Las fuerzas de seguridad lanzaron una campaña selectiva de limpieza étnica contra la población rohingya del norte del estado de Rajine que incluyó homicidios ilegítimos, violaciones y quema de poblaciones, constitutivos de crímenes de lesa humanidad. Estas atrocidades —cometidas en reacción ilegítima y desproporcionada a los ataques perpetrados en agosto por un grupo armado rohingya contra varios puestos de seguridad— dieron lugar a la más grave crisis de refugiados desde hacía decenios en el sudeste asiático. El sufrimiento se vio agravado por las fuertes restricciones que Myanmar impuso a los grupos de ayuda que operaban en el estado de Rajine.
Más de 655.000 rohingyas huyeron a Bangladesh. Al concluir el año, el distrito bangladeshí de Cox’ Bazar albergaba a casi un millón de personas refugiadas rohingyas, algunas de las cuales habían huido de oleadas previas de violencia. La población rohingya que permaneció en Myanmar siguió viviendo bajo un régimen de apartheid que restringía gravemente sus derechos, entre ellos los de igualdad ante la ley, libertad de circulación y acceso a la salud, la educación y el trabajo.
Aunque los principales responsables de la violencia ejercida contra la población rohingya eran las fuerzas de seguridad de Myanmar, el gobierno civil encabezado por Aung San Suu Kyi se abstuvo de protestar o intervenir. Por el contrario, desacreditó al personal de ayuda humanitaria, al que acusó de ayudar a “terroristas”, al tiempo que negaba las violaciones de derechos humanos.
Pese al cada vez mayor número de pruebas de las atrocidades cometidas en Myanmar, la comunidad internacional —incluido Consejo de Seguridad de la ONU— no emprendió ninguna acción efectiva ni transmitió el mensaje claro de que el ejército tendría que rendir cuentas por los crímenes de lesa humanidad.
PERSONAS EN MOVIMIENTO
Australia mantuvo su política de mano dura, confinando a cientos de personas solicitantes de asilo en centros de tramitación de ultramar en Papúa Nueva Guinea y Nauru, y rechazando a las que intentaban llegar al país por mar, incumpliendo su obligación internacional de protegerlas.
En Nauru seguían atrapadas personas refugiadas y solicitantes de asilo a las que el gobierno australiano había enviado allí —en la mayoría de los casos más de cuatro años atrás—, pese a las denuncias generalizadas de abusos físicos, psicológicos y sexuales. En el centro de tramitación de ultramar vivían cientos de personas, entre ellas decenas de niños y niñas, que eran sometidas a humillaciones, abandono y abusos y recibían una deficiente atención a su salud física y mental. En la comunidad vivían al menos otras 800 personas expuestas a graves riesgos para su seguridad y sin acceso adecuado a atención médica, educación y
oportunidades de empleo.
A finales de octubre, el gobierno australiano suprimió los servicios que se prestaban en su centro de la isla de Manus (Papúa Nueva Guinea) con el fin de obligar a los refugiados y solicitantes de asilo que allí vivían a trasladarse más cerca de la ciudad, pese a los bien fundados temores por su seguridad que este traslado les inspiraba. En noviembre, los refugiados fueron trasladados por la fuerza a nuevas instalaciones, aún sin terminar, donde siguieron sufriendo penalidades, pues carecían de acceso adecuado a la salud, se enfrentaban a actos de violencia en la comunidad y no tenían ninguna perspectiva clara con respecto a su futuro.
Fiyi devolvió a personas a países donde podían correr peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos.
Camboya rechazó 29 solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado
presentadas por personas montagnards, a las que devolvió a Vietnam, donde corrían el peligro de ser perseguidas.
DISCRIMINACIÓN
En Australia, el sistema de justicia seguía sin proteger a la población indígena, en particular a los niños y niñas; la tasa de encarcelación era alta, y se denunciaron abusos y muertes bajo custodia. Se filtraron imágenes de vídeo que reveleban que en el Territorio del Norte se infligían malos tratos a niños y niñas indígenas, como rociarlos con gas lacrimógeno o someterlos a técnicas de inmovilización, asfixia y reclusión en régimen de aislamiento.
En Malasia, Papúa Nueva Guinea y Singapur, la población LGBTI sufría discriminación. En Australia, pese a la introducción de nuevas penas, aumentaron las noticias sobre discursos de odio contra la población LGBTIQ (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales y en cuestionamiento). En Indonesia, en la provincia de Aceh, dos hombres recibieron en público 83 azotes con vara cada uno por haber mantenido relaciones sexuales consentidas.
Numerosas activistas de derechos humanos fueron víctimas de hostigamiento, amenazas, encarcelamiento y violencia.
Papúa Nueva Guinea siguió siendo uno de los países más peligrosos del mundo para las mujeres, y aumentaron los informes de violencia contra las mujeres y las niñas, en ocasiones tras haber sido acusadas de brujería.
En Indonesia se usó la legislación sobre la blasfemia para condenar a personas de comunidades religiosas minoritarias por practicar pacíficamente su credo.
En Australia, el Parlamento aprobó en diciembre una ley sobre la igualdad de acceso al matrimonio. Sin embargo, el proceso de consulta postal elegido por el gobierno no reconoció la igualdad de acceso al matrimonio como un derecho humano y generó un debate público divisivo que dio lugar a enfrentamientos.
PENA DE MUERTE
En Malasia hubo como mínimo cuatro ejecuciones. En Singapur se siguieron llevando a cabo ejecuciones en la horca por asesinato y narcotráfico. Una de las personas ejecutadas fue el ciudadano malasio Prabagaran Srivijayan, que aún tenía en Malasia un recurso de apelación pendiente de resolución.
CONFLICTO ARMADO
En el norte de Myanmar, la constante de violaciones de derechos humanos a manos del ejército era similar a la situación del estado de Rajine, si bien recibió menos atención internacional. En los estados de Kachin y Shan del Norte se cometieron crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos contra la población civil, entre ellos ejecuciones
extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, bombardeos indiscriminados, trabajos forzados y restricciones de acceso a la ayuda humanitaria. Los grupos armados étnicos cometieron abusos como secuestros y reclutamiento forzoso. Tanto el ejército como los grupos armados utilizaron armas de mecanismo similar al de las minas terrestres, que hirieron a civiles.
En Filipinas, en la ciudad de Marawi, se libraron durante cinco meses combates entre el ejército y una coalición extremista afín al grupo armado autodenominado Estado Islámico, lo que provocó el desplazamiento de cientos de miles de civiles, decenas de víctimas mortales entre la población civil y la destrucción generalizada de viviendas e infraestructuras. Los extremistas atacaron a la población civil cristiana, perpetrando homicidios extrajudiciales y tomas masivas de rehenes, mientras que las fuerzas armadas detuvieron y sometieron a malos tratos a la población civil que huía.