3. LOS INTENDENTES TRAS EL GOLPE DE ESTADO: Apoyo y (un caso de) oposición
3.1 De intendente democrático a intendente de facto El caso de Raúl Iturria
En Durazno, Raúl Iturria67 fue el intendente electo en las elecciones 1971,
pertenecía al sector Alianza Nacionalista. El Partido Nacional ganó la elección con casi 5000 votos de diferencia sobre el Partido Colorado. Su sector obtuvo diez bancas en la Junta Departamental, y el “wilsonista” siete; el resto se repartió entre 12 colorados (siete reeleccionistas, cuatro batllistas y un independiente) y dos frenteamplistas. (Fabregat, 1972: 105-106 y 144-145).
Tras ser electo, Iturria aseguró que las promesas realizadas (obras, vialidad rural y conservación y ampliación de las fuentes de trabajo) serían cumplidas desde el primer momento. (La Publicidad, 10/12/1971: 2). La ceremonia de asunción de febrero del año siguiente en la que el intendente saliente (Humberto Castelli también herrerista) le entregó el mando, contó con numeroso público (Durazno Hoy, 27/2/1972: 1 y 10). Sin embargo, el clima festivo se vio opacado pronto: el intendente resolvió suspender 250
65 Por ejemplo Virginia Martínez habla de los “nuevos intendentes” que concurrieron a un cónclave en Paso de los Toros en diciembre de 1973. Más adelante dice que en 1974 “las Fuerzas Armadas ocupan el Estado a través del nombramiento de coroneles y generales en la mayor parte de los puestos de la administración pública. Son militares los jefes de Policía, los intendentes, los interventores de los Entes Autónomos” (2005: 28 y 31). Como se verá más adelante, no es la única autora que confunde la información respecto a los intendentes.
66 El Tribunal de Apelaciones confirmó la prisión preventiva del ex intendente de Maldonado Acosta Arrieta, a principios de abril de 1975 y el 22 de ese mes procesaron al ex intendente de Río Negro, Luis Barriola y otros jerarcas por graves irregularidades en la administración. El mismo día se decretó la intervención de la Intendencia de Treinta y Tres y fue nombrado intendente interventor el Cnel. Luis A. Monesiglio. En mayo fue intervenida la Intendencia de Río Negro (Demasi, 2004b: 82, 85 y 87).
67 Nació en el interior de Durazno en 1935. Es abogado, fue intendente municipal (dos veces: 1972-1976 y 1990-1995), ministro de Interior y de Defensa Nacional y senador nacional. Ocupó todos los cargos institucionales en el Partido Nacional. Actualmente, integra la Academia de Historia Marítima y Fluvial, y el Rotary Club de Montevideo. Está vinculado al tradicionalismo y ha colaborado con varias instituciones de tal naturaleza.
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obreros municipales por la situación económica de la Intendencia, las obligaciones presupuestales y la incertidumbre respecto al traspaso de fondos del gobierno central, que llegaba, según dijo a 100 millones de pesos (Durazno Hoy, 4/3/1972: 1 y 12).
Las deudas de la Intendencia con sus funcionarios68 y los reclamos de estos, fueron
una constante a lo largo de la gestión de Iturria. La ejecución de obras de infraestructura estuvo prácticamente detenida durante el primer año y medio de gestión. No obstante, logró poner en marcha el Festival Nacional de Folclore: la primera edición fue en enero de 1973 (actualmente va por la 42º edición), según Padrón: “sin duda uno de los hechos culturales más relevantes por su dimensión material y su potencialidad cultural”. Durante la primera década las figuras más destacadas del folklore musical rioplatense se presentaron en su escenario; Padrón sostiene que con el tiempo se transformó “en uno de los más importantes festivales en su género que se realizan en Suramérica” (1992: 324). La apuesta de Iturria por una fiesta de esta envergadura, le generó diversos problemas y críticas, pero también apoyos, como se verá más adelante69.
En tanto, cuando Bordaberry, en junio de 1973, dio el golpe de Estado y se confirmó la continuidad de 16 intendentes, el gobierno anunció un amplio plan de obras para los departamentos del interior (este punto se desarrollará en el capítulo Nº 5). Sobre esta cuestión, la falta de trabajos de investigación y las escasas fuentes disponibles, vuelven a hacer complejo el análisis. La Publicidad, el único periódico que en ese momento se editaba en Durazno, no dio detalles sobre las decisiones políticas que estaban en juego, ni las distintas posturas a nivel local (en el primer capítulo se vio que sus intereses editoriales iban por otro rumbo); la prensa “nacional” tampoco informó sobre el tema en particular.
68 Durazno no era el único departamento con estos problemas: en mayo de 1972, la Cámara de Representantes instó al Poder Ejecutivo a proveer de recursos económicos a las Intendencias que posibiliten el pago de sueldos decorosos a sus funcionarios, la realización de obras en todos los departamentos y la importación de maquinaria necesaria para la realización de dichas obras. Consideraban penosa la situación de los departamentos del interior: sus funcionarios percibían sueldos bajos en relación a otros de similar labor (Durazno Hoy, 21/5/1972: 4).
69 La realización de festivales de folklore creció significativamente durante el régimen cívico militar, como una apuesta de los gobiernos locales (con el apoyo del nacional) para legitimarse y buscar nuevos apoyos. Trasciende los objetivos la tesis abordar estrategias como estas y, además, las fuentes disponibles (por ahora) para un análisis crítico tanto de la organización como de la participación de la gente, son las de la prensa de la época (muy cercanas en su mayoría al gobierno). Marchesi (2010) y Demasi (2014) sí trabajaron estas estrategias vinculándolas con los festivales que se desarrollaron en algunos departamentos del interior del país.
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Como el resto de los intendentes que decidieron seguir en sus cargos, Iturria participó en la elección –junto al jefe de policía del departamento- de los integrantes de la Junta de Vecinos. Como se verá en el capítulo siguiente, solía acudir a las sesiones a explicar algunos asuntos o pedir celeridad en el tratamiento (y aprobación o rechazo) de temas referidos al departamento.
En el primer capítulo se trabajó sobre el apoyo y la cercanía de La Publicidad con las medidas del gobierno nacional. En el plano político local, el intendente Iturria recibió notas de apoyo a su gestión en varias oportunidades. En una de ellas, titulada “Guenazo! El Intendente”, se le agradecía, felicitaba y llenaba de elogios por las obras que realizaba: arreglo de caminos, calles y la instalación de alumbrado público (1/11/1973: 5).
El salario de los funcionarios municipales, sobre todo los del interior, era una preocupación para el “nuevo gobierno” de Bordaberry (también lo era para el anterior, como se vio líneas atrás). En julio de 1974 el gobierno nacional resolvió aumentar los sueldos de los funcionarios municipales; en Durazno el sindicato de los municipales, ADEOM, tuvo varias entrevistas con las autoridades de la Intendencia en reclamo tanto del pago de lo adeudado, como de los aumentos fijados (La Publicidad, 30/8/1974: 3). El tema se mantuvo vigente en la esfera pública local, tanto que el intendente admitió que los intendentes del interior no estaban de acuerdo con la adjudicación de rubros del gobierno nacional (20/9/1974: 4).
Se trataba de un reclamo de larga data y uno de los argumentos (o motivos) principales que utilizó Iturria durante su gestión para explicar los atrasos en los pagos y el escaso avance en las obras de infraestructura prometidas. En tanto, ADEOM Durazno a pesar de las limitaciones legales que regían a los sindicatos, continuó en funciones, renovó sus autoridades mediante elecciones (La Publicidad, 4/10/1974: 7) y mantuvo su “lucha” salarial. En el siguiente capítulo, se dará cuenta de las entrevistas que tuvieron con la Junta de Vecinos y el alcance de sus reclamos.
3.2 1976, cambios nacionales y municipales: nuevas propuestas
gubernamentales, iguales respuestas
El gobierno “de facto” de los intendentes continuaría hasta febrero de 1977,según lo anunciado por el gobierno nacional y como preveía la Constitución. Sin embargo, como se vio en la introducción, la salida de Bordaberry en junio de 1976 y su sustitución por Demicheli primero y Aparicio Méndez después, generó diversos cambios institucionales, que también abarcaron a las Intendencias.
La destitución de Bordaberry, según Demasi, significó la inauguración de una nueva situación política porque el hasta entonces presidente era “la última figura institucional que conservaba alguna legitimidad electoral” (2010: 48). Más allá de eso, había otras figuras (tal vez no tan relevantes) en el campo político con legitimidad electoral: los intendentes.
El 3 de agosto de 1976, el Poder Ejecutivo resolvió (a último momento) exonerar a las Intendencias del interior del pago de los aportes adeudados al Banco de Previsión Social. A través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el gobierno solicitó rendiciones que justificaran las deudas adquiridas. De todos modos, significó un alivio para las Intendencias y, a la vez, una demostración de la delicada situación financiera por la que atravesaban. (La Mañana, 3/8/1976: 4).
Ya desde mediados de agosto se supo que el 1º de setiembre, cuando asumiera la presidencia Aparicio Méndez, empezaría una nueva etapa, también para los municipios. Por esas fechas, la prensa local anunció que Iturria había puesto su cargo a disposición (La Idea Nueva, 17/8/1976: 1). En ese mes, hubo varias informaciones, por ejemplo que “cesaban los intendentes civiles” (La Idea Nueva, 20/8/1976: 1).
En ese momento había 11 intendentes “civiles”: los de Montevideo, Paysandú, Salto, Rivera, Cerro Largo, Tacuarembó, Durazno, Flores, San José, Canelones y Lavalleja; y ocho militares: los de Rocha, Colonia, Maldonado, Florida, Soriano, Treinta y Tres, Río Negro y Artigas quienes habían ocupado el cargo tras las intervenciones decretadas desde setiembre de 1973 (La Idea Nueva, 20/8/1976: 1).
En esa última semana del mes se conocieron algunas medidas oficiales con respecto a los jerarcas municipales: serían intervenidas las Intendencias de Durazno, San José y Flores (tres de las seis que integran la División II del Ejército, las otras, Florida, Colonia y Soriano, ya estaban intervenidas) y se nombrarían a militares en
lugar de los intendentes “civiles”: Ángel Barrios en Durazno, Jorge Bazzano70 en San
José y Nelson di Candia en Flores. Los tres intendentes civiles Raúl Iturria, Milton Pianzzola y José PouThove pertenecían al PN, los dos primeros habían sido electos en 1971 por el herrerismo y el tercero por el wilsonismo. No está claro por qué los militares (y Aparicio Méndez) decidieron dejar en sus funciones a ocho intendentes civiles y sustituir a los otros tres. Sin dudas, la decisión estuvo relacionada con la División II del Ejército.
Méndez estaba definiendo con sus colaboradores la integración de los Poderes Ejecutivo y “Legislativo”; los intendentes formaban parte, para ellos, del equipo. En ese contexto y sin mayores explicaciones, el futuro presidente suspendió una reunión que tenía con los ministros y se reunió con los intendentes (La Mañana, 24/8/1976: 1). A los dos días se supo que serían intervenidas todas las Intendencias del país, aunque ocho intendentes que estaban en el cargo desde antes del golpe de Estado seguirían en funciones, pero ahora con las Intendencias intervenidas (sobre ese tema, seguramente, se habló en la reunión de “apuro” del 23 de agosto).
Tras la asunción de Méndez como presidente se hizo público el Acto Institucional Nº 3, que en su artículo 5º decretaba la intervención de todas las Intendencias del país hasta “nueva convocatoria a elecciones luego de culminado el proceso de transición y reforma constitucional”71. Las Resoluciones por las cuales se decretó la intervención de
cada Intendencia (en el caso de Durazno fue la Nº 1132/976) tenían tres artículos: en el primero se decretaba la intervención, en el segundo se nombraba al nuevo intendente y ahí consta que continuaron en sus cargos ocho civiles72.
Según La Mañana, los municipios mantenían su autonomía técnica, pero en lo “gubernativo” y lo impositivo la perdían; al menos hasta que no se dictara la Ley Fundamental en materia municipal (el artículo 6º del Acto Institucional Nº 2, del 12 de junio de ese año) seguirán intervenidas. (2/9/1976: 4). Por otra parte, hay que tener en cuenta algo que ya se vio en la introducción: que el Acto Institucional Nº 4 (que se negó
70 Bazzano había sido director del Liceo Militar Nº 2, ubicado en la ciudad de Durazno (La Idea Nueva, 7/9/1976: 1).
71 En este punto también hay, en la bibliografía que se refiere al tema, algunas confusiones y errores: Rico (2008c: 407) y Caetano y Rilla (2005: 64) sostienen que tras las intervenciones se nombraron como intendentes a oficiales de las Fuerzas Armadas, o militares; pero como se vio, eso pasó solo en tres departamentos.
72 El tercer artículo decía “comuníquese, etc.” (Resoluciones 1128/976 a 1146/976 en Registro Nacional de Leyes y Decretos, tomo I, semestre dos: 811-829).
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a firmar el presidente Demicheli) proscribió a 15.000 políticos por 15 años, entre ellos los blancos y colorados que habían ejercido un cargo electivo.
Más allá de eso, los 19 intendentes (civiles y militares) fueron “investidos” en sus cargos en una ceremonia muy formal en el Salón Rojo de Casa de Gobierno en Montevideo (duró 12 minutos). Al finalizar la ceremonia, el intendente de Salto, Néstor Minutti (PN), sostuvo ante la prensa que no habría grandes cambios y que podrían continuar la obra; no se mostró preocupado por la “quita de potestad administrativa”, ya que los principales impuestos que cobraban los municipios ya eran fijados por el Gobierno Nacional.
Otro de los intendentes ratificados, Bernachín (PN, de Tacuarembó) sostuvo que “el proceso recién comienza”, y se mostró satisfecho por haber sido nuevamente designado. Prometió “sacrificio personal en pos del desarrollo del departamento y la región, en agricultura y en un ambicioso plan de obras viales”. Por último, uno de los nuevos intendentes, el coronel Di Candia (Flores) prometió trabajo, “sacrificio, abnegación y disciplina; principios que recibió en las aulas militares” (La Mañana, 3/9/1976: 4)
La decisión de los intendentes de continuar en sus cargos pese a los cambios que limitaban su autonomía, reafirmó la adhesión al régimen dictatorial que aceptaron acompañar en 1973. A la vez, fue otro logro en la estrategia del gobierno nacional mantener a ocho intendentes municipales electos democráticamente en 1971. De ellos, tres habían sido electos por los sectores wilsonistas (PN); dos por los herreristas (PN); dos por la Unidad Nacional Reeleccionista (PC); y uno por los batllistas (PC).
Esos intendentes fueron: Óscar Rachetti (PC), de Montevideo, estuvo en el cargo desde 1969 hasta 1983 (asumió tras el alejamiento del intendente electo Glauco Segovia). Gervasio González (PC), de Canelones, fue electo en 1966, reelecto en 1971, siguió en el cargo hasta agosto de 1981. Walter Belvisi (PC), de Paysandú asumió a principios de 1973, tras la destitución de Óscar Garrasino en 1972, continuó en el cargo hasta 1981, luego pasó al Consejo de Estado; en 1984 volvió a ocupar la Intendencia, y fue elegido para el cargo en las elecciones de 1984. Adolfo Gutiérrez (PN), de Rivera (1971-1981). Néstor Minutti (PN), de Salto (1971-1977); Norberto Bernachin (PN), de Tacuarembó, ocupó el cargo en 1972, tras el fallecimiento de Pedro María Chiesa, hasta 1980. Juan Miguel Salaberry (PN), de Lavalleja fue intendente desde 1962 a 1966 y de
1971 a 1977. Juan José Burgos (PN), de Cerro Largo, electo en 1966, reelecto en 1971 continuó en el cargo hasta 1982.
Consideré oportuno detallar esta información porque no está sistematizada y porque es muy difícil de conseguir. Los datos los tomé de distintos medios de prensa, sitios de internet o consultas personales. Por otra parte, sería de gran utilidad conocer y analizar también las trayectorias posteriores de estos políticos ya que, en su mayoría, continuaron en actividad y, en varios casos, volvieron a ocupar el cargo de intendente, o fueron (como Iturria), senadores, ministros, etc.73