Al final de este capítulo regresamos a los métodos prácticos para promover la justicia de género. Las considerables restricciones para desafiar la aceptación de la subordinación de las mujeres en la esfera doméstica, han dirigido los esfuerzos feministas, para
exponer las contradicciones en los contratos explícitos e implícitos encontrados en otras esferas institucionales, como el mercado o el Estado. Estos han sido más fáciles de desafiar con base en que contravienen estándares básicos de lo que es justo en las relaciones sociales en la esfera pública. Sin embargo, ni el éxito considerable que se ha obtenido al incorporar la igualdad de género en el fundamento contractual de la
ciudadanía, ni el logrado en la incorporación en el mercado han sido suficientes para desafiar los sesgos de género contra las mujeres en el hogar. Aún no es claro de qué manera el aumento del número de mujeres en el sector público, o si el que las niñas tengan un mejor desempeño que los niños en las escuelas, o que las mujeres vayan ganando fortaleza en el mercado pueden reducir la incidencia de algunas de las
expresiones más notables de la injusticia de género, como la violencia doméstica.17 Esta falta de un vínculo claro entre el poder público de las mujeres y su experiencia privada muestran la razón principal por la cual las feministas se han mostrado escépticas respecto al alcance limitado de las metas propuestas para llegar al tercer Objetivo de Desarrollo del Milenio: igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Se calcula la participación de las mujeres en cargos públicos, la tasa de matriculación de las niñas y la actividad económica de las mujeres. La falta de conexión entre lo que se ha alcanzado a los niveles público y privado ilustra una condición esencial que hace que éstos no estén presentes en aquellos esfuerzos prácticos que buscan promover la justicia de género y esto significa que deben romper la división que existe entre lo público y lo privado. Los mecanismos de rendición de cuentas deben hacer cumplir los estándares de derechos humanos a quienes tienen el poder privado.
17 Laurel S. Weldon, por ejemplo, no pudo hallar que el número de mujeres en la política tuvieran algún efecto causal para mejorar las leyes y políticas nacionales para abordar la violencia doméstica, en una muestra tomada en su mayoría de países de la OCDE/DAC (2002).
Que lo personal es político no es nada nuevo para las feministas. Pero es algo nuevo para los sistemas formales de rendición de cuentas (ya sea del sistema legal o de otros), los cuales generalmente se han limitado a revisar las actividades de los actores públicos, sin abarcar el espacio doméstico. Para que las instituciones de rendición de cuentas integren los estándares de justicia de género, respondan a las mujeres y puedan cuestionarse sobre su capacidad de alcanzar las metas de igualdad de género, se
necesitará revisar algunas dimensiones clave de la relación de rendición de cuentas. Se necesitará incluir nuevos actores, revisar nuevos estándares de lo que es justo en las relaciones humanas, se necesitarán nuevos métodos de investigación y escrutinio, e incluso es posible que se requieran nuevos foros para ejercicios de rendición de cuentas. En esencia, las tres estrategias descritas anteriormente para buscar una ciudadanía incluyente presentan características de nuevos enfoques de relaciones de rendición de cuentas. Los esfuerzos para buscar una vinculación positiva con el pluralismo legal introducen nuevos actores (mujeres como demandantes, fiscales e incluso juezas, como en el caso de las cortes de Gacacca), en los sistemas existentes, de los cuales las
mujeres han estado marginadas, como los tribunales tradicionales. Los esfuerzos para armonizar los sistemas tradicionales respecto a los sistemas internacionales de derechos humanos, como los de Shirin Ebadi, en Irán, están cambiando los estándares frente a los cuales se evalúan las acciones públicas y privadas. También están construyendo la legitimidad de jurisdicciones alternativas para la rendición de cuentas; en este caso, el régimen internacional de derechos humanos y sus instrumentos. Los esfuerzos para exigir derechos plenos de ciudadanía mediante la acción colectiva, como en el enfoque de auditoría social adoptado por la MKSS en Rajastáhn, implican la imposición de
nuevos métodos (auditorías locales colectivas) en los sistemas de rendición de cuentas. La considerable experimentación que está teniendo lugar en todo el mundo para extender el acceso ciudadano a los sistemas de rendición de cuentas, y para exigir que quienes tienen el poder respondan a nuevos estándares de probidad, representa una ola de acción social popular en la cual las iniciativas de las mujeres forman una gran parte. Hay un sentido ampliamente compartido de que existe un público global que está harto de la impunidad con la cual los actores públicos explotan sus posiciones. Además, también existe un compromiso entre las mujeres para acabar con la impunidad con la cual los patriarcas en la esfera privada explotan sus posiciones.
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