EL PROTAGONISMO DE LAS MEDIDAS REPRESIVAS PARA CONTENER

EL DELITO

A pesar de los avances antes indicados, uno de los principales problemas obser- vados en el funcionamiento del sistema de justicia penal es la falta de adecuada

interacción entre los operadores de jus- ticia, sin perjuicio que desde principios de la década actual se han creado ins- tancias de coordinación interinstitucio- nal que han venido a mejorar las re- laciones entre ellos. Por otra parte, subsisten las debilidades particulares de cada uno de los operadores, en espe- cial las capacidades de investigación para aportar indicios y pruebas suficien- tes para justificar el requerimiento fiscal y/o el proceso condenatorio judicial. En el contexto del incremento de la ola delictiva, el clamor popular, estimulado por algunos medios de comunicación, es lanzado en contra de los fiscales y jueces, aduciendo que estos dejan libres a los «delincuentes» capturados por la policía. En el discurso de las autorida- des de la Secretaría de Seguridad se menciona con frecuencia la falta de apo- yo del poder judicial para ordenar el auto de prisión contra los presuntos autores de delitos que la policía ha dete- nido o hacia los cuales ha emprendido labores de investigación. El problema es que existe una escasa autocrítica y de- bate sobre las propias debilidades de los cuerpos policiales para realizar la in- vestigación criminal. Conviene señalar que en Honduras la policía se divide en varios cuerpos, siendo los principales el de la policía preventiva y la policía de in- vestigación criminal6_{. De manera que}

J. Álvaro Cálix Rodríguez

6 _{Entre 1996 y 1998 la policía de investigación criminal, luego de ser separada de las fuerzas militares fue}

incorporada al Ministerio Público; no obstante con la Ley Orgánica de la Policía (1998) fue adscrita a la Se- cretaría de Seguridad, bajo el criterio de unidad de mando. Todavía no se ha cerrado el debate sobre la pertinencia de haberla sustraído del Ministerio Público, sobre todo porque dentro del Ministerio de Segu-

por lo anterior, unido a otros factores, ha emergido con fuerza desde el propio Poder Ejecutivo un discurso que cues- tiona el nuevo procedimiento penal por suponerlo «excesivamente garantista», discurso que encuentra asidero en una población atemorizada por el problema de la inseguridad personal.

En general, la incapacidad de llevar a cabo una investigación criminal profe- sional, la injerencia de las redes de la corrupción en ciertos ámbitos de los operadores de justicia para proveerse de impunidad, y la desesperación de la ciudadanía están legitimando cada vez más la puesta en práctica de medidas de corte policial represivo para buscarle solución al fenómeno de la criminali- dad, así como soluciones al margen de los propios operadores de justicia, y que se traducen en ajustes de cuentas priva- dos y ejecuciones sumarias, sobre todo en perjuicio de jóvenes de estratos so- ciales bajos7_.

Esta legitimación de formas represivas para contener el delito, despreocupán- dose en gran medida de acciones de prevención primaria, ha impactado in- cluso en la propia dinámica de la políti-

ca electoral. En efecto, la campaña pro- selitista para las elecciones de 2001 lle- vó al poder al Partido Nacional con un mensaje concreto de «Cero Tolerancia», haciendo eco de la experiencia observa- da en la ciudad de Nueva York, bajo la gestión del alcalde Rudolph Giuliani. Resulta evidente que en materia de se- guridad uno de los principales énfasis del actual mandato presidencial, que concluye en enero de 2006, ha estado en medidas como el fortalecimiento presu- puestario de la policía, una mayor legiti- mación del allanamiento de morada por parte de la fuerza policial, el endureci- miento de la penas, y la tipificación pe- nal de figuras como «la asociación ilíci- ta» para contrarrestar el fenómeno de las maras y pandillas.

Y ahora en 2005, año en el que se reali- zarán a finales de noviembre elecciones generales, el candidato ganador de las elecciones primarias del partido que os- tenta el poder (Partido Nacional) ha en- arbolado con insistencia la continuación de la guerra contra la delincuencia, pero esta vez con medidas aún más severas como el anuncio de la reinstauración de la pena de muerte, y la evocación a la «tranquilidad» que vivía el país en los

Inseguridad ciudadana y justicia

ridad, la policía de investigación criminal no ha logrado ser fortalecida como se esperaba; más bien se pre- sentan indicios de asimilación con la policía preventiva, la cual sin el oficio necesario, realiza muchas ve- ces las funciones de investigación para las cuales no ha sido debidamente preparada, provocando a la lar- ga debilidad en la sustentación de prueba que el Ministerio Público precisa para incoar los procesos penales.

7 _{Según las estadísticas registradas por Casa Alianza, desde 1998 hasta febrero de 2005 se reportan en el}

país 2.520 casos de homicidios cometidos en contra de niños y jóvenes menores de 23 años, de los cuales sólo un 21,6% ha logrado ser documentado (Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Hondu- ras [CONADEH] 2005: 47).

tiempos de la dictadura del general Ca- rías Andino (1933-1949).

Tal parece que el proceso democrático en Honduras comenzado en 1980 sufre ahora un agotamiento de perspectivas, que se traduce en un reforzamiento del discurso del orden y la seguridad por la vía de la represión y no por la reducción de las inequidades sociales y por la construcción de un capital social demo- crático que revierta los niveles de des- confianza interpersonal y de anomia que ahora predominan. La seguridad por la vía coercitiva, que debería ser sólo un aspecto —importante sí, pero no condición suficiente— ha copado el abordaje del problema de la seguridad, en un lente de comprensión de la segu- ridad bastante restringido a la protec- ción frente a la inminencia del delito, en lugar de una acepción que sea entendi- da en clave de convivencialidad dentro de la perspectiva de la seguridad huma- na y democrática.