De la desvinculación en la policía en la República de Colombia

LEY INSTITUCIONAL DE LA POLICÍA NACIONAL No. 96-04 SECCIÓN IV

DE LAS RESPONSABILIDADES

“Art. 61.- Responsabilidad personal.- Los miembros de la Policía Nacional son responsables personal y directamente por los actos que en el ejercicio de sus funciones profesionales lleven a cabo, infringiendo o vulnerando las normas legales y los reglamentos que le rigen. En consecuencia, las autoridades de la Policía velarán porque sus subordinados se apeguen a los principios básicos de actuación establecidos en esta ley y en las demás disposiciones generales que a ella se refieran.

Art. 62.- Procedimiento pertinente.- Las autoridades de la Policía Nacional, cuando tengan conocimiento de que un miembro de la Policía ha actuado en violación a los principios básicos de actuación, procederá de conformidad a la gravedad del hecho, y lo pondrá a la disposición del tribunal competente, si se tratare de un crimen o delito, o lo someterá al régimen disciplinario, si se tratare de faltas disciplinarias.

Párrafo I.- Competencia.- La determinación del procedimiento aplicable en cada caso corresponderá al Consejo Superior Policial, previa recomendación del Inspector General de la Policía y/o la Dirección Central de Asuntos Internos, a la vista del informe preparado para tales fines.

Párrafo II.- Investigación externa independiente.- En los casos en que la actuación policial pudiere configurar un crimen o delito, el Procurador Fiscal del Distrito Judicial correspondiente deberá conducir una investigación independiente. Las autoridades policiales deberán prestarle plena colaboración a estos fines. En esta hipótesis, el

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informe del Ministerio Público deberá ser considerado por el Consejo Superior Policial al momento de emitir sus recomendaciones y resoluciones respectivas.

En todos los casos se deberá garantizar el derecho a las partes afectadas de ser escuchadas y defenderse.

Art. 63.- Informes sobre detenciones.- Cuando se produjere la detención de cualquier miembro de la Policía Nacional, además del cumplimiento efectivo de los requisitos generales que procedan en la detención de cualquier ciudadano y las normas del debido proceso, deberá ponerse esta circunstancia en conocimiento inmediato del superior respectivo, manteniéndolo separado del resto de las personas detenidas.

Art. 64.- Suspensión en funciones.- La puesta en movimiento de la acción penal contra miembros de la Policía Nacional produce la suspensión en funciones, incluso cuando no se haya ordenado la detención preventiva, sin perjuicio del inicio y tramitación de la acción disciplinaria, que se resolverá de acuerdo a lo dispuesto en esta ley y en las demás disposiciones generales relativas al servicio policial.

CAPÍTULO V

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Art. 65.- Sanciones disciplinarias.- Los miembros de la Policía Nacional estarán sujetos, según la gravedad de la falta incurrida, a las sanciones disciplinarias siguientes: a) Amonestación verbal;

b) Amonestación escrita;

c) Arresto por un máximo de hasta treinta (30) días; d) Suspensión de funciones sin pérdida de sueldo; e) Degradación;

f) Separación definitiva.

Párrafo.- En cuanto al personal administrativo, se le aplicará lo establecido en las letras a) y b) del presente artículo y serán sancionados con multas de acuerdo a lo establecido en los reglamentos vigentes.

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Art. 66.- Competencia.- Las sanciones previstas en los literales a), b) y c) son competencia de los oficiales ejecutivos de las jurisdicciones correspondientes, pero el afectado tiene el derecho a recurrir ante el Tribunal de Justicia Policial.

Párrafo I.- Sanciones.- Las demás sanciones serán impuestas por el Tribunal de Justicia Policial, en sus atribuciones disciplinarias.

Párrafo II.- Las separaciones del servicio activo de los oficiales se producirán: a) Por renuncia aceptada;

b) Por retiro;

c) Por sentencia de un Tribunal Policial que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, que pronuncie su separación;

d) Por sentencia de un tribunal ordinario competente que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y que conlleve pena criminal; cuando se tratare de una condena correccional, será facultad del Consejo Superior Policial determinar la

separación de cualquier miembro.

Ningún miembro que sea separado por medio de una sentencia, bajo ningún concepto podrá regresar a la institución policial;

e) Cuando el miembro policial no se calificare satisfactoriamente en los cursos y/o exámenes de oposición correspondientes previstos en esta ley” (Congreso de la

República de Colombia,, 2015, Ley Institucional de la Policia Nacional, pág. 15, 16 ). Como vemos la legislación colombiana de la misma manera que la boliviana disponen que la separación de una persona que pertenece a las filas policiales se la realizará una vez que haya sido encontrado culpable de una infracción penal en la que se le imponga una sanción y que además no podrá formar parte nunca mas de la Institución policial. Una de las medidas preventivas que tiene la legislación colombiana es que una vez que se haya conocido que esta persona ha sido detenida o se encuentra procesada legalmente, la institución policial a través de sus autoridades, dispondrá de conformidad con el art. 64 de la Ley Institucional de la Policía Nacional, la suspensión de funciones. Esto significa que una vez liberado de toda culpa en base a la garantía del debido

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proceso contenida en el articulo 29 de la Constitución de la Republica de Colombia que garantiza la presunción de inocencia, el policía suspendido podrá reintegrarse otra vez a las filas policiales en virtud de que se ha ratificado su inocencia.

“CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991

Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por el, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso publico sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso” (Congreso de la República de Colombia,, 2015, Cosntitución de la República de Colombia Art. 29, pág. 4 ).