CONTEXTO SOCIAL

Ya descripto el contexto institucional se pretende llegar a una aproximación teórica del contexto social en el cual está inserta la institución. Teniendo en cuenta como ejes la cuestión social, seguridad, ciudadanía y delito.

Partimos de la posición de Ruth Parola quien afirma que estamos viviendo cambios sustantivos en la trama social como: crecimiento de la desocupación, nuevas formas de pobreza y ensanchamiento de la brecha entre pobres y ricos, se rompe con la sensación de seguridad y crecimiento sostenido e igualitario que se tenía hasta los años ‘80.

En esta nueva expresión de la cuestión social, siguiendo nuevamente a Ruth Parola tomamos las diferentes dimensiones relevantes que expresan estos cambios:

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• Globalización económica y tecnológica: mayor expansión de las relaciones sociales, económicas y políticas y mayor interdependencia entre las sociedades. la institucionalización de las políticas sociales y de la acción social ha adquirido nuevas formas: privatizaciones, descentralización y focalización, lo que lleva a que el Estado establezca nuevas y más complejas relaciones con la sociedad

• Emergencia de la sociedad civil: hay un nuevo protagonismo ante la modificación del contexto y del Estado, la sociedad civil que no se encuentra preparada para ser un interlocutor con el Estado en la gestión de las políticas públicas. Esta economía global-internacional no regulada a nivel político provoca un gran nivel de incertidumbre y mina la posibilidad de proyectarse al futuro de la mayoría de la población.

• Precarización de las clases medias: según Fitoussi la fragilización de las clases medias es una señal de ruptura de la igualdad de oportunidades significa que el principio de movilidad social ascendente ya no está funcionando y se percibe una movilidad social descendente.

Todo esto significa un proceso profundo de mayor heterogeneidad, fragmentación y complejización de la trama social que pone en cuestión la posición de los antiguos actores sociales.

Los actores sociales ocupan diferentes posiciones y desempeñan múltiples roles y papeles, los actores sociales en el proceso de participación social, requieren estar equiparados en sus condiciones para negociar sus intereses, así como para concertar.

Entendemos por participación el aporte de cada persona para alcanzar un objetivo común para ello comparte la información, las decisiones, la tarea y los bienes obtenidos por el trabajo.

67 Una forma concreta de perfeccionar nuestro sistema político, es ejercer la cuota de participación que el sistema de leyes concede a cada uno de las argentinos en la toma de decisiones sobre asuntos que influyen a todos.

La vida en democracia exige de todos los ciudadanos una conducta activa en el ejercicio de sus derechos.

El ciudadano es miembro de un Estado nacional, es el artífice de la soberanía popular que otorga legitimidad al Estado, la otra idea de ciudadanía en cuanto a derechos individuales, no como miembro de una comunidad política sino como hombre, este enfoque brinda a los individuos garantías frente a los poderes y las instituciones. En esta instancia debemos destacar que ciudadanía es un concepto mediador porque integra exigencias de justicia (derechos y deberes) y a la vez hace referencia a los miembros de la comunidad.

La crisis que se manifiesta en la época actual pone en evidencia el imperio de la incertidumbre que da lugar a sociedades apáticas y despolitizadas con un débil ejercicio de ciudadanía plena.

La insatisfacción social no alienta el compromiso comunitario. Crisis de confianza, económica y de representatividad nos agobian.

Entendemos la seguridad en democracia como la prioridad dada a las necesidades de los individuos de vivir en paz y contar con los medios económicos, políticos y ambientales, para una existencia digna. En la sociedad democrática la seguridad de la nación es la seguridad de los hombres y mujeres que la componen e implica, además de la ausencia de riesgo y amenazas físicas, la existencia de condiciones mínimas de ingreso, vivienda, salud, educación y otras.

La seguridad tiene una connotación más amplia que la mera defensa de la integridad territorial o la represión del enemigo interno, y se relaciona más que con el Estado, con la sociedad y con el individuo, con su seguridad cotidiana que abarca además de la no

68 violencia, su capacidad para vivir, para comer, para existir sanamente, para educarse, para participar en las decisiones, para que la totalidad de sus derechos le sean respetados.

La Comisión Andina de Juristas en su texto “Seguridad Ciudadana y Gobernabilidad Democrática en la Región Andina” explicita que la seguridad ciudadana busca crear un ambiente propicio para la convivencia pacífica de las personas. Esto no significa únicamente que la gente sienta más seguridad, sino que implica la satisfacción objetiva de condiciones de vida adecuadas y la existencia de mecanismos instituidos que permitan el manejo pacífico de los conflictos personales y sociales. Es decir que la seguridad ciudadana sobrepasa la esfera de acción policial para demandar la participación coordinada de otros organismos e instituciones.

Desde la seguridad ciudadana se pone mayor énfasis en el desarrollo de labores de prevención y control de los factores que generan violencia e inseguridad antes que en tareas meramente represivas o reactivas ante hechos ya consumados.

Ante esta gran problemática y analizándola desde la seguridad ciudadana surge el Centro de Atención a la Víctima como una repuesta por parte del Estado para paliar las consecuencias del delito.

El delito es una situación de alto stress que conmueve a la persona que sufre la conducta violenta cualquiera que sea el tipo y las consecuencias delictivas.

El conocimiento de lo que produce en el psiquismo de la persona y sus familiares los distintos tipos de delito, nos habilita para la atención específica de estas situaciones.

El proceso penal tiene diversas consecuencias para la víctima, sus carencias, lentitud y muchas veces ineptitud, termina agravando las situaciones y pueden tener el efecto de una doble victimización.

69 Las consecuencias inmediatas dependen de las respuestas de la víctima frente al hecho, al carácter de la violencia y las respuestas del medio social.

En la mayoría de los sobrevivientes de delitos violentos, la respuesta generalmente es el stress postraumático, al que se le suman los sufrimientos sociales y los padecimientos de la victimización del sistema institucional, al no prestar el apoyo inmediato a la víctima y/o a su familia.

II.III. SUPUESTOS

El abuso sexual intrafamiliar se manifiesta a través de indicadores y deja consecuencias en la víctima y en la estructura familiar.

La intervención profesional del Trabajo Social se ve limitada por la ausencia de marcos de procedimientos.

La no existencia de acciones conjuntas entre las institución determinan que la intervención profesional de Trabajo Social quede sujeta a la ética profesional.