilidad tanto económica, política y social en Ruanda (Maurer, 2010). A continuación se hará un análisis de la mencionada inestabilidad.