Costos y financiamiento del Programa

“Los costos de cumplimiento de políticas ambientales en los Estados Unidos

de América es del 2% de los costos de operación de la empresa. Se justifican por la rentabilidad que generan los proyectos ambientales. ” (Durán de la

Fuente, 1997)

Los costos de i mplementar un sistema de gestión integral de RSU varían de región a región y de municipio a municipio, por lo que no es posible delinear algún tipo de patrón, sin embargo hay factores a tom ar en cuenta para establecer una política de financiamiento que permita echar a andar un sistema de gestión, por ejemplo, los factores territoriales (aspectos de ordenamiento, costo y uso del suelo, distancias, vías de comunicación, relocalización de activ idades); factores sectoriales propias del gobierno a cualquier nivel (sociales, educativas, fiscales, económicas, de infraestructura, ambientales); el déficit acumulado y pasivo ambiental (tiraderos a cielo abierto, falta de infraestructura y equipos para el servicio de limpia urbana, contaminación de suelos); experiencias previas (de los municipios o de otros niveles de gobierno, así como el intercambio de información); las percepciones de los actores involucrados en el sistema de gestión integral de RSU q ue incluyen el entendimiento de lo que es calidad de vida, calidad ambiental, y las posibilidades de interiorizar y realizar cambios favorables en actitudes y comportamientos; y las dificultades propias de acceder a financiamiento (requisitos legales, facilitadores, requisitos institucionales, condiciones financieras internacionales y nacionales, acuerdo s de colaboración) (Leal, 1997).

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También hay que destacar, que además de los factores mencionados, la legislación, los instrumentos económicos y de gestió n influencian de forma i mportante el tipo de inversión que eventualmente se hará. Así tenemos dos tipos de inversión, la de Componentes Productivos (aquellas que mejoran la eficiencia en la producción) y la de Control de la Contaminación (aquella que tiene que ver con tratamientos, disposición final, control de emisiones). En este sentido, el programa como tal está enfocado en el último tipo.

Como se apuntó en el apartado de aspectos institucionales, el costo del programa no lo puede cubrir la Federación62 (la infraestructura de RSU ocupa casi el 87% del costo total del programa (incluyendo todas las actividades para RSU; RME y RP) que es de $9, 431, 000). Por lo que el Programa pone a disposición de los gobiernos interesados una amplia gama de mecanismos de financiamiento para generar carteras de proyectos que se ajusten a los intereses, necesidades y prioridades de cada entidad.

La utilización de la planeación estratégica63 (PE) aparece aquí como el instrumento clave para hacer diagnósticos particulares y elaborar las carteras de proyectos para acceder a los diversos tipos de mecanismos para financiar las diferentes actividades, en especial de infraestructura. Este tipo de planeación ofrece la oportunidad de integrar, en planes de corto y mediano plazo, lo s diferentes componentes (legales, institucionales, territoriales, financieros, instrumentos de gestión, educativos y políticos) en los que se ha desglosado la política y programa de residuos sólidos urbanos, usando como eje articulador el aspecto territorial por la inserción de infraestructura.

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Ver capítulo 11, Financiamiento del Programa, pags. 99 – 111.

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La PE ofrece las siguientes ventajas (Matus, 1997) (Tabla No. 3.12).

Tabla 3.12 Ventajas de la planeación estratégica

Ventajas de la Planeación Estratégica

1.- E xp l ic a d e m ej or m an er a l a r e al id ad . 5.- P er mi t e el ab or ar pr o yec t os c on am p li o c onc es o.

2.- D is eñ a pr op u es t as d e ac c i ón b aj o f u ert e i nc er ti d um br e. 6.- I d en tif ic a ob j et i vos q u e p erm it en m ej or ar c om p eti ti vi d ad ec on óm i c a y l a c al i d ad d e vi d a d e l os h ab it an t es .

3.- D is eñ a es t r at egi as p ar a l i di ar c on otr os ac t or es y di v ers as c irc u ns t anc i as p ar a alc an z ar l os ob j eti v os pr op u es t os . 7.- A yu d a en el es t ab l ec i mi en t o d e s is t em as d e c oop er a c i ón pú b lic o – pri v ad os . 4.- P er m it e ac tu ar en el m om en t o op or tu n o o f l exi b i li z ar s e p ar a r eac om od ar el p l an . 8.- F ac i li t a y p ot en c i a l a c om un ic ac i ón c on l os c iu d ad an o s .

El aboraci ón propi a en base a l os datos de Carl os Matus en: Gesti ón Integral de R esi duos Sól i dos: Un enfoque de pol íti ca i ntegral . CEPAL / GTZ

Este tipo de instrumento ofrece por un lado tener un diagnóstico situacional completo pues incluye las herramientas de la planeación participativa así como el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), así como elaborar un proyecto que puede vencer las inercias en contra para poder implantar un sistema de gestión de residuos.

Por otra parte, los municipios no deben olvidar que hay otros mecanismos, entre ellos el concesionar algunos de los elementos del servicio de limpia, tales como la recolección o la disposición final con/sin generación de energía (Monterrey64 y Aguascalientes ya lo hacen, por ejemplo) u otras entidades que se han acercado a este tipo de estrategias. Sin duda, el intercambio de experiencias e información entre pares municipales, con el apoyo de talleres, congresos, encuentros y exposiciones permitirán que otros municipios y entidades se interesen en adoptar esta vía.

No hay que olvidar la exploración del cobro por el servicio, mecanismo que poco a poco debe llevarse a cabo para solventar muchos de los gastos en que incurre el municipio, acompañada esta acción con el establecimiento de organismos públicos descentralizados con capacidades jurídicas, institucionales y financieras

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Ver SIMEPRODE, Monterrey: http://www.nl.gob.mx/?P=simeprodeso y http://www.energ-group.com/ para Aguascalientes (ENER – G, NISSAN y el Gobierno de Aguascalientes echaron a andar este proyecto).

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para proveer un mejor servicio y crear un mejor sistema de gestión integral de los residuos.

Los principios que toca este rubro son el de responsabilidad compartida, de quien contamina paga y armonización de políticas.