Durante todo el siglo XX, la búsqueda de materias primas, de recursos naturales que explotar, de mano de obra barata y, en resumen, de las condiciones óptimas para avanzar por la senda del crecimiento económico, la acumulación por desposesión6 y la competitividad en el mercado mundial, fueron las razones que llevaron a las empresas transnacio-
nales a implantarse por todo el planeta. Y, por supuesto, también en muchos territorios indígenas.
Así, puede decirse que la relación entre las empresas transnacionales y los pueblos indígenas tiene muchos años de existencia. En el caso de América Latina, ya desde que, a principios del siglo pasado, las grandes corporaciones del petróleo se fueron haciendo con contratos de explotación y extendieron sus actividades por toda la región, se dedica- ron a utilizar a las poblaciones locales como mano de obra para la construcción de las infraestructuras necesarias, co- menzaron a destruir los ecosistemas colindantes, hostigaron a las comunidades indígenas y, en definitiva, contribuye- ron a hacer efectiva una profunda transformación del territorio. Más tarde, a las multinacionales petroleras vendrían a sumarse las compañías bananeras, las mineras, las de la electricidad, las entidades financieras, las agroindustrias... En Colombia, sin ir más lejos, desde que hace un siglo se dio inicio a las actividades petroleras en el país, se han podido documentar numerosos casos en los que las empresas transnacionales han diezmado comunidades indíge- nas enteras, invadiendo y destruyendo sus territorios. En los años sesenta, por ejemplo, habían acabado ya con dos terceras partes de las comunidades bari, en el Norte de Santander, y habían hecho prácticamente lo mismo con la población indígena yariguí en la cuenca media del río Magdalena. De igual manera, la búsqueda del petróleo tuvo graves efectos sobre otras comunidades indígenas, como los zenú de Córdoba; las etnias inga, kofán, siona, huitoto y coreguaje en el Putumayo; los sáliba en el Casanare y los nukak en el Guaviare.7
La situación no fue muy diferente en Bolivia, por poner otro caso, donde los intereses de las multinacionales del petróleo por el control del territorio también generaron fuertes impactos sobre los pueblos indígenas. Basta citar a las corporaciones Standard Oil y Royal Dutch Shell,8 involucradas en el origen en los años treinta de la Guerra del
Chaco, o a la compañía petrolera Gulf Oil Company, que durante la década de los sesenta operó en los territorios indígenas yuki y yurakaré, impulsando la colonización de esa región y el desplazamiento de sus comunidades.9
A modo de ilustración, estos ejemplos de Colombia y Bolivia pueden servir para entender lo que ha significado la presencia de las compañías multinacionales en los territorios donde habitan los pueblos indígenas de América Latina. Porque, al final, lo que han hecho las grandes corporaciones es aprovecharse de la falta de control sobre sus activi- dades para contaminar el entorno de las zonas donde operaban e intimidar, maltratar y desplazar a las poblaciones cercanas. En décadas pasadas, se han venido estudiando y sistematizando multitud de casos en los que se relata el
5 Juan Hernández Zubizarreta, Las empresas transnacionales frente a los Derechos Humanos: Historia de una asimetría normativa, Hegoa y OMAL, Bilbao, 2009.
6 David Harvey, El nuevo imperialismo, Akal, Madrid, 2004.
7 ONIC, CECOIN y GhK, Tierra profanada. Grandes proyectos en territorios indígenas de Colombia,Bogotá, Disloque Editores, 1995.
8 Marco Gandarillas, Marwan Tahbub y Gustavo Rodríguez, La nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia. La lucha de un pueblo por sus
recursos naturales, Icaria, Barcelona, 2008.
hostigamiento y la persecución que tuvieron que sufrir muchas comunidades indígenas en toda la región.
Pero, en contra de lo que pudiera parecer, estos hechos no se limitan al pasado; por el contrario, se puede constatar que continúan sucediendo en la actualidad. Y de ello hay ejemplos de todo tipo: desde las multinacionales de la ali- mentación hasta las corporaciones energéticas, de las mineras a las farmacéuticas, es conocido que las actividades de una gran cantidad de empresas transnacionales siguen impactando gravemente sobre el territorio y la cultura de los pueblos indígenas. Para hacernos una idea de la magnitud de esta cuestión, veamos a continuación algunos de los casos que han sido más denunciados a nivel internacional.
Uno de los elementos centrales de la disputa entre las comunidades indígenas y las grandes compañías es la propie- dad de la tierra. En este sentido, ha sido bien conocida la situación de las comunidades mapuche de la Patagonia argentina que, desde hace varios años, mantienen un litigio por unos terrenos que han sido usurpados por Benetton.10
En 2007, cuando seis familias mapuche volvieron a ocupar el predio sobre el cual reclamaban derechos ancestrales –cinco años antes, ya habían sido expulsadas del mismo lugar, que fue adquirido por la corporación italiana junto con otros terrenos en 1991–, un portavoz de los afectados dejaba claro que “no pretendemos ser propietarios, sino vivir como comunidad en nuestro territorio”.11
Del mismo modo, en Brasil se ha hecho muy notorio el conflicto que tienen las comunidades tupiniquim y guaraní
que están defendiendo su territorio frente a la multinacional papelera Aracruz Celulose. Estas poblaciones indígenas del estado de Espíritu Santo sufrieron amenazas y ataques como resultado de la campaña que habían emprendido para reclamar sus tierras hereditarias, que a su vez eran también requeridas por la empresa. Según los indicios, Aracruz prestó apoyo logístico a las fuerzas de seguridad durante una operación que tuvo lugar en 2006 en la cual la policía federal desalojó de forma violenta –trece personas resultaron heridas y dos poblados quedaron destruidos- a indíge- nas tupiniquim y guaraní de los asentamientos que habían construido en las tierras en litigio.12
Y qué decir de las empresas mineras, que han destruido multitud de territorios indígenas en busca de oro, plata, níquel, cobre y otros metales preciosos. Entre ellas, la corporación estadounidense Drummond, que participa en la explotación de la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo (Cerrejón), que se encuentra en la península de La Guajira, en Colombia. En ese lugar habita el pueblo wayuú que, debido a la contaminación de la zona y a unas injustas negociaciones, ha visto amenazados su territorio ancestral y su cultura y por ello se resiste a la presencia de ésta y otras transnacionales como la petrolera estadounidense ChevronTexaco, que explota los yacimientos de gas natural que también existen en la región.13 En 2009, en otra región del país, los indígenas embera se instalaron pa-
cíficamente en el Cerro Careperro, en Jiguamiandó, lugar donde la multinacional Muriel Mining Corporation tenía previsto iniciar la extracción de oro, cobre y molibdeno, y continuaron allí hasta que, un mes después, la empresa tuvo que abandonar la zona y suspender su actividad.14
El año pasado dieron la vuelta al mundo, asimismo, las protestas y las movilizaciones de los indígenas de la Amazonia peruana que exigían la derogación de las normas que vulneraban su derecho a la propiedad y el control sobre sus recur- sos naturales, y que fomentaban la entrada de inversiones extranjeras en territorio de las comunidades indígenas ama- zónicas.15 En pleno conocimiento de sus derechos, según la Constitución peruana y el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo, los dirigentes indígenas explicaban que “no queremos modificación, queremos derogación”.16
Pero, finalmente, el gobierno declaró el estado de excepción y envió a la policía contra los manifestantes, intervención que se saldó con la muerte de más de treinta personas en lo que ya se ha conocido como “la masacre de Bagua”.
10 “Benetton, denunciado por usurpación”, Página/12, 22 de mayo de 2007.
11 “Los Mapuches se reinstalan en tierras apropiadas por Benetton”, Púlsar, 1 de marzo de 2007. 12 Amnistía Internacional, Informe 2007. El estado de los derecho humanos en el mundo, 2007. 13 CENSAT-AguaViva y otras organizaciones, Informe de la expedición energética a La Guajira, 2005. 14 Diana de Horna Cicka, “Las movilizaciones indígenas en 2009”, Boletín OMAL, nº 38, enero de 2010. 15Ibídem.
Por su parte, los megaproyectos hidroeléctricos han sido también una fuerte amenaza para multitud de pueblos in- dígenas latinoamericanos. De Guatemala, por ejemplo, donde el municipio de Ixcán –en el que habitan indígenas
q’eqchi’s, qanjoba’les, mames, kiche’s, kakchikeles, ixiles, chujes y jacaltecos– rechazó en una consulta co- munitaria la construcción de la central hidroeléctrica de Xalalá, que forma parte de las propuestas del Plan Puebla- Panamá.17 O de Brasil, país en el que indígenas de diferentes etnias amazónicas que viven en la reserva del Parque
Nacional de Xingú se han venido oponiendo durante años a la construcción de una gran central hidroeléctrica. Y es que la obra de la que se convertirá en la tercera mayor represa del mundo contempla la inundación de una extensa área que incluye, al menos, dos reservas indígenas. “Belo Monte es un caso emblemático dentro de un modelo depre- dador”, dice un miembro del Movimiento de Afectados por las Presas, ya que “la central afectará a 50.000 personas que perderán su modo de vida, que depende del río Xingú”.18
En último lugar, aunque quizás deberían ocupar el primer puesto por la cantidad de denuncias que han venido acu- mulando, están las transnacionales del sector de los hidrocarburos. Por citar algún caso concreto, podríamos resaltar el de la compañía franco-británica Perenco, que ha provocado daños ecológicos en el Norte de Guatemala, ya que su actividad extractiva ha afectado a una zona de gran biodiversidad y en la que están presentes unos cien centros cere- moniales mayas. Como aseguró un dirigente social de la región, “nos dicen que la explotación petrolera traerá desa- rrollo para nuestras familias, pero vemos cómo en Rubensalto, treinta años después, las comunidades siguen como el primer día, en la pobreza, con enfermedades y analfabetismo”.19 Una situación similar se produjo en Ecuador: tras la
oposición de las comunidades indígenas kichwas durante años al ingreso de la empresa Perenco en su territorio, la petrolera tuvo que abandonar sus operaciones en el país en 2009.
Petroleras como ExxonMobil, Royal Dutch Shell, ChevronTexaco, Total y British Petroleum, entre otras, han sem- brado la región de negativos efectos sobre las poblaciones y los ecosistemas. En Bolivia, los indígenas guaraníes que habitan en el sureste del país ocuparon en 2006 la estación de bombeo de un gasoducto, y amenazaron con cortar el suministro de gas a Brasil si las tres principales petroleras extranjeras presentes en el país –Repsol YPF, Petrobras y Total– no cumplían sus promesas de desarrollo regional.20 En Perú, indígenas de la comunidad achuar presentaron
hace años una demanda judicial en Estados Unidos contra la multinacional Occidental (Oxy), a la que acusan de haber contaminado durante tres décadas el suelo y los ríos del nororiente del país, donde ellos habitan. Luego de que Oxy abandonara la zona en 1999, la empresa Pluspetrol tomó el testigo, y ha sido asimismo acusada por los indígenas de causar graves estragos: las poblaciones achuar tienen altas concentraciones de plomo y cadmio en la sangre, y padecen males hepáticos, diarreas, afecciones a los ojos y desnutrición.21
En la audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) que se llevó a cabo en Madrid en mayo de 2010, pudo evidenciarse la violación a los derechos de los pueblos indígenas con el caso de la cementera Holcim en Guatemala, cuya actividad extractora causaría fuertes impactos ambientales en el territorio y lo inutilizaría para labores agrícolas. Como dice Ramona Chocón, líder indígena del municipio San Juan Sacatepéquez, “nosotros defendemos la Madre Tierra porque dependemos de ella, somos cien por cien agricultores de rosas, crisantemos y verduras. Éste es uno de los principales factores por el que rechazamos a esta empresa en nuestras comunidades”. Además, éste es un caso paradigmático de la criminalización y las amenazas que sufren los y las dirigentes sociales que se oponen a las acti- vidades de las empresas multinacionales en su territorio.22
17 Iván Martínez, “La Hidroeléctrica de Xalalá: un megaproyecto rechazado por el pueblo del Ixcán (Guatemala)”, El Comunicador Social, nº 13, abril de 2007.
18 “Brasil construirá una gran presa en pleno Amazonas”, Público, 23 de abril de 2010.
19 “Organizaciones ecologistas denuncian daños ambientales en Guatemala por transnacionales petroleras”, Prensa Latina, abril de 2007. 20 “Guaraníes bolivianos amenazan con cortar bombeo de gas a Brasil”, Reuters, 21 de agosto de 2006.
21 “Los indígenas achuar de Perú demandan a la petrolera Oxy en Estados Unidos”, AFP, 14 de mayo de 2007.
22 Laura Toledo Daudén y Erika González, “‘Hay una asimetría absoluta entre las posiciones de las víctimas y las de quienes están detrás, moviendo los hilos’. Tribunal Permanente de los Pueblos”, Pueblos, nº 43, julio de 2010.