GIRONA. Enero. Vecinos se movilizan y piden sofocar el estallido de distur-
bios en Salt. Vecinos y comerciantes de Salt se movilizarán a finales de febrero como acto de repulsa por los disturbios ocurridos en el municipio con el lema «Basta ya. Queremos una solución». El acto consistirá en una concentración en la plaza del Ayuntamiento, según informó el portavoz de los afectados, Màrius Reset, quien señaló que ayer empezó en la población una campaña para recoger firmas en este sentido. El objetivo que se han marcado es llegar a las 6.000. Esta concentración coincidirá con el aniversario de los enfrentamientos de febrero del año pasado entre autóctonos e inmigrantes. Mientras los primeros acusaban a los segundos de ser culpables del aumento de delitos, éstos los tildaban de racistas.
SAID. SOS RACISME CATALUNYA. Barcelona. Febrero. Ejemplo de mediación
como vía de resolución de conflictos vecinales. La Sra. W.G. vive con su ma- rido y sus hijos de alquiler en un edificio de Barcelona y durante cierto tiempo, empiezan a recibir insultos racistas y amenazas constantes por parte de un veci- na, alegando que los niños hacen mucho ruido, están mal educados y que nues- tra usuaria no los sabe educar. Los amenazan con avisar a la policía alegando que son ilegales, cuestión que no es cierta.
Finalmente, se presentan algunos de los vecinos en casa de la usuaria con tres agentes de la Guardia Urbana, sin identificarse y para amenazarlos. Cuando la Sra. W.G pide el número de placa se niegan a darle y a cogerle la denuncia que ella quería interponer. A raíz de todo esto, la Sra. W.G y su familia no quieren volver a renovar el contrato de arrendamiento del piso.
Desde el Servicio de Atención y Denuncia de SOS Racisme Catalunya, inter- pusimos denuncia representando a la Sra. W.G. por injurias y vejaciones contra la vecina en cuestión. Aun así la Sr. W.G. estuvo dispuesta a iniciar un proceso de mediación que tutelaron los abogados de ambas partes, en el que la parte afectada consideraba solucionado el conflicto si la otra parte pedía disculpas por escrito por los hechos sucedidos. Una vez se consiguió esta disculpa, renun- ciamos a cualquier acción civil y penal que pudiera corresponder, de acuerdo con el Código Penal, el cual establece el perdón de la persona ofendida como elemento que extingue la acción penal en aquellas faltas de naturaleza privada. Éste es, por lo tanto, un ejemplo de que en algunos conflictos de ámbito cotidia- no, la mediación puede ser una buena herramienta para resolverlos.
GIPUZKOA. Mayo. Asociación de Vecinos persiste en presentar, de forma
sesgada, problemas de convivencia vecinal. La Asociación de Vecinos Gurekin, del barrio Iztieta en Errenteria, insistió a través de un comunicado en el plantea-
101 miento que viene haciendo desde hace dos años sobre la pretendida «situación
de inseguridad que viven». Afirma que «en los últimos meses se ha percibido un aumento considerable de distintos grupos de magrebíes, rumanos, etc…». «Son personas concretas, grupos definidos que crean un preocupante paisaje humano en nuestras calles. Su punto de reunión es nuestro barrio. Esto ha llevado a la incomodidad y temor de los vecinos; han surgido robos, tráfico de drogas a plena luz del día». Critican con dureza al Ayuntamiento al que acusan de no hacer nada. «El barrio de Iztieta está harto, no queremos perder nuestras calles y por eso necesitamos ayuda. El Ayuntamiento no ha querido o no ha sabido hacerlo. Cualquiera de las explicaciones es mala», concluye la Asociación de Vecinos.
Frente a este planteamiento alarmista, sesgado y con no pocas derivas xenó- fobas, se llevan a cabo una serie de iniciativas tanto desde diversos colectivos sociales de Errenteria como desde el propio Ayuntamiento.
SAID. SOS RACISME CATALUNYA. Barcelona. Julio. Conflicto vecinal tramita-
do en colaboración con otro servicio. La Sra. R.P., llega a nuestro servicio presentando su caso: es un conflicto entre vecinos, los cuales se quejan de un tema de ruidos, pero ella alega que existe una motivación racista, puesto que es la única persona extranjera que vive en el edificio y el tono de las quejas tienen que ver con su origen y costumbres. El propietario, por miedo a la denuncia, le pide a la Sra. R.P., que se marche del piso, pero en virtud de su contrato de alquiler, todavía le quedan tres años y está al corriente de pago. Nuestro servicio propone, después de hablar con los diferentes actores que pueden tener infor- mación sobre el conflicto concreto (propietario y administrador de fincas), uti- lizar la vía de la mediación con la colaboración del equipo de prevención del ayuntamiento al distrito en cuestión, a través del que denominan una actuación de equipo de escalera, en la que se entrevistan con las dos partes por separado y después valoran una actuación conjunta.
El conflicto se ha suavizado, aunque estamos pendientes de saber qué ha sido de la intervención directa que ha hecho este servicio en este caso. Por lo tanto, podemos considerar positiva la actuación, a pesar de que ésta ha sido lenta y, de momento, sin regreso por nuestro servicio. Se trata de un caso de discrimina- ción entre particulares que continúa abierto, pendiente de una resolución defini- tiva del servicio municipal de prevención.
PAMPLONA. Julio. Conflicto vecinal en fiestas de Barañáin. El alcalde de
Barañáin, el regionalista José Antonio Mendive, afirmó ayer que «las fiestas de este año se han caracterizado por las peleas de latinos». Concretamente, según expuso en la rueda de prensa de balance de los festejos, se registraron unos doce altercados (dos de ellos más fuertes y hubo un herido), en los que los cuerpos policiales identificaron a 250 personas, detuvieron a nueve y se incautaron de
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diverso material, como cuchillos, catanas, barras o cinturones con hebilla los cuales son utilizados para golpear. «Es un fenómeno que está ahí, aunque la situación no es alarmante, pero lo que está claro es que tenemos que anticipar- nos y ése es el camino que hay que tomar: control, prevención y coordinación», sostuvo. Mendive destacó que «ha habido una labor de prevención policial muy importante, que nos ha ayudado a que la situación haya sido controlada», por lo que agradeció públicamente la actuación de la Guardia Civil, Policía Foral y Policía Municipal y les instó a seguir en esa línea. Afirmó que «no hay que hacer una alarma social, pero tenemos que tener, por parte de todas las adminis- traciones y de todos los cuerpos policiales, una coordinación entre nosotros para evitar este tipo de reyertas, que ya se está convirtiendo en algo habitual los días festivos». El primer edil apuntó que desde el miércoles tuvieron conoci- miento, a través de los foros, de que los grupos latinos configurados por meno- res de edad estaban quedando en Barañáin «para marcar su territorio o para dar un escarmiento uno a otro». Posteriormente, la Policía Municipal de Pamplona y la Policía Nacional les informaron de que «las bandas grandes con miembros mayores de edad estaban moviéndose para quedar en Barañáin». Ante esto, Guardia Civil y Policía Foral pusieron en marcha controles el viernes y el sába- do. Además, «hubo bastantes agentes de paisano, que es lo que nos ha hecho anticiparnos a las reyertas y que no hubiera más que algún encontronazo», indi- có Mendive. Por su parte, el jefe de la Policía Local, Juan Antonio Castro, expli- có que «tenemos un grupo que se llama Zona Bara compuesto por entre 30 y 50 personas, la mayoría menores», así como que durante el año «ha habido otras dos quedadas, pero no tan potentes». No obstante, indicó que «los expertos dicen que no son grupos estables porque no tienen estructura, ni están jerarquizados». A pesar de todo, Mendive consideró que las pasadas fiestas han sido «tranquilas y sobre todo se ha disfrutado de un ambiente muy bueno». Tras destacar la gran afluencia en los 107 actos, felicitó «el comportamiento cívico de todos los vecinos». Asimismo, consideró «normal» la relación con los colec- tivos, si bien apuntó que el viernes y el sábado las txoznas «no cumplieron con los horarios».
LLEIDA. Julio. Conflicto vecinal. El clima de convivencia en el barrio antiguo
de Lleida es frágil. Desde 2006, las Administraciones local y la autonómica llevan invertidos 16,8 millones de euros para revertir su dinámica social. Pese a ello, la violencia aflora a menudo y deriva en conflictos. Prostitución y tráfico de drogas se dan cita en las calles del barrio antiguo. Pero ahora se ha llegado a una situación de alarma tras dos altercados ocurridos en los últimos días, cuan- do decenas de inmigrantes subsaharianos acorralaron y agredieron a varios po- licías locales, a los que lanzaron piedras, cuando trataban de identificar a pre- suntos traficantes de droga. Los vecinos afirman que los hechos han traspasado la línea roja y piden más implicación de los Mossos. El Ayuntamiento de Lleida ha convocado una cumbre policial para analizar la situación y crear un plan de
103 seguridad específico. «Pediremos que se aplique estrictamente la Ley de Ex-
tranjería», ha dicho Sara Mestres, concejal de Seguridad. «Es una vergüenza que la tan esperada policía de Cataluña no tenga una presencia visible y perma- nente en esta zona controlada, por desgracia, por mafias y es igualmente frus- trante que se haga la vista gorda ante un problema que acabará incendiando la convivencia», señala la Asociación de Vecinos de Jaume I en una carta dirigida al consejero de Interior, Felip Puig. Según los vecinos del centro histórico, los problemas que soportan solo tienen solución policial: la detención de los delin- cuentes e incívicos y la expulsión de las personas en situación ilegal. «La gente está muy asustada. Tengo 69 años y no había visto nada igual», señala el presi- dente de la entidad vecinal, Jaume Millàs, que advierte de que la tensión puede aumentar «porque los alborotadores han perdido el miedo. No se puede consen- tir que vaya a más». Isidre Gironès, propietario desde hace más de 20 años de un bar, afirma que la situación de inseguridad es insostenible y se plantea cerrar el establecimiento para que sus hijos no crezcan en medio del clima de violencia. Los subsaharianos, contra quienes van dirigidas las quejas vecinales, son el colectivo mayoritario en el barrio. Muchos buscan trabajo en la campaña de la fruta, pero los vecinos identifican a un grupo con la venta de drogas. Algunos inmigrantes, que se prestan a hablar pero de forma anónima, aseguran que los últimos conflictos han estallado como respuesta al trato que reciben de la Poli- cía Local. En concreto, se refieren a una presunta paliza policial hace dos sema- nas a un compatriota que falleció días más tarde en la calle tras sufrir un infarto. El Ayuntamiento de Lleida ha negado que existiera dicha agresión.
BIZKAIA. Julio. Persiste el rechazo al reasentamiento de familias gitanas. Pese
a la decida intervención desde las instituciones autonómicas y desde los colec- tivos sociales para enfrentar un posicionamiento con componentes racistas por parte de la asociación vecinal de La Arboleda, esta entidad persiste en sus pos- turas y esta es la forma en que lo refleja un medio de comunicación:
Los realojos de familias procedentes de barrios de Sestao en proceso de reha- bilitación como Txabarri, Urbinaga, Simondrogas, Rivas y Los Baños siguen levantando ampollas entre algunos vecinos de aquellos municipios que se han visto obligados a acogerlos. Ante esta situación, la asociación de residentes en La Arboleda, que desde hace dos años mantiene un contencioso con un clan de etnia gitana al que se asignó una vivienda protegida en el poblado minero, im- pulsa la constitución de un colectivo de perjudicados por la gestión de la socie- dad pública Sestao Berri. Su objetivo es ponerlo en marcha después del verano junto con vecinos de otros municipios vizcaínos. Según el presidente de la aso- ciación vecinal de La Arboleda, Iñaki Zamarripa, residentes en Basauri y en los barrios de Sodupe, en Güeñes, y Santa Juliana, en Abanto, estarían interesados en formar parte de la nueva plataforma, que pretende defender los intereses de aquellos que se sienten perjudicados por los realojos que el Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Sestao han impulsado a través de Sestao Berri desde enero de
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2006. Zamarripa asegura que en los últimos meses vecinos de estas localidades se han puesto en contacto con él para trasladarle la situación que soportan. «En algunos casos, incluso con acoso por parte de las familias realojadas, que pue- den llegar a la agresión y las amenazas», sostiene. La nueva asociación vendría a arropar, dar fuerza y dotar de una única voz a aquellos que se consideran víctimas de unos realojos que califican de «injustos, inmorales e ilegales» dada la escasez de vivienda protegida. El anuncio de la creación de este colectivo se produce días después de que los vecinos de La Arboleda comparecieran ante la comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco, donde fueron acusados de «racistas y xenófobos» por parte de los parlamentarios presentes. Iñaki Zamarripa entiende que sus respuestas y alegaciones a las acusaciones de los partidos políticos no han quedado fielmente reflejadas. Por eso pedirá por escri- to en el Ayuntamiento de Trapagaran que cuelgue en la página web municipal el vídeo completo de su intervención ante la comisión que preside la popular Mari Mar Blanco. El Consistorio, por su parte, estaría de acuerdo con hacer pública la grabación, de apenas 25 minutos de duración, si es técnicamente posible. Pero los recursos ante los políticos no acaban ahí. De hecho, los vecinos barajan incluso la posibilidad de solicitar formalmente una entrevista con el lehendakari, Patxi López, para hacerle llegar sus peticiones y la situación en la que se en- cuentran, a la espera del desenlace de un proceso judicial, todavía en trámites, en el que se reclaman hasta dos años de cárcel para un centenar de vecinos por acoso, amenazas y racismo.
MADRID. Julio. Versión policial sobre la actuación de estos cuerpos en el ba-
rrio de Lavapies. Frente a las denuncias por la actuación policial, exhaustiva- mente documentadas en los informes de las Brigadas Vecinales de Observación, y de los que damos cuenta en otro apartado de este informe, en algún medio de comunicación podemos encontrar la versión policial, sin contraste alguno. Vea- mos un ejemplo de esto. «La policía preocupada ante el rechazo vecinal a los
arrestos de Lavapiés». La policía está cada vez más preocupada por la reacción que están teniendo algunos vecinos, en ocasiones apoyados por las redes del 15- M, cuando efectúan una identificación o un arresto en determinados barrios. Cada vez resulta más frecuente que los patrulleros tengan que pedir refuerzos ante la presión de decenas de personas que les rodean y les impiden realizar su trabajo. Además, temen que estos enfrentamientos puedan ser más graves con- forme pasa el tiempo y los protestantes se vean más impunes. Por ello piden medidas urgentes tanto de la Delegación del Gobierno como del Ministerio del Interior para evitar que vaya a mayores. Las imágenes colgadas en Internet de- jan lugar a pocas interpretaciones. En ellos se ve a agentes antidisturbios con el casco puesto y escopeta en mano retrocediendo hasta las furgonetas bajo un coro de gritos e insultos. Se ha repetido al menos en dos ocasiones en las últimas semanas en el barrio de Lavapiés. Pero también ha habido problemas de menor entidad en otros puntos de la región, como Carabanchel o Getafe, en los que la
105 presión vecinal ha permitido incluso que huyeran algunos delincuentes. Los
sindicatos policiales calificaron ayer de «vergüenza» y de «preocupante» lo que está pasando. «No se puede intervenir constantemente cuando se es hostigado. Es un espectáculo grave que no se puede permitir, es contraproducente para nuestro trabajo», relata el secretario regional del Sindicato Unificado de la Po- licía (SUP), Felipe Brihuega. «Todo esto ha venido porque desde que los del 15- M acamparon en la Puerta del Sol se les ha dado todo el poder del mundo. ¿Cómo se puede trabajar si no podemos hacer identificaciones, detener a perso- nas que trapichean con droga o que tienen un montón de antecedentes?», añade el secretario regional de la Unión Federal de la Policía (UFP), Alfredo Perdi- guero. El Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM), el mayoritario en este cuerpo, emitió ayer un comunicado en el que condenaba los ataques que sufrieron dos agentes el pasado lunes en Lavapiés. «Nos preocupa que se estén instaurando en ciertos lugares este tipo de reivindicaciones que nada tienen que ver con problemas sociales, y sí con delitos que no pueden dejarse impunes», explica el escrito. Los sindicatos creen que hay riesgo de que los altercados se radicalicen y los agentes tengan que utilizar sus armas. «El otro día hablé con uno de los agentes y realmente temían por su integridad. No sabía si al final tendrían que hacer hasta un disparo al aire», añade Perdiguero. De igual opinión son los mandos policiales que han transmitido órdenes a sus subordinados de que eviten por todos los medios problemas de orden público. «Como esto no lo frenemos pronto, no sé hasta cuándo podremos aguantar a la gente. No es de recibo que la policía se retire por unos cuantos que tienen ganas de provocar disturbios y que antes o después pueden liarla», explican estos mandos. Todos los consultados rechazan que haya fines racistas en sus intervenciones: «Solo estamos haciendo nuestro trabajo, que consiste en evitar la delincuencia y que se cumplan las leyes que están vigentes», destacaron fuentes policiales. MURCIA. Agosto. Conflicto vecinal. Decenas de vecinos de El Palmar irrumpieron
ayer en las oficinas de la Junta Municipal de forma pacífica para exigir al Ayun- tamiento un compromiso por escrito que asegure que no se producirán realojos de familias conflictivas de la calle Santa Rita, en el barrio de La Fama, en pisos de la zona conocida como Nuevo Palmar. Según los manifestantes, desde hace un año circula el rumor de que esta urbanización acogerá a «gente problemáti- ca», aunque los vecinos nunca han obtenido confirmación oficial por parte del Ayuntamiento, que ayer negó dicha intención. María Isabel Gironés, que lideraba la protesta, afirmó en medio del revuelo que el próximo sábado por la mañana «ya los tendremos aquí», mientras la indignación popular crecía por momentos. «Estamos indignados. Ya tenemos bastante con el barrio de Los Rosales, en el que hay mucha gentuza aunque por suerte parece que se han tranquilizado un poco, y lo único que pedimos es que el pedáneo nos confirme por escrito que realmente todo es un bulo», afirmaba sin exaltación José, otro de los indigna- dos. Luis Miguel Alcaraz, portavoz de la manifestación, dejaba constancia de
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que los vecinos de El Palmar no son xenófobos ni racistas: «No tenemos proble- mas con otro tipo de familias extranjeras que tenemos en la pedanía, pero lo que no queremos es a familias conflictivas». Alcaraz admitió que «siempre que he- mos intentado pedir explicaciones al alcalde sobre el tema, nunca está en su despacho». Además, confirma que han sido amenazados por presentarse en el