EL MODELO DE ESTADO DE BIENESTAR EN COLOMBIA

Desde 1886 y hasta 1986, en Colombia se registró un marcado centralismo estatal; fue a partir de los años 80 del siglo XX cuando se inició el proceso de descentralización política y administrativa. Como antecedente a esta perspectiva pluralista, se hace referencia al año de 1936, cuando la reforma constitucional se orientó a hacer del estado colombiano un estado intervencionista. Es decir, un Estado encargado de llevar a cabo la racionalización de la producción, distribución y consumo de la riqueza. Con estas nuevas responsabilidades del Estado, se dio un paso democrático del liberalismo tradicional al liberalismo social,

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generando las condiciones de posibilidad para las reformas constitucionales que pretendían, por un lado, superar la crisis del país, y por otro, cumplir los fines partidistas. Así, ante las nuevas iniciativas políticas, se institucionalizaron los derechos de propiedad y los derechos sociales y educativos. Se puede afirmar que en este periodo se dan los primeros intentos en la creación de instituciones referidas al bienestar por parte del Estado.

Asimismo, con el Plebiscito de 1959 se estableció otra reforma a la Constitución: la creación del Frente Nacional, con el que se pretendió unificar políticamente a las clases dominantes. En este periodo (1958-1974) se dio un crecimiento económico significativo y la educación pública experimentó grandes avances. De la misma manera, los gobiernos del Frente Nacional adelantaron reformas administrativas, como por ejemplo la creación de la carrera administrativa y las Juntas de Acción Comunal; hacía 1960 el Estado incluyó en su aparato administrativo al sector campesino, a través de la conformación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos [ANUC] y en 1976 se estableció el voto para los hombres y mujeres mayores de dieciocho (18) años. No obstante, la desigualdad social no registró mayores cambios, a pesar del incremento desmesurado del empleo público.

A partir de 1970, a nivel internacional se empezó a escuchar sobre la crisis del estado de Bienestar, donde Colombia no fue la excepción (Parra, 2005). Finalizando los años 80s del siglo XX, la sociedad colombiana afrontaba una crisis de gobernabilidad y de legitimidad del régimen político, queriendo reacomodar el papel del Estado para cumplir de la mejor manera su función. En ese sentido, el Estado comenzó a abandonar progresivamente su acción intervencionista y protectora, implementando políticas de descentralización que imprimieron una nueva dinámica al Estado, caracterizado según Pinto (1995) por:

Cambio en la relación entre economía y política: del control estatal de la economía y de una gran incidencia estatal en las políticas de desarrollo, se pasa a una mayor influencia del sector privado, del mercado y la financiación externa. Se considera que “es la dinámica del mercado la que debe disciplinar la intervención estatal

Cambia la lógica en las relaciones entre Estado y ciudadano, al desplazarse el centro del Estado a la sociedad civil. En esta nueva prefiguración del Estado, es la sociedad civil, los actores privados, y el mercado los encargados de estimular los procesos de desarrollo. Se busca que en las relaciones del Estado con el ciudadano se opere con la lógica de eficacia y eficiencia del sector privado. Las políticas públicas van hacer afectadas igualmente, se privatizan dado que la implementación y ejecución va hacer responsabilidad de la sociedad civil y de los actores privados. El Estado mantiene la responsabilidad de la formulación de las políticas, pero no necesariamente va a ser su ejecutor, lo que hace que se cuestione la existencia de instituciones estatales específicas para este fin.

Las políticas públicas se descentralizan, son los entes regionales - departamentos, municipios, entes descentralizados- públicos o privados los responsables de la implementación de éstas, el Estado central se encarga de coordinar y hacerle seguimiento a las mismas.

Se incorpora para las políticas públicas la noción de flexibilización, esto es, las políticas son un gran referente, una directriz, pero queda sujeto a los ejecutores de las mismas, la introducción de modificaciones o variantes, según los casos específicos de aplicación que tengan. Este cambio en las políticas supone que el gasto estatal llegue más ágilmente a los sectores o regiones que así lo requieran. En cuanto a la política social dentro de este nuevo esquema de Estado, si bien se mantiene el sentido de proveer necesidades básica a grandes grupos poblacionales, que aminore los costos sociales y las consecuencias negativas generadas por este nuevo modelo económico “dentro de lo que podríamos denominar una igualación por debajo de las condiciones mínimas de la reproducción de la fuerza de trabajo actual y potencial” (Vargas, 1994), se abandona la idea de una perspectiva universalista de las políticas sociales de redistribución del ingreso para la gran mayoría de la población. Por un enfoque distributivo, que privilegia el funcionamiento de los mercados reales haciendo descansar en el proceso de crecimiento económico, la eliminación de las desigualdades extremas. Así el problema de la pobreza es abordado a través del mecanismo de subsidios directos. En consecuencia se “focaliza” el gasto social hacia los grupos poblacionales con mayores niveles de pobreza. Las razones que apelan a este enfoque son unas de carácter coyuntural asociadas a la crisis – limitación de los recursos del Estado, necesidades básicas insatisfechas en aumento entre otras, -así como, razones de carácter más permanente como por ejemplo:

• Mejorar el diseño de los programas.

• Aumentar la eficacia de los mismos.

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• Excluir a los que no están dentro de los parámetros de los programas. (p. 8-9).

Sobre esa base, se quiere significar que el Estado prioriza el gasto en los grupos poblacionales, incentivando el esfuerzo propio y la autogestión. Como consecuencia, con la reforma a la Constitución en 1991, Colombia se erigió como un Estado social de derecho; se dio importancia a los derechos humanos y se crearon mecanismos e instrumentos que los garantizaran: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general” (Constitución Política de Colombia, 1991). Se denomina social porque es intervencionista, porque no se interesa sólo por el individuo, sino también por la colectividad, con sus contenidos y acciones en los distintos cambios de la vida social.

Éste tipo de estado puede ser caracterizado desde distintos puntos de vista, como por ejemplo el reconocimiento de derechos de índole individualista y de orden colectivista, (económicos, sociales y culturales), asimismo, la idea de propiedad privada como una labor interventora del Estado en todos los niveles, sobre todo en el económico, y una idea de igualitarismo. Pero desde otra perspectiva, se puede identificar en ella diferentes tipos de Estados; uno de ellos es un Estado denominado como el gobierno de las leyes, en contraposición al gobierno de los hombres; es un Estado donde rigen las normas que él mismo elabora y que son de cumplimiento de sus gobernantes; en otra palabras el Estado está sujeto al derecho (Madriñán, 1997).

En lo relacionado con la educación, ésta adquirió el carácter de derecho fundamental y de servicio público con una función social. En materia de educación superior, garantizó la autonomía universitaria (Constitución Política de Colombia, Artículo 69), fortaleció la investigación científica, dio garantías para crear mecanismos en el acceso de todas las personas a la educación superior y avaló el régimen especial para las universidades del Estado.

1.3. CONCLUSIÓN

El bienestar presenta una doble dimensión: interna y externa, subjetiva y objetiva, las que no deben ser entendidas ni estudiadas en forma aislada; en otras palabras, es comprender que el bienestar es un concepto mixto y por lo tanto dinámico, en donde confluyen características de dos tipos diferentes; en uno de ellos se observan circunstancias internas de la persona, o estados de ánimo, y que corresponde al ámbito de lo subjetivo, entendido como placer, felicidad, sentimientos de satisfacción y, en general, todo aquello que la persona experimenta en relación con la realización de sus proyectos de vida personal. Por otro lado, desde la dimensión objetiva, se alude a las condiciones y circunstancias exteriores y desde las que se hace posible y efectivo aquel estado de ánimo; entre ellas, las comodidades con las que vive y disfruta, la educación, el poder, su riqueza, el tiempo libre y las facilidades para el disponer de los servicios públicos.

Sobre esos criterios, se alude a teorías del bienestar que se han acuñado desde la economía con sello inglés, tales como la economía del bienestar, el Estado social de derecho y el Estado de bienestar, welfare y well-being5; hasta llegar a la década de los 70, cuando surge el concepto de calidad de vida como respuesta reconceptualizada en relación con la consideración del bienestar, no sólo dependiente de las cuestiones materiales sino también de los valores humanos. En consecuencia, puede decirse que el bienestar de una persona está en dependencia con la forma como ella sepa administrar su estado interior y con las bondades que le facilita el medio exterior en el que se desenvuelve. En suma, una dimensión es complemento de la otra, por tanto, concebirlas en forma separada es aceptar el bienestar como si algo le faltara al ser humano para estar bien.

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Al rastrear el concepto se encuentra que la situación de penuria y dificultad generó un sentimiento de comunidad y llevó a la práctica de la solidaridad entre todos los miembros de los países afectados por las guerras. Así es como se llegó a la instauración del Estado de bienestar después de la segunda Guerra Mundial. Se inició con las leyes sociales, pasando por un estado protector de la vida y la propiedad, pero su cubrimiento era mínimo, transitando después por el Estado Social de Derecho, con un bienestar integral, hasta llegar a la sociedad del bienestar.

Así, se pueden identificar tres fases del Estado de bienestar: la primera, entre 1870 y 1920, denominado periodo de experimentación, con la introducción de seguros sociales obligatorios como evolución de la Ley de los pobres y la discusión sobre los principios fundamentales del Estado. La segunda fase va de 1920 a 1940, y se constituye en un periodo de consolidación, caracterizado por la aprobación de nuevas leyes sociales, lo que condujo a una integración de la política social al aparato estatal: se hace tránsito de los seguros obligatorios a la seguridad social obligatoria. La tercera fase, comprendida entre los años de 1940 a 1960, llamada de expansión, se caracteriza por el crecimiento económico sostenido y la implantación de nuevas iniciativas políticas que aseguraron un mejor nivel de vida: el empleo, los servicios sociales básicos, salud, educción jubilación, incentivación del mercado y la estabilidad social.

Todo este esfuerzo exigió grandes presupuestos y políticas de Estado para cubrir los compromisos adquiridos con la sociedad. Esta situación se vería afectada por acontecimientos políticos y económicos mundiales, como por ejemplo la subida del petróleo, de tal manera que los gastos sociales se vieron afectados con la gravedad que no se previó el desmesurado incremento de los servicios hasta que los Estados experimentaron incapacidad para cubrirlos, generando la crisis en el Estado de bienestar. Como respuesta, los teóricos y los Estados repensaron la situación y nuevas políticas surgieron para replantear los servicios sociales.

Los enfoques de Titmus, Marshall y Sen facilitan la observación del desarrollo de las tendencias económicas en materia de bienestar y la forma como los indicadores han dejado de ser tan cuantitativos para permitir indicadores de evaluación cualitativa.

Colombia se conoce como un país de leyes, caracterizado por las continuas guerras civiles, producto del enfrentamiento de los partidos políticos; ello da razón, en parte, al centralismo de sus políticas, pero igualmente caracterizado, a partir de los ochenta, por una tendencia a descentralizar y a desmontar el estado benefactor. Sin embargo, continúa siendo un Estado que propende por la erradicación de la pobreza, dirigido por los partidos tradicionales que lo sigue atando a un clientelismo político y que le impide, en las más de las ocasiones, gobernar con autonomía.

2. ELEMENTOS PARA UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE BIENESTAR