Cooptación paramilitar de los recursos de la salud

La Empresa Social del Estado José Prudencio Padilla con sede en Barranquilla fue designada para cubrir los departamentos de la región de la costa atlántica de acuerdo con el decreto 1750 del 2003. Tres años después, la Contraloría General de la Nación realizó una auditoría a los resultados fiscales del año 2004 a 2005, la cual presentó resultados críticos (Ávila et al., 2011, p. 27): “La gestión de

resultados de la ESE José Prudencio Padilla en sus áreas, procesos y actividades

auditadas es desfavorable, y no logró desarrollar de manera eficiente ni logró alcanzar sus objetivos y metas de manera eficaz, pues no había coherencia entre

lo registrado y la realidad”. Al mismo tiempo la revisión fiscal de la ESE mostro que (Ibíd.: p. 27): “Desde el año 2004 persiste un alto riesgo de pérdidas económicas

por errores e irregularidades en el manejo de los fondos e insumos de la empresa y por la ausencia de controles internos de autorización, registro, existencia y salvaguarda sobre las transacciones y el control de los activos y pasivos de la

entidad”. Con esta situación, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez emite el 29 de julio de 2006 el decreto 2505, por el cual se ordena suprimir y liquidar dicha empresa social del Estado.

Lo mismo ocurrió con las otras seis Empresas Sociales del Estado (cuadro 1), que en 2009 se encontraban en proceso de liquidación por los graves problemas financieros y administrativos. En el proceso de liquidación se define un mecanismo de venta de activos públicos a entidades privadas para que éstas se hagan cargo de la prestación y contratación de los servicios, y como se estableció en el Decreto

2505 de 2006: “sea el sector privado el que garantice el crecimiento económico y la renovación tecnológica en el sector”.

En los procesos de liquidación de las ESE, FIDUAGRARIA es la entidad encargada de

dicha tarea, y CAPRECOM de la administración provisional. Sin embargo esta última

tenía un proceso de investigación por parte de la Superintendencia de Salud por la deficiencia en su margen de solvencia e incumplimiento de normas y además hacía mucho tiempo se encontraba por fuera del negocio de la salud contributiva por lo cual su personal de planta estaba inactivo. Esta situación hizo que se contratara la operación de clínicas y Centros de Atención Ambulatoria (CAA) con

Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA) en los distintos municipios, que como en

el caso de la costa Caribe, estaban bajo el dominio de las AUC.

Siguiendo con el caso de la ESE José Prudencio Padilla, cerca de un 50% de su

proceso de contratación para el 2005 se hizo con cooperativas de trabajo asociado, y parte de esa cantidad se llevó a cabo con cooperativas pertenecientes a la red administrada por familiares cercanos y amigos políticos del senador Dieb Maloof, quien reforzó por medio de la ley 100 el papel de las cooperativas en los servicios de salud. En la lista de proveedores de servicios de la ESE en el 2005,

aparecen COLVIVIR Y COOPITRAS de Barranquilla, COOPISALUD, MARSALUD LTDA. y COOSERVISALUD. Trece cooperativas contrataron con esta ESE un valor de $23.245

millones en 2005, y las trece tenían relación con la red del Senador Maloof.

Lo cual terminó en 2006 con la liquidación y desaparición de la ESE, por medio del

Decreto 2505 expedido por el gobierno, debido a los problemas financieros y administrativos. Un informe de la Contraloría General de la Nación respaldó la decisión, señalando deficiencias en los procesos de contratación y supervisión de los contratos, falta de capacidad comercializadora de los servicios de la ESE, una

mayor contratación con las cooperativas de trabajo asociado sin que esto reflejara mayor facturación en venta de servicios o mejora de la calidad de los mismos, entre otras irregularidades (Ávila et al., 2011, p. 39). Luego del decreto de liquidación de la ESE del Caribe, siguieron los seis que ordenaron lo mismo para

las restantes en las otras regiones del país (ver cuadro 1).

En el contexto de consolidación del paramilitarismo en la Costa Caribe, la privatización del sector de salud pública fue una ventana de oportunidad para la llegada del Bloque Norte a la región. La acción armada y los pactos con políticos, empresarios y funcionarios públicos fue la táctica pertinente para la cooptación de los recursos de dicho sector, como se acaba de explicar con el caso de la ESE José

Prudencio Padilla, y adicional a este, los casos del Hospital Central de Santa Marta, el Hospital Materno Infantil de Soledad y el Hospital San Juan de Dios de Magangué.

Cabe resaltar lo cuestionable de la no intervención del Estado en este caso y el poco alcance operativo de entidades como la Superintendencia de Salud debido al aumento en sus responsabilidades y su escasa capacidad para responder a ellas debido a los problemas organizativos y de intereses que manejaba en su interior. Se puede ver entonces bajo el contexto de conflicto armado y político, la llegada de personalidades clave para el proceso de reforma del sector y la construcción de relaciones a nivel local con los paramilitares, quienes venían de un proceso de expansión después del fracaso de los diálogos del Caguán que les dio carta abierta no solo para emprender una lucha anti guerrillera, sino para financiarse

con los recursos públicos de manera “legal” y posicionar su proyecto hegemónico

en la región de la costa Caribe.

4. Estudio de caso: sindicato Anthoc. La resistencia frente a la mercantilización del servicio de la salud.

Este capítulo recoge el trabajo de indagación personal que se hizo con los afiliados al sindicato (entre ellos fundadores, responsables de derechos humanos

y secretarios políticos), para poder tener una visión mucho más completa de lo que ha sucedido en términos de violación de derechos humanos y de la repercusión de los cambios institucionales que llegaron con la ley 100 de 1993. Además de esto, tuve la oportunidad de asistir a la Asamblea Nacional de Anthoc que se llevó a cabo los días 8, 9, 10, y 11 de marzo en la cuidad de Bogotá, para conocer más a fondo la dinámica interna del mismo y los puntos de lucha actuales que ayudarían a responder las principales preguntas de la investigación.

Por otro lado, se contrastarán las cifras obtenidas de la investigación del Cinep de violación de derechos humanos a los trabajadores del sector salud en su conjunto entre los años 2002 y 2008, con las cifras oficiales del Departamento de Derechos Humanos de Anthoc7. Esto para analizar y corroborar si ha sido este sindicato el más asediado del sector salud y las implicaciones que esto ha traído en el accionar del mismo.

Anthoc nace de la iniciativa de los integrantes de la Confederación Sindical de Trabajadores (CSTC) de conformar un sindicato de rama de la salud que agrupara a

todos los sindicatos del sector que existían a nivel nacional, pues consideraban que de manera dispersa iba a ser imposible conquistar los puntos de los pliegos de lucha. Luego de un largo proceso de unidad y concientización de los trabajadores, como lo explica la Señora Esneda Méndez en la entrevista, nace en 1972 bajo la federación de todos los sindicatos, Anthoc con presencia en 27 de los 32 departamentos del país y con aproximadamente 34.000 afiliados. Diez años después se empiezan a ver los resultados de dicho proceso y comienzan a conquistar puntos de debate con el gobierno, como por ejemplo establecer las 42 horas de trabajo, obtener uniformes de trabajo, alivianar la carga laboral por medio de una distribución adecuada del personal, evitar el cierre de hospitales etc.

Lo anterior demuestra, de a acuerdo con lo asegurado por los entrevistados de manera general, que para la época de los años 80 y hasta finales de los 90 la

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obtenidas por medio del Señor Henry Rivera, miembro de la Comisión Nacional de Reclamos del sindicato, allí se tienen en cuenta principalmente las categorías de desaparición forzada, homicidio, amenaza de muerte, desaparición y secuestro como también los actores responsables.

capacidad del sindicato de responder a las políticas que fueran en detrimento de los trabajadores y de los usuarios del sistema de salud era muy fuerte debido a la unidad y a la fortaleza que lo caracterizaba, que en parte se debía al gran número de afiliados y a la gran influencia que ejercía la CSTC, en palabras de Esneda Méndez: “cuando la gente comenzó a ver las conquistas que se iban logrando, les

demostramos que íbamos avanzando realmente, gracias a las unidad y a la fortaleza del sindicato”8_.

Otra particularidad de la época como lo afirma la entrevistada es que allí la confrontación era con los patronos y el gobierno directamente, y además este último podía sentir la capacidad de lucha y contrapeso de los sindicatos, donde las huelgas, los paros y las movilizaciones tenían mucho más efecto que el día de hoy. Como se dijo en el primer capítulo esta época puede ser considerada como la época de oro del sindicalismo, por su crecimiento y continuo fortalecimiento en la obtención de reivindicaciones y consiguiente flexibilidad por parte del gobierno,

lograban obtener beneficios y de cierta manera el gobierno “permitía” que los

trabajadores se organizaran. Situación que viene a cambiar entrados los años 90 con la apertura económica o implantación del modelo neoliberal, la ley 100 de 1993 y el incremento de la violencia con los fallidos diálogos de paz de Pastrana con la guerrilla, y el surgimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia que se constituyeron oficialmente en 1997; desde allí cambia de manera radical el espacio y razón de lucha del movimiento sindical en general.

Empieza entonces todo un proceso por parte del gobierno para evadir la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud y pasar este servicio a manos de empresas privadas para que lo administren en su lógica de mercado lo cual por un lado iba a afectar directamente a los usuarios del sistema, pero también a los trabajadores debido a la flexibilización laboral, los ajustes institucionales y con ello los recortes de personal; lo cual apuntaba también a debilitar y disminuir los sindicatos del sector. Pero además de esto, iba a disparar la alarma de los grupos armados ilegales en las regiones del país y de una cantidad considerable de

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políticos para apoderarse de los recursos de la salud, en donde los sindicatos iban a ser un obstáculo evidentemente.

Alternamente empieza una pugna entre sindicatos y gobierno mucho más complicada, debido a que el espacio de debate y deliberación se va haciendo cada

vez más estrecho. Así lo cuenta Henry Rivera en la entrevista: “teníamos una

fuerza inmensa para poder entrar a buscar algunos acuerdos con el gobierno nacional, pero entonces hábilmente en el gobierno del señor Uribe se fusionan el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, entonces el Ministro de Seguridad Social es juez pero a la vez parte, es quien demandamos pero a la vez ante quien tenemos que hacer la demanda”9_{. Esto principalmente puso a los trabajadores del} sector en contra del sindicato, pues consideraban que dicha organización no era ni iba a ser capaz de hacer nada por ellos.

Como se ha expuesto a lo largo del trabajo, la implantación del nuevo modelo de salud bajo la expedición de la ley 100 de 1993 estuvo siempre acompañado de violencia y persecución a los trabajadores de la salud, como lo muestran las gráficas de violación de derechos humanos a los afiliados al sindicato Anthoc a nivel nacional entre los años 2002 y 2008, en donde la totalidad de los casos los grupos paramilitares son los responsables mayoritarios si se contrasta también con la gráfica 9 obtenida de la investigación del Cinep (2102). Lo cual lleva a pensar que esta reforma no solo buscaba convertir a los usuarios de la salud en clientes que iban a tener que lidiar con las EPS y pagar antes de enfermarse. Sin

embargo, el sindicato seguía firme en su posición de denunciar los casos tanto de corrupción como de violación de derechos humanos en las distintas regiones del país, convirtiéndose en el enemigo directo tanto de los actores legales como

ilegales pues como asegura Esneda Méndez: “comienzan a meterse los

paramilitares a dirigir secretarías de salud, secretarías distritales, y en los hospitales ponían directores; y ahí comienza el asedio contra la organización hasta desvertebrarla”10_.

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Rivera, E. (2013, 12 de abril), Entrevistada por Montaño, K., Bogotá

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Lo comenta de la misma manera Henry Rivera: “En la Costa Atlántica se logró demostrar en su momento que miembros de los Concejos eran paramilitares y se supone que son ellos los que tienen que distribuir los recursos y esos recursos no los envían a los hospitales y buscan echarle la culpa a la organización sindical de la situación de que no hayan recursos y de que se vaya a liquidar determinado hospital público”11_{. Con esto se podría pensar entonces que estos grupos ilegales} no solo tienen en sus manos el recurso del ejercicio de la violencia sino también el de ejercer el poder por medio de las ventajas que trae ocupar un puesto administrativo para ir disminuyendo poco a poco la cantidad de afiliados al sindicato.

El mismo ejemplo es usado Alfonso Franco durante la entrevista: “Unas de las regiones más impactadas fue la del Atlántico como la del mismo Córdoba, donde era el acento del Bloque Central de las Autodefensas, desde esas instancias ellos controlaban instituciones hospitalarias, Eleonora Pineda por ejemplo, ex Senadora de la República y agente política de las AUC, fue funcionaria y directora de un

hospital en Córdoba, tanto así que unos estudios que hace la corporación Arco iris sobre las finanzas de los paramilitares ellos mismos demuestran allí como la mayor fuente de financiación era con los recursos de la salud y era porque controlaban las EPS subsidiadas o las solidarias o también porque controlaban la

contratación en las entidades hospitalarias y en últimas porque ponían también los directores de las entidades hospitalarias”12_.

La violación de derechos humanos se da de manera más fuerte en las regiones y con menor intensidad en las grandes ciudades como se puede ver en las gráficas de violación de derechos humanos a los afiliados de Anthoc por departamento, en el periodo señalado (2002-2008) el sindicato cuenta con cerca de mil casos denunciados antes la Corte Interamericana para que haya una reparación tanto a las familias de los afectados ya que en palabras de Henry Rivera durante la

entrevista: “al ser Anthoc la organización sindical más grande del país, es la

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Rivera, H. (2013, 12 de abril), Entrevistada por Montaño, K., Bogotá

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organización que en el periodo de Uribe específicamente sufre los rigores del terrorismo también con el objeto de buscar que la organización sindical

desaparezca”13 _{y aun con mayor frecuencia en regiones con presencia de las AUC} o de las llamadas BACRIM (Bandas Criminales) que amenazaban o asesinaban al

personal de salud de los hospitales.

Pero el problema de violencia que enfrentan los trabajadores del sindicato a nivel nacional no se debe solo a las denuncias de corrupción y violación de derechos humanos sino al hecho de atender pacientes que vienen heridos y que sean guerrilleros o paramilitares, pues en ambos casos estos actores armados amenazan o arremeten contra los trabajadores por auxiliar a los del bando

contrario, y como señala Henry Rivera: “como servidores públicos y trabajadores de la salud, estamos en la obligación frente al juramento hipocráticos que

debemos brindar indistintamente nuestro saber a quién los requiera”. Por tanto, los

trabajadores de este sector deben enfrentar y soportar los rigores del conflicto armado y social que enfrenta el país con el constante enfrentamiento entre

guerrilla y paramilitares o ejército. Siguiendo con la entrevista a Henry Rivera: “en

esos enfrentamientos los heridos llegan a los hospitales de los pueblos, fueran del bando que fueran había que atenderlos y tenemos casos reportados en donde Autodefensas y en otros casos el Ejército Nacional entraron a las salas de urgencias y acribillaron al personal de salud que había ahí por atender al guerrillero o guerrillera herida; en otros casos amenazaban y le daban 24 horas al

personal para abandonar el municipio”.

Después de esto, el sindicato procede a denunciar cuando son amenazas ante el Ministerio del Interior para que ayude a salvaguardar de alguna manera la vida de los trabajadores, pero para obtener una visita que analice el caso deben esperar cerca de tres meses y después de la visita otros tres meses para obtener el

dictamen, que para estos casos arroja (en palabras de Henry Rivera) que son: “de

bajo perfil, y nunca hemos sabido a que se refieren con eso porque nunca el Ministerio del Interior nos ha explicado que significa ser un directivo de bajo perfil.

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Para nosotros ser de bajo perfil es no importar en el sistema o que somos seres humanos que no valemos para el sistema, en razón de ellos no se nos brinda

protección por parte del Estado”14_{. Lo cual evidencia la falta de voluntad y de} incapacidad de garantizar del Estado para evitar o para solucionar la crisis de violación de derechos humanos que se ha venido viviendo en el país desde hace más de diez años.

Sin embargo, los miembros de Anthoc a nivel nacional seguían con la firme intención de denunciar todos los casos de corrupción y de violación de derechos humanos. Además de la presencia de los paramilitares en las instituciones hospitalarias, también han denunciado a intromisión de los partidos y movimiento sociales dentro de la administración de las entidades hospitalarias o en el despilfarro de los recursos de la salud en municipios del departamento del Atlántico y de la Costa Caribe en general (aparte de la entrevista a Alfonso

Franco). Además de esto considera que: “En regiones del país como el atlántico

es donde mayor cantidad de muertos se han puesto, además tenemos más de trecientos desplazados a nivel nacional y tenemos también cerca de unas treinta personas que se encuentran en el exilio en diferentes regiones del mundo. Eso nos lleva a afirmar que hay plan persistente tanto de agentes estatales como para- estatales de eliminar físicamente la dirigencia sindical y generar lo que nosotros podríamos llamar un genocidio contra la organización sindical”15_.

Otro aspecto de coincidencia entre los miembros de Anthoc entrevistados, es la convergencia y mutua articulación entre la acción represiva ejercida contra los trabajadores tendiente a eliminar físicamente la organización sindical y el ajuste institucional privatizador, que condujo al socavamiento de la organización sindical de los trabajadores de las entidades hospitalarias en el país. Por esa vía la organización sindical ha perdido un número importante de su base social desde finales de los años 90 hasta hoy, no en vano ha reducido la cantidad de afiliados de 34.000 a cerca de 9.000 actualmente, es decir más del 50% de sus integrantes

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Rivera, H. (2013, 12 de abril), Entrevistada por Montaño, K., Bogotá

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por efecto de las adecuaciones institucionales y las liquidaciones de los hospitales. Sin embargo Alfonso Franco (entrevistado) considera que debido al fuerte trabajo de concientización y denuncia la movilización de los trabajadores no ha cesado, pues han construido un modelo alternativo de salud con ayuda del sector social a través del proyecto de ley 105 del Senado, y del proyecto de ley 233 de este año que se encuentra radicado en el congreso con ayuda también de los sectores académicos y laborales en contraposición a la propuesta gubernamental del modelos de salud.

Por tanto, queda claro que a pesar del bajo índice de sindicalización en el sector