A modo de resumen, podríamos afirmar que el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio del art 18.2 de la CE, al igual que los demás derechos fundamentales, cuentan con una gran protección constitucional, ya que mediante esta se pretende asegurar la esfera de la vida privada y por lo tanto proteger también la intimidad de estas. Aun así, esta protección tiene un límite, por lo que no son derechos absolutos, ya que como se ha expuesto en el presente trabajo, la inviolabilidad del domicilio podrá vulnerarse cuando de forma justificada debido a una confrontación de intereses públicos, exista una autorización judicial que permita la entrada y registro en dicho domicilio, por razones de una investigación criminal, cuando exista delito flagrante, o se obtenga el consentimiento del titular del domicilio. Destacar que siempre debe utilizarse como última medida para la persecución de estos delitos debido a que constituye una grave lesión al derecho fundamental de la persona tanto física como jurídica.
Por eso, la LECrim establece las reglas que deben seguirse para que la entrada y registro sea lícita y no existan vicios que imposibiliten su validez, o directamente para que no se lesione el derecho fundamental puesto que no toda infracción en la diligencia de entrada y registro tiene como consecuencia la vulneración de este derecho, sino simplemente una procesal. Debido a esto, si no se obedecen tanto las exigencias constitucionales, como las procesales, lo descubierto durante la diligencia no podría convertirse en prueba pre constituida.
En cuanto al concepto de domicilio, ha sido la doctrina jurisprudencial la que ha indicado que se considera domicilio y la que a lo largo de los años ha ido ampliando las acepciones de este ya que, en los inicios el concepto de domicilio solo se extendía atendiendo a la CE, a la morada como tal, es decir, al espacio cerrado en el que el individuo lleva a cabo su vida privada. A pesar de esto, debido a la falta de una regulación legal del concepto de domicilio, sigue siendo una cuestión muy discutida e incierta entre los tribunales a la hora de sentenciar casos concretos, por lo que esto puede crear una gran inseguridad jurídica.
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10. Legislación.
Constitución española de 29/12/1978. Constitución española de 19/03/1812. Constitución española de 6/06/1869.
Constitución de la república española de 9/12/1931. Fuero de los españoles de 18/07/1945.
Ley de orden público de 23/04/1870. Ley de orden público de 28/07/1933. Ley de orden público de 31/07/1959.
Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Código Civil, de 25/07/1889.
Ley de enjuiciamiento criminal de 1882.
Ley orgánica de seguridad ciudadana de 30 de marzo de 2015. Ley orgánica del poder judicial.
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11. Jurisprudencia.
Sentencias del Tribunal Constitucional.
STC 22/1984, de 17 de febrero. STC 114/1984, de 29 de noviembre. STC 137/1985, de 25 de octubre. STC de 17 de septiembre de 1993. STC 341/1993, de 18 de novembre. STC 126/1995, de 25 de julio. STC 22/2003, de 10 de febrero. STC 10/2002, de 17 de enero. STC 209/2007, de 24 de septiembre. STC 160/1991, de 18 de julio. STC 76/1992, de 14 de mayo. STC 69/1999, de 26 de abril. STC 8/2000, de 17 de enero. STC 50/1995, de 23 de febrero STC 143/1994, de 9 de mayo. STC 139/1999, de 22 de julio. STC 54/2015, de 16 de marzo. STC 196/2004, de 15 de noviembre.
Sentencias del Tribunal Supremo.
STS 312/2011, de 29 de abril. STS 486/2018 de 18 de octubre. STS 716/2010, de 12 de julio. STS 698/1999, de 30 de abril. STS 290/2018, de 14 de junio. STS 143/1994, de 9 de mayo. STS 627/2012, de 18 de julio. STS 773/2013, de 22 de octubre. STS 453/2001 de 16 de marzo. STS 1576/1998, de 11 de diciembre. STS 440/2018, de 4 de octubre STS 112/2014 de 3 de febrero
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12. Bibliografía.
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