Comisionado Especial de Naciones Unidades

La visita del comisionado especial de asuntos indígenas de la ONU se dio justo en un período crítico del gobierno de Michelle Bachelet frente al tema mapuche, a principios de abril del año 2009, donde los niveles de conflictividad habían llegado a uno de los puntos más álgidos de este período y la violencia estatal parecía incontenible. La virulencia mapuche parecía inagotable, independiente de que la respuesta del Estado también fuera en escalada.

El objetivo de esta visita era, fundamentalmente, evaluar la situación chilena y ver en cuánto se había avanzado con respecto a los acuerdos y compromisos asumidos con el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. Rodolfo Stavenhagen, durante su visita en el proceso de consulta del Informe del Nuevo Trato para Pueblo s Indígenas realizado por el gobierno de Ricardo Lagos había detallado sobre los temas pendientes y que era urgente avanzar para así poder elaborar una nueva agenda. James Anaya focalizó su atención en cuatro puntos fundamentalmente- participación, territorio, medio ambiente y conflicto con la población mapuche-los cuales iban todos directamente enfocados al proceso de implementación del Convenio 169 de la OIT, por lo cual era un documento muy dirigido.

251 El primer tema estaba relacionado con la participación de la población mapuche en la consulta previa para la ratificación del documento, siendo enfático en que si este sería un instrumento para la población indígena del país, debían ser ellos los primeros en enterarse, sugerir, modificar, adaptar y contribuir a la versión final. Según el relator, este ejercicio democrático e integrador daría paso para que posteriormente, la población indígena pudiera participar en las estructuras y definición de políticas del Estado, lo que garantizaría la participación de los pueblo s indígenas en el Parlamento nacional, además de tener instancias realmente representativas dentro del mundo mapuche.

En el fondo, las recomendaciones en esta área correspondían a un llamado de atención al Estado chileno sobre el estado de invisibilización y absoluta anulación del pueblo Mapuche en el ámbito del debate político constructivo, destacando la necesidad y obligación que tiene el Estado con este grupo, en términos de inclusión. Estas recomendaciones conllevan una crítica soterrada del sistema político de Chile y la capacidad de la democracia de incluir franjas no tradicionales en el mundo de la toma de decisiones.

Si bien es cierto, se hicieron esfuerzos por informar a la población indígena sobre el Convenio 169, poco se hizo para generar un intercambio de ideas y sugerencias, así como conseguir una previa aprobación por parte del mundo indígena del proyecto antes de pasarlo al Congreso nacional. Las actividades impartidas por el gobiernos se enfocaron en la línea informativa en que participativa, lo que claramente expresa el líder de uno de los grupos más virulentos del gobierno de Bachelet: ―Mira, puede tener ventajas y también desventajas pero, ya no lo sé ni tampoco me sirve de nada porque nunca me dejaron a mí ratificarlo, yo soy el que tiene la nacionalidad hoy día y soy yo el que tiene las demandas por territorio y nunca fui invitado a participar en el proceso‖. (Carbone, 2010)

La real incorporación de estas medidas permitirían generar un debate político intenso, pero interesante y además productivo para el sistema político democrático, que terminaría necesariamente por abrir los espacios de participación ciudadana, ampliando así la democracia no sólo a los mapuche, sino que al resto de las etnias y grupos excluidos de la sociedad.

252 El segundo tema que trata el relator especial de la ONU es el que tiene relación con el territorio mapuche, planteando que es urgente que el Estado chileno haga un esfuerzo económico, aún más importante, para poder invertir una mayor cantidad de recursos en la compra de territorios para la restitución a las comunidades despojadas, lo que debe ir a acompañado de un proceso de reconocimiento y validación de los títulos de merced que aún mantienen las familias mapuche. Además hace especial hincapié en que ―es preocupante que al parecer no exista un mecanismo dentro del orden interno chileno que claramente permita reconocer, restituir y proteger los derechos sobre tierras y recursos indígenas de ocupación ancestral, sin que hubieran derechos inscritos anteriormente.‖ (Anaya, 2009:15)

Esto refleja la gran paradoja de Chile, mientras que la Constitución y la cultura política del país considera el derecho a la propiedad como uno de los principios básicos y fundante de este moderno y democrático Estado, es incapaz de protegerlo y garantizarlo a algunos sectores de la sociedad como es la población indígena, pero si garantizárselo a cabalidad a los grandes consorcios privados que han sido amenazados por la población mapuche en los procesos de recuperación.

La segunda forma de interpretar esta situación, no tiene que ver con incongruencias, más bien con la idea de que el Estado de Chile se hace presenta en la protección y garantías de derechos constitucionales de manera diferente, dependiendo el tipo de ciudadano ( primera, segunda y tercera categoría) que lo requiera. Si esto efectivamente fuese así y se pudiera comprobar, implicaría que el Estado chileno es eminentemente racista y clasista, por lo que no puede proporcionar garantías claras de ser un Estado de derecho democrático. El tercer punto abordado por el relator e relaciona con el tema de la contaminación medio ambiental y la explotación y apropiación desmedida de los recursos naturales dentro de territorio indígena. El llamado era a detener o regular esta situación y evitar que siguiera el desarrollo un proceso de racismo medio ambiental115

. Se insta a promover reformas que aspiren a la recuperación del ambiente y a la reapropiación, por parte de la población indígena, de estos territorios devastados, de lo contrario se exige que se les paguen las reparaciones a la población indígena que sufren los embates de esta situación.

115

Concepto que se ha desarrollado por los medio ambientalistas chilenos para referirse a la situación de vivida en territorio indígena.

253 Por último, Anaya toca un tema delicado y poco trabajo políticamente por el Estado y que está relacionado con el conflicto y la violencia por parte de este, en contra de la población mapuche. Uno de los primeros puntos en que se detiene es en donde plantea la necesidad urgente de que el Estado chileno pueda garantizar un justo procesamiento a la población mapuche, donde se eviten las irregularidades, violación a los derechos humanos, allanamientos violentos, maltratos, torturas y discriminación hacia los implicados, sus familiares y sus comunidades.

También resalta la idea de que es indispensable que se les deje de procesar bajo leyes especiales y antiterroristas, solicitando que se revise nuevamente la definición de delito terrorista con mayor precisión, ya que la posibilidad de que exista interpretación de este calificativo da pie para que los fiscales utilicen este instrumento legal para criminalizar la protesta mapuche. En referencia a esto, además plantea que es necesario dimensionar en las proporciones adecuadas la legítima protesta mapuche y no caer en excesos que terminarán por desvirtuar los hechos convirtiéndolos en criminales.

En resumen, los avances a portas de que el gobierno de Bachelet terminara, habían sido mínimos con respecto a los desafíos y metas que habían quedado agendados desde la visita del anterior relator durante el gobierno de Lagos, destacando el profundo retraso y escasa apertura del Estado chileno en el tratamiento de los temas relacionados con las etnias.