CONCLUSIONES

Es evidente que la distribución de las oportunidades de desarrollo de los niños y jóvenes

en el país está muy correlacionada con la distribución de la pobreza evaluada desde la

perspectiva de las restricciones múltiples.

A pesar de que se observan avances territoriales importantes en términos de

oportunidades, todavía se conservan algunos patrones territoriales significativos. La franja

central de El Salvador, (identificada por el corredor de las principales ciudades, Santa Ana,

San Salvador, la parte norte de La Libertad y San Miguel) evidencian tener mejores

oportunidades de desarrollo que el resto del país. Las franjas norte y sur poseen territorios

rezagados con niveles de IOH en el límite inferior de la distribución. Entre el norte y el sur

de El Salvador, las oportunidades son mayores en el sur (costero) que en el norte

(montañoso).

Asimismo, se destaca que los municipios más interconectados, menos pobres

multidimensionales, con menor ruralidad y en algunos casos con menor vulnerabilidad

socio económico ante el cambio climático (como los cercanos a la Capital, San Salvador)

son los que han mantenido o mejorado su estatus de oportunidad. En cambio, los

territorios menos urbanos, con menor conectividad y mayor pobreza multidimensional

(como los territorios del norte de San Miguel, algunos de Morazán, Ahuachapán y

Sonsonate) presentan evidentes carencias que definen la baja oportunidad de sus niños y

jóvenes.

En este último grupo se identifican territorios donde los niños han estado históricamente

condenados a la pobreza, marcados por la falta de oportunidades crónica. Estos territorios

se ubican históricamente en la cota inferior de la distribución. Algunos ejemplos son los

pertenecientes al departamento de Morazán, como Torola, San Fernando, Yamabal,

Cacaopera, Gualococti; al departamento de Sonsonate, como Cuisnahuat y Santa Isabel

Ishuatán; Concepción de Ataco, en Ahuachapán y Panchimalco en San Salvador. En

consecuencia, la capitalización de estos territorios es la clave, con miras a un cambio

estructural que permita el empleo suficiente para la reducción de la pobreza en dichos

territorios y contribuya a la distribución equitativa de las oportunidades.

Respecto a los determinantes de las desigualdades, se demostró que el contexto

específico del niño en el hogar sigue siendo más importante para la determinación de la

probabilidad de acceder a las oportunidades, que las características territoriales comunes

a los habitantes del territorio, con excepción de las ventajas como el agua potable,

saneamiento y vivienda.

Sin embargo, se destaca que las circunstancias personales han tendido a disminuir su

capacidad de explicación en el tiempo en la mayoría de oportunidades, dando lugar a un

mayor poder explicativo de las variables territoriales. Esta tendencia territorial es de suma

importancia, pues indica que la disminución de las desigualdades puede ser corregida

mediante la inversión pública en los territorios, de tal forma que se reorienten las

oportunidades y se disipen las desigualdades.

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Particularmente, se destacan los esfuerzos realizados en la mayor cobertura de las

ventajas relacionadas a la educación. Estas se vieron intensificadas por los esfuerzos

gubernamentales y, en especial, por la influencia positiva que tiene la educación de los

jefes de hogar como medio multiplicativo en la ampliación de las oportunidades de sus

hijos.

Finalmente, otro elemento importante resultado de este trabajo son las recomendaciones

para la formulación de las políticas públicas territoriales, las cuales deben considerar que,

en la mayoría de los casos, los intentos por una mayor cobertura van acompañados de

una menor desigualdad. Por lo tanto, la capitalización agresiva de los territorios menos

afortunados tiene sentido en cuanto que en paralelo se disminuyen también las distancias

en el acceso a las oportunidades.

Algunos ejemplos de políticas públicas son detallados por Barros, et. al. (2008), cuyo

aporte es retomado a continuación debido a que se consideran relevantes para la

orientación de la política pública en El Salvador.

Uno de estos ejemplos es el caso de Brasil, donde se articularon tres esfuerzos concretos

para lograr una serie de metas identificadas que consistían en la reducción de la repitencia

escolar y las deficiencias de aprendizaje. La primera medida estuvo orientada a mejorar la

disponibilidad y calidad de los insumos escolares para el correcto desempeño de las

labores educativas; la segunda, orientada a atacar directamente la repitencia; y la tercera,

tenía el objetivo de ejecutar transferencias monetarias para brindar incentivos a los jefes

de hogar para que continuaran enviando a sus hijos a la escuela.

Otro ejemplo mencionado en la misma publicación y de interés para El Salvador es el caso

del acceso al agua en Paraguay y las asociaciones de usuarios de aguas “juntas”. Dichas

organizaciones son conformadas con la participación de las comunidades interesadas en

desarrollar los proyectos de acceso al agua, las que aportan en efectivo o en especie los

insumos necesarios para su implementación y son asesoradas técnicamente en paralelo

por el gobierno. Estas juntas también administran los accesos al agua y han tenido mucho

éxito en el país para mejorar la cobertura del agua, especialmente en área rural.

Un caso más ambicioso, pero que evidencia claramente la importancia de contar con

mediciones de oportunidad para los territorios, es el caso Chileno de “Chile Crece

Contigo”. Este es un programa gubernamental de transferencias destinado a proveer de

servicios básicos a los niños en situación de pobreza, a partir de la lógica de las

oportunidades humanas para corregir de forma temprana y sistemática las deficiencias

que potencialmente limitarán el desarrollo de los niños.

Ahora bien, en un país con poco margen para la maniobra fiscal como El Salvador, el

financiamiento de este tipo de programas es un problema. Sin embargo, en el caso

concreto de los esfuerzos educativos, coordinados con una política de transformación

estructural, las tasas de retorno pueden ser lo suficientemente atractivas para los

acreedores externos, siempre y cuando se garantice la utilización específica y un control

estricto del destino de los fondos contratados en este tipo de iniciativas.

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