tener en cuenta las diferencias existentes entre el coste del cuidado formal vs. el informal. El coste sanitario de enfermedades como el Alzheimer es la mitad en España que en otros países europeos (EUROSTAT, 2003), incluyéndose en ese gasto las horas de dedicación familiar al cuidado del mayor dependiente. Esto causa que en España se tripliquen las horas de cuidado en comparación con Alemania o Francia (Badía, Lara y Roset, 2004). Esto se debe a los modelos de apoyo estatal existentes en ambos países y al elevado porcentaje del cuidado familiar a los mayores dependientes que se realiza en España (Jacobzone, Cambois y Robine, 2000). De este modo, en nuestro país es la familia, a título privado, la que asume la mayor parte del gasto económico si mantiene, por ejemplo, al mayor con Alzheimer en el hogar.
El mantenimiento del cuidado en el entorno familiar, además de las ventajas asociadas al principio de “envejecer en casa”, supone un ahorro económico de gran magnitud tanto para los cuidadores como para el Estado. Sin embargo, como ya se ha señalado, el alcance del cuidado
Predictores de la percepción de salud en personas mayores de 65 años 57 informal no es ilimitado, y las circunstancias demográficas lo delimitan aún más.
En relación al gasto público en la asistencia a las personas mayores, España en 2006 se situaba en penúltimo lugar y a 7,4 puntos por debajo de la media europea. La proporción del gasto social entre los países de la Unión Europea presenta diferencias importantes, desde un 14,6% del PIB en Irlanda hasta el 31,3% del PIB en Suecia. España, con el 20,1% del PIB, era el segundo país al final del listado. Sólo Irlanda tenía un gasto social más bajo, con el 14,6% del PIB. Si nos centramos en el gasto en vejez, nuestro país alcanzó en 2006 el 8,3% del PIB mientras que en el conjunto de la Unión Europea este gasto fue del 10,9%, lo cual implica que España se situaba a 2,6 puntos por debajo de la media europea (Montserrat Codorniú, 2006). Según Alonso Albarrán (2009) a la hora de estudiar las proyecciones de gasto público en cuidados de larga duración en la Unión Europea, es relevante observar que el gasto medio de la Unión Europea se duplicará desde 1,2% del PIB en 2007 a 2,4% del PIB en 2060. Por otro lado, el análisis comparado entre países evidencia la existencia de diferencias notables entre el gasto público y el contingente de personas mayores de 65 años. Bulgaria, Estonia, Chipre, Portugal y Rumania serán los países que menos aumentarán en términos absolutos hasta 2060 (menos de 0,3 del PIB). En cambio, los que más aumentarán serán Holanda (4,7), Noruega (2,7, país que participa en el ejercicio pero que no pertenece a la Unión Europea), Finlandia (2,6), Suecia (2,3), Grecia (2,2), Luxemburgo (2,0). En general, estos países coinciden con aquellos que ya tienen en la actualidad sistemas de atención a la dependencia bien desarrollados. Los países que más gastaron en el año base 2007 son
Holanda (3,4% del PIB), Suecia (3,5% del PIB), Noruega (2,2% del PIB), Finlandia (1,8% del PIB), Dinamarca (1,7% del PIB) e Italia (1,7% del PIB). En estos países, el envejecimiento de la población implica un mayor aumento de beneficiarios de atención formal con su correspondiente gasto público unitario ya elevado (Alonso Albarrán, 2009).
Por último, un grupo interesante de países es aquél que tiene un gasto actual bajo (menor del 1,5% del PIB) pero que, se prevé, incrementarán su gasto en términos relativos: Rumanía, República Checa, Eslovaquia y Polonia. Señalar además que las previsiones indican que España será el sexto país con mayor incremento relativo proyectado, del 0,5% del PIB en 2007 a 1,4% del PIB en 2060, aumentando un 166%, por encima de la media de la Unión Europea. Esto no ocurría en proyecciones anteriores, donde a pesar del envejecimiento, el gasto aumentaba muy escasamente. El incremento viene motivado por el reciente Sistema de Atención a la Dependencia, que amplía la cobertura y el gasto en general (Alonso Albarrán, 2009).
Respecto al gasto público en la asistencia a las personas mayores en situación de dependencia en 2009 en España fue de 0,8% del PIB, siendo la media en la UE-27 de 1,0% del PIB (Comisión Europea, 2009). En la actualidad, el 13,6% de las personas que prestan cuidados principales reciben ayuda de profesionales o instituciones para atender a la persona mayor con dependencia. De esta ayuda, el 51,2% proviene de un empleado del hogar y el 38% del Ayuntamiento. Sólo el 2% de la ayuda formal proviene de centros de día o residencias (IMSERSO, 2004). Esta situación se observa también en todos los países europeos, si bien es más acusada en unos que en otros: los países escandinavos y en general aquellos que
Predictores de la percepción de salud en personas mayores de 65 años 59 han alcanzado mayores cotas de desarrollo social (en particular en la atención a las personas mayores) disponen de mecanismos reguladores de las circunstancias señaladas (OCDE, 1996).
En España, sobre todo durante los años ochenta y principios de los noventa, el gasto público social se incrementó sustancialmente, alcanzando su máxima cuota en 1993, cuando el gasto en protección social (que incluye las pensiones y otras transferencias así como servicios públicos como la sanidad, la vivienda asistida y los servicios de ayuda a las familias -tales como la atención domiciliaria a ancianos y personas con discapacidades, residencias de ancianos y otros servicios-) llegó a alcanzar el 24% del PIB, el porcentaje de gasto público en protección social más próximo al promedio de la Unión Europea (28,8%) (Navarro y Quiroga, 2004). A partir de aquel año, sin embargo, el déficit de gasto en protección social entre España y la Unión Europea (4,8%) aumentó de nuevo de una manera significativa, subiendo a un 7,2% en el año 2000, último año en el que disponemos de datos sobre el gasto público comparable para toda la Unión Europea. Este descenso del gasto en protección social fue mayor en España (del 24% del PIB en 1993 al 20,1% en 2000) que el promedio de la Unión Europea donde el gasto descendió sólo de un 28,8% a un 27,3% durante el mismo periodo (Navarro y Quiroga, 2004).
También, a la hora de analizar el binomio envejecimiento/hábitat debemos tener en cuenta el sector público y empresarial. Al margen de la responsabilidad pública sobre la garantía de la Calidad de Vida de los mayores, la búsqueda de las mejores condiciones de habitabilidad para estas personas debe entenderse como una estrategia empresarial emergente.