Tratado sobre urbanización propuesto por el Foro de ong en la Cumbre de la Tierra
Río de Janeiro, 1992
Organizándonos para luchar por la vida por
ciudades y poblados justos, democráticos y sustentables
Los principales esfuerzos de hic (Habitat International Coalition) en Río de Janeiro dentro del Foro Global de ong se concentraron en el evento organizado en colaboración con el fcoc (Frente Continental de Organizaciones Comu- nales) —organización interamericana que vincula movimientos urbanos de América Latina, el Caribe y Norte América— y el Foro Brasileño de Reforma Urbana. El resultado es un tratado con el título «Por ciudades y poblados justos, democráticos y sustentables», negociado entre estos organismos y firmado por más de 140 organizaciones de todo el mundo.
El documento sobre urbanización fue solamente uno de los 30 tratados sectoriales independientes firmados en el Foro Global y promovidos por el Grupo de Trabajo Internacional de ong con miras a unced como el resultado más importante del evento.
Se abre la invitación a todas las ong y organizaciones de base que deseen firmarlo, así como a los miembros del Foro Global a ponerse en contacto con el Secretariado de hic.
Tratado de las Organizaciones No Gubernamentales
(ONG) y el Movimiento Urbano Popular Sobre Urbanización Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial se consolidó un modelo de de- 1.
sarrollo que colocó en el centro el crecimiento económico, la acumulación de capital y el lucro. Por su voracidad sin límites, este modelo de desarrollo subordina el bienestar de los seres humanos, propicia una creciente y per- versa concentración de riqueza y difunde pobreza. Para alcanzar este cre- cimiento sin límites, empresas y gobiernos están consumiendo las reservas naturales del planeta, destruyendo el patrimonio ambiental y creando países y ciudadanos de primera, de segunda y de tercera.
Este crecimiento económico, basado fundamentalmente en la expansión 2.
industrial y del consumo, da origen a la expulsión de pobladores del medio rural, a un intenso proceso de urbanización, al surgimiento de grandes me- trópolis mundiales y a los graves problemas que se derivan del empobreci- miento y la degradación ambiental.
Lo urbano se coloca nuevamente en el centro de la actividad humana como 3.
punto focal de los procesos políticos y económicos. Las ciudades se vuelven centros de gestión y de acumulación de capital organizados a escala planeta- ria: núcleos de mando de una vasta red que integra lo urbano y lo rural. Esta dimensión territorial expresa una creciente integración de las problemáticas rural, urbana y del medio ambiente.
Hoy, millones de personas se concentran en centros urbanos y viven en con- 4.
diciones críticas de contaminación del agua, aire y suelo; privadas de toda posibilidad de satisfacer sus más elementales necesidades de alimentación, vivienda, agua, saneamiento, servicios de recolección y manejo de desechos urbanos y transporte público.
Esta situación conduce a un deterioro de las condiciones de salud, afecta la 5.
propia reproducción de la vida y abruma especialmente a las mujeres en lo que respecta a sus responsabilidades cotidianas y con la comunidad. El empobrecimiento y la degradación ambiental se vuelven más agudos co- 6.
mo consecuencia de la política neoliberal que aplican los organismos finan- cieros multilaterales y los gobiernos que dejan de invertir en infraestructura urbana y en políticas sociales, provocando una agresión a la ciudadanía sin precedentes en la historia moderna y obligando a las mujeres a soportar una carga cada vez más pesada con su participaron en la producción del hábitat y la organización popular.
La producción de ciudades, de sus equipamientos y servicios se hace priva- 7.
tizando el espacio público, sometiéndolo a los intereses de los monopolios y del gran capital sin prestar la debida atención a los intereses de los ciuda- danos y al mejoramiento de la calidad de vida.
Al someter la prestación de servicios como la salud, la educación y la vi- 8.
vienda a la lógica del mercado, estas políticas promueven la exclusión de los pobres que no tienen cómo pagar estos bienes y servicios, ni en el Norte ni en el Sur. El resultado es un creciente número de gente sin techo, niños en la calle, favelas, tugurios y periferias sin equipamiento, que destruyen las identidades, los valores culturales, las estructuras familiares y obligan a muchas mujeres a convertirse en sostén de sus familias.
Es necesaria la acción reguladora por parte de los gobiernos para garantizar 9.
ral, la acción del Estado debe orientarse al desarrollo de políticas públicas y obedecer a una lógica de inversión en prioridades con objeto de atender las capas más depauperadas a causa de los ajustes estructurales.
Se trata de crear un nuevo modelo de desarrollo sustentable que tenga co- 10.
mo objetivo el bienestar de la humanidad en equilibrio con la naturaleza, asentado sólidamente en los valores de democracia y justicia social hoy para las generaciones futuras, sin discriminación de género, económica, social, política o por creencias.
La activa participación de la sociedad civil, especialmente de los movi- 11.
mientos sociales, las instancias y asociaciones populares, introduce nuevos actores como agentes decisivos en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo y requiere de organismos internacionales y gobiernos que se abran a la participación democrática y los acepten como interlocutores. Para enfrentar esta situación se imponen modificaciones sustanciales en las 12.
actuales y futuras condiciones de vida de una mayoría de la población que sólo pueden ocurrir mediante un amplio conjunto de reformas que incluyan, entre otras, la agraria, la urbana, la reforma del Estado y de instituciones internacionales como la Comunidad Europea y los organismos vinculados al sistema de las Naciones Unidas —fmi, Banco Mundial, Hábitat— y que pongan fin a la dependencia de los pueblos en relación con los países cen- trales y provoquen cambios en las políticas sociales y económicas de los gobiernos del Norte en relación con los pueblos y gobiernos del Sur. Hace falta una reforma urbana basada en una mayor participación de los 13.
ciudadanos en el proceso de toma de decisiones de políticas a nivel local, nacional e internacional, en la cual los valores políticos y culturales puedan ser transformados día a día.
Derecho a la ciudadanía entendido como la participación de los habitantes 14.
de las ciudades y pueblos en la conducción de sus destinos. Incluye el de- recho a la tierra, a los medios de subsistencia, a la vivienda, el saneamiento, la salud, la educación, el transporte público, la alimentación, el trabajo, el ocio, la información, etc. Incluye también el derecho a la libertad de orga- nización, el respeto a las minorías y a la pluralidad étnica, sexual y cultural; el respeto a los inmigrantes y el reconocimiento de su plena ciudadanía; la preservación de la herencia histórica y cultural y el disfrute de un espacio culturalmente rico y diversificado, sin distinciones de género, nación, raza, lengua y creencias.
Gestión democrática de la ciudad entendida como la forma de planear, 15.
producir, operar y gobernar las ciudades y los pueblos, sometida al con- trol y participación de la sociedad civil, destacándose como prioritario el
fortalecimiento y autonomía de los poderes públicos locales y la partici- pación popular.
Función social de la ciudad y la propiedad entendida como la prevalencia 16.
del interés común sobre el derecho individual de propiedad, como el uso socialmente justo del espacio urbano para que los ciudadanos se apropien del territorio democratizando sus espacios de poder, de producción y de cultura dentro de parámetros de justicia social y de creación de condiciones ambientales sustentables.
Tratado sobre urbanización 1. Introducción
Hacia fines de la Segunda Guerra Mundial se consolidó un modelo de desa- 1.
rrollo centrado en el principio de crecimiento económico, la acumulación de capital y el lucro. Demostrando una voracidad sin límites, este modelo de desarrollo hace caso omiso del bienestar de los seres humanos creando una creciente e ilimitada concentración de riqueza y diseminación de la pobreza. Para alcanzar este crecimiento sin límites, empresas y gobiernos han consumido las reservas naturales del planeta, destruyendo el patri- monio ambiental y generando países y ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría.
Este crecimiento económico, basado fundamentalmente en la expansión 2.
industrial y el consumo, provocó la expulsión de la población del campo y un intenso proceso de urbanización, el surgimiento de las grandes metrópolis mundiales y todos los graves problemas que resultaron del empobrecimiento y la destrucción ambiental.
El orbe está redimensionado como centro de las actividades humanas y como 3.
foco de procesos políticos y económicos. Las ciudades se vuelven centros de gestión y de acumulación de capital organizados a escala planetaria: núcleos de comando de una gran red que integra lo urbano y lo rural. Esta dimensión territorial manifiesta una creciente integración entre problemas rurales, urbanos y del medio ambiente.
Hoy, millones de personas se concentran en centros urbanos y viven en es- 4.
tado crítico de contaminación del agua y del aire, del suelo sin perspectiva alguna de poder satisfacer sus necesidades más elementales de alimentación, vivienda, suministro de agua, servicios sanitarios, recolección de residuos y destino final de la basura urbana, transportes públicos, etc.
El empobrecimiento y la degradación ambiental se están agudizando como 5.
consecuencia de las políticas neoliberales de las instituciones financieras multilaterales y de los gobiernos que están apartándose de su obligación de invertir en infraestructura y en políticas sociales. Esto constituye una nega- ción de los derechos de la ciudadanía sin antecedentes en la historia moder- na. El resultado es que las mujeres son obligadas a asumir más cargas en sus funciones de producción de hábitat y en las organizaciones populares. La producción del espacio urbano, instalaciones y servicios cívicos está sien- 6.
do realizada a través de la privatización del sector público sometiéndola así a los intereses de los monopolios y del gran capital sin consideración alguna por los intereses ciudadanos de mejorar calidad de vida.
Frente a los dictados del mercado libre, la cobertura de servicios como la salud, 7.
la educación y la vivienda promueve la exclusión de las personas empobre- cidas que no tienen acceso a éstos ni en el Norte ni en el Sur. El resultado es una cantidad creciente de personas sin techo —sobre todo niños y adolescen- tes—, tugurios y casas refugio; zonas urbanas sin servicios, transporte público precario, falta de agua potable y saneamiento inadecuado. Todo esto conduce a la destrucción de la identidad popular, de los valores culturales y de las es- tructuras familiares y a un mayor número de hogares a cargo de mujeres. Esta realidad también se manifiesta en violencia urbana, asesinatos y opre- 8.
sión de un sinnúmero de niños, mujeres y personas sin techo, sin mencionar a líderes de movimientos sociales que luchan por la democracia y el mejo- ramiento de los niveles de vida.
La reglamentación gubernamental es necesaria para asegurar la justicia 9.
social. El Estado debe propiciar y llevar adelante políticas públicas que re- viertan las prioridades de la visión neoliberal y que encaminen las necesi- dades de los sectores más pobres que están siendo empobrecidos por los programas de ajuste estructural.
Es necesario crear un nuevo modelo de desarrollo sustentable con un ob- 10.
jetivo de bienestar humano en armonía con la naturaleza, basado en la de- mocracia participativa y la justicia social para las generaciones actuales y futuras sin discriminación por géneros, situación económica, social, política o filiación religiosa.
Señalamos la activa participación de la sociedad civil, especialmente los 11.
movimientos sociales, las asociaciones y organizaciones populares que in- troducen nuevos actores con importante participación en la construcción de nuevos modelos, quienes deben ser reconocidos por los gobiernos y los institutos internacionales como voceros legítimos del pueblo en el espíritu de la participación democrática.
Para enfrentar la actual situación son necesarios cambios radicales en las 12.
condiciones actuales y futuras de vida de la mayoría de la población, lo cual es posible solamente con una eficaz instrumentación de reformas agrarias y urbanas del Estado. Igualmente, es necesario reestructurar las instituciones que forman parte del Sistema de Naciones Unidas (onu), el Fondo Moneta- rio Internacional (fmi), el Banco Mundial y Hábitat (Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos). El camino ha de estar abierto a reducir la dependencia de las naciones soberanas con respecto a los centros de poder y a cambios de políticas sociales y económicas de los gobiernos del Norte con respecto a los pueblos y gobiernos del Sur.
Es necesaria una transformación urbana basada en una mayor participa- 13.
ción ciudadana en los procesos decisorios y políticos a nivel local, nacional e internacional de manera que se puedan cambiar los valores políticos y culturales.
2. Principios básicos
El derecho a la ciudadanía, entendida como la participación de los habitan- 14.
tes de las ciudades, localidades y pueblos en la decisión de su propio futuro, comprende su derecho a la tierra y a medios de sustento. Incluye asimismo su derecho a la vivienda, saneamiento, salud, educación, alimentación, opor- tunidades de trabajo, transporte público, tiempo libre e información. Abarca también el derecho a la libertad de organización y a respetar la diversidad en términos de minorías étnicas, sexuales, pluralidad cultural, preservación del patrimonio histórico y cultural de los ciudadanos y su acceso a un ambiente culturalmente rico y diversificado sin distinción de género, nacionalidad, raza, lenguaje o credo.
Administración democrática a nivel local, entendida como forma de plani- 15.
ficación, producción, conducción y gobierno de las ciudades, localidades y pueblos sometidos al control y participación de sociedades civiles, aumen- tando primero la participación popular y fortaleciendo el autogobierno local y la autonomía.
La función social de la ciudad y la propiedad, entendida como la garantía 16.
de que los intereses comunes prevalezcan sobre los derechos individuales a la propiedad y posibilidades sociales para que los ciudadanos se apropien de su territorio y participen en los procesos decisorios democráticos, los procesos productivos y de creación de conocimiento dentro de parámetros de justicia social y de condiciones ambientales sustentables.
3. Propuestas
Democratizar ciudades, localidades y pueblos asegurando el ejercicio de to- 17.
dos los derechos nacionales e internacionales, generando nuevos derechos y cambiando las prioridades de aplicación de recursos comunes a nivel local, nacional e internacional en apoyo de la población empobrecida.
Asegurar que los procesos de producción, apropiación y consumo del es- 18.
pacio de vida de carácter público y privado estén de acuerdo con los límites físicos del medio ambiente, la infraestructura, el equilibrio ecológico, la conservación del patrimonio y las prácticas históricas y culturales.
Forjar vínculos entre los sectores públicos, privados y sociales que creen 19.
mecanismos participativos para la formación de políticas públicas a partir de tecnologías alternativas apropiadas que aprovechen al máximo el uso de los re- cursos naturales y materiales dentro de una estructura social y sustentable. Crear mecanismos para que la sociedad civil y los gobiernos locales puedan 20.
controlar los recursos obtenidos o recaudados así como la deuda interna- cional contraída por inversiones en zonas de su dominio.
Garantizar un nuevo equilibrio entre zonas urbanas y rurales eliminando 21.
intermediarios comerciales y estableciendo relaciones directas entre produc- tores y consumidores, descentralizando los centros de aprovisionamiento y generando formas organizativas del sector popular para la adquisición de los productos. Generar tecnología, procesos de administración y reciclado de manera que el aire, el agua y el suelo puros vuelvan a estar a disposición de los habitantes rurales.
Universalizar los servicios básicos de saneamiento e infraestructura con 22.
igual acceso para usuarios urbanos y rurales.
Aumentar y asegurar la participación de la población con especial hincapié 23.
en la participación de la mujer en los canales institucionales administrativos y legislativos que promuevan su participación en los procesos de planifica- ción, control y toma de decisiones.
Promover el derecho a la información y el acceso de los sectores populares 24.
a los medios de comunicación .
Promover y facilitar la constitución de fondos a nivel local, nacional e inter- 25.
nacional con mecanismos de administración autónomos para la producción de viviendas, materiales de construcción e instalaciones cívicas que aseguren el control social de estos recursos.
Facilitar la utilización de recursos provenientes del presupuesto público 26.
para la creación de empleo productivo, microempresas, cooperativas y otras formas de generación de empleo e ingresos.
Dar prioridad a diversas modalidades de transporte público e introducir 27.
sistemas de transporte con sistemas de energía no contaminantes.
Respaldar campañas en pos del reconocimiento de iguales derechos de 28.
acceso de la mujer a la tierra y a la vivienda y reconocimiento de la necesi- dad de fortalecer la participación de la mujer y de los movimientos sociales en puestos de liderazgo de conformidad con el Programa xxi de Acción de la Mujer.
Crear condiciones sociales, económicas, ambientales y jurídicas donde los 29.
desalojos, lanzamientos, desplazamientos, transferencias de población y migraciones forzosos no sean posibles sin el consentimiento consciente de las personas afectadas.
4. Compromisos
Los signatarios del presente tratado acordamos crear y participar en el Foro 30.
Global hacia Ciudades, Localidades y Pueblos Justos, Democráticos y Sus- tentables que contribuirá con el avance de movimientos sociales para la con- secución de una vida digna en ciudades, localidades y pueblos, ampliando los derechos ambientales económicos, sociales, culturales y políticos de los residentes; cambiando asimismo la administración de estos asentamientos y la calidad de vida y creando un ambiente para ser disfrutado por las gene- raciones actuales y futuras.
El foro se compromete a apoyar acciones prioritarias en favor de los sectores 31.
populares que más han sufrido los procesos de exclusión social impuestos por el actual modelo de desarrollo.
Los compromisos del presente tratado incluyen: 32.
a) La documentación y denuncia de desalojos masivos y otras violaciones de los derechos a la vivienda, entre ellos los relacionados con la destrucción y el deterioro del medio ambiente.
b) Promover intercambios de experiencias, información, conocimientos y asistencia técnica a nivel local, nacional, regional e internacional entre los signatarios de este bien.
c) Llevar adelante acciones de solidaridad y respaldo a individuos, grupos y organizaciones que padecen opresión y represalias por su labor en de- fensa del Derecho a la Ciudad, a la vivienda y/o a la protección del medio ambiente.
d) Sistematizar, analizar y divulgar conocimientos y facilitar más investi- gaciones que permitan seguir actuando para mejorar la situación social
en el ámbito de ciudades, localidades y pueblos, vivienda y medio am- biente, vinculando organizaciones sociales, respaldando a instituciones e investigaciones sociales con el objetivo de fortalecer este trabajo y la lucha social.
e) Respaldar y asistir en la creación de redes, grupos de presión y de in- fluencia a nivel local, nacional, regional e internacional en defensa de los principios y propuestas de este Tratado.
f) Utilizar todas las oportunidades para fortalecer los vínculos locales, na- cionales, regionales e internacionales entre movimientos sociales, orga- nizaciones no gubernamentales (ong), foros y comunidades locales. g) Facilitar acciones conjuntas entre los signatarios de este tratado que
apunten a mejorar la efectividad de las acciones locales en sus respectivas realidades.
Para asegurar el funcionamiento efectivo del Foro Global hacia Ciudades, Loca- lidades y Pueblos Justos, Democráticos y Sustentables, los signatarios acuerdan crear un comité conjunto constituido por un representante de Habitat Inter- national Coalition (hic), Frente Continental de Organizaciones Comunales (fcoc) y del Foro Brasileño para la Reforma Urbana (fnru).