La Constitución de 1933 / El Fuero de los Españoles (1945)

Después de las comparaciones que se imponen entre los dos estatutos ibéricos del trabajo, cabe destacar que, en Portugal, el Estatuto del Trabajo Nacional está anclado en el documento pilar del Estado Novo, la Constitución de 1933, documento jurídico este que no encuentra paralelo en la España franquista. A comienzos de la década de 1930, el entonces futuro líder de un nuevo régimen, afirma, percibiendo el momento que llegaría poco después:

439 _{Pedro Teotónio Pereira (1902-1970) nace en una familia adinerada, fundadora de la compañía de}

seguros Fidelidade en 1835 (aún existente a principios del siglo XXI, aunque integrada en otra institución), habiéndose licenciado en Matemáticas por la Universidad de Lisboa. Las primeras influencias políticas las recoge del conservadorismo, en concreto de António Sardinha y del Integralismo Lusitano. Salazar, como ministro de Finanzas, lo llama en 1928 para su colaborador. Rápidamente la relación se estrecha y evoluciona, siendo Teotónio Pereira nombrado como Subsecretario de Estado de las Corporaciones y Previsión Social en 1933. En enero de 1936 es envestido como Ministro de Comercio e Industria. Sería el creador del arranque de la previsión social salazarista. En diciembre de 1937, es nombrado «agente especial» del Gobierno portugués junto a las autoridades franquistas, en plena Guerra Civil, y, tras el establecimiento del Gobierno de Franco, en 1938, se le reconoce como embajador de Portugal en España. Tras la Segunda Guerra Mundial, ocupará las posiciones de embajador en Brasil (1945-1947), Estados Unidos (1947-1949) e Inglaterra (1949-1956). Regresa a la política activa en 1958 como Ministro de la Presidencia. Terminará su carrera y vida al frente de la Fundação Calouste Gulbenkian. Cf. ROSAS, 1996: 718-719. Sobre esta figura, véase: ALMEIDA, 2008; CRUZ, 2004; MARTINS; 2005.

145

«É o mundo do trabalho dominado, quase por toda a parte, por errada ideologia, ligando a melhoria das suas condições a determinadas fórmulas políticas que os factos vão sucessivamente demonstrando serem menos aptas para resolver problemas (…) devemos dizer mesmo que as ditaduras se têm mostrado singularmente activas no desenvolvimento de legislação e de instituições que vão elevando as condições de vida da massa trabalhadora.»440

La concreción de «fórmulas novas» para el país conoce a su inicio en 1933 – «partir do zero, do zero absoluto»441 –, y la piedra angular de la mentalidad emergente es, sin lugar a dudas, la Constitución de 1933, que entra en vigor el 11 de abril. La Constitución salazarista refuerza el poder ejecutivo, en las manos del Gobierno, en detrimento de la Asamblea Nacional: el Gobierno asume poderes legislativos completamente autónomos de la Asamblea Nacional. Así, este órgano de poder asiste a la pérdida de buena parte de su poder legislativo para el Gobierno, a cambio de un imaginario poder fiscalizador442. La Ley Fundamental «marca na vida portuguesa o início de uma época, que se opõe à Constituição demo-liberal de 1911 e procura subordinar a acção do Estado a uma filosofia política, a uma ética social e económica, e a um sentimento místico»443. De un modo genérico, el texto define el papel del Estado que se pretende social: «o Estado Corporativo, como Estado Social que se assumia, deveria buscar o bem e promover o bem-estar social dos indivíduos»444. Efectivamente, el texto legal instituye el «livre acesso de todas as classes aos benefícios da civilização»445, beneficios estos que también incluyen la protección contra

440

SALAZAR, 28.05.1930: 168.

441

ABC do Seguro Social, 1949: 51.

442 Cf. CRUZ, 1988: 96-99. 443 NOGUEIRA, 2000: 7. 444 CARREIRA, 1996: 15-16. 445

Constituição Política da República Portuguesa, aprovada pelo Plebiscito Nacional de 19 de Março de

146

los imprevistos de la vida. Ante la Constitución, el Estado (concretado para estas matérias, hasta 1950, en la Subsecretaria de Estado de las Corporaciones y Previsión Social446 y en la Subsecretaria de Estado de la Asistencia Social447), tiene funciones diversas en el ámbito de la protección social de los portugueses: desde luego, las de «coordenar», «impulsionar», aunque de hecho «dirigir todas as actividades sociais»; e «zelar pela melhoria das condições das classes sociais mais desfavorecidas, procurando assegurar-lhes um nível de vida compatível com a dignidade humana», bem como ainda «defender a saúde pública»448. Se informa igualmente que el «Estado tem o direito e a obrigação de coordenar e regular superiormente a vida económica e social»449. Todo este conjunto de intenciones cumpliría la función de alcanzar «uma justa harmonia de interesses, dentro da legítima subordinação dos particulares ao geral»450, es decir, el régimen se dirige hacia la construcción de un corporativismo social. De este modo, «o corporativismo permitiu a Salazar transferir a responsabilidade pelas falhas do Estado Novo para terceiros, acusados de não aceitarem de corpo e alma os novos tempos»451. En esta óptica, la unidad familiar es entendida como

Cabe destacar el no enmarcamiento en los designados «benefícios da civilização» del derecho de sufragio universal, una vez que se «conservaba el derecho de sufragio restringido a una minoría de varones y a un número ínfimo de mujeres, todos fiscal, social y educacionalmente seleccionados, que representaban el 8 por 100 de la población total portuguesa (excluyendo, por lo tanto, las poblaciones coloniales) en 1934, y el 23 por 100 en 1973». LOFF, 2000: 145.

446

Decreto-ley nº 22.428, en Diário do Governo, nº 82, de 10.04.1933: 606.

447

Decreto-ley nº 30.692, art. 2º, en Diário do Governo, nº 199, de 27.08.1940: 986.

448

Constituição Política da República Portuguesa, aprovada pelo Plebiscito Nacional de 19 de Março de

1933, art. 6º, 1º, 2º, 3º y 4º puntos, 1951, edición revisada por Afonso Rodrigues Queiró, Coimbra:

Coimbra Editora, Lda.: 7-8.

449 _{IDEM, Ibídem, art. 31º: 17. Fernando Rosas nos presenta una lectura sobre este punto: «Um}

pragmatismo económico e social, arbitrando autoritariamente, e em nome do “interesse nacional”, conflictos de intereses y de estrategias entre los diversos sectores de las “forças vivas”, fijando equilibrios y relaciones de fuerzas entre ellas y de las generaciones intermedias o dominadas de la sociedad.» ROSAS (coord.), 1998: 217.

450 _{Constituição Política da República Portuguesa, aprovada pelo Plebiscito Nacional de 19 de Março de}

1933, art. 6º, 2º punto, 1951, edición revisada por Afonso Rodrigues Queiró, Coimbra: Coimbra Editora,

Lda.: 7-8.

147

«base constitucionalmente consagrada de todo o edifício social e político que se quer erguer»452_{. Precisamente en el origen de la tan deseada}

armonía social está, o por lo menos debería estar de acuerdo con el régimen, esa célula fundamental, sustentadora de una ideología y, siempre que sea posible, amortizadora de males o tensiones como es la familia, a la cual ya aludimos. A esta le fue dedicado el artículo 12.º del texto: «O Estado assegura a constituição e defesa da família, como fonte de conservação e desenvolvimento da raça, como base primária da educação, da disciplina e harmonia social e como fundamento da ordem política e administrativa»453. En fin, toda la acción promovida por el Estado será elaborada a través de organismos corporativos, en concreto de «assistência, beneficência ou caridade»454, que se estruturarán, como veremos más adelante, a lo largo de la década de 1930, período formador del régimen. Por último, al final del Título VIII del texto (Da ordem económica e social), remitido a un lugar subalterno, casi pasando desapercibido – lo que a nuestro entender transmite el desinterés del régimen por la cuestión – encontramos el artículo 41.º, lo cual se lee, casi telegráficamente, que el «Estado promove e favorece as instituições de solidariedade, previdência, cooperação e mutualidade»455, sin más. Por lo tanto, una acción exterior y hasta superior, es decir, distante de la cuestión social, cabría al Estado, desvinculándose de una intervención concreta, palpable. A la luz de la Ley Fundamental, al Estado Corporativo no le compete la incumbencia de promover un sistema previsional, mucho menos la carga de su financiación. Por fuerza de este documento legal, las competencias del Estado en la protección social son casi circunstanciales. La previsión no debería ser obra de la máquina estatal, debería sí existir independientemente de ella, a través de instituciones creadas y orientadas específicamente para tal efecto,

452

ROSAS, 1992: 98.

453

Constituição Política da República Portuguesa, aprovada pelo Plebiscito Nacional de 19 de Março de

1933, art. 12º, 1951, edición revisada por Afonso Rodrigues Queiró, Coimbra: Coimbra Editora, Lda.: 11-

12.

454 _{IDEM, Ibídem, art. 17º: 13.} 455 _{IDEM, Ibídem, art. 41º: 19.}

148

aunque graviten en torno, y de acuerdo con los dictámenes legales. Esta actitud por parte del Estado no implica una participación financiera en la previsión social. En 1935, se declara: «Concentrar no Estado os cuidados e as responsabilidades da administração das instituições de previdência seria praticar erro duplamente funesto. Erro económico porque a burocratização de tais serviços é sempre cara e de precário rendimento. Erro político e social porque iria concorrer para diminuir a já débil capacidade da iniciativa privada, tão pronta nos tempos que vão correndo a fugir ao cumprimento dos seus deveres e a entregar tudo ao Estado»456. Con todo, será necesario esperar ocho años (1943) para asistir a la subversión del régimen por sí mismo y por ley, como veremos, en aquello que ahora define.

Estos considerandos nos conducen a una breve explicación sobre la visión que el régimen evidencia acerca de la evolución de los dos sistemas de protección social. Si el corporativismo portugués permite, con dificultad, gestionar una red de previsión, aunque con un mayor coste ensaya las primeiras incursiones en el concepto de seguridad social, que emerge y se expande en la segunda mitad del siglo XX:

«O facto da palavra previdência e a expressão previdência social terem sido entre nós utilizadas para designar em conjunto todas as formas de protecção contributiva, juntamente com o isolamento internacional que conhecemos durante a Segunda Guerra Mundial, levou a que, ao contrário do que se passou noutros países, não tivéssemos alvoraçadamente adoptado a expressão segurança social no após-Guerra. (...) esta expressão só foi aceite oficialmente entre nós em Novembro de 1973 (…) como denominação inequívoca do nosso (futuro) sistema de protecção social.»457

456 _{Decreto-ley nº 25.935, en Diário do Governo, nº 237, de 12.10.1935: 1466.}

457 _{No obstante, en 1946, la expresión seguridad social había sido empleada por responsables de la}

149

Además, Pedro Teotónio Pereira, pieza fundamental en la estructuración del pensamiento del régimen sobre la política social, afirma en 1933:

«Nada de útil podemos aproveitar do funcionamento das grandes máquinas estrangeiras da previdência social; não são para as nossas posses nem para os nossos costumes; mas também não nos podem tentar os frutos colhidos. Deixemos pois aos outros (…) o problema grave de readquirir um equilíbrio económico e moral que se perdeu à força de complicar a vida com abstracções tão caras como perigosas.»458

¿Exigüidad doctrinaria o conciencia política? Para el Portugal de 1930, admitimos alguma razonabilidad política, aunque, y esto lo subrayamos, el modelo social salazarista “importará” algunas contribuciones del exterior, adaptándolos.

Regresando al caso español y a su legislación social, en 1942, se promulga la Ley de las Reglamentaciones de Trabajo, por la cual el Estado se convierte en la única entidad con poderes para regular y restablecer las condiciones de trabajo. De este modo, los patrones salen claramente reforzados, una vez que pueden acoplar la ley general a las particularidades de sus empresas. Dando continuidad a la estructuración del sector laboral, en 1944, se promulga la nueva Ley de Contrato de Trabajo, reforzando aún más las penas en materia de sanción disciplinares a los trabajadores, también prescritas por los patrones459. En la práctica, se destaca la imposición legal sobre la estabilidad del puesto de trabajo, pues para el patrón despedir a un empleado tendría, en primer lugar, que obtener

458

PEREIRA, 1937: 49. A propósito de los discursos de Teotónio Pereira, escribe Lucena que, «nos primórdios, a doutrina social portuguesa foi claramente exposta e sem demagogia vulgar. Disse-se aos trabalhadores que teriam pouco e que a situação só lentamente iria melhorar. Explicou-se porquê. O homem que estamos a citar, Teotónio Pereira (...), pronunciou discursos e conferências largamente difundidos e por vezes diante de auditórios populares». LUCENA, 1976: 383.

150

autorización de las entidades gubernamentales, así como de la Organización Sindical.

En 1945, es el momento de un nuevo texto legal franquista, que se pretende fundamental, casi constitucional, para la sociedad española, en particular para el desarrollo de la política social, y que surge en el momento en que el régimen tiene que intentar enmascararse de democracia. Así, el Fuero de los Españoles se establece para «definir de los derechos y deberes de los [españoles] y amparador de sus garantías»460. Ultrapasando los artículos iniciales, en los cuales se proclama la respetabilidad, el derecho a la misma, la igualdad entre todos los españoles ante la ley, la protección de la religión católica, acceso a cargos públicos (Capítulo Primero del Fuero), esta ley fundamental se acerca al dominio social, y con mayor precisión, enumerando los riesgos que los emergentes seguros sociales deberían cubrir461, lo que concretizará en el transcurso del tiempo. En el proceso de estructuración de la política social franquista, podemos afirmar que este Fuero no constituye una gran innovación ni un avance, pues se presenta como un calco del Fuero del Trabajo, dedicando apenas dos artículos directamente a la protección social. Citemos el 28.º: «El Estado español garantiza a los trabajadores la seguridad de amparo en el infortunio y les reconoce el derecho a la asistencia en los casos de vejez, muerte,

460

Fuero de los Españoles, Ley de la Jefatura del Estado de 17 de julio de 1945, Preámbulo, en «Leyes Fundamentales del Estado Español», 1964: 3. En 1949, Franco adjetiva el Fuero de los Españoles como más hondo en lo que concierne a la protección de los ciudadanos: «El Fuero de los Españoles, que comprende los derechos tradicionales de la persona humana, el «habeas corpus», similares a los que figuran en las Constituciones de los otros pueblos y superiores a ellas, por garantizar otros muchos derechos sociales». FRANCO, 18.05.1949: 28.

461

Relevando preocupación de hacer coincidir el discurso con la letra de la ley, Girón afirmará, en tono populista y retórico, que: «Se ha dicho como en una síntesis de la política social que los hombres son iguales a la hora de comer, a la hora de vestir, a la hora de cobijarse, a la hora de enfermar y a la hora de morir.» GIRÓN, 25.11.1950: 25. La repetición del discurso por parte de Girón es demostrativa del inmovilismo de la política social, pues tres años después usa la misma expresión, aunque para públicos diversos, cf. GIRÓN, julio-agosto 1953: 857.

151

enfermedad, maternidad, accidentes del trabajo, invalidez, paro forzoso y demás riesgos que pueden ser objeto de seguro social.» 462