La década del 90 y la privatización

La década de 1990 estuvo signada en Comodoro Rivadavia y en la Cuenca del Golfo San Jorge por los impactos de las decisiones nacionales que confluyeron en la reestructuración de las empresas estatales en el marco de las premisas neoliberales y las iniciativas de ajuste estructural impulsadas a lo largo de todo el país por el gobierno de Carlos Saúl Menem. Para Cabral Marques, en el caso de la actividad petrolera estatal dos grandes procesos de reforma se llevaron a cabo en la empresa YPF desde fines de 1990. Uno de estos procesos, el que se inició primero, se conoció como proceso de transformación y buscaba en esencia definir las actividades estratégicas para la Sociedad, a fin de determinar su eficiencia y su interés económico. Sobre la base de un estudio requerido a una consultora internacional (Mckinsey y & Co.Inc.) se diseñó un programa de reforma a los efectos de lograr “una empresa que fuera integrada, equilibrada y rentable. Una empresa de derecho privado, de capital abierto y que cotizara sus acciones en bolsas locales e internacionales”. Este proceso de transformación se llevó a la práctica formalmente con la entrada en vigencia del Decreto Nro. 2.778/90 del Poder Ejecutivo Nacional, a partir del 1 de Enero de 1991, que estableció la modificación de la organización jurídica de la Sociedad, abandonando la figura de Sociedad del Estado para convertirse en una Sociedad Anónima de capital abierto con autonomía empresaria para asociarse con inversores privados en función de actuar dentro de las nuevas condiciones

que promovía la desregulación del mercado petrolero14. Posteriormente, el 24 de

Setiembre de 1992, el Congreso de la Nación sancionó la Ley Nro. 24.145 (la “Ley de Privatización de YPF”) que reafirmó y otorgó el marco el marco legal a la privatización de la Sociedad y la estrategia de reorganización establecida en el mencionado Decreto. La transformación consistió, fundamentalmente, en la concentración y focalización en las operaciones prioritarias de la Sociedad y la venta de activos no considerados necesarios para el desarrollo futuro de la política de la empresa.

Expresa nuestro autor “la empresa tenía áreas que no podían explorarse o explotarse

14 _{YPF Sociedad Anónima (Decreto 2778/90). Boletín de Informaciones Petroleras. Tercera Época. Nro. 25. Año 8.} Marzo de 1991. (págs. 2 a 13).

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adecuadamente, refinerías, equipos de perforación y oleoductos con capacidad ociosa, buques, aviones, astilleros, supermercados, clubes y hospitales propios [...]. Se dispuso la venta de todos aquellos activos cuyas operaciones relacionadas carecían de rentabilidad potencial, como los referidos a la perforación y la mayor parte de la flota de buques y de aviones. Otros activos considerados no estratégicos pero con rentabilidad potencial, como los derechos de exploración y algunas concesiones en las cuencas Austral y Noroeste, fueron involucrados en acuerdos con terceros o en uniones transitorias de empresas”. El proceso de transformación de Sociedad del Estado a Sociedad Anónima concluyó en diciembre de 1992. Momento en el cual, merced al asesoramiento de empresas y consultoras privadas, comenzó un proceso de reestructuración centrado básicamente en la reducción y reorganización de la fuerza laboral de la Empresa que pasó de un total aproximado de 51.000 trabajadores a 5.501 hacia fines de1995. Para lo cual se implementaron reorganizaciones y supresiones de tareas y se disminuyó notoriamente la masa salarial. Asimismo, se promovió el dictado de cursos de capacitación a trabajadores salidos de la Empresa en torno a su reinserción laboral, con el pago de un salario durante el lapso en que se dictaran dichos cursos. Los mecanismos despido con indemnización y retiro voluntario, completaron este proceso. Detalla Cabral Marques que al día 31 de diciembre de 1994 se habían desvinculado de la empresa un total de 29.933 trabajadores bajo la figura del despido con indemnización, constituyendo esta cifra casi el 88% del total

de las bajas registradas desde la puesta en marcha de la política dereestructuración de la

Compañía. Las indemnizaciones estuvieron reguladas por las leyes laborales vigentes y preveían un monto de dinero que se establecía en base a un coeficiente en el que se consideraba tanto la trayectoria como la antigüedad del empleado dentro de la Empresa. En general, las sumas ofrecidas a quienes se acogieron al programa de desvinculación, definido genéricamente como “retiro voluntario” oscilaron entre los $25.000 y los $ 80.000, en los valores de aquella época. Además de estas medidas se puso en marcha un mecanismo de emprendimientos a partir de la conformación de sociedades de ex-agentes con contratos por tiempo limitado para el desarrollo de tareas secundarias y de baja importancia estratégica15.

15 _{El autor detalla que estas iniciativas estaban amparadas en la Ley 23.696 de Reforma del Estado que, en su art. 16,}

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Importa destacar que en 1991, momento en el cual, como antes se decía se inicia la reducción de personal, SUPE declara una huelga, que es declarada ilegal por el Ministerio de Trabajo de la Nación. La resistencia colectiva empieza a expresarse en forma de “reacciones “locales”. Expresa Cabral Marques “sin embargo estas convocatorias, no lograron en los hechos articular propuestas concretas para enfrentar el nuevo escenario, y sólo sirvieron como catalizadores de la sensación de desprotección que pesaba sobre los actores locales y marcaron el inicio de una búsqueda colectiva de salidas a la coyuntura recesiva.”