Las dificultades para determinar las responsabilidades en esos hechos han sido señaladas

en que existe voluntad política y la determinación para actuar se pueden obtener resultados importantes, sobre todo con el impulso del Gobierno central.

217. Sin embargo, la evaluación de la efectividad de los mecanismos varía sensiblemente cuando se trata de examinar la acción preventiva o de protección y la acción militar, destinada a capturar a miembros de grupos paramilitares, o la política o judicial encaminada a actuar contra la vinculación de servidores públicos. Los mismos ejemplos que pueden servir para responder positivamente en una materia son representativos de respuestas negativas en las otras.

218. Así, la Oficina ha tomado nota de acciones como la Operación Dignidad, o los allanamientos realizados el 13 y 14 de octubre por la III Brigada del Ejército y el CTI de la Fiscalía en Calima Darién (Valle). Sin embargo, estos operativos no parecen haber afectado a los grupos paramilitares en la zona.

219. También ha anotado la Oficina el operativo cumplido el 24 de mayo en Montería (Córdoba), durante el cual la fuerza pública apoyó las diligencias judiciales de allanamiento y captura contra personas sindicadas de financiar la actividad paramilitar. Esta

complementariedad efectiva entre las distintas instituciones del Estado es un elemento fundamental para el éxito de las acciones y mecanismos dirigidos a la lucha contra el

paramilitarismo y su eficacia puede estar íntimamente relacionada con el compromiso decidido que en una actuación determinada asuma el Gobierno central. La Oficina espera que se

adelanten acciones como éstas en otras regiones del país, con la misma cooperación,

coordinación y efectividad. No obstante, cabe resaltar que sin un seguimiento, el avance de las investigaciones y una acción integral, los esfuerzos aislados no logran debilitar el accionar de estos grupos.

220. En materia preventiva y de protección, la reacción tardía de la fuerza pública frente a la masacre del Naya (Cauca y Valle del Cauca) y en incursiones como la registrada en Peque (Antioquia), muestra la ausencia de respuestas oportunas que permitan evitar las masacres y las pérdidas irreparables de vidas humanas.

221. La respuesta al accionar de los grupos paramilitares no puede limitarse a responder militarmente a los autores de hechos consumados, como en el caso de la Operación Dignidad. Antes bien, debe hacerse un esfuerzo por reforzar las acciones preventivas que, además de las capturas, permitan reducir significativamente el número de personas que a diario mueren a manos de los actores armados y, en este caso concreto, en manos de los grupos paramilitares. La Oficina ha observado así un notorio contraste entre el firme discurso gubernamental contra estos grupos y las acciones y prácticas de las diversas autoridades e instituciones.

222. Adicionalmente, no parece reflejar un compromiso decidido del Gobierno con los derechos humanos el hecho de que en la fuerza pública sigan decretándose ascensos que favorecen a militares y policías cuya conducta está siendo, disciplinaria o penalmente, investigada en relación con violaciones de derechos humanos y acciones paramilitares. Tales ascensos, envían a la sociedad civil un mensaje contradictorio sobre cómo el Estado cumple los deberes que en materia de lucha contra la impunidad le imponen no sólo la normativa interna, sino también los instrumentos internacionales. En el mismo sentido, cabe resaltar, por una parte, las

preocupaciones manifestadas por la Alta Comisionada en relación con la Ley de seguridad y defensa nacional, cuya implementación puede tener serias consecuencias sobre el combate

efectivo orientado a atacar los nexos entre fuerza pública y grupos paramilitares, y por la otra, la minimización o subestimación por parte del Gobierno, respecto de la existencia misma y la dimensión de dichos nexos.

C. Evolución del desplazamiento interno

223. La degradación del conflicto, combinada con la ausencia de una estrategia integral de prevención, ha provocado un incremento en la magnitud del desplazamiento interno.

224. La Red de Solidaridad Social36 (en adelante la Red) ha hecho esfuerzos para mejorar la coordinación del sistema nacional de atención a la población desplazada y sectores claves han sido reglamentados.

225. Por otra parte, la respuesta de las autoridades locales ha sido inadecuada; el acceso a los programas continuó presentando complicaciones; los recursos asignados y ejecutados fueron todavía insuficientes; la prevención siguió siendo ineficaz y las minorías étnicas continuaron siendo víctimas de manera desproporcionada37.

226. En relación con la magnitud y la tendencia del fenómeno, la Red, a través del Sistema de Estimación por Fuente Contrastada38, registra un crecimiento del 64% en el número de

desplazados (85.012 para el primer semestre) y del 118% en el número de eventos de

desplazamiento (1.019) con relación al mismo período de 2000. Así, 318 nuevos municipios fueron afectados. La organización no gubernamental CODHES reporta, para el mismo

semestre, 191.928 nuevos desplazados39. La Red estima que el 90% del total de desplazados en el período fueron resultado de desplazamientos masivos, mientras que CODHES lo sitúa en el orden del 22%. Esto podría implicar que aunque el sistema de la Red mejoró su cobertura, tiene todavía dificultades para detectar adecuadamente los desplazamientos individuales.

227. En cuanto a la supuesta responsabilidad por los desplazamientos, la Red atribuye a los paramilitares el 53,6% de los casos en el primer semestre, con una leve disminución en porcentaje respecto al 2000 (58%) pero con un fuerte aumento en términos absolutos40. Las acciones paramilitares incidieron sobre todo en el norte del país en un proceso de