“Como ustedes no saben, pero debieran saber, la derecha en el mundo lo ha ganado casi todo: […] la contienda ideológica […] la supremacía económica del sector privado y el control político de gobiernos propios y de signo contrario. En esto último hemos sido geniales, porque allí donde no tenemos explícitamente el poder, logramos hacer que los gobernantes izquierdistas pongan en vigor nuestras políticas” (H. Pérez de Arce. “Un derechista genuino”, en El Mercurio (Santiago), 19/11/2003. Citado por Cypher, 2007: 149)
Hasta antes de la dictadura, había predominado en Chile una acción empresarial centrada en políticas específicas, fragmentada, particularista y reactiva, con incursiones coyunturales en la arena más general de «la política», orientadas a producir cambios que garantizaran los intereses del sector13 (Viguera, 1996: 1). El régimen político mismo comienza a ser objeto de una importante actividad política empresarial cuando, a partir de las políticas del gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970) (Ley de Reforma Agraria, Ley de Sindicalización Campesina) y sobre todo con la llegada al poder del gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular (1970-1973), las organizaciones empresariales, al ver amenazada su supervivencia, se liberan de sus restricciones corporativas y toman la iniciativa en el ámbito político, integrándose en forma activa e independiente a la vida política nacional (Montero, 1997: 4).
Tras el golpe militar en 1973, comienza a darse una estrecha cooperación, en la formulación de las políticas públicas, entre los tecnócratas del nuevo “gobierno” y los líderes de los grupos económicos que constituían la base de apoyo del modelo neoliberal,
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Hasta mediados de los años setenta, destacaron entre los métodos característicos utilizados por los grupos empresariales para intentar influir en la política gubernamental, las relaciones entre éstos y los partidos políticos, las relaciones formales con organismos de gobierno, y las relaciones directas con el poder ejecutivo (presidencia, ministerios y otros organismos clave) (Montero, 1997: 3).
produciéndose incluso, más adelante, una alternancia de estos últimos entre posiciones clave en grandes empresas y puestos ministeriales (Montero, 1997. En Montero, 1997: 5). Se trata de economistas monetaristas en su mayoría graduados en la Universidad Católica de Chile y post graduados en la Universidad de Chicago, conocidos por esto último como los "Chicago Boys"14 (Radrigan, 2002). Su influencia creció a partir de 1975, si bien hasta cierto punto atemperada por las actitudes desarrollistas de los dirigentes militares que ocupaban varios ministerios, por los menos hasta 1978 (Cypher, 2007: 145).
Instituciones y ministerios clave como el de Hacienda (el más importante en jerarquía), Economía, el Banco Central y el Departamento de Presupuesto, pasaron entonces a estar dirigidos por personeros estrechamente vinculados con los conglomerados Cruzat-Larrín, BHC y Edwards, a la fecha, los grupos económicos más importantes del país15. Estos vínculos, dieron a sus altos directivos –particularmente a Cruzat-Larrín– acceso privilegiado a los diseñadores de política, y terminaron por congelar cualquier oposición a sus puntos de vista (Silva, 1997: 159. En Cypher, 2007: 146). A fines de la década de los 70, en consecuencia, el régimen puso en marcha un modelo de inserción en los mercados internacionales, liberalizando el comercio exterior en base a un enfoque de “apertura unilateral” (que consistió, básicamente, en el establecimiento de un arancel uniforme bajo para las importaciones) y privilegiando, al mismo tiempo, el aumento de las exportaciones (Montero, 1997: 6). La desindustrialización avanzó rápidamente, mientras crecía la economía y los admiradores
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Pinochet nombra al primero de los Chicago Boys, Jorge Cauas, como ministro de Hacienda en 1974. A dicho nombramiento siguió el de Sergio Castro, proveniente también de la Escuela de Chicago y crítico extremadamente poderoso de las políticas del modelo de sustitución de importaciones, como ministro de Economía en abril de 1975 (Cypher, 2007: 145). Es interesante destacar que el núcleo que lleva a cabo esta tarea comienza su trabajo mucho antes de 1973. Participan activamente en la formulación del programa de gobierno que Alessandri tendría en las elecciones de 1970, sin embargo, aquella vez no logran imponerse al interior de la campaña presidencial (Radrigán, 2002).
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En 1974, los dos grupos más importantes fueron Cruzat-Larraín y BHC, que abarcaban 11 y 18 empresas, respectivamente. Para 1977 estos conglomerados poseían 85 y 62 empresas. Entre estos dos grupos poseían 37% de los activos de las 250 empresas más importantes en 1978, mientras que la inclusión de los dos siguientes grupos más importantes (Matte y Luksic) llevó el nivel de concentración de los cuatro grupos a 49% de los activos de las 250 principales empresas (Silva, 1997: 160. En Cypher, 2007: 145). Es significativo que fueron esos mismos conglomerados los que organizaron laresistencia empresarial contra el gobierno de Salvador Allende y que colaboraron con los militares para confabular el golpe de Estado (Silva, 1997: 159. En Cypher, 2007: 146).
formados en la Escuela de Chicago proclamaban el “milagro chileno” (Cypher, 2007: 145).
Después de la crisis económica de 1982-83, que, para sorpresa de muchos, había barrido con algunos de los grupos financieros más grandes del país16, la relación del gobierno militar con los actores económicos cambia (Cypher, 2007: 146; Montero, 1997: 5). El lugar de los Chicago Boys lo vinieron a ocupar economistas que rindieron tributo a los conceptos centrales de dicho grupo, pero que utilizaron su poder e influencia para reestructurar la economía hacia un conjunto de nuevas industrias exportadoras basadas en mercancías (Cypher, 2007: 146). Las organizaciones empresariales líderes, particularmente la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), recuperaron, al tiempo, mucha de su influencia histórica (Cypher, 2007: 146). Para 1984, comienza a darse en consecuencia, un vínculo más directo entre los gremios empresariales y el Ejecutivo, año en el que aquéllos son integrados al entonces recién creado Consejo Económico y Social (CES), cuerpo colegiado concebido por el gobierno militar para permitir el acceso a la formulación de políticas a los grupos empresariales y a algunas de las organizaciones laborales de las distintas regiones del país17 (Montero, 1997: 5).
Posteriormente, hay una vuelta a las políticas neoliberales más ortodoxas. A fines de la década de los ochenta, la economía empieza a crecer a tasas elevadas. Ya no sólo se reconoce la vitalidad del modelo, ya no se plantea la necesidad del cambio del modelo, sino que se asume su defensa (Caputo, 2001: 106). Con el tiempo, las dirigencias empresariales asumen el hecho de que ellas constituyen, junto con el Estado, el liderazgo del sistema, jugando un rol activo como actores ideológicos y políticos, que asocia el
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La crisis fue muy profunda. El PIB cayó en 15%, la producción industrial cayó en 25%, y hubo una gran disminución de las exportaciones. Se desarrolló la crisis de la deuda externa, hubo una gran devaluación, el sistema bancario y financiero quebró, se dio una sobreproducción de casas y de locales comerciales y un gran desempleo. Frente a esta situación, el Estado socializó las pérdidas privadas de la Banca y socializó parte de la deuda externa del sector privado, entre otras medidas (Caputo, 2001: 106).
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El CES tuvo la calidad de cuerpo asesor de la Presidencia, fue consultado por el general Pinochet acerca de una amplia gama de asuntos políticos e incluso sus integrantes llegaron a someter a consideración de Pinochet sus propias propuestas, tales como la privatización de empresas públicas, las reformas en el ámbito de la educación, etc., todas las cuales fueron bien acogidas por el gobierno (Dugan/Rehren; Montero, 1997. En Montero, 1997: 5).
nuevo rumbo con la decisión de contribuir efectivamente a la vigencia de un determinado modelo económico más allá de las alternativas del régimen político (Campero, 1992. En Viguera, 1996: 6; Montero, 1997: 5). El marketing del “éxito económico” fue, en este sentido, un pilar básico de la construcción del mito del Chile actual (Moulian, 1997: 97- 99. En Brieger, 2002: 347).
Tras la vuelta a la democracia formal en 1990, se detecta en los gobiernos democráticos de la Concertación18 una continuidad de lo fundamental del modelo económico, todas cuyas líneas principales estaban ya planteadas (o se fueron planteando) en los años posteriores al golpe militar (Caputo, 2001: 105). Manuel Feliú, Presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio entre 1986 y 1990, definía en 1989 la nueva situación así: "El empresariado tiene claro que hoy tenemos una independencia entre lo político y económico mucho mayor que antes, y las decisiones políticas, si bien influyen en el desarrollo económico, no van a influir de la misma manera que antes. El Estado tiene hoy menos fuerza." (La Época, 1989. En Reheren, 1997: 5). A pesar de la aparente independencia entre lo político y lo económico, una fuerte inter-dependencia entre gobierno y empresariado caracteriza a esta nueva etapa democrática (Rehren, 1997: 6).
Desde la transición democrática y el inicio de los gobiernos de la Concertación, el rol económico del Estado chileno no desaparece, sino que cambia de carácter, ganando autonomía en el ejercicio de las funciones de regulación y concentrando su intervención en cuestiones mucho más estratégicas (Montero, 1997: 2). En este sentido, las relaciones entre los gobiernos de la Concertación y el empresariado se enmarcan dentro del campo definido por el rol económico del Estado (subsidiario y regulador) por un lado, y por el otro, por el rol de un actor social que se percibe así mismo como motor del desarrollo y del crecimiento y que goza de un renovado reconocimiento social (Reheren, 1997: 5). El
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La Concertación de Partidos por la Democracia, coalición de centro izquierda, está formada por la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia (PPD) y, de menor importancia, el Partido Radical Social Demócrata. La Concertación, desde el primer gobierno democrático en marzo de 1990, ha dirigido con dos Presidentes demócrata cristianos (Patricio Aylwin 1990-1994; Eduardo Frei 1994-2000) y dos socialistas-PPD (Ricardo Lagos 2000-2006; Michelle Bachelet 2006-2010) (Garretón, 2007: 18).
nuevo modelo de desarrollo supone, en definitiva, una con-vergencia en las estrategias de los principales agentes económicos con el Estado (Montero, 1997: 2)
La relación entre los empresarios y el Estado chileno ha sufrido, por tanto, grandes modificaciones estrechamente vinculadas con las transformaciones que experimentó la economía desde los años 80 en adelante19 (Montero, 1997: 1-2). La reconversión exportadora de la economía chilena se profundiza, durante los gobiernos de la Concertación, tanto a nivel institucional (reorientación de la labor de Cancillería, búsqueda de socios comerciales, etc.) como a nivel del tejido productivo (desarrollo de complejos productivos, orientación exportadora de la pequeña y mediana empresa, salida de capitales chilenos al exterior, etc.) (Montero, 1997: 3). La voluntad explícita –y conjunta- de promover y consolidar la inserción comercial externa, puso en movimiento un esfuerzo de trabajo integrado entre el sector privado (principales grupos empresariales) y el sector público (el Estado o al menos algunos componentes institucionales del mismo). Este proceso, en tanto creador (y promotor) de una nueva institucionalidad, ha forzado la reconversión del aparato estatal y definido un nuevo estilo de conducción política por parte de los equipos económicos del gobierno (Montero, 1997: 3, 13-14). La intensidad de la globalización de los mercados indujo, de esta forma, un proceso de “modernización” y de reestructuración del aparato público, tanto en materia de relaciones económicas internacionales como de política industrial (Montero, 1997: 3).
En la década de los 90, los gobiernos de la Concertación vinieron desarrollando – en materia de comercio exterior– una estrategia que combina tres aspectos básicos: apertura unilateral a través de la rebaja de aranceles, negociaciones multilaterales y acuerdos bilaterales20 (Montero, 1997: 7). Para implementar esta estrategia era necesario 19
“Las principales reformas económicas fueron: la apertura comercial, la promoción de exportaciones, la reforma tributarla, la desregulación del mercado laboral, la privatización de la seguridad social, y la privatización de más de 500 empresas públicas. Los beneficiarios directos de tales procesos fueron los grandes empresarios, mientras los actores laborales quedaban desplazados del sistema. La intensidad de las transformaciones ocurridas se puede resumir de la siguiente forma: de una economía mixta cerrada con un mercado interno pequeño y con una industria protegida se pasó a una economía de mercado abierta cuyo motor pasan a ser las exportaciones de recursos naturales” (Montero, 1997: 1-2).
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Sobre la base de que la sola negociación multilateral es insuficiente, la estrategia de integración comercial es complementada con acuerdos bilaterales o regionales (Montero, 1997: 7).
modernizar toda la labor de comercio exterior21 (Montero, 1997: 7). Quizá el ejemplo más claro de cooperación entre el sector público y el privado está dado, sin embargo, por la institucionalidad para las negociaciones de acuerdos comerciales internacionales que se ha venido establecido en los últimos años (Montero, 1997: 8). Así, por ejemplo, durante el gobierno de Aylwin (1990-1994), fue creado en 1992 el Comité Interministerial de Relaciones Económicas Internacionales22, presidido por el canciller, bajo cuya coordinación estuvieron los acuerdos comerciales internacionales del Tlcan, Mercosur y APEC (Montero, 1997: 8).
En enero de 1993 se constituye, asimismo, el Comité de Participación del Sector Privado en las Relaciones Económicas Internacionales, con el objeto de que el sector privado y el sector público trabajaran en forma conjunta en la definición de estrategias y planificación de acciones en los mercados externos23 (Montero, 1997: 8). En materia de acuerdos, un rol central es el que le corresponde a la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcom) (Montero, 1997: 9). Los funcionarios de esta oficina se entienden directamente con los especialistas de los gremios empresariales para resolver los problemas puntuales que se han ido planteando en los acuerdos ya firmados (normas de origen, trabas no arancelarias, acusaciones de dumping, etc.) (Montero, 1997: 9). En la línea tendiente a estrechar las relaciones entre el sector público y el privado, se
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“El gobierno de Eduardo Frei (1994-2000) anunció que el Ministerio de Relaciones Exteriores le daría un nuevo énfasis a la diplomacia económica comercial y que se crearía una instancia especial para contactar a los empresarios con el gobierno en temas internacionales. Se comprometió a que la infraestructura internacional, que hasta ese momento sólo era utilizada para temas políticos, se volcaría al apoyo de los intereses empresariales en otros países. A partir de este gobierno las embajadas y consulados tienen un mandato: asumir un papel en el área comercial. Se trataba de que cada embajador recibiera a los empresarios chilenos que viajaran al exterior en busca de nuevos mercados y de que esos mismos diplomáticos representaran los intereses privados ante los otros gobiernos, pasando así a un tipo de diplomacia de gestión y no sólo de información. En adelante, los privados no sólo serían apoyados por las oficinas de Prochile, sino por toda la red de misiones diplomáticas” (Montero, 1997: 7-8).[ProChile es una agencia chilena creada en 1974, diseñada para asistir al sector privado en su posicionamiento y comercialización en los mercados externos (Cypher, 2007: 161).]
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Este organismo, integrado inicialmente por siete y luego reducido a cuatro ministros, tiene como función principal asesorar la formulación y coordinación de las políticas referentes a las relaciones económicas internacionales, en especial en lo que corresponde a las relaciones económicas y comerciales, tanto bilaterales como multilaterales (Montero, 1997: 8).
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Posteriormente, en 1995, pasa a denominarse Comité de Iniciativa Público Privada para las Relaciones Internacionales (Montero, 1997: 8).
enmarcó también el envío al Congreso, a fines de la década de los noventa, de un proyecto que transforma a Prochile en una corporación estatal autónoma, con el fin de potenciar el trabajo de esta institución en la promoción de las exportaciones chilenas e integrar de mejor manera al sector privado en esta labor24 (Montero, 1997: 9). Otro reflejo de esta relación más estrecha entre el sector público y el privado son las giras presidenciales al exterior, integradas por delegaciones político-empresariales25 (Montero, 1997: 9).
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La transformación planteada forma parte de un plan de reestructuración más profundo de Prochile y de la Cancilleria en general, que busca integrar cabalmente las relaciones comerciales en el trabajo del servicio exterior chileno, bajo un enfoque orientado a mejorar el posicionamiento comercial del país en los mercados internacionales (Montero, 1997: 9).
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“Desde el primer gobierno de la Concertación se instaurará la práctica de las giras político-empresariales al exterior, oportunidades que constituyen una muestra de que empresarios y autoridades de gobierno son capaces de trabajar unidos, dejando de lado las diferencias que pueden existir entre ellos y difundiendo una imagen unitaria de país. El abierto apoyo a este tipo de iniciativas por parte del empresariado chileno es claramente detectable cuando manifiestan que a través de estas giras se proyecta la imagen de un país serio, política y económicamente estable, que ofrece oportunidades para la inversión” (Montero, 1997: 9).
V. CHILE: TRANSNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA NACIONAL ↔