CAPÍTULO I: LA DEMOCRACIA EN HONDURAS
4. Crisis de la Democracia Representativa
En la democracia hondureña, al igual que sucede en otros países latinoamericanos, las expectativas de amplios sectores de población por alcanzar un mejor nivel de vida, son frustradas por los límites que impone la economía capitalista, y profundizados por la creciente concentración de riqueza de algunos grupos que se vinculan con los grandes consorcios transnacionales. En ese caso, la inconformidad también hunde sus raíces en la galopante corrupción e impunidad de los representantes del pueblo y funcionarios públicos. Se hace manifiesta una creciente inconformidad de la sociedad con el Estado y con la democracia. Proliferan las movilizaciones, las protestas y demandas de participación.
El abordaje de la participación que se enuncia en los siguientes párrafos, será desarrollado en el segundo capítulo, sin embargo esbozaré algunas ideas generales para establecer sus vínculos con la crisis de la democracia representativa. En esta sección también se ilustra la crisis esbozando datos sobre la participación, y comportamiento electoral de la ciudadanía.
4.1.
La Participación Como Expresión de la Crisis Democrática
La efervescencia participacionista en Honduras, alcanza su máxima expresión en la década de los 90’s, precisamente en la época post guerra fría, cuando se da la apertura democrática y se implementa junto con la Modernización del Estado las reformas económicas de corte neoliberal. El análisis realizado respecto de la participación se puede resumir lo siguiente:
En primer lugar, aunque muy débil, sin capacidad de oponerse a las decisiones de las elites gobernantes en la década de los 80’s, hubo un tipo de expresión participacionista en el movimiento popular que estaba conformado por otros actores y en otros espacios organizativos, me refiero a las formas tradicionales de organización como el movimiento obrero y el campesino. Además aunque perteneciente a otro sector, evidentemente representativo de otro tipo de intereses, se encuentra a grupos de la empresa privada que en determinado momento tienen su punto de encuentro por ejemplo en las demandas de retorno de los civiles al gobierno.
De lo anterior es rescatable que la participación de la sociedad civil, como vimos, ha sido determinante en la construcción de la institucionalidad democrática. En la década de los ochenta ante el conflicto político institucional de 1985, debió intervenir la sociedad civil y también el primer lustro de los 90, estuvo tras la institución de entes electorales. Las reformas políticas se han cargado en agenda hasta convertirse en demandas de Reformas a la Ley Electoral y de Organizaciones Políticas aprobadas en abril del 2004. Así mismo respecto de la subordinación de los militares y la defensa de
entidades protectoras de los derechos humanos y las reformas al sistema judicial tienen la huella de organizaciones de la esfera de la sociedad civil.
La efervescencia participacionista, que toma vida con la crisis de la democracia representativa, se vincula a la pérdida de legitimidad de las instituciones democráticas. Con lo anterior, de ninguna manera se está afirmando la exclusividad de la participación como expresión de la crisis, pues el abstencionismo electoral que se mantiene en promedio en un 27.5%60 para el país, ha mostrado un progresivo incremento desde las elecciones de 1981.
La participación como expresión de la crisis, se traduce en:
4.1.1. Demanda de Participación
En el fondo, la demanda de participación de cierto sector de la sociedad está expresando que no siente representados sus intereses en las políticas y acciones del Estado. En ese sentido, se pone de manifiesto dos proyectos políticos diferentes, trazados por una diferenciación social, que da cuenta del incremento de la brecha de desigualdad que ha venido en incremento desde varias décadas atrás y que la democracia representativa ni el proyecto neoliberal que la acompaña, han sido capaces de resolver, al contrario, se agudiza en democracia.
De alguna manera, la sociedad civil ha ejercido un rol de oposición, representativo de intereses que no tienen cabida en el Estado. Esto puede tener explicación en que al no haber pluralismo político, lo que se agrava con el hecho que los dos grandes partidos representan intereses similares que no provocan polarización de fuerzas más que por sus intereses particulares, puesto que ambos representan los intereses de un mismo sector de población; la oposición representativa de otro tipo de intereses es interpuesta por la sociedad civil.
Si vemos esto por sectores, el movimiento de mujeres alcanza conquistas al lograr una cuota mínima de participación que pese a formar parte de la normativa e institucionalidad establecida, esta participación en la práctica aun está lejos de concretarse. Los indígenas y la comunidad afrohondureña no logran representación en el parlamento. Pero el mayor porcentaje de la población no agrupada por estas categorías clasificatorias, sino por la pobreza que incluye también a los grupos mencionados, tiene mayores dificultades de encontrar representación de intereses en el parlamento y por tanto canalizar demandas.
4.1.2. Pérdida de Legitimidad de las Instituciones Democráticas
El entramado de factores que subyace tras la crisis de legitimidad teje una red compleja. El distanciamiento de los representantes de sus representados en opción por sus proyectos particulares de clase o de sector, ha perpetuado una clase dominante en el poder que sólo sufre metamorfosis al son de los efectos de la globalización. La corrupción e impunidad de los políticos que usan las instituciones como trincheras para protegerse de la ley, la inconformidad con el funcionamiento de los entes contralores a razón de que no han podido ser eficientes ante los abusos de poder, corrupción y clientelismo, la incapacidad del sistema para satisfacer las demandas sociales, así como en ofrecer mejores oportunidades para toda la población, el acrecentamiento de la brecha de desigualdad y ensanchamiento de la pobreza, son factores que sustentan la pérdida del apoyo hacia las instituciones tradicionales de la actual democracia representativa.
En el modelo democrático representativo, la institución representativa por excelencia descansa en el parlamento, y el canal para esa representatividad de intereses son los partidos políticos.
A este respecto, los estudios realizados para el Informe de la democracia en Latinoamérica, revelan que “los partidos políticos están en su nivel más bajo de la
estima pública”61
según datos del Latinobarómetro 2002, sólo 14% de los latinoamericanos confían en los partidos políticos.
En una encuesta de percepción sobre la honradez y la corrupción, elaborada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 2002, en una escala de valores de 1 a 10, donde los valores cercanos a 10 denotan mayor percepción de honradez y de menos corrupción; los políticos figuran en el penúltimo lugar entre un grupo de 16 instituciones, los diputados el último lugar. Asimismo los jueces en el noveno, los ministros en el doce, y policías y regidores en el trece y catorce lugar respectivamente.62
Así mismo, en el ámbito local, si se trata de medir la confianza institucional, de un grupo de once instituciones entre las que figura la Iglesia, televisión y radio, alcalde, patronatos, gobierno municipal, Consejos de Desarrollo municipal, ong’s, prensa, cooperativas, policía y partidos políticos. Los políticos vuelven a ocupar el último lugar, cuando solamente cerca del 12% de la población dice confiar en ellos.63
Sobre la base de los resultados del informe para la democracia 2004, en el caso hondureño, los datos revelan “que en Honduras el 83.4% de los encuestados dice estar “muy de acuerdo” o “de acuerdo” con que las elecciones ofrecen a los votantes una real opción de elegir, porcentaje que supera al promedio de los países de la región
latinoamericana (77.9%)”. Además en consonancia con lo anterior “se aprecia que en
Honduras el 80.5% de los consultados esta “muy de acuerdo” o “de acuerdo” con que el voto permite influir sobre los acontecimientos, valor que también se ubica arriba de la media regional (74.8%).64
Ambas situaciones estarían indicando que en Honduras existe una percepción bastante favorable sobre la eficacia del voto, lo que debe ser relacionado de alguna manera con las cifras de participación electoral relativamente aceptables y por encima del promedio
61
PRODAL/Honduras, La Democracia en Latinoamérica, p. 9.
62 PNUD, Informe de Desarrollo Humano, Honduras 2002, p.83 63op.cit. p. 127.
latinoamericano.”65
En efecto, en lo que se refiere a participación electoral, pese a que la abstención ha venido aumentando en Honduras de manera sostenida, el porcentaje de votantes sobre la base de la población con derecho al voto es de un 68.3% para el período 1990-2002, que ubica al país por arriba de la media latinoamericana (62.7%). De igual manera, para el mismo período el país registra un porcentaje de votos válidos (relativo a la población con derecho al voto) de 63.7, también arriba de la media regional que es de 56.1%.66
No obstante, al contraponer la percepción de la eficacia del voto, contra las percepciones sobre el cumplimiento de las promesas por parte de los gobernantes, resulta paradójico que “sólo 4.0% de los hondureños consultados piensan que los gobernantes cumplen con sus promesas electorales, porcentaje que a nivel de la región es menor (2.3%). Del total de los encuestados que creen que los políticos no cumplen sus promesas un mayoritario 61.1% expresa que los políticos no cumplen sus promesas porque mienten deliberadamente, mientras que el 33.6% de los encuestados da el beneficio a la duda a los políticos al suponer que: los gobernantes ignoran lo complicado que son los problemas al momento de comprometerse, surgen otros problemas más urgentes, o bien que el sistema no los deja honrar sus promesas.67
De lo anterior y sujeto a un estudio más profundo podría inferirse que el voto “como simbolismo de participación política” que se canaliza a través de las elecciones se está erigiendo en el país como el único instrumento formal, institucionalizado, capaz de expresar insatisfacción de la ciudadanía, que se materializa como “voto de castigo”, para con el gobierno saliente, como voto nulo, en blanco y también a través de la abstención.
Partiendo entonces del modelo de democracia instalado y su crisis actual, veríamos en este punto un efecto del reduccionismo de la democracia procedimental en cuanto que “la esencia de la democracia está, tal como subrayan acertadamente los teóricos de la
65op.cit. p.41 66op.cit. p. 31 67op.cit. p. 42
democracia protectora, en la habilidad de los ciudadanos para sustituir un gobierno por otro y por lo tanto, para protegerse del riesgo de que los políticos encargados de tomar las decisiones se transformen en una fuerza inamovible.”68
Respecto de lo anterior, la participación electoral aunada a la creencia por parte de la población en la efectividad del voto, se constituye en una forma de mostrar la deslegitimidad de las instituciones representativas, (Parlamento y Partidos Políticos en este caso). Aunque en este sentido las elecciones como institución, estén cumpliendo una función instrumental.
Tomando otro aspecto relacionado con lo anterior, el latinobarómetro publicado el 13 de agosto de 2004 da cuenta de la evolución de las percepciones de los ciudadanos respecto de la democracia entre 1996 y el año 2004. Es importante puntualizar en dos aspectos trabajados en el informe. Se trata de la satisfacción con la democracia ligada al desempeño del gobierno y el apoyo a la democracia que es indicador de la legitimidad del sistema democrático mucho más ligado a valores como la libertad y la tolerancia.69
Los datos muestran que en Honduras, ha bajado el nivel de satisfacción con la democracia, nivel que del 2002 desciende de un 65% a un 30% en 2004. Ese período se circunscribe en la administración del gobierno actual. En ese sentido el descenso del 65% al 30% puede explicarse en que las expectativas generadas por las promesas de campaña manifiestan su desilusión a partir del primer año de gobierno (2002). También es oportuno destacar que los índices más bajos de satisfacción se dan en 1996 con un 20%, en 1998 con un 37% y en el 2003 con un 37%. A esto se puede agregar que de los dos repuntes del abstencionismo en los 90’s, en el proceso electoral del 2001, se da el segundo porcentaje más alto de la década con el valor de 33%.70
En cuanto al apoyo a la democracia, y en respuesta a la pregunta: La democracia es preferible a cualquier forma de gobierno, la trayectoria del apoyo, muestra repuntes en
68 David Held. Modelos de democracia, p. 202
69 Latinobarómetro agosto de 2004. En http://www.latinobarometro.org 70 PNUD, 2002, p.36.
1997 con 63% de preferencia por parte de los encuestados, 64% en el año 2000, 57 por ciento en el 2002, y baja a 46% en 2004 muy cerca del 42% que mostró en 1996.71 Si vemos los ascensos, son también coincidentes con los años electorales o con el primer año de gobierno. (1997 fue el período electoral en el que llega a la presidencia Carlos Flores Facussé, y el 2002 fue el primer año de gobierno de la administración actual). Se observa descensos fuertes aproximadamente a los dos años de gobierno cuando la ciudadanía ha podido experimentar la ejecución de los programas de gobierno. (1996 fue el tercer año de gobierno de Carlos Roberto Reina y 2004 el tercer año de gobierno de Ricardo Maduro).
Sobre la base de este tipo de parámetros, la insatisfacción con la democracia, se vincula a la insatisfacción con el desempeño de los gobiernos. Obviamente, se trata de gobiernos que asumen a través de la competencia electoral de partidos políticos, participación que ofrece el sistema representativo de democracia. En consecuencia asistimos a la pérdida de legitimidad de las instituciones tradicionales de este modelo.
Respecto del parlamento, cuando comienza a practicarse el voto separado, fue posible apreciar más claramente la inconformidad con esta institución democrática. En contraposición a esa actitud de la ciudadanía, los partidos políticos, obtuvieron mayor votación cuando se trataba de los gobiernos locales.
Abstencionismo y voto, dos indicadores diferentes y aparentemente contradictorios, están expresando inconformidad e insatisfacción del pueblo en las instituciones democráticas representativas.
Si a lo anterior agregamos, que en la década de los 90’s la participación de algunos sectores de la sociedad civil, cobra un protagonismo nunca antes visto, y particularmente a partir de 1998, período posterior al huracán Mitch, en que convergen la exigencia de participación de la sociedad civil con la insistencia de la cooperación internacional, podemos concluir que la crisis de legitimidad, además del proceso
electoral, está canalizándose por la vía de la participación, de ahí que se genera un panorama complejo, si queremos calificarlo también como un mar de contradicciones que acepta una gama de manifestaciones, indicadores y explicaciones.
CONCLUSIONES DEL CAPITULO
Los presupuestos teóricos de la democracia liberal representativa, albergan dispositivos para su misma crisis. La representación, principio que en efecto ha sido efectivo para las sociedades complejas, aleja a los gobernantes de los gobernados, por otra parte, la democracia contemporánea emerge acompañada de reformas económicas neoliberales que hacen al sistema incapaz de integrar las necesidades de la mayoría de la población, a ello se suma que en cuanto la representación se basa en un principio fiduciario, sin instituir ningún tipo de regulación se presta para la descomposición en corrupción, autoritarismo, clientelismo, entre otros vicios que no corresponden con los valores democráticos.
Inscrita la transición a la democracia en Honduras, en el contexto de la tercera ola democratizadora, se instala en el país un modelo liberal democrático representativo que hace efectivo el ascenso de los civiles a la administración burocrática del Estado. La universalización de éste modelo a partir de la participación masiva de la población que se hace posible a través de la representación en un Congreso Nacional mediante la competencia de partidos y la definición de reglas del juego, no valoró las particularidades que corresponden a la historia, aspiraciones y contexto en que se construye cada nación.
Las condicionantes del contexto en que se da el tránsito a la democracia, esto incluye desde luego el conflicto bélico armado, la injerencia internacional, las condiciones estructurales y hasta la cultura política; constituyen una trama compleja de factores que extienden la instalación de la democracia dos décadas, sumergiendo al país en una larga y conflictiva transición democrática.
Ligado a lo anterior, se diferencian dos períodos de transición. A tono con ello, en la primera fase, la democracia asume connotaciones más instrumentales a partir de considerarse como un método que la reduce a una democracia electoral. En la segunda fase, cuando se da la distensión post guerra fría, se logra avanzar en la instauración de instituciones democráticas, no por ello, se puede hablar de consolidación democrática, pues se trata de establecer las reglas de juego que logren canalizar el conflicto, que regulen la acción social y política.
La segunda fase nace acompañada del proyecto para la Modernización del Estado, el cual pese a que fue concebido como un mecanismo para consolidar la democracia, sufre un giro al momento en que esta modernización inclina su balanza hacia las reformas económicas de corte neoliberal. Así emergen divorciadas las reformas políticos económicos de las reformas sociales. El sistema se manifiesta incapaz de canalizar los intereses y aspiraciones de la población.
Con estos antecedentes son fundadas las razones que subyacen tras la inconformidad e insatisfacción de la ciudadanía. Según la información arrojada por instituciones como Naciones Unidas y el Latinobarómetro, se pone de manifiesto que la población hondureña ha disminuido su credibilidad en los políticos, el parlamento, jueces, policía y funcionarios públicos. Consecuentemente la crisis se manifiesta en las instituciones tradicionales de la democracia representativa y ya que el modelo no permite canales oficiales para participación en la toma de decisiones ni para manifestar la inconformidad ciudadana, la crisis se expresa a través del instrumento clásico de la democracia representativa como el proceso electoral, sin embargo esos indicadores no concentran la exclusividad para manifestar dicha crisis. Esta también se expresa a través de la demanda de participación por parte de la sociedad y la concreción de tal práctica ciudadana está pasando por canales alternos a los institucionalmente establecidos.
Ha sido una constante la participación de la sociedad civil a la par de la edificación la institucionalidad democracia, y aunque esta sufre una mutación con el colapso de las instituciones tradicionales al derrumbarse el patrón de reproducción social anterior, la
acción participativa está presente en las dos fases y toma mayor protagonismo precisamente después de este colapso. Factores de orden político que en tanto provocan exclusión devienen en la demanda además de la acción de participar por parte de la sociedad, conjugados con factores de carácter económico, se inducen la explosión participacionista de los actores sociales.
De ahí que sobre la base de estas expresiones indicativas de la crisis, particularmente la participación que acompaña la edificación de las instituciones democráticas, se deduce que en esa larga transición han convivido dos formas de entender la democracia: La democracia representativa, que ha servido a los símbolos del poder, me refiero a las clases dominantes que se alternan en el ejercicio de los gobiernos y a los intereses capitalistas globales; la otra es una democracia entendida como participación más directa en busca de la resolución de las necesidades de la mayoría de la población.