CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y PODER

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Con relación a las proposiciones investigadas por los autores Schneider e Ingram (2007), quienes examinan cómo los diseños de políticas construyen socialmente a las poblaciones objetivo y las consecuencias de dichas construcciones en la orientación política y en los patrones de participación de los grupos objetivos. En esta tesis, se analizarán las siguientes dos proposiciones:

La primera proposición a ser analizada en su aplicación a la realidad de las personas con discapacidad en Colombia es: sobre "la asignación de beneficios y cargas a grupos objetivo en las políticas públicas depende de su grado de poder político y su construcción social positiva o negativa en el eje del merecimiento o no merecimiento". En relación a lo anterior cabe resaltar que las personas con discapacidad en Colombia tienen poco poder político en relación a los otros grupos de población vulnerables. El motivo de este bajo nivel de poder radica en su poca capacidad de unión y para generar grupos cohesionados quienes hagan cabildeo político, social y económico por sus intereses y sus causas. Su falta de cohesión genera un impacto negativo ya que genera desorden pues sus objetivos comunes no se alinean. Es interesante ver como cada grupo de personas con discapacidad aboga únicamente por su discapacidad personal o de su grupo mas no aboga por las personas con discapacidad como un movimiento integral de personas. Esa situación reduce su capacidad de acción ya que en consecuencia se presentan ante la sociedad como pequeños grupos de baja relevancia en vez de hacerlo como un todo con musculo negociador, y con poder de convocatoria.

De acuerdo a lo anterior, se puede hacer una comparación con el movimiento LGTBI, el cual se ha movido estratégicamente procurando modernizar su discurso. El movimiento de las personas con discapacidad debe seguir esa misma línea de acción, sin embargo el gran problema radica en la falta de recursos y el ciclo de la pobreza en el cual se encuentran las personas con discapacidad. En el caso de la comunidad LGTBI, se ha logrado que su causa tenga alto impacto mediático usando como canal los columnistas de opinión de los principales medios de prensa quienes están a favor de su causa. Al ser un tema

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de permanente discusión y promoción, toma relevancia dentro de la sociedad. Una vez la sociedad entiende que es un tema de alta relevancia, al ver que se discute con frecuencia, esta le da la importancia necesaria para que se evolucione a nivel de gobierno y de políticas públicas.

Bajo la anterior premisa, el resultado que se ha visto durante muchos años es que los poderes políticos y económicos tienden a usar el tema de discapacidad y sus figuras relevantes como herramienta de vitrina política y altruista durante épocas electorales o en momentos de necesidad de consecución de recursos. Sin embargo, al momento de llegar a implementar y ejecutar programas robustos y a largo plazo para la comunidad como un todo, se quedan en planes y proyectos archivados. Al ver que esto ocurre históricamente de manera repetitiva, se demuestra que el grupo tiene poco poder pues no logra sus objetivos cruciales como lo son la inclusión.

Sin embargo, durante el año de 2015, se ha visto un cambio en esta tendencia. Al ver que se ha creado a nivel de alto gobierno el Plan Presidencial para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Dicho Plan busca fortalecer el diseño y la capacidad de respuesta institucional del Estado para asegurar que todos los responsables institucionales a nivel nacional y local, cumplan efectivamente con sus responsabilidades para asegurar políticas públicas incluyentes y que en realidad aseguren el acceso y en la toma de decisiones en la política de este grupo. Esto genera espacios para que la falta de articulación que tiene este grupo poblacional, se una bajo este plan como un solo ente con el fin de posicionarse con fortaleza, coherencia y capacidad de acción en sus esfuerzos de cabildeo y de lograr sus objetivos globales y particulares.

Según la entrevista al representante del Plan Presidencial de Inclusión de personas con discapacidad afirma que: "necesitamos que todos los Ministerios ajusten y fortalezcan sus políticas para que efectivamente se tenga el enfoque diferencial en discapacidad. Que los alcaldes dejen de formular proyectos de

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entregas de ayudas técnicas y entren a generar proyectos de educación inclusiva, de sistemas de transporte accesibles, de inclusión laboral sostenibles, que los colegios, el Sena y las Universidades dejen de preguntarse constantemente ―cómo puedo incluir a esta persona con discapacidad?‖ o "yo no sé hacerlo y por lo tanto debe ir a la oferta segregada‖ que es lo que ocurre comúnmente con todos quienes deberían ajustar su oferta institucional y de servicios, bajo la comprensión de que las Personas con discapacidad son sujetos de derechos, y no objeto de asistencia y caridad".

Este plan establece puentes sólidos entre los grupos de poder y los grupos de personas con discapacidad con base en una premisa central, la de confianza y capacidad de gestión. Por un lado, el gobierno tiene una entidad que logra comunicarse con facilidad entre las partes y le sintetiza los problemas y necesidades. Por otro lado la comunidad, tiene un vocero directo a nivel de alto gobierno quien entiende y representa verdaderamente sus intereses con un nivel de poder real. Además de esto, este plan generara una ventaja adicional, la de la transversalidad4 _{institucional. Esto quiere decir que podrá exigir y ser veedor de}

que las entidades públicas a nivel nacional cumplan con la reglamentación e implementación de la Ley 1618 de 2013 a todo nivel. El entrevistado y representante del INSOR (Instituto Nacional para Sordos) afirma que: "en efecto, la Ley en desarrollo de este principio maximiza la función de colaboración armónica de poderes al interior del Estado, esto se traduce en coordinar acciones de decisiones políticas desde la unificación de criterios en sus entidades; pues de forma implícita la Ley invita a la –interseccionalidad desde la interinstitucionalidad-, sugiriendo que todas las distintas situaciones que deben adelantar las instituciones en sus procesos de reglamentación, no actúen de forma independiente unos de los otros.

4 _{Transversalidad se entiende como la coordinación inter e intrasectorial de las actividades}

estatales y de los particulares para garantizar el cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y en las leyes para las personas con y en situación de

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Por otro lado, también se puede observar una situación de bajo nivel de poder en la presencia del grupo de personas con discapacidad y su representación en el Poder Legislativo. En la actualidad no hay representantes de este grupo en el Congreso Nacional. De igual manera, las leyes que se dictan en el Congreso generalmente no están alineadas con la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ni con la Ley 1618. Por ejemplo, en la actualidad existe un grupo de Senadores quienes están impulsando un proyecto de ley que busca que las personas consideradas cuidadoras de personas con discapacidad, sean remuneradas con un 30% de incremento salarial por encima de su salario pactado. Se considera que esto genera un impacto negativo en la contratación de estas personas pues se posicionan como un sobrecosto al empresario contratante reduciendo el estímulo para su contratación. Esto va en contravía de la convención y de la ley ya que estas dos buscan igualdad de condiciones para las personas con discapacidad y sus grupos de ayuda. Bajo esta ley y con estos resultados, los pone en situación de desventaja, ya que, como se mencionó anteriormente, genera un desestimulo a su vinculación al mercado laboral.

Esta propuesta se puede analizar haciendo un paralelo con lo que sucede a nivel de negociación de salario mínimo entre gobierno y sindicatos de trabajadores. Por un lado, el Gobierno propone un alza del salario según lo que considera esta acorde con las metas inflacionarias, macroeconómicas y de desempleo. Por otro lado los sindicatos piden aumentos salariales muy por encima del nivel de inflación registrado en el país en el año anterior. Si el gobierno aceptara la propuesta sindical, se generaría como resultado dos consecuencias graves. Por un lado, se generarían presiones inflacionarias, dado el incremento en costo de la mano de obra. Por otro lado, al haber un incremento desmesurado en el costo de mano de obra, los empleadores se verían obligados a ejecutar despidos masivos, generando como consecuencia un aumento en la tasa de desempleo. Como se puede ver en ambos casos, la creación de un sobrecosto exagerado al costo de mano de obra, genera un impacto negativo en la intención

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de mejorar las condiciones de los empleados, ya que dado el alto costo, los empleadores optaran por reducir su planta de personal y frenar nuevas contrataciones.

La segunda proposición de Ingram y Schneider a ser analizada en su aplicación a la realidad de las personas con discapacidad en Colombia es: los formuladores de políticas, especialmente los políticos electos, responden, perpetúan y contribuyen a la creación de las construcciones sociales de grupos objetivo anticipando la aprobación o aceptación públicas. Lo que esa proposición plantea es que los agentes de poder, especialmente los políticos electos, tienden a proyectar vínculos o a buscar relevancia de ciertos grupos sociales con el fin de encontrar aprobación dentro de su electorado y la sociedad. Es una forma efectiva de lograr seguidores bajo la falsa imagen de abanderado de algún grupo vulnerable pero con el fin de obtener votos, seguidores y simpatizantes. Es importante resaltar como esto se liga a la primera proposición ya que los grupos vulnerables tienen poco poder pero si buena imagen. El político puede aprovechar su bajo poder para convencerlos de unirse a su causa y así sacar ventaja de su alta visibilidad dentro de la sociedad.

3.3 CAMBIO DE PARADIGMA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD