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CAPÍTULO 1. LUCHA POLITICA Y RESISTENCIA

1.2. Antecedentes del tardofranquismo

1.2.1. El Estado totalitario

La construcción del Nuevo Estado

Como ya se ha señalado, la primera etapa del franquismo, aproximadamente entre 1939 y 1959, se caracteriza por una represión extrema y una oposición muy débil. Con el fin de asentar su poder, el régimen se dedica a exterminar toda disidencia, habilitando para tal fin numerosos centros de encierro y de trabajo forzado en toda la península. Así, se calcula que en los años posteriores a la guerra son ejecutadas unas 150.000 personas, y son encarceladas otras 250.000 hasta 1945, aproximadamente45. Como consecuencia y continuación de la guerra, se crea en España todo un “universo concentracionario” (Rodrigo, 2005), una “inmensa prisión” (Ysás y Molinero, 2003) poblada en su mayoría por opositores políticos y republicanos, y todos aquellos sometidos a jurisdicciones “especiales” de carácter militar. La violencia aplicada contra la población republicana se caracteriza por una “voluntad de aniquilación […] como parte integrante del acto fundacional del régimen” (Nuñez del Prado Clavel y Ramírez Ruíz, 2013: 264). El régimen de poder se asienta entonces sobre el ejército, y el Estado de Guerra se mantiene hasta abril del año 48, donde el poder militar asume las responsabilidades de orden público y del orden judicial, a través de los gobiernos civiles. La represión se aplica sobre las clases populares, las zonas obreras

45 Numerosos estudios se han dedicado al estudio de la represión durante la guerra y la inmediata

posguerra, aunque el baile de cifras de asesinados, fusilados y encarcelados sigue siendo objeto de polémica. Algunas obras obras de interés en este sentido son las de Gómez Bravo y Marco (2011), Rodrigo (2008), Juliá (1999), Casanova (2008) o Reig Tapia (2006). En términos generales, parece que hubo unos 150.000 ejecutados y unos 250.000 encarcelados hasta 1945 (Reig Cruañes, 2007: 91). En cuanto a las cifras de la represión, se calculan unos 60.000 ejecutados en posguerra (Mateos, 2011: 122), mientras que la población reclusa en 1939 alcanza los 300.000 presos, y va bajando: 270.000 en el 40, 160.000 en el 42, 75.000 en el 44, 30.000 en el 51, 20.000 en el 56. A esto habría que sumar los internados en campos y batallones de trabajo (Mateos, 2011: 122). Tiene especial importancia para el descenso de la población reclusa el indulto de octubre del 45. Por otra parte, entre el 44 y el 47, los presos liberados retoman su actividad militante, de ahí que en el año 47 aparezca el decreto-ley de represión del Bandidaje y Terrorismo, con lo que en el año 50 la gran mayoría de los aproximadamente 11.000 presos políticos en las cárceles habían sido encarcelados por un delito de rebelión posterior al final de la guerra civil. Posteriormente, entre el 54 y el 59 se aprueban unas 5.000 condenas de Tribunales Militares, existiendo unos 6.000 presos políticos a finales de los cincuenta (Mateos, 2011: 132).

y agrarias, los militantes de partidos y sindicatos, sectores intelectuales y profesionales, y la pequeña burguesía.

En la construcción del “nuevo Estado”, la depuración de elementos hostiles va requiriendo de todo un marco jurídico y legal que tiene su origen en el bando de guerra de 28 de julio del 36 y en la política del “terror” del general Mola (Casanova, 2009: 199). Después vendrán sucesivas disposiciones como la Ley de Responsabilidades Políticas del 39, la creación del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunsimo el 2 de marzo del 40, la Ley de seguridad del Estado de 19 de marzo del 41, el Código Penal del 44, el Código de Justicia Militar de 17 de julio del 45 o el Decreto-Ley de bandidaje y terrorismo de 18 de abril del 4746. Así, constituído en sus inicios como un Estado totalitario en toda regla, el régimen de Franco busca constantemente las fórmulas jurídicas que le permitan liquidar al enemigo republicano y a toda oposición política, y a la vez le doten de una legitimidad conquistada por la fuerza de las armas. Aún así, el régimen no se caracteriza precisamente por su complejidad legal y jurídica, puesto que se basa en un modelo de gobierno por decreto y por emisión de Leyes Fundamentales propias de un régimen fascista47. Durante este periodo se aprueban distintas leyes: el Fuero del Trabajo en el 38, que regula las condiciones laborales y da lugar al Sindicato Vertical falangista48; la Ley Constitutiva de las Cortes en el 42 para dotarse de una apariencia de parlamentarismo; el Fuero de los Españoles del 45, como una carta básica de derechos ciudadanos; la Ley del Referéndum nacional del 45 y la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado del 47 y el correspondiente referéndum, para fortalecer su legitimidad y asegurar su continuidad convirtiéndolo en “una monarquía sin rey” (Grimaldos, 2013: 24); y todavía en este primer periodo pero como señal de una nueva etapa menos dura, la Ley de Principios del Movimiento Nacional en el año 58, con la pretensión de reafirmar el sostén ideológico del nacional-catolicismo (Reig Cruañes, 2007: 57).

46 Sobre la política jurídica y legislativa represiva en los primeros años de la dictadura, consultar la obra de

Cano Bueso (1985).

47 El debate sobre la naturaleza del régimen se expone en el último apartado de este capítulo.

48 Y por si cabe duda del aspecto totalitario del régimen, en esta ley se afirma que “El Estado Nacional, en

El simplismo en la codificación legal, jurídica e ideológica permite mantener unidos los tres pilares del régimen (Falange, Ejército e Iglesia) y posibilita una flexibilidad notable a la hora de adaptarse a las circunstancias y presiones tanto externas como internas que asaltarán a la dictadura durante toda su existencia. La forma política singular del franquismo se caracteriza por su capacidad de integración bajo unos principios básicos, por una alta capacidad de adaptación, y por una decidida actividad de represión y eliminación de la disidencia política e ideológica. Y los tres pilares mencionados ejercen su acción represiva sobre todo el cuerpo social, buscando extirpar de él todo elemento extraño o amenazante, y dando así muestras de una biopolítica singular (Cayuela Sánchez, 2009) en la gestión política y jurídica de la violencia que se aplica sobre la población disidente. No es solo un Estado totalitario, sino sobre todo, un “estado de guerra” interior constante, un Estado castrense en el que cada año se celebra el Aniversario de la Victoria, a la vez que se desprecia, se humilla y se encierra al enemigo. Este “estado de guerra” será sustituído en el tardofranquismo por la figura jurídica explícita del “estado de excepción”. Además, durante esta primera etapa el franquismo dedicará parte de sus esfuerzos de asentamiento político y de destrucción de toda oposición, a crear una cierta “memoria histórica”, instituyendo una “Causa General” como registro de todos los crímenes del bando republicano. El aparato institucional y jurídico, así como las políticas y acciones represivas del régimen de Franco, denotan que aunque diera públicamente por acabada la guerra en abril del 39, en la práctica sigue funcionando como en una guerra civil encubierta. La “construcción simbólica del nuevo Estado” (Box, 2010) queda así a cargo de una fusión entre ejército, Iglesia, y Falange, a la que habría que sumar una gran burguesía y una clase terrateniente, para conformar una estructura de capitalismo de Estado que pone el énfasis sobre la producción y el trabajo, y le da una apariencia redentora a una explotación de clase49.

49 “La instauración del régimen franquista fue el resultado de una derrota sin paliativos de la clase obrera

española en una guerra civil en la que se entrecruzaron intereses y valores diversos, pero que fue en muy buena parte consecuencia del temor de las clases burguesas a la pérdida de los resortes que consideraban imprescindibles para la defensa de su posición social” (Molinero e Ysás, 1998: 259).

La política penitenciaria en el primer franquismo

El estado de guerra permanente tendrá su reflejo en la política penitenciaria de esos primeros años. La creación de la Ley de Responsabilidades Políticas (1939-45), así como el empleo de tribunales de guerra50, mantendrán el estado de guerra como mínimo hasta los años 60. Se calcula que entre 1939-50 hay unos 850.000 presos políticos en España, un conjunto de población que aunque logre librarse de la muerte y la ejecución, sufrirá una dura violencia física y moral. El mapa penitenciario sobre el que se erige la “paz de Franco” consta de unos 900 penales, con 217 batallones de trabajos forzados, 87 disciplinarios y unas 200 cárceles. En estos emplazamientos de represión y encierro, se llevan a la práctica los mismos principios de adoctrinamiento y control social propios del nacionalcatolicismo, que son aplicados al conjunto de la población. De ahí que ya en el año 38 se cree el Patronato para la Redención de las Penas por el Trabajo o Patronato de la Merced, por el que la Iglesia habría de ocuparse de la salvación moral de los reclusos51, mientras que los órganos estatales y falangistas estarían encargados de su resocialización. Lo que subyace a toda esta violencia de represión y depuración por el castigo y el encierro es una concepción plenamente biopolítica de lo social, basada en la idea de que los vencidos en la guerra son los representantes de la anti-España, enemigos de la patria y elementos extraños, peligrosos, e inferiores. Muchos de los representantes del nuevo régimen consideraban a los presos como enfermos que portaban un virus contagioso que amenazaba a la patria y que había de ser tratado casi de manera clínica. Los psiquiatras del régimen, como Antonio Vallejo-Nájera, estaban convencidos de que el marxismo y la revolución hacían necesario un tratamiento médico y no político, que había que purgar la raza hispánica del virus del marxismo e instaurar una cuarentena para impedir cualquier contagio de la población. “Las patologías más perniciosas (marxismo, comunismo, socialismo, anarquismo, republicanismo, etc.)

50 Dichos tribunales se insertan dentro de una política general de la venganza, construida en torno a un

complicado corpus represivo legal y su ejecución judicial a través de múltiples instancias: Tribunales Militares de Responsabilidades Políticas, los de la Causa General, los de represión de la Masonería y el Comunismo, la Ley sobre Seguridad Interior del Estado o la Ley de represión del Bandidaje y Terrorismo. Todo este corpus represivo, unido a los campos de concentración, a los batallones de trabajo forzado o esclavo y a las prisiones, convirtieron España en una “inmensa prisión” (Ysás y Molinero, 2003).

51 “La educación y la moral que imponía el catolicismo impregnó hasta la médula el sistema penitenciario

franquista […]. Los capellanes se convirtieron así en supervisores privilegiados de la relación entre el interior y el exterior de los muros carcelarios que con tanto éxito instrumentalizaría el régimen” (Cenarro, 2003: 148-149).

habían atacado a la nación y debían ser extirpadas o amputadas como un cáncer del cuerpo del pueblo” (Bernecke y Brinckmann, 2009: 126). Para el Nuevo Estado se trata entonces de una tarea de depuración y redención que queda en manos de la Iglesia, a través de las ceremonias, la educación y la propaganda52.

La Iglesia cumple así un papel fundamental como sostén político e ideológico de la dictadura ya desde sus inicios, cuando definió la guerra civil como una Cruzada. Si el aspecto castrense se expresaba notablemente en la figura del Caudillo, y el carácter nacional-sindicalista tomaba forma con el Sindicato Vertical, el carácter católico del nuevo Estado sería sostenido por la Iglesia en dos instituciones fundamentales para la producción y reproducción social del franquismo: la escuela y la prisión. Como ya se ha visto, en esta segunda la labor de la Iglesia católica resultaría fundamental, puesto que el sistema penitenciario franquista viene ligado desde sus inicios a una función espiritual y evangelizadora, a través del sistema de Redención de Penas por el Trabajo. Este sistema se convertiría en la base del régimen penitenciario al menos hasta la publicación del Reglamento de Prisiones del año 48, concibiendo el delito como pecado y la pena y el trabajo como forma de redimirlo y expiarlo53, en un “utilitarismo punitivo” (Oliver, 2007) que implica la alianza entre las fuerzas de la religión y la moral por un lado, y del capitalismo, por otro. Todo ello dota de contenido a la Dirección General de Prisiones, creada en julio del 37 y cuyo primer director fue Máximo Cuervo Radigales, general y miembro de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas que expuso la fórmula del “derecho de punición” en su obra “Fundamentos del Nuevo Sistema Penitenciario Español”, apoyándose en la exaltación patriótica y el catolicismo tradicional (Alvarez-Fernández, 2007: 211).

Esta concepción de lo punitivo forma parte de un programa biopolítico que estará presente durante toda la dictadura, y en el que el “vigilar y castigar” se sustituye por un “doblegar y transformar” (Vinyes, 2003: 156), para intentar una transformación existencial de los capturados y, por extensión, de sus familias. Se buscaba anular la

52 Así nace el semanario Redención, una publicación hecha por y para los presos, en los que se les imponía

toda un propaganda moral y patriótica, la primera en manos de los capellanes, la segunda en manos de los maestros y profesores. Además, en dicha publicación semanal se alababa la buena obra de los nuevos dirigentes. La finalidad de la publicación era “la reconquista espiritual” de los presos para la patria, a través de valores como la religión, el militarismo, el antiliberalismo y el anticomunismo.

53 El Patronato Central de Redención de Penas y las Juntas Locales, es decir, el edificio institucional de la

voluntad del reo mediante humillaciones, castigos, hambre, suciedad, etc., todo ello elementos para degradar y cosificar a los presos. Además, se prestó especial atención a las mujeres, que fueron encerradas en prisiones como Les Corts, Ventas o Saturrarán, que son consideradas como “rojas” y han de ser reeducadas en los valores de la mujer tradicional y católica, “privándolas de su identidad política, rebajándolas a la categoría de prostitutas, y controladas por órdenes religiosas” (Lorenzo Rubio, 2012: 120).

Pero no solo se emplea la punición penal, sino que se establece toda una red de vigilancia y control sobre los ex-presos y sus familias, disimulada bajo el mismo discurso benéfico y de redención. Además del Patronato Central de Redención de Penas, en los años cuarenta surgen toda una serie de instituciones (el Patronato Central de Nuestra Señora de la Merced para la Redención de Penas por el Trabajo; el Patronato de Protección a la Mujer desde 1941; el Servicio de Libertad Vigilada o el Patronato de San Pablo para presos y penados) encargadas de mantener el estigma sobre el ex-preso, la vigilancia, los destierros forzosos, la incautación de bienes o las depuraciones54. El sistema parte de las concepciones del jesuita José Agustín Pérez del Pulgar, que expone sus principios en la obra La solución que España da al problema de los presos políticos, del año 1939. En ella concibe la guerra como un caos teológico y filosófico que se ha de remediar con la cruzada y la imposición de los principios morales del catolicismo, encargados de redimir y reeducar a los culpables por medio del trabajo penitenciario55. Aunque detrás del sistema de redención de penas no solo hay un principio ideológico, sino también práctico, dado que resuelve el problema de la sobrepoblación penitenciaria sin necesidad de tener que recurrir a una amnistía que para los vencedores hubiera supuesto reconocer que la conducta de los vencidos no merecía ser considerada como delictiva. Además, esta redención supuestamente cumplía un papel de estímulo a la buena conducta y al esfuerzo laboral de los penados. Y aún así, la medida no resulta del todo suficiente,

54 A este respecto, consultar la obra de Gómez Bravo (2009).

55 El ordenamiento penal del “Nuevo Estado” se basará en el Código Penal de 23 de diciembre del 44,

reeditado en el 63 y el 73, y en el Código de Justicia Militar del 17 de julio del 45, a los que se sumarían los Reglamentos de los Servicios de Prisiones del 5 de marzo del 48, y posteriormente del del 2 de febrero del 56 (este adaptado a las Reglas Mínimas de Naciones Unidas del 55). A este respecto, consultar la obra de Bueno Arús (1978).

con lo que hubo que echar mano de las libertades condicionales anticipadas, y finalmente, de un indulto general en el año 4556.

En cuanto a la resistencia de los presos políticos durante estos primeros años, se asienta básicamente en la organización clandestina comunista, que entre el 39 y el 50 se concentra en las cárceles de Burgos, Alcalá de Henares y Carabanchel para los hombres, y Ventas para las mujeres. En ellas, el partido comunista disponía de un comité local, asistido por un secretariado de ayuda a los presos y otro para la educación, así como diversas comisiones especializadas. Dicho comité local dirigía las comisiones de brigadas, en las que se integraban varias células, y colaboraba con una estructura paralela en manos Juventud Socialista Unificada. Gracias a estos aparatos, los presos comunistas lograron publicar ocasionalmente sus propios boletines, así como ediciones internas de Mundo Obrero, Juventud y Nuestra Bandera; y en Burgos llegaron a imprimir otras dos revistas, una cultural titulada Spartakus, y otra humorística, llamada La Cigüeña. Además, la organización clandestina comunista permitía sostener una red de apoyo material y moral para todos los presos políticos, aunque no fueran comunistas, así como organizar cursos clandestinos de educación política y cultural al interior de la cárcel. Es así como ciertas cárceles se convierten en centros de preparación ideológica para miles de militantes, muchos de ellos atraídos por la eficacia y el espíritu de solidaridad de los comunistas57.

Sindicato Vertical y primeros amagos de oposición

Pero el carácter monolítico y represivo del régimen franquista no sólo se expresa en las prisiones sino que también lo hace en la esfera laboral, con la aplicación de un

56 En 1952, ante el requerimiento de un comisión internacional, los cálculos del régimen cifran que la

población reclusa en enero de 1940 correspondía a unos 271.000 presos, y en 1943, unos 115.000, de los cuales 22.500 son delincuentes comunes y 92.500 “reclusos como consecuencia de la revolución”. En junio de 1945, la estadística habla de 51.300 presos, 18.000 comunes y 33.300 políticos, lo que señala el momento de la excarcelación. Sobre estas cifras y más detalles, consultar la obra de Gómez Bravo (2006).

57 Sobre esta primera organización de la resistencia en los penales, consultar la tesis de César Lorenzo

(2012) y la obra de Bueno Arús (1978: 89). Así como el artículo de Rodríguez Tejero (2010), en el que se describen fugas, plantes y huelgas de hambre, así como la creación de periódicos clandestinos y el mantenimiento de contactos solidarios con el exterior. Pero ante todo, la estructura de resistencia comunista en las cárceles durante los primeros años de la dictadura viene descrita en la obra de Rodríguez Chaos (1977).

sindicalismo vertical y falangista que asegura la explotación de los trabajadores y la anulación de toda forma reivindicativa o de protesta, mediante la creación de la Organización Sindical Española y las centrales nacional-sindicalistas. Los sindicatos se reducen al Sindicato Vertical, como “instrumento totalitario al servicio del Estado”. Se declara a España “gigantesco sindicato de productores” bajo la supervisión de una Organización Sindical al servicio del partido único, FET y de las JONS. Se suprime la fiesta del 1º de mayo, y el 18 de julio se declara fiesta nacional, no solo por el Glorioso Alzamiento, sino como Fiesta de Exaltación del Trabajo. Y aún así, es en este campo donde se expresa con mayor evidencia el elemento más propiamente fascista de la dictadura, y seguramente el eslabón más débil de la cadena represiva, puesto que el sindicato único se verá progresivamente socavado, tanto en el ámbito universitario como en el laboral, y eso a pesar de que la huelga se considera delito de sedición en el Código Penal hasta el año 65, cuando se excluya de esta consideración la huelga por motivos estrictamente políticos. De esta forma, el