LAS EMPRESAS MULTINACIONALES Y SU FORMA DE ELUDIR LA REGULACIÓN ESTATAL

En el epígrafe siguiente se esbozarán algunas estrategias– “llaves de judo” – que los Estados podrían actuar con el fin de aprovechar la fuerza autorreguladora y el poder de las empresas, y muy particularmente de las empresas transnacionales. Pero antes conviene explicar la forma en que las empresas multinacionales eluden la regulación estatal y protagonizar muchos de los atentados contra el medio ambiente o los derechos humanos. La relación de las empresas multinacionales con los sistemas jurídicos resulta más sofisticada que la del resto de sujetos obligados. A través del ejercicio del lobby tiene capacidad de influir tanto en la conformación de la legislación estatal, como,

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y lo que es aún peor, en la “no regulación” o desregulación. Todos conocemos en este sentido el lobby que desencadeno la revocación de la Glass- Steagal Act y que ha estado en el origen de la crisis financiera. Más por otro lado, a través del fenómeno de la deslocalización de la producción y de la creación de filiales tienen mayores oportunidades que el resto a escapar a la regulación de los estados más fuertes, y someter su producción a aquellos ordenamientos jurídicos con menores exigencias medioambientales, de protección del trabajador, etc o que, aun contando con una regulación aceptable, simplemente tienen sistemas administrativos y judiciales débiles, incapaces de enfrentarse a ellas. En ocasiones se trata, simplemente, de Estados demasiado hospitalarios que están dispuestos a realizar una legislación a medida de las grandes corporaciones para atraer sus inversiones.

La libre circulación de productos, servicios y capitales (¡que no de personas ¡) que conlleva la globalización, unida a la agilidad en las comunicaciones y transportes, les permite tener todo lo bueno y nada de lo malo de este proceso. Les permite, por ejemplo, utilizar proveedores en países asiáticos que utilizan trabajo infantil o en situaciones de lo que se ha dado en llamar “nueva esclavitud” y luego vender los productos en países desarrollados o, como ocurrió en la tragedia del Bophal, pueden producir a través de sus filiales con prácticas medioambientales en el país donde tienen su sede social. Más de 30 años después de

la tragedia sus víctimas aún siguen buscando ser reparadas ante los tribunales norteamericanos. El caso Texaco ilustra como pocos la agilidad de las grandes empresas para escapar de la legalidad y la asunción de responsabilidades. Los hechos se remontan a 1960 cuando Texaco obtuvo una autorización de Ecuador para explotar el petróleo situado en el Lago Agrio, una región de la amazonia, extremadamente rica en biodiversidad. En este momento Ecuador estaba gobernado por una junta militar, que deseaba “conquistar y civilizar” esta zona de la amazonia. Texaco en 1972 crea una filial Tex Pet (100%), cuya finalidad es la explotación del petróleo en Ecuador, que se encarga de la explotación y que tiene por tanto la responsabilidad técnica. La explotación continúa hasta 1993, fecha en la que los daños al medio ambiente eran ya notorios y transfiere la explotación a una empresa pública (Petro Ecuador). En 2001 Chevron adquiere Texaco. Hasta aquí el entramado societario que ejemplifica una de las dos técnicas de elusión de la responsabilidad a la que hemos hecho referencia, la creación de filiales o los cambios en la personalidad jurídica de las empresas.

Texaco muestra también una segunda faceta que nos interesa, la deslocalización jurídica. En primer término, el daño medioambiental se produce debido al tratamiento de un desecho (el agua de producción) que es tremendamente peligroso. Mientras que en EEUU existe una clara legislación acerca de cómo ha de tratarse este residuo, no

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existe en Ecuador. Pero también en este caso se produce el fenómeno del Estado demasiado hospi- tallario. Cuando en 1992 comienzan las presiones de las víctimas, el gobierno aprueba una ley de protección del medio ambiente, pero a la vez como estaba interesado en mantener las inversiones americanas, firma un acuerdo con TexPet para solucionar el problema que incluyen medidas de reparación ambiental (2 millones de hectáreas) y a las víctimas, claramente insuficientes. En el acuerdo se indica que a TexPet no se le exigirá responsabilidad por estos hechos en el Ecuador. La validez jurídica de este acuerdo, dónde no han participado los afectados, especialmente, los pueblos indígenas resulta controvertida y es objeto en la actualidad de discusión ante la Corte de Justicia Internacional.

Con estos mimbres no es extraño que las víctimas de la contaminación, con daños que se asemejan a un genocidio cultural, en cuanto suponen la alteración forzosa de costumbres y hábitos de vida e incluso la desaparición de tribus autóctonas, hayan sufrido un auténtico calvario judicial, en el que por cierto siempre ha estado fuera el derecho penal. En un primer momento (1993) se acude a la justicia norteamericana, a través de una ley que es todo un “monumento” de la protección de los derechos humanos: Allien Tort Claim Act. Esta centenaria ley de 1789, contiene un sistema de daños punitivos (una suerte de sanción penal privada) contra quienes infrinjan la “ley de las naciones”. Resucitada en los años 80 del pasado

siglo, la ATCA ha servido hasta ahora para enjuiciar a numerosas empresas multinacionales norteamericanas por violaciones de derechos humanos (tortura, genocidio…). Las víctimas de Texaco a través de una class action demandan a la empresa en New York que es dónde tiene su sede social. En 2001 el tribunal norteamericano rechaza su competencia para juzgar los hechos, considerando que estos deben sustanciarse en Ecuador. El argumento principal es que no existe ningún vínculo con los EEUU, pues los hechos fueron cometidos por una sociedad, TexPet, que aunque propiedad de una sociedad americana, tenía su sede social en un país distinto.

En esos mismos años, debido al cambio político existente en Ecuador, existe un buen caldo de cultivo para que en el 2003 se presente una demanda contra Chevron, quien alega, lógi- camente, la independencia de su filial ecuatoriana y de Texaco, la existencia del acuerdo con el anterior gobierno ecuatoriano y la irretroactividad de la legislación aplicable. Pero sobre todo pone en marcha una estrategia de defensa consistente en desacreditar a los jueces ecuatorianos que han de juzgarla, atacando su imparcialidad. Finalmente, la Corte de Sucumbíos falla a favor de los afectados y fija una indemnización entorno a los 9 millones de dólares, la más alta de la historia, confirmada después por el TS de ecuador

Ante esta condena la estrategia de defensa de Texaco se dirige a que la indemnización no pueda ser ejecutada en EEUU. Para ello pone sobre la

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mesa el siguiente argumento de defensa: los demandantes, y en concreto, su abogado defensor, habían constituido una organización criminal que habían intentado extorsionar y sobornar a los jueces. La justicia americana da la razón a Chevron y considera que el procedimiento ecuatoriano es fraudulento y que por tanto su decisión carece de validez en los USA. Desde el 4 de marzo de 2014, en que se produce esta decisión, las víctimas han intentado que la decisión se ejecute contra las empresas del grupo (filiales) en Brasil, Argentina pero sin éxito alguno, hasta que la Corte Suprema de Canadá, el pasado 4 de septiembre, admitió que la sentencia ecuatoriana puede ser ejecutada en la filial canadiense de Chevron.