ENTRE EL DESAMPARO Y LA SOLIDARIDAD
Darío Santillán (2002)
“La crisis causó dos nuevas muertes”(2002)
vez mayor. Participó en la organización de roperos comunitarios, guarderías y bibliotecas. Ya hacia fines de los noventa no bastaba con pedirle trabajo a San Cayetano. El 1º de mayo de 2000, para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores, los desocupa- dos de la zona sur cortaron por primera vez el Puente Pueyrredón, que comunica a la ciudad de Buenos Aires con el partido de Avella- neda, provincia de Buenos Aires. Lograron hacerlo, a pesar del gran operativo policial que se desplegó para impedirlo.
“Cortar rutas es hacer un esfuerzo. Es una acción para cambiar de fon- do la situación que estamos viviendo. No nos vamos tranquilos con un plan de 160 pesos. Éstos son los términos de nuestra consigna: trabajo, dignidad y cambio social”, explicaba Santillán en una entrevista que le hicieron durante uno de los tantos cortes con los que buscaban reparar algo de la enorme injusticia que sufrían los desocupados.
El 1º de enero de 2002 asumió como presidente Eduardo Duhalde, el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires. La situación había llegado a tal punto que las cifras indicaban que el 50 por ciento de la población era pobre y el 17 por ciento estaba desempleado. Por eso el 26 de junio de 2002, en el marco de un plan de lucha nacional, las organizaciones de desocupados –Darío Santillán entre sus filas– fueron nuevamente a cortar el Puente Pueyrredón.
El operativo conjunto para reprimir a los manifestantes consistía en 2 mil efectivos con pistolas lanza-gases, 9 mm y escopetas con balas de plomo. Estaba integrado por la Policía Bonaerense, la Po- licía Federal, la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional. La ca- “Siempre tuvo el mismo aspecto inconfundible y, a la vez, anónimo,
mezcla del Che, Jesucristo y el gaucho Martín Fierro.” La descripción, tomada del libro El militante que puso el cuerpo, alude al muchacho de la foto: Darío Santillán. Se lo ve en una marcha junto a sus com- pañeros de la Escuela Media N°2 Luis Piedrabuena, por las calles del centro de San Francisco Solano, reclamando la derogación de la Ley Federal de Educación aprobada en 1993. La imagen es una au- téntica postal de los noventa, cuando algunos jóvenes protestaban contra las políticas neoliberales a la vez que buscaban en el rock una intensidad que los acompañara.
Darío era fanático del rock pesado, uno de los estilos musicales que compiten con la cumbia por ser la banda de sonido del conurba- no bonaerense. Le gustaba, sobre todo, Hermética. También leía al
Che Guevara y a Eduardo Galeano, especialmente Las venas abier-
tas de América Latina. Estas preferencias fueron en parte el motor para que se acercara a participar en el centro de estudiantes, en un momento surcado por la desconfianza hacia “la política de la repre- sentación”. Cuando terminó la secundaria se anotó en la carrera de Historia, pero encontró su lugar militando entre los desocupados. Se sumó al Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Aníbal Verón, en su barrio, Don Orione. Así recordaba su ingreso: “Fui y pregunté: ¿quién dirige acá? Nadie, me respondieron. Entonces me quedé”.
Las banderas de la horizontalidad y la democracia directa entu- siasmaron a Darío. Su involucramiento en la organización fue cada
cería no tardó en empezar y los trabajadores desocupados, que en algunos casos habían ido con palos, gomeras y sus rostros tapados, se vieron obligados a retroceder. En la corrida, Darío Santillán se de- tuvo en la estación de tren de Avellaneda porque vio en el piso a uno de sus compañeros, Maximiliano Kosteki, que ya estaba muerto. Una foto lo muestra agachado intentando auxiliarlo, extendiendo la palma abierta hacia los policías como pidiendo que no disparen. En una misma imagen el desamparo y la solidaridad: Santillán ofrecien- do su cuerpo, como forma última de poner a salvo aquellos valores que una época sostenida en el individualismo pretendió sepultar.
En la foto también se ve a algunos de los asesinos, entre ellos el ex comisario Alfredo Fanchiotti, responsable del operativo. La esce- na del asesinato fue registrada por algunos de los pocos fotógrafos que estuvieron allí, entre ellos José “Pepe” Mateos del diario Clarín, quien tomó con su cámara digital –tecnología no tan común en ese momento– una secuencia de imágenes que dejó en evidencia como el cabo Alejandro Acosta le disparó a Darío por la espalda.
La Masacre de Avellaneda concluyó, además, con 160 detenidos y otros 33 heridos de bala de plomo, todos ellos trabajadores desocupados. Darío Santillán tenía 21 años cuando fue asesinado. Sobre el cajón donde lo enterraron sus amigos pusieron la remera de Hermética, ya gastada por tanto uso.
“La crisis causó dos nuevas muertes”, tituló Clarín la mañana si- guiente a la Masacre de Avellaneda. “No se sabe aún quiénes dispararon contra los piqueteros”, decía la nota. La construcción noticiosa estaba llena de imprecisiones que desdibujaban la res- ponsabilidad y no mencionaba sujetos concretos. Las fotos que ilustraban la nota de tapa no mostraban el accionar policial. Se- gún cuentan periodistas de diferentes medios, la estrategia del go- bierno fue presionar para que se publicara que los piqueteros se
habían matado entre ellos. Desde esa lógica, las vidas concretas que habían sido aniquiladas ni siquiera podían estar incluidas en un título. Por su parte, distintos canales televisivos abonaban la idea de “la interna” protagonizada por “violentos encapuchados con palos”, en vez de mostrar otras imágenes que tenían, por ejemplo las de la policía recogiendo los cartuchos para borrar la evidencia. Al día siguiente, nuevos testimonios y más material fotográfico deja- ron en claro la represión y el diario Clarín se vio obligado a publicar la secuencia de fotos completa, algo que sólo ellos tenían desde el primer día. En su editorial, titulado “Por qué 24 horas después”, el editor fotográfico Diego Goldberg llegó incluso a afirmar: “Si uno de los roles del periodismo es ayudar a entender la realidad, éste ha sido un momento para sentirnos orgullosos”. La evidencia de la re- presión estatal motivó a que el presidente Eduardo Duhalde llamara a elecciones anticipadas.
El juicio sobre la Masacre de Avellaneda condenó a siete policías a la cárcel, dos de ellos a prisión perpetua, pero no avanzó sobre las responsabilidades políticas, una de las demandas constantes de los familiares y compañeros de militancia de las víctimas. El nombre de Darío, y también el de Maxi, se transformó en una bandera para aquellos jóvenes que apuestan a la solidaridad, al compromiso con el otro, a la lucha.
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Tapa del diarioClarín del 27 de junio de 2002,
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LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
Secuestro de Marita Verón(2002)
Encuentros nacionales de mujeres(1986 hasta el presente)
La Organización de las Naciones Unidas define a la trata de perso- nas como “la acción de transportar, trasladar, acoger o recibir perso- nas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”. Sin embargo, hasta 2008 en Argentina el delito no existía como tal en el Código Penal. Por eso, el expediente del caso se convirtió en una suerte de manual sobre la trata de personas y fue un valioso antecedente para la sanción de la primera ley. Asimismo, Susana creó en octubre de 2007 la Fundación María de los Ángeles, donde se reciben denun- cias y se asiste de manera integral y gratuita a las víctimas de trata. Por su inclaudicable lucha, Trimarco recibió importantes distinciones nacionales e internacionales.
En 2012, comenzó el juicio por el secuestro y desaparición de Marita. Hubo trece imputados, entre entregadores, reclutadores y regenteadores de prostíbulos. Tras diez meses de instancias judicia- les, finalmente, todos los sospechosos fueron absueltos. Este revés fue motivo de indignación para todo el arco político y para amplios sectores de la sociedad.
No obstante, pocos días después de conocerse el vergonzoso fa- llo, se aprobó la reforma de la ley de trata que, entre otros aspectos progresivos, agrava las penas, considera que el “consentimiento” de la víctima no exime de responsabilidad al tratante, establece mayor Madre e hija, todavía en camisón, comparten unos mates mientras
charlan y se ocupan de tareas domésticas. Es una mañana soleada en Tucumán. La hija se viste y se dispone a salir porque tiene una consulta médica. Antes, aclara, “no compres nada, mami, que vi que tenés de todo en la alacena. Yo cocino cuando vuelva”. Tras un beso se despiden. Ésa fue la última vez que se vieron.
Una de las protagonistas de esta historia es María de los Ángeles Verón, más conocida como Marita, una joven de entonces 23 años que vivía con su pareja David Catalán y con la hija de ambos, Micae- la, en el norte de la ciudad de Tucumán. Marita nunca volvió de ese chequeo ginecológico porque fue secuestrada el 3 de abril de 2002 por una red de trata de personas.
La otra gran protagonista de esta historia es su madre, Susana Tri- marco, quien desde ese mismo día conduce una lucha por la verdad que cambió la historia del país. Apenas notó la demora en el regreso de Marita fue a buscarla y, tras no obtener resultados, dejó asentada la denuncia. Desde entonces, no dudó en poner el cuerpo en la bús- queda de su hija y hasta llegó a infiltrarse en una red de trata como proxeneta. Sólo así pudo averiguar, en profundidad, el funcionamien- to interno de estas mafias, que operan con personas involucradas en las fuerzas de seguridad y en el aparato judicial, político y económico. Mientras persiste en la búsqueda de Marita, Susana ayudó a liberar a más de 140 chicas; muchas de ellas prestaron valientes testimonios que fueron clave para la investigación y permitieron conocer el horror del cautiverio, la tortura y la obligación de prostituirse noche a noche.
protección del Estado en la reinserción social de las víctimas y pos- tula la creación de un Consejo Federal dedicado al tema. En una crónica de aquellos días, Susana Trimarco expresó sus contradicto- rias sensaciones: “A pesar del mal momento que estamos viviendo por el fallo, estamos muy contentos porque esta ley nos brinda las herramientas legales para que podamos combatir este delito de la mejor manera. Además, estoy muy emocionada porque se haya des- tacado el valor de los testimonios de las víctimas que rescatamos”.
El otro doloroso aspecto de la trata de personas es el que atañe a la responsabilidad de los varones, cómplices de este delito cuan- do frecuentan prostíbulos o consienten que otros lo hagan. Por eso, la lucha también se aúna bajo una consigna: “Sin clientes no hay trata”. Desde esta perspectiva, el llamado a la concientización es más amplio e implica reflexionar sobre el patriarcado, es decir, sobre la relación de dominación que se establece entre los varones y las mujeres. La violencia de género hacia las mujeres es un tópico que se reproduce socialmente, en el ámbito familiar, en el trabajo, en los medios masivos, en la vía pública.
La búsqueda de una sociedad más justa desde la mirada de las mujeres es una lucha que no cesa. Parte de sus batallas se libran en los Encuentros Nacionales de Mujeres, espacios que posibilitan que las participantes puedan conocerse, unirse, reflexionar, animar- se, darse fuerzas, tomar la calle, construir agenda política. El primer Encuentro tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires, en 1986, acom- pañando el retorno de la democracia. Fue impulsado por muchas de las militantes políticas de los setenta que, después de la dictadura, volvían a la vida pública, en muchos casos del exilio o la cárcel, abra- zando el feminismo. Creían que la apelación política ya no podía ha- cerse sólo en clave de pueblo o de clase sino que había que incorpo- rar la dimensión de género. A los primeros Encuentros apenas iban
unas pocas mujeres, que después fueron cientos y hoy son miles. Los Encuentros son jornadas que incluyen debates, tertulias, fes- tivales y los ya clásicos talleres, espacios heterogéneos, plurales y horizontales, donde trabajadoras, líderes sociales, profesionales, académicas, militantes políticas y amas de casa pueden expresarse y ser igualmente valoradas. Para muchas mujeres es la posibilidad de hablar en público por primera vez, para otras es la oportunidad de escuchar relatos de lucha en primera persona.
Los Encuentros recorrieron distintos puntos del país y fueron los espacios embrionarios de muchos de los temas clave de la agenda argentina de derechos humanos. Los Encuentros son espacios de libertad e igualdad. Por eso allí se reafirma la búsqueda constante de todas las Marita Verón, el nombre propio de una lucha que convoca a otras y que invita a sumarse a todos los varones y mujeres compro- metidos con la democracia.
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LOS TIEMPOS SUPERPUESTOS DEL DOLOR
El doble crimen de La Dársena en Santiago del Estero(2003)
La inundación en la ciudad de Santa Fe (2003)
política, en Santiago del Estero estallaron algunas estructuras funda- mentales de un Estado represor.
El primero en denunciar lo sucedido fue el padre de Leyla, Younes Bshier, un ciudadano palestino que por medio del contacto con diri- gentes políticos y periodistas pudo instalar el tema en la agenda pú- blica nacional. Semana a semana las marchas de reclamo de justicia fueron creciendo. A ese espacio también se sumó la madre de Patri- cia Villalba, un ama de casa que recibió el apoyo de la Pastoral Social de la Parroquia La Salette. Los familiares de las víctimas encontraron apoyo en numerosos actores y organizaciones de la sociedad civil que habían enfrentado al juarismo y que, a pesar de haber sido de- rrotados en distintas contiendas, se mantuvieron activos, entre ellos, sectores de la Iglesia, periodistas, profesionales, partidos de izquier- da, las “Madres del Dolor”, que denunciaban casos de gatillo fácil, y gremios opositores, empleados estatales, judiciales y docentes.
Por otro lado, los reclamos se fusionaron con una demanda que tenía años y que aparecía como una condición necesaria para que los crímenes se esclarecieran: la intervención federal del poder eje- cutivo santiagueño. La intervención llegó el 1º de abril de 2004 y alcanzó a los tres poderes del Estado. Además, por pedido de un juez federal, quedaron detenidos Carlos Juárez y Mercedes Arago- nés de Juárez.
La causa judicial finalizó recién en junio de 2008 con las siguientes condenas: Musa Azar, prisión perpetua como instigador y cabeza visible de una “asociación ilícita”; la misma condena para los policías El 6 de febrero de 2003 aparecieron en Santiago del Estero los ca-
dáveres de Leyla Bshier Nazar y Patricia Villalba, de 22 y 25 años respectivamente. Fueron encontrados por doña Rosa Vergara, una buscadora de huesos, en una zona conocida como La Dársena, en las afueras de la localidad de La Banda. “Eran sólo dos chinitas”, dijo despectivamente Antonio Musa Azar, el jefe de la policía local. Su- puso que la opinión pública se plegaría a sus dichos o a la crueldad de la que hacía gala, pero esta vez no fue así. El caso, conocido como “El doble crimen de La Dársena”, convulsionó a la provincia, a punto tal que fueron muchas las voces que afirmaron que a par- tir del crimen se empezó a desbaratar un orden feudal y patriarcal que se mantuvo con pocas modificaciones durante los años de la democracia.
El doble crimen estuvo ligado a las fiestas de “los hijos del poder”. Estas prácticas no eran novedad para una provincia acostumbrada a la impunidad de los sectores sociales más poderosos, tampoco para una región donde todavía resonaba el caso del asesinato de la joven María Soledad Morales que en 1990 había convulsionado a Catamarca y al resto del país. Pero esa vez fue diferente: la sociedad santiagueña desnaturalizó lo acontecido y puso en jaque no sólo al matrimonio Juárez –que tuvo el poder en la provincia durante más de cinco décadas–, sino también a los responsables directos de estos asesinatos, entre ellos Musa Azar, quien ya había sido implicado en crímenes ocurridos durante la dictadura. En un momento en que se desmoronaba en todo el país una forma de entender y practicar la
Jorge Pablo Gómez, Francisco Daniel Mattar y Héctor Bautista Al- barracín; y 22 años de prisión para José Patricio Lludgar. Pero para muchos santiagueños, la detención de Musa Azar y el derrumbe po- lítico de los Juárez significó que, finalmente, la provincia lograba salir del terrorismo de Estado.
El 29 de abril de ese mismo año, otra provincia argentina fue sa- cudida por una situación extrema: la ciudad de Santa Fe quedó bajo el agua. El Estado provincial reconoció 23 muertos (aunque una demanda judicial eleva el número a más de cien) y hubo 140 mil evacuados de 28 mil familias, una cifra que en ese momento repre- sentaba al 35 por ciento de la población de la ciudad. La inundación fue producto de una catástrofe natural –la abrupta, aunque antici- pada, crecida del río Salado– y de la impericia de los gobernantes. Las autoridades habían atendido sólo parcialmente las advertencias técnicas respecto de las obras de infraestructura que debían reali- zarse para evitar el desastre. El repliegue del Estado, el abandono de tareas que podían salvaguardar a los más humildes de inclemencias tantas veces anticipadas, en Santa Fe se reveló con toda crueldad en esos días.
“La parte de abajo se inundó. En el salón de la planta baja teníamos una biblioteca de 3,60 x 2,40 metros de alto. Se derrumbó. Bajo las aguas perdimos más de mil libros. Para mi esposa fue una pérdida irrecuperable. Eran los libros con los que había estudiado. Ella tiene varios títulos, se recibió con diploma de honor. Nunca más quiso vol- ver a la casa. Ahora no tenemos casa propia, alquilamos”, recuerda un vecino de uno de los barrios que quedó bajo el agua.
De aquella experiencia quedaron grabadas algunas imágenes: el Hospital de Niños bajo el agua; la cancha del Club Atlético Colón inundada, y, una vez más, los rostros dolientes de los más humildes, cuyas casas estaban ubicadas en la zona oeste de la ciudad, que
sufrió los embates más fuertes de la inundación. Cuando se nombra el estallido de la crisis más aguda que se vivió en democracia, se referencia al año 2001 y a su mes de diciembre. En el mapa grande de la Argentina, sus epicentros fueron múltiples.