Debilidades y problemas surgidos después del cambio de gobierno

A raíz del cambio de gobierno surge un problema que el gobierno saliente de la R.A - UNAG y el mismo campesinado no visualizó con anticipación porque no se previó que el FSLN pudiera perder las elecciones y dar paso a un gobierno de derecha. Con el

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cambio del nuevo gobierno surge un problema muy grave en la parte legal, tanto en el estado de las cooperativas como en la tenencia de la tierra, esto se da porque en todo este tiempo y proceso desde 1984 al noventa, ninguna cooperativa había inscrito ante el ministerio del trabajo y por tanto no tenían personería jurídica y por otro lado tampoco ninguna cooperativa había inscrito su título en el registro de la propiedad en el libro de la propiedad reformada, tampoco se habían cancelado los asientos registrales de los antiguos dueños y encima de esto al darle la redistribución de la propiedad no se hicieron las desmembraciones correspondientes de los títulos originales y las nuevas asignaciones se entregaron algunas parcelas con un nuevo título familiar, otras con cartas de asignaciones y con amparos posesorios.

Todo esto creo un vacío legal que el gobierno saliente con todo un esfuerzo quiso corregir de manera acelerada, pero ya el tiempo no fue suficiente porque las cooperativas y las familias beneficiadas se duraron en el registro de la propiedad donde se llevaba tres tipos de inscripciones: un libro de registro de derecho real, dos libro de propiedad de la comunidad indígena de Matagalpa protocolo 526, tres libro de la propiedad reformada ley 88.

Antes esta situación de avalancha los funcionarios del registro de la propiedad congelaron las inscripciones de todas las propiedades reformadas, también las autoridades de la comunidad indígena se opusieron argumentando que eran tierras comunales y por tanto que los títulos de R.A no valían, esto dio como resultado que la mayoría no pudo legalizar sus títulos sucediéndoles un calvario en las gestiones, situación que también aprovecharon muchos abogados que cobraban altas sumas supuestamente para apoyarlos y en verdad algunas cooperativas y beneficiarios lograron inscribirlo, otros lograron obtener derechos de uso y goce con la comunidad indígena y algunas todavía conservan su título sin registrar y con un problema más porque no están actualizados sus beneficiarios y además vendieron sus parcelas a terceros.

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Otro problema con el cambio de gobierno es que los dueños anteriores demandaron su devolución y el gobierno les apoyaba y se creó la oficina de cuantificación para las indemnizaciones, también la oficina de ordenamiento territorial (O.C.I.O.O.T)

Se comenzó a presionar a las cooperativas y familias beneficiarias. El temor de la gente ante la presión del gobierno y dueños anteriores atemorizó a los beneficiarios que comenzaron a vender a precio de guate mojado; cuando asumió el gobierno Alemán el FSLN estableció un acuerdo de respetar la propiedad que todavía conservaban, así como definir las propiedades que demandaban dueños anteriores para su devolución o negociación, también se le hizo una nueva reforma a ley de la

propiedad y para ver estos casos, se creó una nueva oficina o instancia denominada “ Intendencia de la Propiedad”.

Lo cierto es que del 90 para acá se generó una contra reforma agraria en la que tantos los afectados con la ley 88, los confiscados con decretos 3-39 y los nuevos terratenientes vinieron aprovechando para despojar por la fuerza, por la vía forzada la compra fraudulenta, por la compra a precio de guate mojado e irrisorios de C$ 200 córdobas a C$ 500 córdobas la manzana de tierra; hoy en día ya no existe ninguna cooperativa beneficiaria de la propiedad. En algunos casos todavía existen dos o tres parceleros que aún conservan su parcela que fue de su cooperativa.

Se considera que las confiscaciones, las afectaciones y las entrega de tierras en San Dionisio fue positiva porque le ha dado oportunidad a más campesinos a tener su finquita o su parcela cosa que en los 70 nunca hubiera sido posible, otra ventaja es que ya no existe ni las más mínimas condiciones para volver a hacer grandes concentraciones de tierras en pocas familias, lo que podría dar oportunidad a mayor acceso al recurso, pero el problema es que el costo de compra de 1 mz de tierra se cotiza entre $ 1,000 y $ 2,000 por mz.

En cuanto el problema de la legalización todavía persiste pero no se sabe a ciencia cierta qué porcentaje representa. Aunque en el estudio agro socioeconómico que

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realizó UCOSD en el 2004 reflejaba que el 65% de sus socios poseían menos de 4 mz, seguido del 25% de 5 a 10 mz y el 10% con más de 10 mz.

Según la actualización del estudio agro socioeconómico realizado en el año 2011 por UCOSD, los datos reflejan que el tamaño de las fincas es variado desde 0.25 hasta 110 mz; no obstante, el 48% de los/as socias solamente tiene entre 0.25 a 2 mz; el (32%) tiene entre 2.25 a 5 mz; el porcentaje de socios/as que tienen más de 11mz es muy bajo (5%). Esta característica es general en la mayoría de los/as asociados/as, estos datos coinciden con estudios realizados por el CIAT, donde señalan que este municipio se caracteriza por un minifundio muy desarrollado.

Según el diagnostico socio económico realizados por (AMUPNOR, 2010), coincide. Un dato importante es que el 5% de dueños poseen un poco más de 100 mz y solo en la comunidad de Los Limones hay dos fincas que son las más grandes una de 200 mz y otra de 250 mz, así también la más grande está ubicada en Ocote Arriba; Monte Verde y parte de Terrabona que es de 700 mz en manos de la familia de un ex alcalde (qepd) familia Zeledón Zeledón.