COSTOS DE LA DISCAPACIDAD

La discapacidad no es una problemática mono focal, esta afecta diferentes ámbitos tanto personales como colectivos, la cual no difiere de aspectos culturales, socioeconómicos, etnográficos, raciales ni religiosos. Uno de estos aspectos es la economía de un país, la discapacidad predomina en el género masculino principalmente en las edades de mayor productividad siendo esta entre los 25 y 55 años. En este tipo poblacional se evidencia un bajo nivel educativo, debido no solo a las dificultades que la discapacidad trae consigo, sino también a los estigmas sociales y el funcionamiento discriminativo de la sociedad (colegios de difícil acceso, requerimiento de una educación especial, falta de preparación de los docentes y dificultades económicas para el desplazamiento).

Esta falta de educación genera una productividad tanto a nivel intelectual como económico baja. Las personas en situación de discapacidad que pueden laborar, deben postularse a cargos de bajo perfil y de escasa remuneración económica, no se tienen porcentajes altos de educación superior ni de ocupación de cargos de alto impacto a nivel social e intelectual. Un alto porcentaje de esta población es beneficiaria de programas subsidiados por el estado aumentando de esta manera las tazas de desempleo, pobreza y vulnerabilidad social. [10][11]

Es difícil hacer un análisis de costos con cifras estándares, debido a que la discapacidad es un proceso dinámico, fluctuante y la severidad de las limitaciones varía entre sí; además esto la modificación constante en la conceptualización utilizada para el trato de las personas en situación de discapacidad, hace que se

dificulte cuantificar la magnitud de la misma. Lo que sí es posible es hacer una estimación con respecto a los costos directos e indirectos que la discapacidad le genera a un país. [12]

Según Hernández Jaramillo se consideran costos directos a todos aquellos que se desprenden de la discapacidad, dentro de estos se contemplan; las intervenciones médicas y de rehabilitación, uso de instalaciones, intervenciones preventivas y correctivas, la vigilancia de las condiciones crónicas y el uso de la tecnología y equipos biomédicos; costos que varían dependiendo del tipo de discapacidad que se presente, su grado de afectación y el tratamiento de rehabilitación que requiera. También es necesario contemplar los costos indirectos que dentro de los modelos econométricos de los países, son los que menos se tienen en cuenta, pero que su impacto es uno de los más relevantes y con los cuales se puede evidenciar el real impacto social que tiene la discapacidad. Los costos indirectos se enfocan en la pérdida de ganancia que tiene un país por parte de la población en situación de discapacidad, dependiente y no productiva. Dentro de estos se incluyen: “La perdida laboral, la disminución de ingresos, los bajos índices de satisfacción y bienestar, los pagos relacionados con el aseguramiento social, las indemnizaciones, los apoyos compensatorios del gobierno y la beneficencia pública, la dependencia que absorbe la familia o el pago de un cuidador y la perdida de consumir menos bienes y servicios, como no pagar impuestos y no asumir otras responsabilidades sociales”. [12]

Hay un aspecto particular que se debe contemplar dentro del tema de costos y es la atención o cuidado informal. Se define cuidado informal a aquel que es brindado por una persona natural e independiente que no hace parte de ninguna entidad o institución, por lo cual no recibe ninguna remuneración económica o un tipo de contrato por la actividad realizada; como cultura tradicional y errada se considera un cuidado “voluntario”, un término impreciso, ya que en esta actividad informal se genera una relación altruista por los costos unidireccionales que se generan a partir de ella.

Cuando se habla de la prestación de un servicio de cuidado informal se habla de una equiparación por razón de género. Según datos estadísticos internacionales se dice que el 59% de las personas en situación de discapacidad requiere de un apoyo o un cuidador permanente, donde el 92% son cuidadores informales (no reciben remuneración económica) y solo el 8% son cuidadores formales. Se estima que 1.05 millones de personas se dedican a ser cuidadores informales lo que en términos porcentuales representan el 2.33% de la población general. De los cuales entre el 80% y 90% son mujeres que se encuentran en edad productiva

(24 a 65 años), siendo hijas, esposas/parejas, hermanas y madres quienes desempeñan este rol.

Cuando se habla de la actividad del cuidado informal, se habla de un aspecto que genera repercusiones en el aspecto económico de un país; no solo porque los cuidadores informales no ejecutan labores o actividades de las cuales devenguen un sueldo o cualquier tipo de remuneración económica, que le permita satisfacer sus necesidades básica y mejorar su nivel de vida, sino también porque “asumir el papel de cuidador/a puede constituir una fuente de estrés que incrementa el riesgo de padecer diversos problemas físicos, así como alteraciones emocionales6. Análogamente la responsabilidad del cuidado puede traducirse en otros costes psicológicos, debido por ejemplo al debilitamiento de las relaciones sociales y familiares, e incluso al empobrecimiento en términos pecuniarios como consecuencia de la dificultad para llevar a cabo una actividad profesional plena”.[13]

Desde el análisis de costos se podría concluir que toda aquella condición incapacitante genera unos gastos considerablemente altos para el país, los cuales se deben cubrir a partir del presupuesto nacional, un presupuesto que no se debería invertir para mitigar un daño sino para potencializar una condición. De aquí es pertinente entrar al tema de analizar, si las estrategias de solución que los entes responsables están planteando son las correctas para dar soluciones reales a todas estas problemáticas identificadas o si por el contrario están generando un sobrecosto no solo al estado sino también a la sociedad en general.