El socialismo de guerra

El llamado socialismo de guerra ha sido considerado suficientemente motivado y legítimo por doquier sobre todo con referencia a la emergencia creada por la guerra. Se ha dicho que en la guerra no es posible dejar que siga operando la economía libre porque es inadecuada, y que debe ser sustituida por un sistema más perfeccionado, la economía administrada. El que una vez terminada la guerra se deba volver o no al sistema «no alemán» del individualismo, es una cuestión a la que —se dice— es posible dar respuestas distintas.

Esta motivación del socialismo de guerra es tan insuficiente como característica del pensamiento político de un pueblo al que el despotismo del partido de la guerra ha impedido toda manifestación libre de sus opiniones. Es insuficiente porque sólo podría tener cierta fuerza la persuasión si estuviera confirmado que la economía organizada está en condiciones de ofrecer rendimientos más elevados que los de la economía libre, algo que hay que demostrar. Para los socialistas, que en todo caso luchan por la socialización de los medios de producción en orden a eliminar la anarquía de la producción, no se necesita el estado de guerra para justificar las medidas de socialización. Pero para los adversarios del socialismo la referencia a la guerra y a las consecuencias económicas no es una circunstancia que pueda aconsejar la adopción de semejantes medidas.

Para quien opina que la economía libre es la forma superior de la acción económica, precisamente la emergencia provocada por la guerra debería representar el elemento nuevo para exigir la eliminación de todas las barreras que obstaculizan la libre competencia. La guerra como tal no exige una economía organizada, aunque en algunas direcciones puede poner ciertos límites a la persecución de los intereses económicos. En la época del liberalismo ni siquiera una guerra de las dimensiones de

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la guerra mundial (suponiendo que sea imaginable una guerra semejante en una época liberal y por tanto intrínsecamente pacifista) habría favorecido tendencias socializadoras.

La motivación más socorrida para justificar la necesidad de adoptar medidas socialistas era el argumento del asedio. Alemania y sus aliados se encontraban en la condición de una fortaleza asediada que el enemigo quiere doblegar mediante el hambre. Frente a semejante peligro había que adoptar todas las medidas típicas de una sociedad asediada. Había que considerar el conjunto de los recursos disponibles como un único bloque sometido a una administración unificada, del que poder disponer para cubrir de manera uniforme las necesidades de todos. Por consiguiente, había que racionar el consumo.

El argumento se basa en hechos incuestionables. Es un hecho evidente que la presión mediante el hambre (en el sentido más amplio del término), que en la historia de las guerras en general se había empleado tan sólo como un medio táctico, en esta guerra se empleó en cambio como medio estratégico110. Pero las consecuencias que de él se sacaban eran erróneas. Una vez que se había considerado que la situación de las potencias centrales era comparable a la de una fortaleza asediada, se deberían haber sacado las únicas consecuencias que se obtenían desde el punto de vista militar. Habría sido conveniente recordar que, según todas las experiencias de la historia de las guerras, una plaza fuerte asediada no puede menos de estar hambrienta, y que por tanto su caída puede evitarse sólo con la ayuda externa. El programa de «mantenerse firme» habría tenido sentido

110 _{Una guerra en la que el hambre del adversario se empleó como} medio estratégico fue la rebelión de los herero en el África suroccidental alemana en 1904; en cierto sentido también pueden considerarse tales la guerra de secesión norteamericana y la última guerra de los boers.

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por tanto sólo si se hubiera podido contar con el hecho de que el tiempo trabajaba a favor de los asediados. Pero como no se podían esperar ayudas del exterior, no se habría debido cerrar los ojos ante la evidencia de que la posición de las potencias centrales empeoraba de día en día y que era indispensable cerrar la paz aun a costa de sacrificios no justificados por la posición táctica del momento. En efecto, los adversarios habrían estado aún dispuestos a hacer concesiones si a cambio hubieran obtenido la posibilidad de abreviar la duración de la guerra.

No es admisible que el estado mayor alemán desconociera todo esto. Si a pesar de ello se insistió en la consigna de «mantenerse firmes», fue no tanto por un desconocimiento de la situación militar como por la esperanza en una cierta condición psicológica del adversario. Un pueblo de mercaderes como el anglosajón se habría cansado antes que los pueblos de las potencias centrales, habituados a la guerra. Apenas hubieran sentido los ingleses la guerra sobre su propia piel, se habría visto que, ante la perspectiva de limitar su tenor de vida, serían mucho más sensibles que los centroeuropeos. Este error garrafal, esta incomprensión de la psique del pueblo inglés, les indujo también a adoptar la guerra submarina, primero limitada y luego ilimitada. La guerra submarina se basaba también en otros cálculos equivocados, es decir, en una sobrevaloración de las propias capacidades operativas y en una infravaloración de las medidas de defensa del adversario, y finalmente también en un total desconocimiento de los presupuestos políticos de la beligerancia y de lo que en la guerra está permitido. Pero no es tarea de este escrito afrontar tales cuestiones. Dejemos a los expertos establecer qué fuerzas precipitaron al pueblo alemán en esta aventura suicida.

Pero prescindiendo completamente de estas carencias, derivadas más que otra cosa del aspecto

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genéricamente militar de la cuestión, la teoría del socialismo «de asedio» tiene graves fallos también desde la óptica de la política económica.

Al comparar a Alemania con una ciudad asediada se pasaba por alto el hecho de que la comparación sólo era pertinente en lo relacionado con los bienes no producidos en el interior del país y no sustituibles por los que sí lo son. Para tales bienes, cuando no se trataba de artículos de lujo, el racionamiento del consumo era en todo caso oportuno desde el momento en que todas las posibilidades de aprovisionamiento estaban excluidas como consecuencia de la agravación del bloqueo y de la entrada en guerra de Italia y Rumania. Hasta ese momento habría sido mejor naturalmente garantizar la plena libertad de comercio y de transporte por lo menos para las cantidades importadas del exterior, para no reducir el incentivo a obtenerlas por vías indirectas. Fue en todo caso un error la iniciativa —tomada especialmente en Austria al principio de la guerra— de combatir el aumento de los precios de estas mercancías con el Código penal. Si los comerciantes animados por intenciones especulativas hubieran ocultado las mercancías para hacer subir los precios, ello habría contribuido eficazmente a limitar su consumo ya desde el principio de la guerra. La medida que limitaba el aumento de los precios no podía menos de tener consecuencias nocivas. Para los bienes que no podían en modo alguno ser producidos en el interior del país y tampoco podían ser sustituidos por sucedáneos producidos en el interior, el Estado habría tenido que imponer más bien precios mínimos en lugar de precios máximos para limitar lo más posible su consumo.

La especulación anticipa los futuros cambios de precio; su función económica consiste en nivelar las diferencias de precio entre las distintas localidades y los distintos periodos y equilibrar entre ellos las reservas disponibles y la necesidad, gracias a la presión que

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ejercen los precios sobre la producción y los costes. Cuando al principio de la guerra la especulación empezó a pedir precios más altos, ello conllevó ciertamente un aumento momentáneo de los precios por encima del nivel que se habría alcanzado espontáneamente en ausencia de especulación. Pero como en tal caso también se limitó el consumo, las reservas de bienes disponibles para la siguiente fase de la guerra aumentaron también y comportaron para la fase siguiente una atenuación de los precios respecto al nivel que se habría formado espontáneamente en ausencia de especulación. Para eliminar esta indispensable función económica de la especulación se tenía que haberla sustituido inmediatamente con alguna otra cosa, por ejemplo con la confiscación de todas las reservas, su gestión por el Estado y el racionamiento. Lo único que no había que hacer era contentarse simplemente con la aplicación del Código penal.

Cuando estalló la guerra, el ciudadano común pensó que duraría de tres a seis semanas. Con este cálculo reguló el tendero su especulación. Si el Estado hubiera estado mejor informado, habría tenido el deber de intervenir. Si pensaba que la guerra terminaría al cabo de cuatro semanas, habría podido intervenir para impedir que los precios subieran más de lo necesario y alcanzar el fin de armonizar sus reservas disponibles y sus necesidades. Incluso para hacer esto no habría sido suficiente fijar precios máximos. Si en cambio el Estado estaba convencido de que la guerra duraría mucho más de lo que pensaban los civiles, debería haber intervenido fijando precios mínimos o bien adquiriendo mercancías con el fin de acumular reservas estatales. En efecto, existía el riesgo de que la especulación comercial, ignorando las secretas intenciones y los planes del estado mayor, no habría impulsado inmediatamente al alza los precios en la medida en que era necesario para asegurar el reparto de las pocas reservas existentes para todo el