El impulso modernizador de la institucionalidad punitiva del Estado, tuvo como correlato una “población penal [que] aumenta[ba] en proporción geométrica”, como se quejaba en 1970 el Director de la Cárcel Pública, “Instituto Penal de Reeducación Social”, ubicado en la calle Ambato del Centro Histórico, en un oficio que dirigió al Juez Primero del Crimen de Pichincha:
“Como he explicado al señor Presidente del H. Patronato de Cárceles […] no puedo continuar recibiendo a procesados o con sentencia condenatoria en esta Cárcel, por las siguientes razones que subrayo sintetícamente: 1.- La Casa que sirve para esta prisión es pequeña, vetusta, insegura; 2.- La densidad de población penal aumenta en proporción geométrica, por así decirlo; pues, el número de internos fluctúa entre los 370 y 390 internos (hoy tenemos 390); 3.- No hay personal de vigilancia para su custodia diurna y nocturna; 4.- El H. Patronato de Cárceles no cuenta con medios económicos ni para el rancho de 200 internos; a esto se añade que los Municipios de los otros Cantones de Pichincha, no aportan con un solo centavo para los que vienen de sus respectivas jurisdicciones; 5.- Por falta de pabellones y locales, los internos están 'amontonados' en las pocas e incómodas 'Series', produciéndose todo contagio maligno tanto fisica como moral, social y subidos niveles de PELIGROSIDAD DELICTIVA; 6.- Por este gran número de internos y empleados estamos expuestos a ser víctimas de cualquier gravísima epidemia y más enfermedades”.321
Fue así como las cárceles de varones de Quito se consolidaron como lugares densamente poblados por perfiles sociales miserabilizados322 y como entornos estadística sobre los delitos tramitados en el Juzgado Primero del Crimen en el periodo, muestra una tendencia que avala ese planteamiento. Ver Gráfico 3: Líneas de tendencia de evolución en el tiempo de los delitos contra la propiedad o el patrimonio desagregados, juzgados en el periodo 1956-1986 p.45.
321Homero Villagómez, Director de la Cárcel Pública, en Oficio del 20 de octubre de 1970 al Juez
Primero del Crimen. (AGCJP). Subrayado y mayúsculas en el original. Según el editorialista de prensa citado “en un solo año [de 1982 a 1983] los presos aumentaron de 5.626 a 7.095”. Enrique Echeverría, ibid. En el año de 1985, el coronel (r) Luis Piñeiros, Director de Rehabilitación Social, afirmó a la prensa que había “una población penitenciaria de 8.594 internos” a nivel nacional. Coronel (r) Luis Piñeiros, Director de Rehabilitación Social, en “Cincuenta y ocho por ciento de detenidos en cárceles está sin fórmula de juicio”, en El Comercio, Quito, 14 de octubre de 1985. Sin embargo, en otra fuente encontramos que “[s]egún las estadísticas de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, para 1985 existían en el Ecuador un total de 7.116 presos en las diferentes cárceles del país”. Efrén Cocíos, “Los Derechos Humanos en el Ecuador”, en Alberto Luna Tobar, et. al., Siete pecados
capitales. Derechos Humanos en el Ecuador. Informe especial, Quito, El Conejo, 1987, p. 70. De lo
que no cabe duda, es del crecimiento sostenido de la población penitenciaria ecuatoriana en el periodo.
322 Desde el inicio de nuestro periodo de estudio, en la prensa se exponía e incluso se criticaba la
situación de miseria extrema en que vivía la población penitenciaria, requerida de la misericordia ciudadana y estatal. Por su parte, un miembro de la Confraternidad Carcelaria que realizó una investigación en la Cárcel Estatal observó: “En las cuadras de internos hay un despertar prematuro de toses angustiosas. La droga y en especial quienes se ´fundean´, nombre con el que se conoce al vicio de la inhalación de goma de Izarcol, responden con su cuerpo enfermo al frío de la madrugada.”
adecuados para “todo contagio maligno tanto fisica como moral, social y subidos niveles de PELIGROSIDAD DELICTIVA”.
En la situación de abandono y precariedad descrita por el Director de la Cárcel Pública, era natural que las cárceles devinieran ambientes de tolerancia estatal a la arbitrariedad y la violencia de los funcionarios responsables de precautelar el orden interno. Pero esas circunstancias también hicieron posible que las cárceles se consolidaran como espacios de negociación de libertades de la población penalizada y de autogestión de la propia sobrevivencia gracias al establecimiento de redes callejeras de sostenimiento, cooperación e intercambio económico.
Como parte de la población vinculada al Penal García Moreno, María Flores fue detenida por tráfico de estupefacientes en 1968. En su declaración indagatoria ante el juez, se puede leer la transcripción de cómo ella recordaba las
“circunstancias que me encontraba frente al Penal García Moreno, cerca de los tanques del Placer, en una loma que existe en ese sector, me hallaba ahí con el objeto de poder hablar con mi conviviente que es interno […] ya que fui impedida entrar por la puerta principal a visitarlo y es por esto que algunas personas acostumbran hablar desde este sector con los presos que se encuentran en el Penal [… En relación con el negocio] yo ignoraba en ese entonces que se trataba de un alcaloide o estupefaciente [… pero] siguiendo los consejos de mi conviviente voté por encima de la muralla que da al patio del Penal los dos paquetes de marihuana que contenían una libra.”323
Como sucedía a nivel nacional, en Quito, las “muralla[s]” del Penal estaban atravesadas por canales de contacto “con el objeto de poder hablar” e intercambiar recursos. Más aún, las cárceles estaban sólidamente ligadas con la ciudad por redes de cooperación social y de intereses económicos particulares, al punto de que para algunos eran lugares de trabajo remunerado autogestionado e incluso de negocios lucrativos, como el de distribución de drogas ilegales.324
Antonio Jaramillo, Op. Cit., p. 63.
323 María Isabel Flores, en Exp: 248, Por: Tráfico de estupefacientes, Contra: María Isabel Flores
Torres, Iniciado: 4 de septiembre de 1968. (AGCJP). Wilfrido Vinueza, su abogado defensor, apoyó la tesis de la ignorancia del delito en un escrito ante el juez: “Ud. señor Juez, puede apreciar la rusticidad de la sindicada, que obró por ignorancia”, en ibid.
324 Parece evidente que el franco desarrollo de redes mafiosas co-activas adentro y afuera de las
cárceles de varones, estuvo directamente relacionado con el cambio en la composición de la población penitenciaria debido a la lucha internacional contra el crimen organizado, muy especialmente contra el narcotráfico. Ya fuera del periodo que nos interesa: entrada la década de 1990, “el Penal se encarga[ba] de abastecer [de drogas ilegales] al CDP, a la Clínica de Conducta y a la Cárcel 3, a través de los muros, porque hay huequitos, vía aérea [lanzando mensajes amarrados a piedras pequeñas …] y con cuerdas, con piola”. José Luis Navarrete, guía penitenciario entre 1995 y 1999, y preso entre 1999
Las figuras extra-legales de autogestión y autogobierno activadas por la población penalizada eran imprescindibles para el funcionamiento del sistema penitenciario. Funciones como la del caporal o el “pasador” se multiplicaban como necesidad de la vida en el encierro prolongado. Era el caso de algunos internos estrechamente vinculados a la institucionalidad penitenciaria como los representantes elegidos por la población interna para las negociaciones colectivas con las autoridades, los caporales protegidos por los funcionarios o los internos responsables del mantenimiento por cuenta propia de la maquinaria de algunos talleres y, por eso mismo, administradores autoritarios de esos negocios, que reconocían su privilegio con trabajo gratuito para las autoridades.325
También era el caso de otros, más autónomos, como los presos - artesanos, cuyos productos se ponían a la venta en días ordinarios para la población interna y los funcionarios, y para el público en general durante los populosos días de visita. Estos incluso podían recibir pedidos de afuera, según los contactos que tuvieran desplegados en la ciudad. Algo similar sucedía con los presos - comerciantes: desde los que arrendaban locales en las cárceles a los funcionarios, hasta los que voceaban ínfimas cantidades de algún producto durante los días de visita, pasando por los que
expendían en sus celdas.326 Más empobrecidos estaban quienes ofrecían su trabajo a
otras personas igualmente presas, que podían pagar por servicios como el de cumplir labores indeseables de limpieza. Ellos también podían ofrecer sus servicios a las visitas como el de “dar llamando” a otro interno a cambio de una propina. Del mismo modo, como en las calles, había “polillas” sumidos en el abandono y “rateros” en activo.
A diferencia de lo que ocurría en los lugares de detención temporal, los presos tenían derecho a alimento por cuenta del Estado; pero en las cárceles, como se quejaba el Director de la Cárcel Pública, el alimento era insuficiente, de manera que muchos lo adquirían en el mercado interno. Más aún, en las cárceles hasta el acceso a una cama en una celda tenía costo, como lo tenían un colchón, un par de sábanas, los
y 2000, entrevista en el centro contra-cultural Casa Feminista de Rosa, 19 de enero de 2008. Por otra parte, conocemos a muchos jóvenes que a inicios del siglo XXI ingresaban como visitas al Penal García Moreno para comprar drogas ilegales. De igual modo, conocemos a muchas personas que, a lo largo de la primera década del siglo XXI, estando presas en las cárceles de varones de Quito y en la de mujeres, eran consumidoras de drogas ilegales de las que se abastecían en el mercado interno.
325 Antonio Jaramillo, Op. Cit.
326 Se trataba de diversos trabajadores y, desde finales de la década de 1980, trabajadoras autónomas,
tablones para confeccionar estantes, los televisores, las cocinas, los utensilios de cocina, los útiles de limpieza, los cigarrillos, los servicios de carpintería, limpieza, etc. En ese contexto, la población penalizada era ubicaba en los diferentes pabellones “no de acuerdo […] a la causa por la que está, sino más bien por la posibilidad económica que tiene”.327
La actividad económica intramuros estaba dinamizada por las intensas relaciones de intercambio con la ciudad. De ese modo, los presos eran sostenidos por quienes tejían sus redes de apoyo, al punto de que muchos apoyaban
económicamente a sus familias empobrecidas desde adentro. En la incertidumbre
propia del abandono estatal, que prolongaba la pena por períodos indefinidos, la vida dependía directamente de la capacidad de autogestión de la gente presa y de la población que callejeaba vinculada a las cárceles.
Figura 17:
Cocina del Penal García Moreno. Vistazo, No. 35, Quito, 1960
327 José Luis Navarrete, ibid. Para una descripción de la distribución de la población interna según su
condición social y racial en la cárcel de mujeres de Quito a inicios del siglo XXI, ver Andrea Aguirre,
Vivir en la fractura. El castigo y las resistencias en la cárcel de mujeres de Quito, Quito, ABYA
Figura 18:
Bar administrado por un interno en el Penal García Moreno. Vistazo, No. 100, Quito, 1964
Figura 19:
Patio del Penal García Moreno. Vistazo, No. 100, Quito, 1964
Imágenes periodísticas del estado calamitoso de la prisión y de la miserabilización de la vida en ese contexto, eran a la vez representaciones de la auto-organización del trabajo por parte de los propios internos que, según sus posibilidades, podían administrar una tienda bien provista, improvisar “'talleres' para confeccionar cepillos, cofres, etc.”, “alquila[r] el periódico del día”, o asumir tareas como la de cocina o
limpieza (Figuras 17 a 19). A la vez, ese tipo de imágenes de la cotidianidad en prisión, remitían a la vida en los conventillos del tugurizado Centro Histórico de la ciudad, porque las cárceles estaban habitadas por gente que comúnmente gestionaba su vida con recursos escasos, aunque en este caso hacinada en una singular “universidad del crimen”.
Evidentemente, aquellos perfiles y prácticas de autogobierno y autogestión eran extra-legales y estaban sujetos a la permisividad de las autoridades penitenciarias, cuya capacidad de gestión del orden interno dependía directamente de ellos. Las autoridades y los funcionarios de rango inferior, tomaban decisiones estratégicas atendiendo al contexto y a la composición social de la población interna. Algunos presos, afianzados en redes callejeras de sostenimiento, cooperación social e intercambio económico que, por eso mismo, tenían contactos urbanos, protegían posiciones de privilegio dentro de la prisión; muchos, “caneros viejos”, “sabidos”,
“ensuciaban”328 a compañeros y funcionarios haciéndoles favores, envolviéndolos en
negocios ilegales, dejándose envolver; otros vivían hundidos en su condición de “polillas”. Las cárceles eran el último sitio de las dinámicas urbanas de vida entre lo legal y lo ilegal, ámbito privilegiado de negociación de la tolerancia selectiva de las autoridades.
Un proceso de juicio tramitado por la fuga del interno Luis Ponce, ilustra bien el sistema de gestión del orden interno en las cárceles de varones de Quito. En en octubre de 1970, Luis Ponce salió del Penal García Moreno con autorización y bajo custodia para vender cepillos confeccionados por él mismo. Un vez en la calle, se dio a la fuga. El Director del Penal hizo la denuncia ante el Juez Primero del Crimen, casi sin duda para transferir la responsabilidad a un subalterno suyo, pues la estabilidad de los funcionarios penitenciarios dependía de la (in)tolerancia de más altas autoridades de gobierno.
Uno de los acusados: Carlos Muñoz, funcionario de 62 años de edad, “de instrucción primaria, de profesión enfermero”, declaró ante el juez:
“desde hace veinte años a la presente fecha vengo prestando mis servicios en calidad de enfermero del Penal Garcia Moreno de esta ciudad; debido a mi arduo trabajo y [a que] en una ocasión sufrí una caída fuerte en el penal […] he quedado escaso de vista y aún más debido a mi edad [… En
relación con la fuga:] me encontraba trabajando en el penal, fui llamado por el Inspector Gonzalo Espinoza, y al preszentarme a él, me indicó que debía acompañar a un detenido a la calle, ya que iba a vender cepillos […] llegamos a la Dirección de Estancos con el detenido, quién entraba a una oficina y a otra, yo me encontraba junto a él; una vez que salimos de la Dirección nos dirigimos por la calle García Moreno, y el detenido entraba a uno y otro almacén, hasta llegar al Pasaje Royal, habia tal aglomeración de gente, y el detenido entraba y salía de uno y otro almacén, yo le seguía paso a paso, pero en ese momento del cansancio que tenía, se me llegó a opacarme la vista, cuando traté de seguirle el detenido salió en precipitada fuga, cuando quise seguirle se me perdió de vista, como me vi perdido, corrí hasta la esquina de la calle Venezuela, y pude encontrar a un señor Oficial, a quien le solicité el auxilio necesario […] he tenido que de mis pocos recursos económicos, cojer un automovil y en compañía de guardias me he trasladado a la casa donde vive la mujer del detenido, a casa de sus familiares y todas las gestiones fueron inutiles; inclusive un agente me solicitó la suma decincuenta sucres para trasladarse a la ciudad de Ambato al que también le entregué, sin tener ningún resultado […] me puse a la orden del señor Director y le conversé lo que había sucedido, en forma justa se indignó […] indicó que habiendo Guardianes y Inspectores por qué no se los había mandado a uno de ellos, ya que mi servicio no es para eso, sino de enfermero. Las personas que estuvieron presentes me manifestaron que el Inspector Espinoza había dicho le voy a mandar al viejo este cojudo […] fue solamente una maldad […] él ha sabido que era preso peligroso, que po ese motivo y debido a las fugas, había sido encargado de la Cárcel Municipal a[l] Penal”.329
Señalado como principal responsable de la fuga, el inspector Jefe de Grupo, Gonzalo Espinoza, se defendió, remarcando su voluntad de cumplimiento del deber:
“fuí llamado por la Reverenda Madre Sor Leonor Ruíz Vela quién desempeña el cargo de Visitadora Social en dicha Dependencia, contestando al pedimiento de la Reverenda Madre, le indiqué que no tenía con quién mandarle al detenido; la Reverenda Madre, me pidió en forma encarecida, y que lo hiciera por un acto de humanidad ya que el recluso había manifestado que no tenía dinero para mantener a su familia, y que si no salía a vender los productos su familia se moriría de hambre, en vista de este pedido procedía aceptar dicho pedido y fué entonces que llamé al señor Inspector Enfermero Carlos Muñoz; lo llamé a este señor por cuanto […] el trabajo que él desempeña no le quita sino apenas máximo unas dos horas al día […] el señor Director me encontró en toda la cadena que existe en la salida y me dijo mándele […] a eso de las seis de la tarde llegó una hija del detenido, a fin de preguntar por su padre, si ya había regresado, fué entonces que yo con el fin de tomar más precaución sobre la fuga, la detuve a la menor, con el fin de que me lléve a una casa de otra conviviente del prófugo […] me preocupé inmediatamente de llamar al SICP […] ya que este tipo es sumamente conocido por por Agentes, debido a su historial delictivo”.330
329 Carlos Muños en, Exp: 291, Por: fuga del preso Luis Ponce Chacón, Contra: Gonzalo Espinoza y
Carlos Muñoz, Iniciado: 2 de octubre de 1970. (AGCJP).
Por su parte, Miguel Ángel Lara, “Director de la Penitenciaría Nacional”, sin duda interesado en mostrar su afán de estricto control de las irregularidades, declaró:
“a fin de evitar abuzos de los inspectores o personas que prestan sus trabajos en dicha dependencia, he puesto como norma que para la salida de cualquier detenido, se debe exhigir una orden firmada por el suscrito;y a su vez el Jefe de Inspectores tiene la obligación de hacer firmar en la misma orden al Inspector que debe acompañar al detenido […] Espinoza, en su calidad de Jefe de Grupo, ha ordenado la salida del recluso, con el objeto de que venda varios artículos manifacturados en la Penitenciaría, sin tener la orden escrita por el suscrito […] no ha enviado al detenido con Guardián […] a enviado al detenido con el enfermero, quién es una persona mayor […] una vez anterior que salió este mismo preso, en compania del Inspector Jorge Diaz Flores, también se le escapó y el inspector pasó momentos amargos hasta poder localizarse, y con gran suerte lo había localizado al detenido en una peluquría, tras de un mostrador, es por esto que este sujeto era peligroso”.331
Casi tres meses después de iniciado el proceso, el secretario del juzgado del crimen asentó en el expediente:
“he llamado telefónicamente a la Dirección del Penal García Moreno, a fin de averiguar si los procesados Gonzalo Espinoza y Carlos Muñoz, se encuentran guardando detención en ese Establecimiento Penitenciario, encargados por el señor Director de la Cárcel Pública de esta ciudad, conforme se desprende de las boletas de ingreso […] se me ha informado que solamente en procesado Carlos Muñoz se encuentra detenido, mientras que el procesado GONZALO ESPINOZA, no se encuentra detenido ya que se me informó que ha fugado a raíz de la salida que se le ha concedido por autorización o disposición del señor Patricio Espinoza, ex-Secretario Particular del Ministro de Gobierno”.332
¿Qué nos enseña esta situación plagada de irregularidades? Empecemos poniéndola en contexto. Como característica ineludible de la vida cotidiana aparece la participación activa de los presos: su trabajo autónomo intramuros, la autogestión en la precariedad. Es indudable que Luis Ponce podía ser un hombre que de modo