Consideraciones adicionales sobre el intervencionismo del Estado en la

Cabe mencionar que la extinción de dominio, lejos de vulnerar el derecho a la propiedad, viene a fortalecer dicho derecho, puesto que se condena la adquisición de bienes de manera ilícita mediante la aplicación del procedimiento establecido en dicha ley. Por lo tanto, se está garantizando el derecho a la propiedad de aquellas personas que han adquirido bienes de manera lícita, en donde el origen de los mismos es el producto de actividades económicas que lejos de afectar negativamente a la sociedad, vienen a formar parte del desarrollo económico y social de la nación.

2.6. Consideraciones adicionales sobre el intervencionismo del Estado en la propiedad

Dentro de toda la discusión que se ha desarrollado a respecto del intervencionismo del Estado en la propiedad, vale resaltar algunos puntos importantes.

Primeramente, el Estado tiene una obligación constitucional de velar por el bienestar de la sociedad, tal como se indica en la Constitución Política de la República. Si bien esto ya se ha establecido en el presente documento, vale resaltar en este momento que la ejecución de este mandato constitucional es un elemento de institucionalidad. Dicha institucionalidad es un elemento fundamental dentro del Estado de Derecho, puesto que la certeza jurídica necesita una fuerte institucionalidad. Por lo tanto, es de suma importancia que el Estado pueda mantenerse funcionando transparentemente en donde las reglas claras establecen la pauta para el qué hacer económico y social de la nación.

Por otro lado, la institucionalidad es parte de un pacto más amplio en donde todos los sectores de la sociedad intervienen para asegurar que la aplicación de este tipo de legislación permita que todos los individuos puedan desarrollarse dentro de un marco jurídico que fomenta la justicia y la equidad de todos los sectores. Esta justicia y equidad se da, nuevamente, dentro de un marco de transparencia y de institucionalidad en donde todos los sectores de la sociedad deberán velar por su integridad y cumplimiento.

Como tal, la transparencia es un tema fundamental para garantizar el derecho de la propiedad. Esto supone el fortalecimiento de las instituciones sociales que velan por la correcta administración social de la propiedad, como lo es el Registro General de la Propiedad. Pero más allá de cuestiones enteramente administrativas, el pacto social que mantiene unida a la sociedad guatemalteca deberá contemplar la necesidad primordial de mantener un orden que garantice condiciones de igualdad para todos. Esto se convierte más en un tema de equidad que de administración. Sin embargo, este enfoque deberá ser holístico, en donde se traten todos los aspectos relacionados con él, y no sólo iniciativas focalizadas o individualizadas.

Luego, es importante resaltar el hecho que, dentro del contexto de la economía de libre mercado, la justicia social, bien común, es decir, una plena democracia, la fiscalización ciudadana, y la activa participación de la sociedad civil es fundamental para poder garantizar que el sistema funcione de la manera adecuada, garantizando así, los derechos fundamentales de la sociedad, siendo en este caso, el derecho a la propiedad.

Por ende, el hecho que la sociedad sea capaz de fiscalizar y exigir rendición de cuentas a sus funcionarios públicos no basta, puesto que el sistema se retroalimenta de las acciones de todos los sectores, y no sólo de un grupo de actores particulares. Como tal, es importante considerar que todos los ciudadanos son responsables de sus

acciones y por tanto, deberán colaborar con la institucionalidad, transparencia y legalidad de las acciones que se lleven a cabo. Por lo tanto, la corrupción, por ejemplo, no es un fenómeno aislado en un grupo de burócratas, sino que se convierte en un elemento más amplio de la participación ciudadana, en donde cada ciudadano tiene la obligación de velar por que se erradique este tipo de prácticas.

La exigencia de los derechos ciudadanos y el cumplimiento de las obligaciones del Estado son una fórmula que se puede aplicar para fomentar la protección al derecho de la propiedad. Pero como se ha mencionado anteriormente, no se trata únicamente de exigir derechos, sino que también buscar por el cumplimiento del deber ciudadano. Un ejemplo sencillo de esto podrá ser realizar los trámites correspondientes para la inscripción de bienes según lo indica la ley, basándose en los procedimientos correctos y apropiados.

Finalmente, el intervencionismo del Estado, dentro del contexto de bien común y bienestar social, deberá visualizarse como una pauta más para velar por el desarrollo de todos los ciudadanos. Considerando que esta ya se ha establecido anteriormente, es prudente focalizar la idea en las demandas sociales.

Estas demandas continuamente sufren cambios en donde las mismas son una respuesta ante las condiciones cambiantes a nivel económico, social, político, ambiental, entre otras. Lógicamente, suponen cambios en las demandas sociales de todos los actores que intervienen en la vida nacional. Por lo tanto, el Estado, dentro de su función de garantizar el bienestar social, también deberá considerar que es necesario ir evolucionando con estos cambios. Debido a eso, es necesario que la legislación, acciones, y otras medidas que el Estado pueda adoptar, vayan en función de tratar estas demandas sociales con la debida seriedad.

El costo social de no tratarlas de una manera lógica y oportuna podrá representar un desgaste innecesario a la sociedad, mientras que se vulneren otros derechos adicionales. Dicho esto, es de suma importancia que los funcionarios públicos encargados de velar por el funcionamiento del aparato estatal tengan la conciencia fija sobre el hecho que el Estado de Derecho exige un fuerte compromiso con el cumplimiento de la ley y los deberes adquiridos como resultado de su actuar en la vida política nacional.

37 CAPÍTULO III