COMISIÓNDE FEMINISMOSDELA PACD
Que las consecuencias de una crisis económica como la actual tengan impactos diferenciados en las personas según el sexo no es más que la constatación de que vi- vimos bajo un sistema social y económico patriarcal, en el que se impone a las mujeres un papel social, político y económico supeditado al rol de los hombres. Por lo tanto, podíamos esperar que en una sociedad patriarcal, pero también capitalista y racista, los costes de la crisis se transmitan a través de las cadenas de poder hacia las mujeres, las clases trabajadoras y las personas inmigradas. Es, pues, una cuestión estructural y no coyuntural.
Por otro lado, las políticas destinadas a mejorar la situación en la que se encuentran las mujeres, así como las campañas de análisis y sensibilización sobre cuestio- nes de machismo, se siguen considerando políticas que afectan tan solo a las mujeres y que, en todo caso, tienen
una importancia secundaria. Para nosotras, las cuestiones de violencia machista, reparto de tiempos e igualdad de oportunidades no son cuestiones que afecten solo a las mujeres, sino que deberían ser preocupaciones abordadas como sociedad. Además, considerarlas como secundarias, prescindibles, es una muestra de la construcción cultural de las prioridades sociales, construcción que respalda los intereses de las élites (varón, rico, blanco y heterosexual) pero que a través de diferentes mecanismos han sido asumidos por el resto de sectores.
Los recortes en las políticas de género, por otro lado, no han respondido tan solo a que este tipo de políticas no se haya priorizado por parte del gobierno de turno, sino que, como veremos más adelante, en el contexto de la crisis se ha aprovechado para estrangular financie- ramente a los sectores que resultaban más «molestos» a nivel político. Las reivindicaciones de los feminismos no se han limitado a las cuestiones del patriarcado, sino que tienen fuertes vínculos con los movimientos que luchan por la justicia económica y social. Parte de las organiza- ciones feministas abogan por un cambio de modelo que priorice la vida por encima de la acumulación de capital, y por lo tanto pueden ser consideradas como «enemigas» por parte de los grupos y las personas que representan y defienden el modelo capitalista patriarcal actual.
Si analizamos la situación de partida, al principio de la crisis, focalizando las condiciones en las que hombres y mujeres se enfrentan a los trabajos, esta dista mucho de representar un modelo de igualdad de oportunidades.
En 2008, indicadores como la duración media de la vida laboral, el salario medio anual o la tasa de temporalidad dibujaban una situación de mayor precariedad para las mujeres en el ámbito laboral, a lo que había que añadir su mayor participación en el trabajo doméstico y de cui- dados. La reforma laboral de febrero de 2012 empeoró la situación, ya que precarizó aún más las condiciones del contrato a tiempo parcial, redujo el Salario Mínimo Interprofesional, muy generalizado en sectores femini- zados como el de trabajadoras del hogar, y suspendió la ampliación del permiso de paternidad. En este sentido, desde la economía feminista se reivindica que el siste- ma capitalista se basa en gran medida en el trabajo no remunerado que realizan las mujeres. Por una parte, las clases trabajadoras pueden recibir unos salarios meno- res debido a los bienes y servicios resultado del trabajo doméstico y de cuidados, y por otro lado, que el reparto de los trabajos dentro de las familias están repartidos de forma desigual. Así, se ha defendido desde las esferas feministas que existe una deuda con las mujeres, o deuda patriarcal, debido a las implicaciones que en términos de tiempos, pero también de derechos sociales y polí- ticos tiene el patriarcado. Una deuda que no creemos que pueda ser calculada ni devuelta, pero que tiene que dejar de aumentar.
Junto con la situación de partida en cuanto a tiem- pos y trabajo, nos gustaría centrarnos en segundo lugar en la violencia de género, que sigue siendo uno de los problemas sociales de mayor relevancia. Como muestran
los informes sobre violencia de género del Ministerio de Sanidad y Política Social, entre 2003 y 2012 ha habido en el territorio español 614 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas. Y, según los datos del Instituto de la Mujer, en 2009 se conocieron 4.976 delitos de abuso, acoso y agresión sexuales. Consideramos que este es un proble- ma de primer orden de la sociedad española y que se ha agravado en la actualidad ya que la deteriorada situación económica, además de imponer una mayor tensión por las mayores dificultades económicas por las que pasan muchas familias, implica que muchas parejas no puedan permitirse la separación. A la vez, hay constancia de que cada vez menos mujeres se atreven a denunciar por miedo a no encontrar empleo o a perderlo.
Tras la crisis de la deuda, en la que se han socializado las pérdidas del sector financiero, se desata la presión para que se reduzcan las partidas de gasto, especial- mente las del gasto social. Desde 2009, en que el total del presupuesto en materia de igualdad y violencia de género ascendía a 66.018.510 euros, los recortes han supuesto que en 2013 la partida se haya reducido hasta 41.150.150 euros, 24.868.360 euros menos, es decir, una reducción del 37,7 %.
La ley de dependencia, aprobada en 2006, reconoció el trabajo de 150.000 cuidadoras no profesionales, la inmensa mayoría de las cuales eran mujeres, que empeza- ron a cotizar a la Seguridad Social. Tras el recorte de 283 millones en 2011, y el retraso de las ayudas a 400.000 dependientes en el mismo año, el decreto del Gobierno
(20/2012) eliminó la cotización social a las cuidadoras no profesionales, recortó un 15 % las prestaciones, y redujo en un 13 % más la aportación que el Estado hacía a las comunidades autónomas. En total, unos 1.000 millones de euros. En su plan de recortes para este 2013, Rajoy se ha comprometido ante Bruselas a recortar en depen- dencia más de 1.100 millones, una cantidad superior a los 1.087 millones que figuran en los presupuestos de 2013, por lo que prevemos la práctica desaparición de las ayudas públicas a la dependencia.
Asimismo, se han justificado otro tipo de medidas que, a pesar de no estar tan directamente vinculadas con la reducción de gastos, han aprovechado un contexto favorable a nivel político, con la mayoría absoluta del PP. Entre estas encontramos la propuesta de reforma de la ley del aborto de Gallardón, pendiente de aproba- ción, que reducirá drásticamente los casos en los que se permita y financie el aborto, o la reforma que limitará a las parejas de lesbianas y a las mujeres solas acceder a la reproducción asistida, o la eliminación según la ley de tasas de la falta de «vejaciones injustas», que suele ser el primer paso en la detección de casos de maltrato, entre otras. En un caso de extrema preocupación, aquellas personas con mayor riesgo de vulnerabilidad, mujeres y niñas migrantes en situación irregular, quedan a partir del Real Decreto Ley 16/2012, y la falta de su desarrollo reglamentario, sin acceso al sistema público de salud.
Por otro lado, la mayoría de despidos en empleo público, así como el empeoramiento de las condiciones
laborales, siendo el sector público un sector ampliamente feminizado, ha aumentado el riesgo de pobreza para las mujeres. Además, aquellos servicios que antes se ofre- cían desde el sector público, principalmente a través de la asistencia sanitaria y de las ayudas para financiar la alimentación de los niños y las niñas en las escuelas, se han privatizado, con lo que se ha aumentado la carga de trabajo doméstico.
En definitiva, aquellas personas que realmente aca- ban pagando las pérdidas del sector financiero son las que pertenecen a los sectores más empobrecidos y con menores derechos políticos que, a través de una menor protección de sus necesidades básicas y de una mayor pre- carización y carga de trabajos, acaban transfiriendo sus recursos, o lo que les pertenece de forma legítima. No nos gustaría acabar sin destacar el papel de las mujeres como protectoras de la calidad de vida en tiempos de crisis. Diferentes iniciativas, tanto en el Estado español como en los países del sur de Europa, lideradas por mujeres, se oponen a las políticas de «austericidio», pero también velan por la dignidad de la vida de otras personas. Así, diferentes redes de protección de la salud de las personas en situación irregular, iniciativas para el cuidado comu- nitario de niños y niñas, o de ancianos y ancianas, así como redes de mujeres que comparten conocimientos, tiempos y trabajos permiten que, en tiempos de crisis, la vida se mantenga en condiciones.
Así, concluimos recordando que la deuda es con las mujeres y no con los bancos, pero que, en cambio, la deu-
da que se reconoce y cuyo pago se impone sin importar las consecuencias es la deuda bancaria, mientras la deuda con las mujeres se olvida. Es más, los recortes aplicados para el pago de la deuda financiera así como las políti- cas como la reforma laboral, generan, en un contexto capitalista, una mayor carga de trabajo para las mujeres, aumentando de esta forma la deuda patriarcal.