El diseño de políticas ambientales

La Economía Ambiental tiene que desempeñar un papel importante en el diseño de políticas públicas para el mejoramiento de la calidad ambiental. Existe un enorme rango y variedad de programas y políticas de carácter público dedicado a los asuntos ambientales, en todos los niveles del gobierno. Estos varían enormemente en su eficiencia y efectividad. Algunos han sido apropiadamente diseñados y no se duda de sus impactos benéficos. Otros, quizá la mayoría, no están bien diseñados. Al no ser efectivos en costos, acaban por ocasionar gastos enormes de dinero y por tener impactos mucho menores en la calidad ambiental, de lo que podrían generar con un mejor diseño. Al problema de diseñar políticas ambientales eficientes no se le suele dar la mayor importancia que merece. Es fácil caer en la trampa de creer que cualquiera de los programas o políticas que se generen de los desordenados procesos políticos ambientales representan alguna ayuda, o que estos, seguramente, serán mejor que nada. Pero la historia está llena de casos en los cuales los diseñadores de políticas y los administradores públicos han concebido políticas que no funcionan; la gente cree con frecuencia que una política será efectiva aun cuando cualquier análisis razonable pueda predecir lo contrario. De todo esto se deduce que es sumamente importante estudiar la manera de diseñar políticas ambientales que sean efectivas y eficientes.

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Los instrumentos económicos se definen como mecanismos de política que buscan afectar las decisiones de los agentes individuales a través de señales económicas, dejando la decisión de cómo reducir la contaminación a cada empresa, de tal manera que esta minimice sus costos de reducción de la contaminación. Con base en la racionalidad económica, a través de una correcta valoración de los recursos ambientales y aprovechando la ventaja que tienen los mercados como eficaces transmisores de información, estos instrumentos buscan actuar sobre la estructura de costos y beneficios de cada uno de los agentes económicos que causan contaminación para incentivar decisiones y comportamientos que resulten más amigables con el medio ambiente.

En la mayoría de los casos los instrumentos económicos se expresan en tasas o impuestos a quienes contaminan, en subsidios a quienes protegen el ambiente y en posibilidades de negociación de las licencias de contaminación.

Al igual que las normas de intervención directa o comando y control, con el uso de los instrumentos económicos no se pretende acabar con los problemas de la contaminación; estos instrumentos haciendo uso de criterios de eficiencia económica buscan lograr niveles socialmente aceptables de contaminación.

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Se trata de una tasa o impuesto que la autoridad ambiental cobra a los

agentes que causan la contaminación. Este tipo de impuesto se cobra sobre el monto o sobre la calidad de las descargas que las empresas hacen al ambiente; el regulador determina un precio por unidad de contaminante vertido y los agentes económicos determinan cuanto contaminar.

Este tipo de instrumento busca inducir a los agentes a reducir la contaminación de forma costo efectivo, ya que empresas cuya racionalidad sea la minimización de costos de cumplimiento buscaran disminuir sus emisiones en respuesta al impuesto, hasta el punto en el que el costo marginal de reducción de la contaminación sea igual al impuesto. El instrumento induce a las empresas a hacer análisis de tipo costo - beneficio con el fin de escoger la mejor alternativa.

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Este instrumento es ampliamente utilizado en casos de contaminación hídrica. Consiste básicamente en un cobro que el Estado hace a los contaminadores como contraprestación por los servicios prestados de restauración, tratamiento y disposición de residuos. El precio que se cobra al usuario se determina básicamente en función de los costos en los que se incurre por la prestación de estos servicios más una tasa razonable de retorno: en general, los cargos al usuario no tienen la pretensión de corregir el problema de las externalidades, sino recuperar los costos en que se incurre por un servicio prestado.

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Consisten básicamente en impuestos que gravan a productos que contaminan y subsidian a aquellos que descontaminan.

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Se trata de un sobrecargo o depósito inicial que se hace sobre el precio de aquellos productos que causan contaminación; si una vez usado el producto, se devuelven los desechos a un sitio de reciclaje o recolección certificado por el Estado o la autoridad ambiental, el depósito inicial se devuelve al usuario.

Esta medida busca estimular, a través del sistema de precios, actitudes consecuentes con el ambiente; aquellos agentes económicos que decidan no tratar, reciclar y disponer sus desechos, incurrirán en mayores costos como consecuencia de mayores precios en sus insumos, que aquellos que decidan tratarlos y disponerlos en sitios autorizados.

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Consiste en un desembolso, como medida preventiva, que la autoridad ambiental exige a las empresas cuando inician una actividad productiva, con riesgo de contaminación. El reembolso se produce cuando las empresas cumplen con las expectativas ambientales establecidas.