La presión por lograr continuas tasas de crecimiento económico ha llevado a una constante, y creciente, demanda de acceso a recursos naturales como el gas, el petróleo, minerales y otras materias primas. En América Latina, esta presión externa sobre los recursos tiene una larga tradición que se remonta a los tiempos de la conquista. Los minerales de Perú, Bolivia, Chile o Argentina han sido explotados desde hace siglos.
Esa explotación es frecuentemente una fuente de conflictos y tensiones entre las comunidades, los Estados y las empresas transnacionales. Las comunidades sufren en muchas ocasiones los efectos de la actividad extractiva, como la destrucción de ecosistemas y medios de vida, sin recibir apenas compensaciones o ser consultadas al respecto. Distintos gobiernos han ido adaptando los marcos jurídicos y políticos de sus países para crear un clima más favorable para estas inversiones, sin tener en cuenta a esas comunidades. Y las multinacionales aprovechan estas condiciones favorables para operar con menos restricciones.
Desde principios de los años 90 ha habido un notable aumento de la inversión extranjera en el sector de la industria extractiva latinoamericana. Entre 1990 y 2001, cuatro de los principales países de destino de inversiones mineras en todo el mundo estaban en América Latina: Chile en la primera posición, Perú en la sexta, Argentina en la novena y México en la décima. Doce de las mayores inversiones mineras también estaban en esta región: dos en Perú, nueve en Chile y una en Argentina.96
En América Latina, en muchos casos los marcos institucionales y legislativos son débiles, lo que provoca un desequilibrio de poder en favor de las multinacionales, que pueden imponer condiciones que les son favorables en muchas de las negociaciones. Por otro lado, desde el punto de vista de los gobiernos, estos proyectos tienen potencial para generar impuestos adicionales, y con ello mejorar la situación de las arcas del Estado (aunque esta posibilidad se ve mermada por los incentivos financieros que se ofrece a las compañías, por ejemplo, tasas de impuestos muy bajas, y que buscan atraer inversiones hacia el país a cualquier precio).
Muy a menudo, las legislaciones nacionales dirigidas a proteger el medio ambiente o los derechos humanos son
débiles, y las compañías pueden fácilmente dejarlas de lado. En otras ocasiones pueden ser bastante completas y no cumplirse porque las instituciones encargadas de aplicarlas son débiles o ineficientes. Todo ello hace difícil que las empresas rindan cuentas, que se tengan presentes las necesidades y derechos de las comunidades, y que éstas reciban una parte proporcional y justa de los beneficios de la actividad extractiva.
Como resultado, muy a menudo el sector minero ejerce una presión insoportable sobre ecosistemas frágiles y sobre comunidades que viven en tierras ricas en recursos, pero que no reciben apenas compensaciones. Entre los impactos ambientales y sanitarios que causa, se pueden mencionar las fuentes de agua contaminada por metales pesados como plomo o arsénico; la reducción de la capa freática por el uso excesivo de las aguas subterráneas para las grandes instalaciones; lluvia ácida y destrucción de la vegetación; intoxicaciones y dificultades respiratorias, etc. Todo ello pone en riesgo de desaparición los medios de subsistencia tradicionales de las comunidades, amenaza la seguridad alimentaria y en último extremo da lugar al desplazamiento de estas poblaciones. Por último, hay una fuerte presión sobre las condiciones laborales y se pueden generar tensiones dentro de las comunidades en relación con los inconvenientes y ventajas de los proyectos.
Vista aérea de la mina de hierro a cielo abierto más grande del mundo, en el Amazonas.
La Oroya
Un 62% de las exportaciones de Perú son metales. En este país operan las siete mayores empresas mineras del mundo, y es el primer productor mundial de plata y oro y el cuarto de cobre. Desde principios de los años 90, en que se privatizó la minería, el país ha duplicado su producción de minerales y han llegado más de cien empresas extranjeras. El Gobierno peruano ofrece a las grandes trasnacionales mineras (empresas de Canadá, Estados Unidos, Brasil, Sudáfrica, Australia o Reino Unido) marcos jurídicos y tributarios muy favorables, exentos de una legislación ambiental que regule los posibles impactos de esta actividad y de una legislación tributaria que conduzca a una mayor recaudación y a una mejor redistribución de los beneficios al país.
En los Andes peruanos, la planta metalúrgica de La Oroya lleva funcionando desde el año 1922. En 1997 fue comprada por la empresa Doe Run Corporation, de procedencia estadounidense. La ciudad está construida alrededor del complejo metalúrgico que incluye una enorme chimenea. Diversos estudios han documentado los altísimos niveles de contaminación existentes en el entorno de la misma.
En 1999, bajo la presión de los habitantes de La Oroya, se hizo el primer estudio sanitario y se determinó que el 99% de ellos tienen diversos niveles de plomo, cadmio y dióxido de azufre en la sangre. El Ministerio de Salud de Perú rea- lizó una investigación en la que encontró niveles de plomo que llegaban a 33,6 mg/decilitro de sangre en los niños menores de diez años, lo que multiplica por tres el límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud.97
El Estado peruano ha intentado presionar a la empresa para que ponga en marcha un Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), que incluye limpiar el aire y el suelo de la zona. El proceso, sin embargo, está detenido desde hace diez años porque la empresa asegura que tiene graves problemas económicos que le impiden hacer frente al procedimiento, y amenaza con cesar su actividad en la zona si es obligada a ello. Esto ha significado otro drama para los habitantes de la ciudad, pues son miles los que trabajan en la fábrica y temen quedarse sin empleo. Ahora, por ello, se debaten entre sufrir la contaminación y los problemas de salud asociados o bien agudizar su precariedad económica. Esto también ha generado tensiones entre la población que trabaja directamente para la empresa y ve amenazado su medio de vida, y los demás.
En 2007, el Blacksmith Institute incluyó la zona de La Oroya entre las diez localizaciones más contaminadas del mundo,98 con alta presencia de plomo, mercurio, arsénico y cadmio en la tierra y el agua de los alrededores. El nivel de arsénico multiplicaba por 393 los límites recomendados. El arzobispo de Huancayo, monseñor Pedro Barreto, ha impulsado una mesa de diálogo entre la empresa, los sindicatos y la sociedad civil, tratando de unir a todos los actores sociales en un diálogo constructivo encaminado a mejorar el medio ambiente en la región. De momento, los logros han sido limitados.
Carteles anunciando el proyecto Río Blanco en el norte de Perú. Este proyecto minero busca explotar un yacimiento de cobre y molibdeno. Las comunidades campesinas de la zona rechazan fuertemente el proyecto porque representa una grave amenaza para la agricultura y para sus derechos humanos a la alimentación y al agua.