CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO DE CASANARE (1991 2006)

Debemos entrar a contextualizar, desde un punto de vista político, económico y social. las condiciones que emergieron en torno a la bonanza petrolera para el departamento del Casanare, y como se inicia un proceso acelerado, sin orden ni planeación alguna en todos los ámbitos, que permitieron generar expectativas muy marcadas en el plano económico del orden regional, nacional e internacional: lo que implicó una suma de intereses y conflictos que conllevaron por parte de los pobladores de la región, en tratar de preservar su identidad, proteger sus intereses y la reclamación de sus garantías en el ejercicio de sus derechos fundamentales, que entran a ser vulnerados por toda una transformación radical en su estructura social, cultural y económica que gira en torno al proceso de exploración y explotación petrolera en el Departamento del Casanare.

Teniéndose en cuenta que a partir de esta bonanza petrolera se inició también un proceso migratorio interno muy elevado, tanto del área rural hacia sectores urbanos de la región, igualmente una migración externa de todas las regiones del nivel nacional, todo este alarmante crecimiento poblacional afectó drásticamente la identidad llanera ante la generación e implantación de nuevos procesos de identidad cultural de otras regiones. Todo este proceso de crecimiento demográfico ocasionó serios perjuicios sociales para el departamento de Casanare, en un periodo relativamente corto comprendido entre 1991 al 2005. Sobre el departamento de Casanare podemos resaltar desde el ámbito administrativo como a partir de la constitución de 1991 Casanare debe iniciar una conversión de intendencia a departamento, por lo cual debió adoptar una seria reestructuración administrativa departamental que respondiera a este cambio de categoría como entidad territorial, teniéndose en cuenta el considerable incremento de los recursos fiscales como consecuencia de las participaciones en

regalías por concepto del proceso de explotación petrolera. Este factor obligo al departamento a ser “aprobadas y promulgadas mediante decretos con fuerza de ordenanza decretos N. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,9 4, 95 de julio 22 de 1992.”39 Lo que permitió darle a la administración departamental su modernización para estar acorde a las necesidades históricas, políticas sociales y económicas de la región.

Con relación al crecimiento poblacional en el departamento de Casanare, debemos hacer un análisis en toda una metamorfosis que se da debido al impacto por la explotación petrolera, según información del DANE, “para el año de 1985, su población era de 110.253 habitantes y por la ausencia de información censal oficial, se toma la información registrada por la entidad pública SERVISALUD, donde establece que para el año de 1992 el departamento de Casanare pasa a un total de 206.042 habitantes, registrándose una tasa de crecimiento poblacional de 93.44%”.40

De lo anterior podemos plantear según “El Tiempo” lo siguiente: “En 123.145 personas creció la población Casanare entre 1993 y el 2005. De 158.149 habitantes que había en el departamento hace 12 años se pasó a 281.294 habitantes”. El campo petrolero de Cusiana ubicado en “Tauramena triplicó sus habitantes. En Yopal y Aguazul se duplicó el número. Así lo reveló el último censo de población realizado por el Dane”, Año 2005. “Tauramena pasó de 5.882 personas que había en 1993 a 15.896, según el censo de 2005, lo que significa un aumento de 10.014 habitantes”. Mientras que Yopal como capital de Casanare “pasó de tener una población de 44.761 en 1993 a 103.754 en el 2005”.41

Lo que nos demuestra en un primer plano, un cambio drástico en la estructura socio económica, en consecuencia del proceso migratorio, como efecto del desarrollo desequilibrado que ocasionó la dinámica de exploración, y producción de los campos petroleros de Cusiana, Cupiagua y Floreña, ubicados en los municipios de Tauramena, Aguazul y Yopal respectivamente. Lo que genero posteriormente serios desajustes sociales, políticos, deficiencia e ineficacia de la administración pública Departamental, conllevando a la precaria cobertura para la prestación de servicios públicos básicos del sector salud: acueducto, alcantarillado y manejo de basuras.

39 _{PLAN CASANARE EN DESARROLLO. “El Ascenso del Llano” capitulo: ‘Desarrollo económico’} paginas 153-171. Ordenanza N.022 de agosto 30 de 1994. “Por la cual se adopta el plan de desarrollo para el departamento de Casanare”. Oficina de prensa. Gobernación de Casanare. 40 _{GOBERNACIÓN DE CASANARE. Anuario Estadístico del Departamento de Casanare. 1992-} 1993. Capítulo I: ‘informe general’. Sogamoso. Editorial: Graficas López, mayo de 1994. P. 31-32. 41 _{EL TIEMPO. “En 123.145 personas creció la población Casanare entre 1993 y el 2005”. Sección,} Otros. Fecha de publicación: 26 de octubre de 2006 Autor: desconocido. El tiempo.com. Archivo. [En línea].actualizada 2014. [Fecha de consulta abril 6 de 2014]. Disponible en Internet: <URL: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3299911>.

También se presentó una elevación exagerada del valor de la propiedad inmobiliaria, un crecimiento del costo de vida, daños irreparables contra el medio ambiente, corrupción, descomposición social, desempleo, pobreza extrema, cordones de invasiones en el área periférica de Yopal y lo más crítico de todo los anteriores hechos alarmantes, fue el desencadenamiento de una violencia generalizada que sucumbió en todos los estamentos sociales, masacres, asesinatos selectivos, desplazamientos forzados, desapariciones, torturas y todo esto en la actualidad con un 90% todavía en la impunidad total, ya que los entes administrativos y las fuerzas de seguridad del Estado no ejercieron sus funciones como garantes y defensa de los derechos civiles, fue lo adverso, todo el aparato Estatal en el Departamento de Casanare se convirtió en un actor más de la violencia.

De acuerdo a lo anterior, debemos resaltar en el plano de producción agropecuaria, como el departamento de Casanare se ve afectado y da un viraje en su vocación tradicional agrícola y ganadera, con su acelerado proceso de urbanización irregular de trabajadores rurales hacia los municipios productores de petróleo. Al campesino se le genera motivación y expectativas si se logra vincular laboralmente a estas áreas petroleras. Lo que permitiría un mejoramiento económico y bienestar de su núcleo familiar.

Este efecto, de la escasez de mano de obra en el sector rural, podemos observarlo en el análisis estadístico denominado “Plan Casanare en Desarrollo”39 en ver como la actividad agrícola cae desproporcionalmente, “a partir de 1.990 el sector agropecuario se enfrenta a una profunda crisis reflejada en la disminución del área sembrada, con la consecuente caída del PIB. (…) “los cultivos semestrales pasaron de 25.000 hectáreas en 1991 a 20.000 hectáreas en 1993”. Lo anterior produjo efectos negativos sobre la producción agrícola y ganadera y un rompimiento en los programas de diversificación económica para el departamento de Casanare. Estos resultados obligo a la administración departamental a crear políticas serias que contrarrestara la excesiva concentración de la economía en el sector petrolero y permitir una política pública departamental para la diversificación de la economía estimulando al sector agropecuario con créditos, investigación y asistencia técnica con los recursos generados por concepto de las llamadas “regalías petroleras.”

Bien es cierto que en el departamento de Casanare la gestión pública ve multiplicada de manera extraordinaria sus recursos presupuestales por concepto de las regalías petroleras desde el año de 1991 hasta 2005. Teniendo como efectos perjudiciales un crecimiento estructural de la institución de carácter artificial, por la urgencia de darle celeridad en las ejecuciones del gasto para la inversión social, esto permite que las inversiones no se apliquen o ejecuten de manera eficaz, proporcional y equilibrada.

De otro lado la escasez de mecanismos técnicos para los estudios previos de inversión. Permiten que los recursos del presupuesto departamental comiencen a dilapidarse y tomar injerencia ante esta bonanza desproporcionada los intereses no solamente políticos sino de cómo los grupos ilegales al margen de la ley, guerrilla, paramilitares y el narcotráfico comienzan a establecer pactos, acuerdos o alianzas estratégicas para la financiación directa de campañas electorales de candidatos a la Gobernación, Alcaldías, asambleas y concejos municipales.

Este periodo histórico de 1991 a 2005, que podríamos definir como de transición económica, política y social para Casanare produjo una serie de conflictos y serios reajustes, de un lado en el contexto económico; Casanare se ve obligada a ser parte del proceso de la nueva política neoliberal aperturista de nivel nacional e internacional. Lo que genero un dinamismo en la estructura económica y su posterior transformación de su actividad productiva.

De esta transformación estructural de la economía en Casanare, genera paralelamente otro proceso muy dinámico con relación al accionar político para poder ejercer el control de la administración pública que permitiera direccionar la fuente de recursos económicos por concepto de regalías petroleras, lo que conlleva al trazo sistemático de alianzas entre las fuerzas políticas, organizaciones ilegales y en la periferia los movimientos sociales que no pudieron entrar a ser parte de este proceso, que de hecho conduce al departamento de Casanare a un conflicto social que se desencadena en contradicciones de intereses perversos, una violencia planeada y proyectada como instrumento para la toma del poder local político administrativo en Casanare, que en ultimas logra consolidar una nueva clase política dirigente que haría parte no de un proceso de democratización y participación política para consolidar una movilización social que condujera los intereses de una población que por décadas ha sido sumergida en el olvido de un estado impotente.

Lo que sí se produjo, durante este periodo 1991-2005 en el Casanare con esta nueva clase política, impulsada, financiada y orientada por toda una nueva estructura de intereses económicos internacionales y nacionales, que garantizaron una estabilidad plena de inversión económica para el sector petrolero, lo que permitió reducir toda alternativa y posibilidad de organización popular, sufriendo un retroceso social, que favoreció y posteriormente abrió un gran paso estratégico en el ámbito político y militar, para el dominio territorial por parte de los grupos paramilitares y otros de distinta orientación.

En Casanare a inicios de la década del 90, y finales de esta, la impunidad y la corrupción administrativa se entrelaza y establece una alianza estratégica político militar dependiendo en el área de influencia territorial con los actores de la guerra, paramilitares y guerrilleros FARC y ELN, el caso concreto el área norte del Casanare montada sobre el piedemonte de la cordillera oriental, región con un alto control político administrativo y militar por la guerrilla de las FARC con los frentes

10 y 28 de un lado, y por otro, con una división territorial algunas partes ocupadas y controladas por los frente José David Suárez y el Domingo Laín del Ejército de Liberación Nacional E.L.N. sobre los municipios de Sacama, Tamara, Nunchía, la Salina y Hato Corozal, región para la época en un grado muy bajo de desarrollo y con precaria proyección rural, región que estaba fuera de las vías centrales del Departamento.

El área territorial de los municipios de Chameza y Recetor ejerció un control político y militar las FARC con el frente 56. Lo que nos demuestra que para 1991 y toda esta década, las guerrillas controlaron totalmente 7 municipios de los 19 que conforman el departamento de Casanare. Cuyas características de estos es el reducido nivel de población en sus cabeceras consideradas como “poblados rurales de segundo nivel”, con una baja disponibilidad de recursos, que giró en torno a una economía campesina de subsistencia.

Cabe precisar, que para esta década de los 90 y la mitad de este periodo, teniendo en cuenta el auge de la industria petrolera y las condiciones de desarrollo económico, la guerrilla consolida su incursión militar como medio de financiación de la guerra, con la ampliación y fortalecimiento estratégico de su territorio para controlar las áreas relacionadas con la producción y transporte de hidrocarburos, es así que inician su confrontación militar sobre los municipios de Tauramena, Aguazul y Yopal municipios estos que paralelamente el Estado Colombiano considera de importancia por el advenimiento de una acelerada y creciente producción de hidrocarburos que generaría las condiciones respectivas para dinamizar la economía nacional.

Hecho este que se considera relevante para darle inicio a todo un proceso prolongado por parte de la institucionalidad Nacional, en crear, organizar y fortalecer toda una estructura militar que lograra frenar el avance de la subversión, por un lado y de otro, implementar una mayor acción sobre tres ejes considerados fundamentales, que permitirían en primer lugar, el mejoramiento de la calidad de vida con inversión social , segundo; el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales y tercero: lograr la reducción de la crisis del conflicto social. De estas tres políticas del Estado Colombiano, para el normal desarrollo del proyecto petrolero, se logra consolidar solamente la militarización social para la protección y garantía de los intereses económicos de las multinacionales, cuyos efectos sustanciales se ven reflejados con impactos negativos sin ponderación alguna en el departamento de Casanare.

En el plano militar se desencadena todo un conflicto armado, con elevados costos sociales, enquistándose de esta manera, la pugna para la obtención de grandes contratos de la administración departamental por concepto de regalías petroleras, convirtiéndose en una dinámica permanente del control político administrativo por parte de estas organizaciones, para ser posteriormente los cofinanciadores de los

procesos electorales, sobre todo el departamento de Casanare y la consolidación de carteles de contratistas al servicio del conflicto armado.

Todo lo anterior permitió dejar sin efecto la estructura normativa para la contratación pública en el departamento, impidiendo el normal curso y cumplimento de los procesos licitatorios a contrataciones directas irregulares, sin importar la cuantía, contrataciones ficticias de obras nunca ejecutadas, tercerización de convenios administrativos, todos estos direccionados para la financiación de la guerra entre los grupos paramilitares y la guerrilla, e intereses propios de particulares ganaderos comerciantes y políticos del nivel regional y nacional.

Este es el punto de partida de toda una política de Estado, para la cimentación de una plataforma perversa, de una nueva clase política que tomaría como “botín” el presupuesto departamental de Casanare. En contraprestación de la seguridad de la región. Política que va en contravía de una efectiva y legitima acción institucional para la ampliación y conducción acertada de los recursos de las regalías petroleras y atender las demandas de inversión social. Para resolver con capacidad y por vías legales e institucionales los conflictos suscitados por esta coyuntura económica y política en Casanare.

3. ANTECEDENTE HISTÓRICO Y MARCO JURÍDICO DEL PETRÓLEO EN