Contexto Local: Magdalena Medio

El Magdalena Medio, como muchas zonas de Colombia, ha sufrido intensamente las consecuencias de la guerra, sus comunidades se han visto sometidas a terribles situaciones que han marcado profundamente su historia y su porvenir. Este es el contexto del Comité Cívico del Sur de Bolívar que articula parte de las comunidades de Monterrey, Santa Lucia, San Joaquín, San Blas y el Paraíso, corregimientos del municipio de Simití (Bolívar).

Para empezar a hablar del Magdalena Medio, resulta importante mencionar que su nominación y constitución como región -en lo formal-, se hace a partir de intereses militares, a partir del momento en que “el Estado plantea la necesidad de restaurar el orden perturbado y erradicar la violencia en este espacio que parece salirse de su control. Para lograr este cometido se acude a la mediación del Ejército que para tales fines se reúne en la base militar de Palanquero (Puerto Salgar, Cundinamarca)” (Duque, 1995, p.16); esto con el objetivo de ejercer un fuerte control territorial en una zona altamente conflictiva. Es entonces como “dicha nominación de origen militar se generaliza y desde entonces se le asocia con hechos de violencia y conflictos” (Duque, 1995,

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p.17). Situación que recoge una realidad geográfica que se ha mantenido a lo largo de la historia casi como una sentencia.

Además de los municipios del Sur de Bolívar (Simití, Cantagallo, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Morales, Arenal, Regidor, Rio Viejo y Tiquisio); el Magdalena Medio está compuesto por municipios de Cesar (San Alberto, San Martín, Aguachica, Gamarra y La Gloria), Santander (Barrancabermeja, Rionegro, Sabana de Torres, Puerto Wilches, Betulia, San Vicente del Chucurí, Puerto Parra, El Cármen de Chucurí, Simacota, Cimitarra, Landázuri, Bolívar y El Peñón) y Antioquia (Yondó, Puerto Berrío y Puerto Nare). Esta precisión geográfica es importante, en la medida en que ayuda a comprender la diversidad socio-política y natural de la región.

Ahora bien, analizando la región ya constituida, muchos autores coinciden en que “el Magdalena Medio como realidad histórica y estructural homogénea no existe. La región se construye a partir de una dialéctica de continuidades y discontinuidades dentro de la cual los diversos actores, en sus relaciones, acciones y organizaciones, edifican subsistemas sociales que expresan una profunda heterogeneidad estructural” (Alonso, 1997. p.88).

Esto debido principalmente a que la región se ha constituido a través de varios procesos históricos que han hecho de ella un “espacio de conflictos sociales y políticos, de diversas expresiones culturales que la caracterizan como una región pluriétnica” (Duque, 1995, p.15). Se ha formado a través de múltiples interacciones generadas a partir de su territorio en disputa, en “el cual convergen diferentes intereses económicos, sociales y políticos. Como sociedad de supervivencia, resistencia y confrontación” (Alonso, 1997, p.89). Se genera así, que una de las características principales de la región sea un marcado conflicto agrario históricamente irresuelto, que ha traído como consecuencia altos ciclos de violencia y desarraigo de la población (Alonso, 1997).

Además de esto, las principales causas de la alta conflictividad en el Magdalena Medio obedecen a problemas de distinta índole que afectan

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seriamente a las comunidades. Autores como Francisco de Roux S.J. (1999), que a parte de su producción académica posee un amplio conocimiento de la región, afirma que “existe una pobreza aproximada del 70% de los pobladores, situación que se hace aún más compleja en un territorio donde se generan dos mil ochocientos millones de dólares de valor agregado anual que podrían dotar a todos los hogares de la calidad de vida de un país desarrollado” (p.15). Esta notoria inequidad es producto de la economía preponderante en la región: “la economía de tipo extractivo o de enclave –petróleo, ganadería extensiva, palma africana, transporte de mercancías e hidrocarburos- que aporta únicamente el 21% del valor producido y por eso arrincona en la pobreza a la mayoría de los pobladores y pobladoras” (de Roux, 1999, p.20).

Sumado a esto y agravando aún más la situación, el Estado tiene una presencia casi nula y predominantemente represiva en el Magdalena Medio, generando así que esta zona se configure como un escenario en el que se acumulan cada vez más conflictos no resueltos y que involucran a un mayor número de actores (Alonso, 1997).

Si bien es cierto que la presencia del Estado en la región no es homogénea, si se puede afirmar que existe una crisis de la presencia estatal, que da como resultado una eminente falta de autoridad y legitimidad del Estado que no logra establecerse como un referente aceptado, reconocido y respetado (Alonso, 1997).

Es entonces cuando cobra importancia la afirmación -con la que se inicia este apartado- que enfatiza en el origen militar de la constitución y nominación formal de la región, puesto que obedece y va acorde a una lógica de resolución violenta y autoritaria de los conflictos sociales; ya que el Estado hace presencia en esta región únicamente por su situación de conflicto y además, reduciendo forzadamente las demandas sociales a través de la acción militar, ha reforzado sus problemas de gobernabilidad (Alonso, 1997), y ha agudizado aún más las dinámicas violentas en la región.

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Esto, ha generado en el Magdalena Medio un profundo vacío de poder político; que no solo ha sido sustituido por la acción militar del Estado, sino también por organismos paraestatales, grupos de autodefensa y grupos guerrilleros (Alonso, 1997) que mantienen una disputa permanente por el control del territorio.

Es así como, la disputa por el control territorial entre estos grupos, se materializa en un constante enfrentamiento político-militar, que tiene como objetivo desarrollar un proyecto excluyente y exclusivo de dominación político- social, y por supuesto por el control de recursos (Alonso, 1997).

Siguiendo con lo anterior, la violencia se recrudece en la región por poseer zonas con importantes recursos naturales y además por ser considerada geográficamente como “el corazón de Colombia”, es decir, como un escenario estratégico del conflicto armado (Duque, 1995).

Entre los ejes territoriales en disputa,

encontramos los recursos mineros, la industria petrolera y su forma de contratación y vinculación a la economía regional, la economía ilegal, representada en los cultivos ilícitos y el lavado de dineros que copa gran parte del Sur de Bolívar, Yondó, Barrancabermeja, Puerto Berrío, Landázuri y zonas aledañas. En Barrancabermeja y su área de influencia, esta economía ilegal se manifiesta a través de los carteles de la gasolina, el cobre y la chatarra, que están relacionados con la industria petrolera. (Duque, 1995, p.24)

Además de esto, los recursos hídricos y el Rio Magdalena resultan ser otro importante escenario susceptible de conflictos, en cuanto generan dinámicas de apropiación que potencian situaciones de pobreza y marginalidad en el aspecto socio-económico y subjetivo, problemática que puede ser cooptable y potenciadora de cualquier fenómeno de conflicto social (Duque, 1995).

Todas estas problemáticas, han generado en la región una “guerra cruel que dobla los índices de muertes violentas de Colombia” (de Roux, 1999, p.17) y por su puesto tiene costos –económicos y humanos- inimaginables para el Magdalena Medio.

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Finalmente y en concordancia con de Roux (1999), la problemática se complejiza en la medida en que, para esta guerra sin sentido, el Magdalena Medio tiene una importancia central, llegando a decir los estrategas de la guerra colombiana que quien controle Barrancabermeja ganará el conflicto.