A DE MARFIL
Costa de Marfil
Los intensos esfuerzos diplo- máticos, principalmente de la ONU y de la Unión Africana, no consiguieron evitar nue- vos abusos contra los dere- chos humanos a manos de las fuerzas de seguridad del gobierno y de las Fuerzas
Nuevas (Forces Nouvelles), coalición de grupos armados que controlaba el norte desde septiem- bre de 2002. Las mujeres fueron impunemente agredidas por ambos bandos, situación que se agravó debido a la falta de un sistema judicial operativo. Los simpatizantes del presidente Laurent Gbagbo continuaron incitando a la vio- lencia contra los dioulas, nombre genérico para designar a cualquier persona con apellido musulmán procedente del norte de Costa de Marfil y de otros países de la zona. La retórica del odio siguió avivando los enfrentamientos étnicos en el oeste del país. Se celebraron mani- festaciones violentas contra las fuerzas de man- tenimiento de la paz de la ONU, pero la presen- cia de unos 12.000 agentes de dichas fuerzas impidió que se reanudaran las hostilidades. La libertad de expresión sufrió los ataques de ambos bandos.
Información general
A pesar de las intensas presiones políticas de la comunidad internacional, no se reunieron las condiciones necesarias para la celebración de elecciones presidenciales, previstas para el mes de octubre, que volvieron a aplazarse por segun- da vez, debido principalmente a desacuerdos
entre los simpatizantes del presidente Laurent Gbagbo y los partidos de la oposición. El presidente y sus simpati- zantes exigieron el desarme inmediato de las Fuerzas Nue- vas, mientras que la oposi- ción insistía en un programa para emitir documentos de identidad antes de las elecciones.
Simpatizantes del presidente Laurent Gbagbo criticaron la presencia de las fuerzas de manteni- miento de la paz francesas y de la ONU, y exigie- ron repetidas veces su retirada. En enero se cele- braron manifestaciones contra la ONU organizadas por los Jóvenes Patriotas (Jeunes Patriotes), movi- miento poco definido que apoyaba al presidente Gbagbo. Las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU respondieron en una ocasión, lo que desen- cadenó acusaciones de uso excesivo de la fuerza. En agosto, tras un escándalo relativo al vertido de residuos tóxicos en Abiyán (capital financiera), el gobierno dimitió. Sin embargo, cuando se formó el nuevo gobierno, sólo dos ministerios habían cambiado de titular.
En octubre, la ONU decidió ampliar el manda- to de Laurent Gbagbo 12 meses más y atribuir más poderes al primer ministro, Charles Konan Banny. Al concluir el año, el presidente Gbagbo y sus seguidores oponían resistencia a los esfuerzos por aplicar la decisión de la ONU.
Violencia contra las mujeres
Siguieron recibiéndose informes de abusos graves contra los derechos humanos de las mujeres y niñas
República de Costa de Marfil Jefe del Estado: Laurent Gbagbo Jefe del gobierno: Charles Konan Banny Pena de muerte: abolicionista para todos
los delitos
Estatuto de la Corte Penal Internacional: firmado
en la zona del país controlada por el gobierno, alentados por un ambiente de impunidad.
En mayo, un miembro del Centro de Mando de Operaciones de Seguridad (Centre de Commande- ment des Opérations de Sécurité, CECOS) violó a una niña de 14 años en Abiyán. Se presentó una denuncia en su nombre ante el tribunal militar, pero la investigación no culminó en actuación legal alguna.
En la parte del país controlada por las Fuerzas Nuevas los autores de violaciones también se bene- ficiaron de una impunidad casi absoluta.
En mayo, una niña de 10 años fue violada por el director de una emisora de radio en Man. Fun- cionarios próximos a las Fuerzas Nuevas intimi- daron al personal médico e impidieron que expidiera un certificado médico para confirmar la violación.
Denuncias de uso excesivo de la fuerza por los efectivos de la ONU
En enero estallaron manifestaciones contra la ONU tras la decisión del Grupo Internacional de Trabajo –grupo internacional de mediación para Costa de Marfil– de no prorrogar los mandatos de los miembros de la Asamblea Nacional. Los manifestantes exigían la retirada de la Operación de la ONU en Costa de Marfil (UNOCI) y ata- caron vehículos y edificios de la ONU ante la pasividad, según informes, de las fuerzas de seguridad.
En Guiglo, tras varias manifestaciones ante el complejo militar de la ONU, las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU abrieron fue- go contra los manifestantes, en una operación que se saldó con cinco muertos y al menos 20 heridos. Las tropas de mantenimiento de la paz sostuvieron que habían actuado en defensa pro- pia, pero los simpatizantes del presidente Gbag- bo afirmaron que las fuerzas de la ONU habían disparado contra manifestantes desarmados. La ONU abrió una investigación interna sobre el incidente, cuyas conclusiones aún no se habían publicado al terminar 2006.
Sanciones y embargos de la ONU
La ONU impuso sanciones contra las personas res- ponsables de incitar al odio y a cometer violacio- nes graves de los derechos humanos.
En febrero, el Consejo de Seguridad de la ONU impuso sanciones selectivas contra dos líde- res de los Jóvenes Patriotas, Charles Blé Goudé y Eugene Djué, por su papel en las manifestaciones de enero contra la ONU. Asimismo, impuso san- ciones contra Fofié Kouakou, jefe militar de las Fuerzas Nuevas, por haber reclutado a niños y niñas soldados, por obligar a realizar trabajos for- zados y por las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por fuerzas bajo su mando.
En octubre, un informe elaborado por un grupo de expertos de la ONU concluyó que se estaban exportando diamantes en bruto de Costa de Marfil, lo que violaba el embargo impuesto por la ONU en diciembre de 2005.
Desmovilización paralizada
A pesar de la presión internacional, sobre todo de la UNOCI, el varias veces aplazado programa de desarme, desmovilización y reintegración conti- nuó en punto muerto al no llegarse a un acuerdo sobre el calendario. Los simpatizantes del presidente Gbagbo querían que empezase inmediatamente, pero la oposición se negaba a desarmarse mientras no se aplicase un programa para emitir documen- tos de identidad antes de las elecciones presiden- ciales. A mediados de mayo pareció que se había superado esta situación de estancamiento, ya que los dos partidos acordaron lanzar simultáneamente los programas de identificación y de desarme, desmo- vilización y reintegración. Según informes, en junio, las Fuerzas Armadas Nacionales de Costa de Marfil (Forces Armées Nationales de Côte d’Ivoi- re, FANCI) y las Fuerzas Nuevas habían reagrupa- do a unos 12.000 combatientes cada una. Sin embar- go, en agosto, cuando la UNOCI sólo había recogido un reducido número de armas de las milicias pro- gubernamentales en el oeste, las Fuerzas Nuevas anunciaron la suspensión del desarme al haber encontrado obstáculos en el proceso de identifica- ción. Al concluir 2006 no se habían recibido noti- cias de nuevos avances en el proceso de desarme, desmovilización y reintegración.
Violaciones de los derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad
Las fuerzas de seguridad fueron responsables de detenciones arbitrarias, tortura y ejecuciones extra-
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judiciales de detenidos sospechosos de apoyar a las Fuerzas Nuevas.
En enero, en Abiyán, miembros del CECOS detuvieron a dioulas y a ciudadanos de países veci- nos, a quienes acusaron de financiar a los rebeldes. Según informes, algunos de los detenidos fueron tor- turados, y al menos uno, Diallo Ouatreni, murió a causa de las torturas.
Se recibieron informes de varios casos de deten- ción arbitraria, tortura y malos tratos en el contex- to de las extorsiones generalizadas en los controles de seguridad y durante las inspecciones de docu- mentos de identidad. Según informes, los ataques se centraron en los dioulas y los ciudadanos de países vecinos.
En febrero, Moustapha Tounkara y Arthur Vincent, dos jóvenes vendedores de teléfonos móvi- les, fueron detenidos en Abiyán por miembros del CECOS. Al día siguiente se encontraron sus cuer- pos acribillados a balazos.
Abusos a manos de las Fuerzas Nuevas
Miembros y simpatizantes de las Fuerzas Nuevas fueron responsables de abusos contra los derechos humanos, como detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos. Reinó un clima de impunidad debido a la ausencia de un sistema judicial ope- rativo en el norte.
En enero, Khalil Coulibaly, Fane Zakaria y Yeo Ibrahime –este último miembro de las Fuer- zas Nuevas– fueron detenidos en Korhogo por elementos de las Fuerzas Nuevas. Un testigo ocu- lar los vio recluidos, pero posteriormente desa- parecieron.
En agosto se recibieron informes de que al menos 15 militantes de un nuevo partido, Unión Nacional de Marfileños por la Renovación (Union nationale des Ivoiriens du renouveau, UNIR), liderado por Ibrahim Coulibaly, habían sido dete- nidos de forma arbitraria por las Fuerzas Nuevas en Seguela, en el noroeste del país, y acusados de desestabilizar la región. Según informes, las per- sonas detenidas vestían camisetas con los colores de su partido. Quedaron en libertad una semana más tarde.
Las Fuerzas Nuevas también extorsionaron a la población civil a gran escala y limitaron gravemen- te la libertad de circulación al exigir el pago de un «impuesto» por entrar o salir de las poblaciones.
Enfrentamientos étnicos en el oeste del país
En el oeste del país, el antagonismo entre la población indígena y los agricultores de otras regiones o de países vecinos, como Burkina Faso, siguió provocando conflictos con respec- to a la propiedad de la tierra y enfrentamientos étnicos. La retórica xenófoba empleada por los políticos y los medios de comunicación agravó la hostilidad.
En marzo se produjeron enfrentamientos intercomunitarios en varias localidades, entre ellas Gohouo, Zagna, Baïbly y Doekpe, jun- to a la zona controlada por soldados france- ses y por la UNOCI. Los enfrentamientos comenzaron cuando miembros del grupo étni- co indígena guéré trataron de recuperar plan- taciones ocupadas por campesinos burkina- beses. Varias personas murieron y miles fueron desplazadas.
Ataques a la libertad de expresión
Periodistas y organizaciones de medios de comu- nicación fueron hostigados y atacados por las fuer- zas de seguridad y por milicias progubernamenta- les, sobre todo durante las manifestaciones de enero contra la ONU.
En enero, los Jóvenes Patriotas trataron de incendiar un coche en el que viajaban periodistas del diario 24 Heures que se dirigían a una reunión del Grupo Internacional de Trabajo.
En noviembre, miembros de las fuerzas de seguridad entraron por la fuerza en la sede de la empresa estatal de radiotelevisión marfileña (Radio- télévision ivoirienne, RTI) e impidió que volviera a emitirse un discurso del primer ministro, Charles Konan Banny. Tanto el director general como la jun- ta directiva de RTI fueron despedidos mediante decreto presidencial.
Asimismo, la libertad de expresión se vio limi- tada en la zona bajo control de las Fuerzas Nuevas. En Bouaké, bastión de las Fuerzas Nuevas, siguie- ron prohibidos ciertos programas de la radio y tele- visión nacionales.
En febrero, un periodista independiente fue golpeado y obligado a arrastrarse a lo largo de 40 metros a la vez que lo rociaban con agua en la Secretaría General de las Fuerzas Nuevas de Bouaké.
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Informes y visitas de Amnistía Internacional
Informes
Côte d’Ivoire: Provide protection to journalists! (Índice AI: AFR 31/002/2006)
Côte d’Ivoire: Clashes between peacekeeping forces and civilians? Lessons for the future (Índi- ce AI: AFR 31/005/2006)
Visita
En abril, una delegación de Amnistía Internacional visitó Costa de Marfil para investigar los informes de abusos contra los derechos humanos cometidos durante las manifestaciones contra la ONU de ene- ro de 2006 y el presunto uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de mantenimiento de paz de la UNOCI. 144 CROACIA
Croacia
El legado de la guerra de 1991-1995 continuó ensom- breciendo los derechos humanos. La impunidad de los crímenes de guerra seguía siendo generalizada, y el sistema judicial croata no abordaba debidamentelas violaciones de derechos humanos come- tidas durante el conflicto, con independen- cia de la etnia de los autores o de las vícti- mas. Las minorías sufrían discriminación. De los al menos 300.000 serbocroatas des- plazados por el conflicto, alrededor de 125.000 figuraban en los registros oficiales de personas que habían regresado a sus hogares.
Información general
En octubre se completó la primera fase de la adhesión de Croacia a la Unión Europea (UE), consistente en el proceso de examen analítico (escrutinio), por la UE y Croacia, del acervo de derechos y obligaciones común que vincula a los Estados miembros y que los países candidatos deben aceptar.
En junio, el Parlamento reformó el Código Penal para eliminar el encarcelamiento como pena en el caso de la difamación. Aunque ésta siguió siendo un delito penado con multa, el hecho de no pagar la multa no se castigaba ya con la privación de libertad.
Impunidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad
Procesamientos internacionales
En marzo, Milan Babićse suicidó en la unidad de
detención del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (en adelante, el Tribunal). Condenado por éste, en junio de 2004, a 13 años de prisión por deli- tos cometidos contra la población no serbia, se halla- ba bajo custodia del Tribunal en calidad de testigo
en el juicio de Milan Martić, a quien se acusaba de
crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por la función de mando que había desempeñado duran- te la guerra en zonas bajo control serbocroata.
En abril, el Tribunal declaró a Vladimir Ko-
vašević, ex jefe del Ejército Popular Yugoslavo,
incapacitado por razones de salud mental para ser sometido a juicio. Habría sido juzgado por críme- nes de guerra cometidos durante un ataque a la ciudad croata de Dubrovnik, entre ellos asesinatos, tratos crueles y ataques contra civiles.
En marzo, el Tribunal impuso una multa a Ivi-
ca Marijačić, ex redactor jefe del periódico croata
Hrvatski list, y a Markica Rebić, ex jefe de los ser- vicios croatas de seguridad, por desacato al tribu- nal. En 2004 habían revelado la identidad de un tes- tigo protegido compareciente en 1997 en una vista a puerta cerrada del juicio del ex general del ejér-
cito croata Tihomir Blaškić. En septiembre, el Tri-
República de Croacia Jefe del Estado: Stjepan Mesic´ Jefe del gobierno: Ivo Sanader
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado
bunal impuso también una multa a Josip Jović, ex redactor jefe del periódico croata Slobodna Dal- macija, por cargos similares que también constituían desacato al tribunal. El periódico había publicado en 2000 unos artículos sobre el testimonio del pre-
sidente croata Stjepan Mesićen una vista a puerta
cerrada del juicio de Tihomir Blaškić.
En octubre, la Sala de Apelación del Tribunal confirmó la fusión de las causas contra Ante Goto-
vina, Ivan Čermak y Mladen Markač, ex jefes del
ejército croata acusados de crímenes de guerra y crí- menes de lesa humanidad cometidos contra serbo- croatas, entre ellos persecuciones, expulsiones y traslados forzosos, y asesinatos. También en octu- bre, la Sala de Primera Instancia rechazó las soli- citudes presentadas por la República de Croacia para que se le permitiera personarse en calidad de ami- cus curiae (asesor del tribunal en cuestiones de derecho) en esta causa, así como en otra abierta con- tra seis ex militares y políticos croatobosnios. Procesamientos nacionales
La mayoría de los juicios por crímenes de guerra celebrados ante tribunales locales fueron contra serbocroatas, que a menudo no comparecieron ante el tribunal. Aunque se tomaron algunas medidas para iniciar investigaciones y enjuiciamientos por crímenes de guerra perpetrados contra serbocroa- tas, la impunidad siguió siendo generalizada en el caso de los delitos cometidos presuntamente por militares y agentes de policía croatas.
En marzo se dictó sentencia condenatoria en un nuevo juicio que se había entablado ante el tribunal local de Split contra ocho ex miembros de la policía militar croata acusados de torturar y asesinar a dete- nidos no croatas en la prisión militar de Lora, en Split, en 1992. Cuatro de los acusados habían sido juzga- dos in absentia y continuaban en libertad al concluir 2006. En el juicio inicial, celebrado en 2002, todos los acusados habían sido absueltos, pero el Tribunal Supremo anuló posteriormente esta decisión.
En mayo, el Parlamento levantó la inmunidad
procesal a Branimir Glavaš, ex líder en la región de
Osijek del partido en el poder, la Unión Democrá- tica Croata, en relación con una investigación sobre crímenes de guerra contra civiles serbocroatas, incluidos asesinatos. El Tribunal Supremo transfi- rió a Zagreb las actuaciones, iniciadas en Osijek, por considerar que la presión ejercida aquí sobre los tes-
tigos podía menoscabar su imparcialidad. En diciembre se suspendió la investigación al dete-
riorarse la salud de Branimir Glavašdebido a la
huelga de hambre que éste había iniciado. En junio comenzó ante el tribunal local de Osijek el juicio de dos presuntos autores de crímenes de guerra, incluidos asesinatos, cometidos contra serbocroatas en Osijek y en sus alrededores.
En octubre se detuvo a seis ex miembros de una formación militar como sospechosos de asesinatos de civiles serbocroatas en Osijek entre 1991 y 1992. Tras su detención, el tribunal local de Osijek ordenó inves-
tigar la relación de Branimir Glavašcon estos delitos.
En diciembre, el tribunal local de Zagreb dictó acta de acusación formal en la causa contra Rahim Ademi y Mirko Norac, que el Tribunal había trans- ferido a Croacia en noviembre de 2005. Según infor- mes, el acta de acusación se dictó con retraso porque hubo problemas para incorporar los cargos del acta de acusación del Tribunal a uno compatible con la legislación croata. Ambos hombres, ex jefes del ejército croata, habían sido acusados por el Tribunal de crímenes de guerra cometidos contra serbocroa- tas durante operaciones militares realizadas en 1993.
Derecho al retorno
Al menos 300.000 serbocroatas habían salido de Croacia o quedaron desplazados durante la guerra de 1991-1995, y sólo unos 125.000 figuraban en los registros oficiales de retornados. En opinión de muchos, esta cifra era exagerada.
Los serbocroatas sufrían discriminación en el trabajo y en el disfrute de otros derechos econó- micos y sociales. Muchos de ellos, especialmente los que habían vivido en zonas urbanas, no podían regresar a sus hogares porque habían perdido su derecho de tenencia de viviendas sociales.
En marzo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que no era competente en la cau-
sa Blečićv. Croatia, relativa a la supresión, durante
la guerra, del derecho de la demandante a ocupar el apartamento en el que había vivido en Zadar. Este caso ilustraba las consecuencias negativas que tenían para los derechos humanos las anulaciones discri- minatorias del derecho de ocupación de vivienda. En agosto, el gobierno anunció que se iban a poner a disposición de ex titulares de derechos de tenencia 4.000 viviendas, si bien este plan no estaría acabado hasta 2011 y, además, quienes residieran en
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ellas no tendrían la opción de comprarlas a un precio considerablemente reducido, cuando anteriormente los ocupantes, en su mayoría de etnia croata, sí podían adquirir las viviendas en las que residían.
Los serbocroatas sufrían hostigamiento –grafi-