INTERNACIONAL AGRAVADA EN EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD ESTATAL INTERNO.
1. Daño antijurídico y, 2 Imputación al Estado por
4.1.1. Modalidades de concurrencia y compatibilidad entre los regímenes regional e interno.
4.1.1.2. Control de convencionalidad como aplicación directa por parte del juez administrativo de la CADH.
De conformidad con el artículo 93408 de la Constitución las normas internacionales en materia de derechos humanos ratificadas por Colombia prevalecen en el orden interno y,
407 Enrique Gil Botero, Responsabilidad Extracontractual del Estado, p. 39.
408 “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los
136 por ende, están llamadas a ser aplicadas en forma directa, las cuales tienen como función desde el punto de vista constitucional de integrar, ampliar, interpretar, orientar y limitar el orden jurídico409.
No obstante, más allá de esta constatación que ha sido ampliamente explicada tanto por el precedente constitucional410 como por la doctrina411, las normas internacionales relativas a derechos humanos tienen por función, no solo fungir como parámetros de condicionamiento de la constitucionalidad de los ordenamientos internos y de modificación de las modalidades de ejercicio del control de constitucionalidad, sino también, desde un punto de vista del instituto de daños, fundamentar a partir de normas de referencia supranacional el juicio de responsabilidad estatal en casos de falla en el servicio412.
Así pues, de lo anterior se puede concluir que el juez administrativo como juez de convencionalidad en el ordenamiento interno, tiene la facultad para revisar el cumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos por parte de las autoridades públicas internas. En ese orden, si bien el control de convencionalidad, visto como una técnica de orden estatal, le sirve al juez para ejercer un control objetivo de constatación del cumplimiento de obligaciones internacionales, también le sirve para confrontar la posible abstención de una obligación de hacer, que nace de un estándar funcional de origen internacional, de allí que, en caso de concretarse un daño antijurídico, este le puede ser imputable al Estado; en efecto, el Consejo de Estado en casos en los cuales se han presentado violaciones graves de derechos humanos, ha manifestado que en derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”.
409“Dado el rango constitucional que les confiere la carta, las disposiciones que integran el bloque superior
cumplen la cuádruple finalidad […], servir de i) regla de interpretación respecto de la dudas que puedan suscitarse al momento de su aplicación; ii) la de integrar la normatividad cuando no exista norma directamente aplicable al caso; iii) la de orientar las funciones del operador jurídico, y iv) la de limitar la validez de las regulaciones subordinadas”. Corte Constitucional, sentencia C-067 del 4 de febrero del 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
410 Ver sentencias de la Corte Constitucional: C-774 del 25 de julio del 2001, C-228 del 3 de abril del 2002,
C-442 del 25 de mayo del 2011.
411Cfr. Rodrigo Uprimny, Bloque de constitucionalidad, derechos humanos y nuevo procedimiento penal,
consultado en:
http://www.wcl.american.edu/humright/hracademy/documents/Clase1-Ayala-RodrigoUprimny- BloquedeConstitucionalidad.pdf, página web visitada el 21 de julio del 2014.
412 En lo concerniente a la posición de garante y control de convencionalidad se puede consultar la sentencia
del 28 de agosto de 2014 de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, Exp. 32.988 y sentencia del 21 de noviembre de 2013, Exp. 29.764, M.P. Enrique Gil Botero. A nivel de la doctrina: Allan R. Brewe-Carías, Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Control de Convencionalidad y Responsabilidad del Estado, p. 176. Juan Carlos Henao Pérez, El Daño, p. 139: “los controles dentro del moderno Estado de Derecho no pueden limitarse a los tradicionales juicios de legalidad o de formal comparación normativa. El carácter sustancial de esta base edificadora del Estado conduce a que los controles que puedan surgir en la complejas intimidades de su estructura normativa no se agoten en simple esfuerzos sin sentido, superficiales, formales, alejados de los principios y de los valores en que se fundan las instituciones”.
137 tales casos “resulta imperativo incluir, en este análisis, un concepto de derecho internacional de obligatoria aplicabilidad, como es el principio de Control de
Convencionalidad, propugnado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”413. La Corte Interamericana de Derechos Humanos utilizó por vez primera esta noción en la sentencia proferida dentro del caso “Almonacid Arellano vs Chile”. En dicha sentencia, además de la reparación de las víctimas indirectas –familiares del señor Almonacid-, se ordenó la readecuación de normas internas a las disposiciones de la CADH, de tal manera que se armonizaran con este ordenamiento, pues resultaban incompatibles con las nociones de justicia y verdad que se desprenden del artículo 1.1. de la CADH, comoquiera que se impedía la investigación de los delitos cometidos durante el período de la dictadura militar, dada la amnistía reconocida a los miembros del Estado que fueron partícipes de tales hechos. Las órdenes impartidas por la Corte estuvieron cimentadas en el aludido control de convencionalidad, cuyo contenido y alcance fue descrito en los siguientes términos:
“La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial
debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas
internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana,
intérprete última dela Convención Americana. (…).
“En esta misma línea de ideas, esta Corte ha establecido que “según el derecho
internacional las obligaciones que éste impone deben ser cumplidas de buena fe y no puede invocarse para su incumplimiento el derecho interno. Esta regla ha sido codificada en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
de 1969”.
Posteriormente, la Corte IDH profirió la sentencia en el nominado “caso trabajadores
cesados del congreso”414, que trató de la reestructuración del Congreso de Perú en 1990, en la que se impedía demandar la resoluciones que los desvinculaban del servicio. En esa oportunidad, la Corte consideró que, al igual que en el caso anterior, algunas normas del derecho peruano estaban en contradicción con lo dispuesto en el artículo 1.1. de la CADH, toda vez que reducían el efecto útil de esta última, al impedirles instrumentos jurídicos
413 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de noviembre de 2013, Exp. 29.764, M.P. Enrique
Gil Botero.
414 CrIDH, “Caso trabajadores cesados del congreso vs Perú”, sentencia del 24 de noviembre de 2006. párr.
138 viables y procesos judiciales a los afectados con la plural cesación laboral en el Congreso. Respecto del control de convencionalidad frente a la normativa peruana, dijo la Corte:
“Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención
Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos del Poder
Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también “de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana,
evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco implica que ese control deba ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de ese tipo de acciones.
En conclusión, la Corte observa que este caso ocurrió en un contexto de impedimentos normativos y prácticos para asegurar un acceso real a la justicia y de una situación generalizada de ausencia de garantías e ineficacia de las instituciones judiciales para afrontar hechos como los del presente caso. En ese contexto, y en particular el clima de inseguridad jurídica propiciado por la normativa que limitaba la impugnación respecto del procedimiento de evaluación y eventual cesación de las presuntas víctimas, es claro que éstas no tenían certeza acerca de la vía a la que debían o podían acudir para reclamar los derechos que se consideraran vulnerados, fuera administrativa, contencioso
administrativa o de amparo”.
En un principio, el aludido control de convencionalidad se originó en pronunciamientos que plantearon un conflicto normativo entre los ordenamientos jurídicos interno e internacional; no obstante, con el transcurrir de su uso, fue extendiendo su marco de acción a asuntos que no suponían tal conflicto jurídico, pues también tenía lugar, ante un mero desconocimiento de una norma convencional, a través de prácticas u omisiones estatales, es decir, para la Corte IDH este control no solo comprende una inspección objetiva de determinada norma, sino que se extiende a condenar conductas -activas u omisivas-, que entrañen la violación de los derechos previstos en la CADH. Esa comprensión del control convencional se plasmó en la sentencia proferida en el “caso Heliodoro Portugal vs Panamá”415, en la cual
se declaró la responsabilidad internacional del Estado Panameño frente a un asunto atinente con la desaparición forzada de un disidente político del Estado. En relación con el referido control de convencionalidad, el Tribunal Interamericano discurrió así:
“En relación con la obligación general de adecuar la normativa interna a la
Convención, la Corte ha afirmado en varias oportunidades que “en el derecho de gentes,
una norma consuetudinaria prescribe que un Estado que ha celebrado un convenio internacional, debe introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para
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asegurar la ejecución de las obligaciones asumidas”416. En la Convención Americana este principio es recogido en su artículo 2, que establece la obligación general de cada Estado Parte de adecuar su derecho interno a las disposiciones de la misma, para garantizar los derechos en ella reconocidos417, lo cual implica que las medidas de derecho interno han de ser efectivas (principio de effet utile)418.
La Corte ha interpretado que tal adecuación implica la adopción de medidas en dos vertientes, a saber: i) la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención o que desconozcan los derechos allí reconocidos u obstaculicen su ejercicio, y ii) la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías419. Precisamente, respecto a la adopción de dichas medidas, es importante destacar que la defensa u observancia de los derechos humanos a la luz de los compromisos internacionales en cuanto a la labor de los operadores de justicia, debe realizarse a
través de lo que se denomina “control de convencionalidad”, según el cual cada
juzgador debe velar por el efecto útil de los instrumentos internacionales, de manera que no quede mermado o anulado por la aplicación de normas o prácticas internas contrarias al objeto y fin del instrumento internacional o del estándar internacional de
protección de los derechos humanos”420.
En esa misma lógica y pensamiento, la CrIDH en sentencia del 30 de noviembre de 2012 proferida dentro del caso “Santo Domingo v. Colombia”421, en relación con el control de convencionalidad manifestó422:
“La responsabilidad estatal bajo la Convención sólo puede ser exigida a nivel
internacional después de que el Estado haya tenido la oportunidad de declarar la violación y reparar el daño ocasionado por sus propios medios. Esto se asienta en el principio de complementariedad (subsidiariedad), que informa transversalmente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual es, tal como lo expresa el Preámbulo de la misma Convención Americana, “coadyuvante o complementario de la
[protección] que ofrece el derecho interno de los Estados americanos”. De tal manera, el Estado “es el principal garante de los derechos humanos de la personas, de manera que,
si se produce un acto violatorio de dichos derechos, es el propio Estado quien tiene el deber de resolver el asunto a nivel interno y, [en su caso,] reparar, antes de tener que responder ante instancias internacionales como el Sistema Interamericano, lo cual deriva del carácter subsidiario que reviste el proceso internacional frente a los sistemas
416 Cfr. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 1998,
párr. 68; Caso Zambrano Vélez y otros, párr. 55, y Caso La Cantuta, párr. 170.
417Cfr. Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y Otros), párr. 87; Caso La Cantuta, párr.
171, y Caso Zambrano Vélez y otros, párr. 56.
418 Cfr. Caso Ivcher Bronstein, párr. 37; Caso La Cantuta, párr. 171, y Caso Zambrano Vélez y otros, párr.
56.
419 Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros, párr. 207; Caso Almonacid Arellano y otros, párr. 118, y Caso
Salvador Chiriboga, párr. 122.
420 Cfr. Caso Almonacid Arellano y otros, párr. 124, y Caso Boyce y otros, párr. 113.
421 El caso se refiere a un bombardeo perpetrado el 13 de diciembre de 1998 por la Fuerza Aérea Colombiana
en la vereda de Santo Domingo, municipio de Tame, Arauca, que causó 17 civiles muertos.
140 nacionales de garantías de los derechos humanos”423. Esas ideas también han adquirido forma en la jurisprudencia reciente bajo la concepción de que todas las autoridades y
órganos de un Estado Parte en la Convención tienen la obligación de ejercer un “control de convencionalidad”424.
De conformidad con lo hasta aquí dicho, se impone concluir que el control de convencionalidad ha sido descrito por la Corte IDH, como aquel juicio de valor realizado por un determinado operador judicial respecto de un caso concreto sometido a su conocimiento, tendiente a dar aplicación tanto de los instrumentos convencionales que hacen parte del SIDH, como de la jurisprudencia que sobre los mismos ha desarrollado la Corte IDH, incluso, si tales normas se encuentran en contradicción con alguna norma de derecho interno, ello en virtud de las obligaciones contraídas por los Estados en los artículos 1.1. y 2 de la CADH.
Ahora bien, en nuestro ordenamiento jurídico interno, la Corte Constitucional utilizó el control de convencionalidad en la sentencia C-442 de 2011, en la cual hizo una confrontación normativa convencional425 y de precedente interamericano,426 en relación con los tipos penales de injuria y calumnia427, pues -en su criterio-, la existencia jurídica de estos últimos, suponía un conflicto entre el derecho a la libertad de expresión y la protección de la honra de los asociados. Al respecto, el Tribunal Constitucional colombiano, sostuvo:
“De manera reiterada esta Corporación ha sostenido que “en virtud del artículo 93 de la
CP, los derechos y deberes constitucionales deben interpretarse de conformidad con los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia, de lo cual se deriva que la jurisprudencia de las instancias internacionales encargadas de interpretar estos tratados constituye un criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido de las normas
constitucionales sobre derechos fundamentales”428.
423Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006, párr. 66.
424Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. párr. 124; Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) v. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. párr. 176, y Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010, párr. 225. Véase asimismo Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011, párr. 193.
425 Convención Interamericana de Derechos Humanos. Artículos 8 (Garantías judiciales), 13 (Libertad de
pensamiento y de expresión), 9 (Principio de Legalidad) 1.1. Obligación de respetar los derechos) y 2 (Deber de adoptar disposiciones de derecho interno).
426 CrIDH. Caso Caso Kimel Vs Argentina, sentencia del 2 de mayo de 2008, párr. 169. 427 Arts. 220 y 221 del Código Penal (Ley 600 de 2000).
428Sentencia C-10 de 2000, reiterada en las sentencias T-1391 de 2001 y C-097 de 2003. En fecha más reciente esta cita fue reiterada en la sentencia C-936 de 2010 en la cual se examinaba la constitucionalidad del artículo 2 de la Ley 1312 de 2009, modificatorio del artículo 324 de la Ley 906 de 2004, que regulaba la aplicación del principio de oportunidad a los desmovilizados, en esta sentencia se sostuvo que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contiene la interpretación auténtica de los
141 En la misma línea argumentativa en años recientes en diversas decisiones de esta Corporación se ha señalado que la jurisprudencia de la Corte IDH es un criterio relevante para fijar el parámetro de control de las normas que hacen parte del ordenamiento interno colombiano, precisamente porque establece el alcance de distintos instrumentos internacionales de derechos humanos los cuales a su vez resultan relevantes al examinar la constitucionalidad de disposiciones de rango legal al hacer parte del bloque de constitucionalidad.
Dentro de esta línea argumentativa esta Corporación ha sostenido que la jurisprudencia de la Corte IDH contiene la interpretación auténtica de los derechos contenidos en la CADH, instrumento internacional que integra el parámetro de control de constitucionalidad429.
Finalmente, en la sentencia C-370 de 2006, al examinar distintas disposiciones de la Ley 975 de 2005 relacionadas con los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, se reconoció el carácter vinculante de la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en los siguientes términos: “Por su relevancia
como fuente de Derecho Internacional vinculante para Colombia, por tratarse de decisiones que expresan la interpretación auténtica de los derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte transcribirá algunos de los apartes más relevantes de algunas de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativas a estándares sobre justicia, no repetición, verdad y reparación de las víctimas de los graves atentados contra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. (…)”.
Por su parte, el Consejo de Estado en casos en los cuales ha realizado el control de convencionalidad, ha considerado que el fundamento jurídico para abordar dicho análisis se encuentra contenido en el artículo 93 de la Constitución Política430, el cual otorga aplicabilidad directa a los instrumentos internacionales que sobre protección de derechos humanos -cuyas garantías no se pueden suspender en estados de excepción-, se han firmado y ratificado por Colombia, así como la interpretación que de aquellos instrumentos realiza la Corte IDH, dentro del cual se encuentra el “principio” de origen jurisprudencial denominado “Control de Convencionalidad”, el cual, constituye una herramienta jurídica derechos de la Convención Americana de derechos Humanos y luego de citar los desarrollos más significativos en materia de los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos se consigna textualmente: “Las anteriores conclusiones provienen de sentencias de un tribunal internacional cuya competencia ha sido aceptada por Colombia. El artículo 93 de la Constitución colombiana prescribe que los derechos y deberes consagrados en esa Carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, por lo que la jurisprudencia reseñada resulta relevante para la interpretación que de tales derechos y deberes se haga en el orden interno”.