Derechos Civiles y Políticos
(1966)
Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Resolución 2200 (XXI) del 16/12/66, aprobado por Ley 23.313, ratificado por la Argen- tina en 1986 y elevado a rango constitucional en 1994.
También este cuerpo legal contiene en su Preámbulo la expresa mención de la dignidad de “todos los mi- embros de la familia humana”, de la cual derivan “sus derechos iguales e inalienables” junto a lo cual se expresa que la realización del ideal humano en el libre disfrute de las libertades civiles y políticas y la liberación del temor y la miseria requiere que “… se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como sus derechos económicos, sociales y culturales..”. En lo que aquí interesa, el articulado del Pacto esta- blece lo siguiente:
“Artículo 2: 1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar y ga- rantizar a todos los individuos que se encuentran en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin dis- tinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social...”.
“Artículo 3: Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto”.
“Artículo 5. 1. Ninguna disposición del presente Pac- to podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender acciones o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y liber- tades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él. 2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado parte en virtud de leyes,
El derecho a la vida es
inherente a la persona
humana. Este derecho
estará protegido por la ley.
convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o reconoce en menor grado”
“Artículo 6: 1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. 2. En los países en que no hayan abolido la pena capi- tal sólo podrá imponerse la pena de muerte por los más graves delitos y de conformidad con leyes que estén en vigor en el momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del presente Pacto ni a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Esta pena sólo podrá imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva de un tribunal competente. 3. Cuando la privación de la vida constituya delito de genocidio se tendrá entendido que nada de lo dispuesto en este artículo excusará en modo alguno a los Estados Partes del cumplimiento de ninguna de las obligaciones asumidas en virtud de las disposiciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. 4. Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena de muerte. La amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital podrán ser concedidos en todos los casos. 5. No se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de 18 años de edad, ni se la aplicará a las mujeres en estado de gravidez. 6. Ninguna disposición de este artículo podrá ser invocada por un Estado Parte en el presente Pacto para demorar o impedir la abolición de la pena capital.”
“Artículo 16: Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”
“Artículo 24. 1 Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menores requiere, tanto por parte de su familia, como de la sociedad y del Estado...”. La declaración conforme a la cual el derecho a la vida es inherente a la persona humana (artículo 6. 1), unida a la efectuada en el sentido de que todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad (artículo 16), implica tanto como extender dicho reconocimiento a las personas por nacer (que son seres hu- manos) y declarar la inviolabilidad de su derecho a la vida, precisamente, merced a ese carácter de “persona” que le confiere la condición humana que en modo alguno se puede ignorar.
Una aplicación concreta del principio que venimos sosteniendo, lo encontramos en el inciso 5° del mismo artículo 6 del Pacto, en el cual, atendiendo evidentemente al hecho de que un ser humano inocente vive en la matriz de la mujer que habría de ser ejecutada, se prescribe la inaplicabilidad de la pena de muerte para la mujer que se halla en estado de gravidez.
A ello también nos conduce la consideración de la norma del artículo 2. 1, en cuanto compromete a los Estados Parte a garantizar y respetar los derechos reconocidos por el mismo a todos los individuos que se encuentren en su territorio y sujetos a su jurisdicción, sin distinción de ninguna especie, lo que importa tanto como la obligación de garantizar el derecho a la vida de la persona por nacer, pues no cabe discriminarla por esa sola circunstancia, y, según se ha visto, el derecho a la vida ha sido garantizado en el Pacto.
Añádase a ello la norma del artículo 24.1, que garantiza a todo niño la protección de su familia, de la sociedad y del Estado, y se verá con claridad que toda hipótesis de “aborto legal” o “no punible” resulta netamente contraria al Pacto en consideración, y, por lo tanto, inconstitucional, merced a la jerarquía que se la ha otorgado al mismo.