De la investigación se desprende que ninguna de las empresas ana- lizadas explicita en sus informes respectivos el concepto de susten- tabilidad que fundamenta sus prácticas. Utilizan muchas veces las expresiones “sustentabilidad” y “desarrollo sustentable”, pero en ningún momento se detalla su contenido. Por ejemplo, una de las empresas declara que en la gestión de sus negocios se alinea con los principios del desarrollo sustentable, pero nunca dice cuáles son esos principios.
El análisis de los documentos también revela que la mayoría de las organizaciones invoca como sustento teórico de sus prácticas ambientales los principios del Pacto Global (ONU). Los demás do- cumentos citados son: la Carta de la Tierra, el Protocolo de Kyoto, la
Declaración de los Derechos Humanos y los Principios Globales Sullivan. En los materiales analizados no existe referencia alguna a los teóricos de la sustentabilidad, ni se invoca alguna base científica que haya servido para elaborar los discursos o dar base a las acciones. De este modo se soslaya en los informes sobre sustentabilidad uno de los principios de la racionalidad ambiental planteados por Leff, que establece la importancia de la elaboración de un pensamiento com- plejo que permita articular los diferentes procesos que constituyen la complejidad ambiental, comprender las sinergias de los procesos socio-ambientales y sustentar un manejo integrado de la naturaleza (Leff, 2006: 257). Ello implica una carencia de racionalidad teóri- ca en los discursos que sustentan las prácticas de las organizacio- nes analizadas, siendo así que este tipo de racionalidad (teórica) es postulado por Leff (2006) como fundamental para la construcción de los conceptos base de la racionalidad subjetiva; esta última res- ponsable de establecer normas para los comportamientos sociales y orientar acciones para la construcción de una nueva racionalidad social (sustentable).
Al analizar comparativamente en los cuadros de sistematización las prácticas de sustentabilidad en relación con los fundamentos de la racionalidad ambiental, se pudo comprobar —e incluso visuali- zar— que la mayoría de las acciones desarrolladas por las organi-
zaciones se orientan a la preservación de los recursos naturales. La opción por este enfoque en los programas ambientales parece haber sido facilitada implícitamente por su afinidad y convergencia con una racionalidad cartesiana y una visión mecanicista de las cosas. En general, las propuestas planteadas para la preservación ambien- tal, la minimización de impactos, la reducción del consumo y el re- aprovechamiento de los materiales, entre otros, no exigen más que una adecuación de los procesos productivos que puede ser realizada por profesionales insertos en el propio sistema. En esta perspectiva, no se necesitan cambios profundos ni rompimiento de paradigmas, sino sólo adaptaciones. De aquí se infiere que las organizaciones tie- nen en mente y valorizan sólo la racionalidad técnica o instrumental, definida por Leff (2006) como productora de vínculos funcionales y operacionales entre los objetivos sociales y las bases materiales del desarrollo sustentable. Sin embargo, si la racionalidad teórica tiene sus bases debilitadas, como se ha dicho anteriormente, existe un alto grado de probabilidad de que los objetivos sociales sean poco claros, y que estén fundamentados en valores también debilitados y sujetos a constantes cambios.
Por otro lado, el análisis comparativo de los cuadros pone de manifiesto que el tópico menos contemplado en las prácticas sus- tentables propuestas por las organizaciones es la prevención de ca- tástrofes, ya que registramos sólo una ocurrencia a este respecto. Podemos imaginar que para las empresas, como también para las personas, el abordaje pesimista de muchos científicos ambientales no sea atractivo, sobre todo porque adoptar una postura de preven- ción no parece práctica en Brasil. En efecto, debido a una especie de limitación cultural en nuestro país, no existe el hábito del pensa- miento prospectivo, y mucho menos el hábito de un pensamiento prospectivo de prevención de riesgos. Ahora bien, tomar en serio la prevención de catástrofes ambientales significa también asumir que éstas ya están a las puertas del siglo XXI, y que su alcance e intensi- dad van aumentando gradualmente. Esta amenaza latente constitu- ye probablemente uno de los grandes tabúes contemporáneos.
Seguidamente, en el ranking de los temas menos contemplados en las prácticas sustentables de las empresas encontramos los siguien- tes: el fortalecimiento de la capacidad de autogestión de las comu- nidades y la autodeterminación tecnológica de los pueblos (3 ocu- rrencias), la autogestión de los recursos naturales (4 ocurrencias), y la eliminación de la pobreza y de la miseria absoluta (4 ocurrencias). Su escasa presencia puede explicarse si se toma en cuenta que to- das estas temáticas —que también son componentes básicos de los fundamentos de la racionalidad ambiental, como la entiende Leff—, cuando se llevan a la práctica en su conjunto y en forma convergen- te, presuponen un cambio drástico en los modelos de producción y desarrollo. En primer lugar, porque su puesta en práctica exige la adopción de una postura altruista de empoderamiento y emancipa- ción. En segundo lugar, porque demandan un esfuerzo de reorga- nización política y de redistribución de poder y, por consiguiente, implican la extinción de las relaciones de dependencia que se han establecido entre las comunidades y las grandes industrias, las cuales se atribuyen hoy unilateralmente la capacidad motora del desarrollo. Con esto se vuelve aún más patente la distancia entre las propuestas de sustentabilidad declaradas por las organizaciones analizadas y la
teoría de la racionalidad ambiental propuesta por Leff (2006).
Las empresas aquí evaluadas tampoco toman en consideración uno de los principios más importantes señalados por este autor como fundamental para un cambio efectivo de racionalidad: la apertura de la globalización económica a una diversidad de estilos de desarrollo sustentable, fundados en las condiciones ecológicas y culturales de cada región y de cada localidad.
Una lectura más detallada de los informes permite percibir que los discursos allí contenidos están más orientados a la formulación de un conjunto de políticas destinadas a la racionalización y admi- nistración de los ecosistemas, antes que al planteamiento de una nueva posibilidad de organización de los modos de producción y de estructuración social. Queda claro en algunos fragmentos de los documentos el propósito de las organizaciones de aumentar la
capacidad de rendimiento de los modelos industriales, como en el ejemplo:
[...] solamente si tiene éxito la empresa podrá ofrecer productos y servicios confiables a sus clientes [...], y para ello, necesita invertir en acciones socio-ambientales que le den garantía de continuidad de los recursos naturales y condiciones sociales estables.
En todo momento se puede observar que la lógica de la racio- nalidad económica es aún predominante en los discursos de las or- ganizaciones, por ejemplo en declaraciones como la siguiente: “[...] tanto como la excelencia económica y tecnológica, la búsqueda de la eficiencia y la eficacia social forman parte de su negocio”. En esta expresión, la empresa emplea conceptos construidos bajo la lógica del mercado, transfiriéndolos a todo el universo social. Sin embar- go, en ningún momento se detalla lo que se entiende por eficacia y eficiencia social; al contrario, lo que se verifica es la apropiación de conceptos del universo restricto de los negocios y su generalización al universo social. Esta apropiación contribuye al vaciamiento de contenido de las prácticas socio-ambientales preconizadas por las empresas, ya que se presentan como soluciones basadas en una ra- cionalidad limitada y objetiva, mientras que su plena configuración exigiría una reflexión de bases mucho más complejas.
Los discursos que defienden como preocupación primaria las ganancias y la generación de beneficios para los accionistas son una constante en el mundo de los negocios. Aun cuando se afirme que “la responsabilidad socio-ambiental forma parte de la estrategia de negocios y está incorporada a todas las prácticas de la organiza- ción”, podemos observar cada vez con mayor frecuencia, en estos momentos de crisis, recortes drásticos en los recursos destinados a los proyectos sociales y ambientales desarrollados por las organiza- ciones.
Dentro de la lógica de la racionalidad ambiental, el concepto de sus- tentabilidad se relaciona mucho más con los procesos participativos de construcción del futuro, en los que las instituciones políticas y la sociedad civil desempeñan su papel exigiendo el respeto de sus
límites y de sus potencialidades, antes que con el discurso vacío de la ciudadanía y del mejoramiento de la calidad de vida, supuestamente garantizados por el Estado y por las grandes corporaciones.
Luego de analizar los informes, no podemos menos que pregun- tarnos: ¿dónde está la palanca para el gran cambio de paradigma proclamado por las empresas a través del discurso de la sustentabi- lidad?
Sin una reforma en las bases de nuestro modelo civilizatorio, las prácticas desarrolladas por las empresas en favor de la sustentabili- dad serán siempre insuficientes. Para alcanzar una nueva racionali- dad guiada por la lógica ambiental, compleja y sistémica, las comuni- dades tendrán que reapropiarse de sus patrimonios, de sus recursos naturales y culturales y, a partir de ellos, definir nuevos estilos de vida en un escenario de diversidad, soberanía nacional y autonomía local.
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