Ninguna investigación sobre el conflicto armado colombiano puede soslayar la mención del período de La Violencia y su correlato “resolutivo”, el Frente Nacional. Volver al 9 de abril de 1948, día del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, es casi un ritual necesario, un paso obligado sin el cual no podría comprenderse la estructuración del conflicto en los siglos XX y XXI. Ese día marca un hito en la historia nacional y, por poco que se sepa del contexto en que se dio, la mayor parte de los colombianos sabe que ese fue el día del «Bogotazo», que le arrebataron la vida a un líder popular que prometía grandes transformaciones y que esa muerte desencadenó una reacción exacerbada como pocas que sumió al país en una de los períodos más sangrientos de su haber.
La convulsión, como ya se ha explicado, continuó en los años siguientes afectando a todas las regiones del país, en una cruenta batalla que se dio principalmente entre seguidores de los partidos liberal y conservador, quienes perfeccionaron sanguinarios métodos de tortura y asesinato que son la causa del nombre con el que es reconocido este período, y que es recortado por los historiadores en 1953, cuando el general Gustavo Rojas Pinilla da un golpe de estado30, con el cual sustituye el gobierno de Laureano Gómez, dando paso a un período de relativa pacificación por el apoyo que recibe de los partidos liberal y conservador, pero que se ve quebrado en 1958, cuando estos mismos partidos, ante la creciente influencia de Rojas Pinilla sobre el pueblo colombiano, firman el pacto conocido como Frente Nacional para intercalarse el poder por 16 años, en períodos de cuatro por Partido. Uno de los fundamentos de su acuerdo era “compartir las cargas del pasado, no evocarlas, obviarlas y, en últimas, dejarlas atrás” (Acevedo, 2011). Ayala Diago (1999), describe el clima de exclusión promovido por el acuerdo bipartidista:
El Frente Nacional activó la vida política del país, pero por exclusión. Al ser una negociación entre unos liberales y unos conservadores que pretendían gobernar solos, los excluidos, curtidos políticos formados a lo largo del siglo, no se dejaron arrinconar y respondieron reanimando la política nacional con elevado instinto de conservación. La oposición fue proscrita. Incluso la conciliadora (o legal) que no iba más allá de reponer rectificaciones al nuevo sistema político. Más que excluyentes, los distintos gobiernos del Frente Nacional mostraron una concepción estrecha e individual en el manejo del poder. No se trató de la conversación del bipartidismo en unipartidismo, simplemente la habilidad de los coligados por sacar los mejores frutos del pacto, extirpó las alternativas disidentes que se oponían a la imposición del modelo liberal de desarrollo.
Justamente durante este período, cuando corría el año 1962, es firmado otro pacto, esta vez de silencio, promovido por los directores de los cuatro diarios más importantes de la capital del país (El Tiempo, El Espectador, El Siglo y La República) y apoyado por los Ministros de Guerra31, Justicia y Gobierno, quienes acudieron al encuentro realizado el 4 de octubre en el salón Guillermo Valencia del Capitolio Nacional, al que habían sido convocados 34 directores de los diarios más importantes de todo el país.
Según consta en la Declaración de los directores de periódicos, publicada por El Tiempo el 7 de octubre de 1962, 33 de los 34 convocados se comprometieron a “Evitar toda polémica
30
Darío Echandía, jefe del partido liberal para la época, dirá que se trata de un golpe de opinión.
31 No deja de ser llamativo que el cargo que ahora se conoce como Ministerio de Defensa tuviera en esa época un nombre tan explícito y violento como Ministerio de Guerra.
sobre las responsabilidades que en la violencia hayan tenido los partidos políticos, dejándole el necesario juicio histórico a una generación menos angustiada y comprometida”. Asimismo, acordaron “calificar a los autores de violencia simplemente como malhechores y asesinos”, a “no asignarles ningún título político a los victimarios ni a las víctimas”, a “abstenerse de mencionar los nombres de los forajidos que continúan asolando campos y aldeas, a fin de que no logren el propósito de conseguir infame celebridad”, y a “Reducir al mínimo la publicación de fotografías sobre episodios o hechos de violencia”. De este modo, señala Acevedo (2011),
Por sugerencia de sus colegas capitalinos los directores de la prensa escrita regional estuvieron de acuerdo, pues, en callar, olvidar y desviar la mirada. El Colombiano, El Heraldo, El Universal, La Patria, Vanguardia Liberal y El País, entre muchos otros, convinieron entonces no escarbar en el pasado ni cuestionar el presente con palabras o imágenes. Estaban seguros de que esta fórmula, que hoy tildaríamos de autocensura, contribuiría a abonar mejores tiempos en los que los colombianos tendrían la calma suficiente para asignar responsabilidades concretas sobre lo sucedido. [El resaltado es nuestro]
Uno de los aspectos que resulta más sorprendente del episodio es que se trató de un pacto público, cuyos puntos no sólo fueron anunciados en los medios que lo suscribieron sino que fueron presentados como un gran logro contra la violencia, un momento que –él sí- debía ser enmarcado y recordado por su trascendencia. La imagen 1 muestra el titular con el que fue anunciado en el periódico El Tiempo: «Freno publicitario a la Violencia. Admirable jornada de los periodistas colombianos. Una declaración para enmarcar en las salas de redacción» el 7 de octubre de 1962.
Figura 1. Titular del periódico El Tiempo (Bogotá) el 7 de octubre de 1962
Más adelante, en la misma edición, se elogia el acuerdo, resaltando el ambiente de cordialidad en el que fue aprobado y su trascendencia: “Los directores de los periódicos, reunidos en cordial mesa redonda, acordaron, con la única excepción de quien dirige «Tribuna»32 de Ibagué, una declaración que contiene una completa norma de conducta para quienes se hicieron a la tarea difícil y peligrosa de orientar la opinión pública y darle, todos los días, el pan nuestro de las noticias” (El Tiempo, 1962). (Ver figura 2)
32 Según se dejó constancia en todas la publicaciones que hicieron eco del acuerdo, el director del diario Tribuna se opuso a su firma aduciendo las siguientes razones, que fungieron como comunicado oficial del diario: “Tribuna no necesita aprobar declaración alguna para que sus lectores y el gobierno sepan que condena la violencia […] Tribuna no cree que la violencia y el crimen y la inseguridad y el desorden se acaben […] si la prensa deja de mencionar esos fenómenos o si los menciona con mayor despliegue […] y sale a decir, sincronizadamente, alabanzas a la paz y a la democracia […] Mientras fuera de los lingotes, de las columnas, de las ediciones, de los palacios de gobierno y de los clubes, la realidad es bien conocida y nada se hace por transformar la vida del hombre colombiano” (El Tiempo, 1962).
Figura 2. Tomada de Periódico El Tiempo, domingo 7 de octubre de 1962
Este episodio es relevante para nuestro estudio sobre la memoria y el olvido en el discurso oficial sobre el conflicto armado colombiano, por cuanto evidencia una clara intención de promover el silencio y el olvido desde el discurso oficial (entendido aquí en su sentido de procedente del Estado), pues si bien la propuesta surgió de los directores de diarios de circulación nacional, la sesión tuvo lugar en la casa de gobierno y a ella asistieron altos funcionarios que hacían parte a su vez del acuerdo del Frente Nacional que, como ya vimos, se había forjado con base en amnistías y “olvidos” de los hechos, así como en la exclusión de cualquier fuerza política distinta a las dos tradicionales en el manejo de los asuntos de la nación.
Además, en los países con fuertes tradiciones oligárquicas (como Colombia) o en los que se dan las condiciones para una perpetuación en cargos públicos mediante distintos artilugios democráticos, es común que los políticos de las élites sean dueños a su vez de importantes medios de comunicación (desde emisoras radiales hasta canales de televisión, pasando por periódicos y revistas de amplia circulación), lo que garantiza una amplia difusión del discurso oficial y permite controlar lo que los ciudadanos conocen del acontecer nacional y, sobre todo, las interpretaciones y sentidos que se ponen en circulación, pudiendo incidir de ese modo en la formación de «opinión pública». Sobre este tipo particular de opinión, plantea Bourdieu (1989) basándose en Mackinnon:
Mackinnon define la opinión pública; da la definición que sería oficial si no fuera inconfesable en una sociedad democrática. Cuando se habla de opinión pública, siempre se juega un doble juego entre la definición confesable (la opinión de todos) y la opinión autorizada y eficiente que se obtiene como subconjunto restringido de la opinión pública democráticamente definida: “Es ese sentimiento sobre cualquier tema que es cultivado, producido por las personas más informadas, más inteligentes y más morales de la comunidad. Esta opinión se extiende gradualmente y es adoptada por todas las personas con alguna educación y sentimiento que conviene a un Estado civilizado”. La verdad de los dominantes deviene la de todos.
Hay un ejemplo más de esta postura que podemos ubicar dentro de las políticas de olvido y
silencio del Estado colombiano durante el Frente Nacional: en 1967, por orden del
Ministerio de Gobierno, se declaró como “archivo muerto” el correspondiente al período 1949-1958, alegando que la oficina en la que se encontraba no estaba en condiciones de salubridad adecuadas para mantener abierto el acceso a ella. Según Sánchez (20o1, p. 140), lo que se evidencia en este acto es la intención de romper la continuidad histórica dejando un vacío sobre ese lapso y haciendo de la memoria sobre él “un muerto más”:
La precisión de las fechas deja ver claramente que el problema no era el ‘ambiente de olor insoportable’ y el ‘estado horrible’ de la oficina, como se arguyó, sino la pestilencia de la época que había que suprimir. El despojo de la memoria colectiva y por lo tanto de la identidad durante La Violencia hizo muy arduo, demasiado arduo, el proceso de reconstrucción de los espacios para la creación y la crítica.
Hemos expuesto hasta aquí algunos ejemplos que dan soporte a la idea generalizada de que Colombia es un país sin memoria, pero continuáremos nuestra exploración en el siguiente capítulo mostrando también las facetas de intentos de comprensión y, más recientemente, de construcción de la memoria, que también han surgido en el seno mismo del Estado. De este modo, se problematizarán distintas posturas que han surgido dentro de la estructura estatal no sólo en diferentes períodos históricos, sino también en un mismo gobierno, una de cuyas expresiones más patentes es la conformación, en el año 2007, del Grupo de Memoria Histórica. Las funciones y productos de este organismo estatal han estado en tensión con el discurso oficial desde sus inicios, durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, y responden en la actualidad, bajo otro manto presidencial, a un mandato que resulta, cuanto menos, paradójico: reconstruir la memoria histórica del conflicto armado en Colombia sin forjar una verdad oficial. Al menos así lo plantea expresamente la Ley 1448 de 2011 –conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras– en un parágrafo a su artículo 143 (sobre el «deber de memoria del estado»), que reza explícitamente:
En ningún caso las instituciones del Estado podrán impulsar o promover ejercicios orientados a la construcción de una historia o verdad oficial que niegue, vulnere o restrinja los principios constitucionales de pluralidad, participación y solidaridad y los derechos de libertad de expresión y pensamiento. Se respetará también la prohibición de censura consagrada en la Carta Política (Ley 1448 de 2011).